La noche en la que el presidente peruano Martín Vizcarra dio inicio al aislamiento social, el músico venezolano Roger Gonzáles tocaba el cello para un público transeúnte en la avenida La Marina, en Lima. Allí escuchó que había que quedarse en casa. El asunto le preocupó. ¿Qué haría un músico de la calle en una ciudad en cuarentena?
Trujillano, 44 años, un metro setenta, moreno y con el cabello rizado semi canoso, toca el instrumento con la destreza de un maestro. Roger reside en Perú desde hace dos años y encontró en las calles de Lima un escenario para montar su repertorio. Flexible. Podía comenzar con una suite Bach y continuar con la popular Despacito.
En Lima Roger costea alquiler, alimentos, transporte público y muchos otros insumos. Envía efectivo a Venezuela para ayudar a los ocho integrantes de su familia en Trujillo. Tras la cuarentena impuesta desde hace más de un mes como parte de la estrategia para enfrentar al coronavirus, el público del cellista desapareció y con él sus ingresos.
“Yo había reunido un dinerito para ir a ver a mi familia en Venezuela. Estar dos meses allá y regresar a Perú. Tenía un vuelo para el 6 de abril, pero se cayó todo”, cuenta Roger. Sin ingresos y sin poder regresar a Venezuela por el cierre de fronteras, el músico aguarda en su casa, con sus compañeros de vivienda, unos vecinos también trujillanos.
Roger, al igual que otros que trabajan en el sector informal y viven de los ingresos diarios, resiente la crisis.
Indefensión, panorama económico para los venezolanos
La situación es crítica para una buena parte de quienes residen en Perú con nacionalidad venezolana. Hasta diciembre de 2019, el Registro de Información Migratoria (RIM) daba cuenta de la presencia de 865 mil venezolanos en Perú. Pero estos registros no consideran el flujo que evadió los controles fronterizos desde hace 10 meses, cuando el país endureció su política migratoria.
Cécile Blouin, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), encabezó, junto a un equipo de investigadores, el estudio Perfil socio económico de la población venezolana y sus comunidades de acogida: una mirada hacia la inclusión (2019). En la investigación se precisa que 46 % de los venezolanos que se encuentran en Perú están dedicados al comercio ambulante. Es decir, la venta informal en las calles, sin una regulación ni beneficios de ley. Mientras que el 15 % de los encuestados labora en establecimientos comerciales y 5 % son meseros.
La investigación del BBVA Research (Aporte de la inmigración venezolana a la economía peruana) contiene cifras más altas: 92,11 % de los migrantes venezolanos no cuenta con un empleo en el mercado formal, frente a un 7,89 % que sí cuenta con un trabajo con los beneficios de ley.
Hasta el 30 de abril, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa), hay un total de 36 mil 976 personas infectadas con el virus y 1.051 fallecidos. Dos de estos son venezolanos.
La respuesta de la cooperación internacional
Para atender la situación de la población vulnerable en el país, en específico los peruanos que viven en pobreza extrema, el presidente Vizcarra anunció la entrega de un bono de 760 soles ($ 220 aproximadamente) a 2 millones 750 mil familias, que sería distribuido en dos fases, esto para cubrir la necesidad principal de alimentos y servicios. Luego de incorporar a más de 800 mil nuevos hogares, igualmente peruanos, pero que pertenecen al sector económico informal para la entrega del beneficio económico, el mandatario nacional informó que extenderían el pago a 6 millones de hogares del país..
El 1 de abril, durante una rueda de prensa para informar sobre las medidas adoptadas para la población vulnerable, un medio de comunicación local se refirió a la situación de los venezolanos. Entonces, el presidente cedió la palabra al ministro de Exteriores. “Sí, señor presidente. Somos conscientes de que la población venezolana en el Perú es uno de los sectores más vulnerables. En ese sentido, hemos estado en contacto con las fuentes cooperantes: sistema de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados”, dijo el ministro Gustavo Meza-Cuadra.
El 26 de abril, Vizcarra hizo mención sobre los migrantes venezolanos al inicio de su acostumbrada rueda de prensa: “Sabemos que hay poblaciones vulnerables, como los extranjeros venezolanos. Estamos evaluando todas las decisiones que estamos tomando a favor de estos grupos sociales”.
Aun así, son las organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) que han asumido la tarea de atender a los venezolanos. “Muchos llevan días sin comer. Tenemos que ayudarles a quedarse en casa”, declaró Federico Agusti, representante de Acnur.
César Ruiz, coordinador nacional de la ONG Jesuita, Encuentros-SJS, detalla que junto al Acnur están haciendo la logística para la entrega de recursos. “Estamos la mitad de lo que da el gobierno, 380 soles ($ 110), pero no tenemos la posibilidad de llegar al millón de hogares. Hasta ahora hemos asistido a 700 familias, llegando a 3 mil personas”, comentó.
Además menciona que las llamadas que reciben a diario son para decir que no tienen para comer o pagar la renta. “Para quienes están en espacios de alquiler, la situación es complicada si es que el casero no quiere esperar los pagos”, señaló.
El 27 de abril, el representante diplomático designado por Juan Guaidó en Perú, Carlos Scull, hizo público que se han atendido aproximadamente 740 casos de desalojos. Se estima que hay más de 55 mil familias venezolanas en riesgo de ser desalojadas de sus casas. A muchas de ellas, las crisis las empuja a pensar en volver a Venezuela. Personas que, como el cellista Roger Gonzáles evalúan, dejar Perú. “Es difícil estar sin ver a su familia, lo mejor en la vida. Uno aprende a valorar la familia cuando está lejos, lo importante que es”, dice.
Desafiar las restricciones
Gabriel Matos es un venezolano que tiene tres años en Perú. Para el mes de marzo, como Roger, tenía un vuelo programado rumbo a Venezuela. Debido a las medidas de aislamiento, no pudo salir. Gabriel, Roger y al menos 110 personas más buscan regresar a Venezuela. En grupos de redes sociales relatan que llevan más de 30 días varados en Lima y en algunas provincias.
Aunque han conversado con las aerolíneas y tienen un pasaje de regreso, la situación de muchos es que no tienen los recursos para sostenerse uno o dos meses más en el país.
Dejar a cientos de miles de personas sin ingresos puede llevarlos a desafiar las restricciones. En las redes sociales muchos venezolanos se ofrecen a romper la cuarentena para hacer labores de movilidad. Para Cécile Blouin se trata de una paradoja: “Queremos cumplir un objetivo, pero con las políticas xenófobas que se implementan, se logra todo lo contrario. En el norte de Perú, el cierre de fronteras llevó al descubrimiento de zonas de ingreso ilegal. Algo gravísimo en una situación de pandemia”.
“Los venezolanos también viven acá, consumen, aportan, pagan sus alquileres. Entonces cuando las cosas van mal, a ellos también deberían cubrirlos las medidas de protección. El Estado tiene obligación con todas las personas que están bajo su jurisdicción. En términos muy sencillos: no puede haber un criterio para desatender grupos vulnerables, el criterio más bien debería ser la universalidad, la situación de indefensión frente a la pandemia”, sentencia Cécile Blouin.