El incierto retorno venezolano

El éxodo fue doloroso, el retorno a un país incierto, en plena pandemia, lo es más. Más de 60.000 migrantes venezolanos volvieron a su país porque el encierro adelgazó la economía de las naciones de acogida y ya no tenían cómo sobrevivir. Vuelven a Venezuela a enfrentar, nuevamente, el hambre y el miedo.

Johan Boscán volvió al punto de partida. Retornó a Maracaibo. Un pensamiento lo atormenta: no reunió el dinero para pagar la cirugía de cadera que a su niña de 11 años le deben hacer en Caracas, antes de que finalice mayo del 2020. Ángeles* se olvidó de los 12 meses vividos en Bogotá. En un pueblo del Estado Táchira quiere borrar de su mente lo que padeció de vuelta al camino: el abuso de un trochero que la condujo por una de las rutas ilegales fronterizas, entre Cúcuta y San Antonio, a cambio de 18 dólares (70.000 pesos).

Johan y Ángeles cuentan que los echaron de las piezas donde vivían porque no tenían cómo pagar 76 (300.000 pesos) y 40 dólares (160.000 pesos) de arriendo, cada uno. La pandemia no le permitió a él seguir reciclando aparatos aprovechables. A ella la corrieron del trabajo de empleada doméstica, porque la patrona tuvo miedo de que llevara la COVID-19 a la casa. Se calcula, a corte del jueves 28 de mayo, que 66.492 venezolanos han regresado a su país por los ‘corredores humanitarios’, como ha llamado el Gobierno colombiano al retorno, explicó Felipe Muñoz, gerente para la migración desde Venezuela, oficina adscrita a la Presidencia de Colombia.

El retorno para ellos es un “triple calvario”, a juicio de Tulio Hernández, sociólogo e inmigrante venezolano e investigador de la diáspora: “Primero, supone para el emigrante un fracaso no haber tratado de mejorar su vida en otro país, y tenerla que interrumpir. Segundo, por el calvario del retorno. Pasar días sin saber exactamente cómo volver, o estar en la calle sin tener con qué pagar un alquiler. Y luego el calvario al que lo somete el Gobierno venezolano a su llegada, refugiándolo en lugares inhóspitos. A eso se le suma el rechazo que en algunas poblaciones ha generado el miedo de que los venezolanos que vienen de Colombia lleguen contaminados”.

El relato de Johan confirma en parte las palabras de Hernández. El 4 de abril, a eso de las 2:00 de la tarde, llegó al Puente Simón Bolívar, en Cúcuta. Del lado colombiano lo asistió la Cruz Roja y Migración Colombia. Le tomaron la temperatura y les ofrecieron unas ayudas. Una hora después estaba en territorio venezolano. “Estuvimos ahí, en la aduana. Nos iban a hacer unos exámenes para poder circular, cosa que fue mentira. Ellos nos trasladaron al terminal de pasajeros de San Antonio y ahí nos tuvieron día y medio para después llevarnos a un refugio. Ahí estuvimos 14 días, los primeros fueron fatales. Nos trataban mal los guardias y los que estaban encargados del Gobierno, hasta que pasaron los días y nos llevaron un poquito más de comida. Había muchos niños. A los 14 días nos trasladaron a Maracaibo en un avión y aquí me recibieron en el aeropuerto. Nos hicieron el examen de Covid y nos pasamos 14 días más en casa”, dice Johan.

La historia de Ángeles, por el contrario, es ruda. El 11 de abril hizo el trayecto de Bogotá a Cúcuta en autobús. Como no tiene pasaporte, tuvo miedo de atravesar el puente, entonces contrató a un trochero para irse por la ruta por donde entró un año atrás. Le resulta difícil contar por celular lo que ocurrió. Habla y se le acaban las palabras, guarda silencio, solloza. “Estábamos caminando y de repente empezó a mirarme. Se me lanzó y me manoseó. Yo lo empujé. Fue muy humillante. Él no quería continuar el camino, entonces le dije que me iba sola”. Ángeles No quiso referirse más al tema.

Al día siguiente estaba en el terminal de San Cristóbal y de ahí se fue a su pueblo. Nadie le tomó una prueba porque no encontró personal sanitario. “Llegué a esa terminal y daba tristeza lo que vi. Me vine para mi pueblo lo más rápido que pude y estoy buscando qué hacer, porque hay que vivir. Siento que la cosa está más dura que cuando me fui y lo que traje de plata ya se acabó”, cuenta.

Las fotografías que Gustavo Atencio envió vía Whatsapp para este reportaje, muestran la realidad de la terminal de transportes de la capital del Táchira: gente durmiendo en las calles, en hamacas, apretujadas entre maletas y bolsas, preparando los alimentos a la intemperie. En ese punto no hay asistencia en salud ni elementos de bioseguridad, como tapabocas. Gustavo vivió dos años en Bogotá y regresó a Maracaibo vía San Cristóbal a comienzos de mayo.

Movilidad entre penurias y estigmatización

Tras el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, el 14 de marzo pasado se habilitó el paso por el Puente Internacional Simón Bolívar, en Villa del Rosario, Cúcuta. El objetivo era que los migrantes pendulares, quienes iban y venían por trabajo y quedaron atrapados en Colombia tras el cierre del paso, pudieran regresar a Venezuela. Durante tres días consecutivos se permitió la salida de por lo menos 27.000 ciudadanos venezolanos hacia su país, según información de Juan Francisco Espinosa Palacios, director General de Migración Colombia

Desde el 4 de abril pasado se iniciaron otras acciones. Muchos migrantes, provenientes de Ecuador y residentes en Colombia, emprendieron el retorno obligatorio a su país. El Gobierno dispuso salidas por tres puntos: el puente Simón Bolívar, en Cúcuta; el Puente Internacional José Antonio Páez, en Arauca, y esporádicamente ha permitido el paso por Paraguachón, en La Guajira. Pero también han salido por Puerto Carreño e Inírida.

Las escuetas cifras de Migración Colombia dan cuenta de que el 45% de los que han salido son hombres, el 36% mujeres y el 19% niños, niñas y adolescentes, es decir que por lo menos 5.000 son menores de edad.

Los venezolanos abandonan Colombia con una carga de tristeza. Así lo confirman 16 testimonios recogidos en terreno en Ipiales (Nariño), frontera con Ecuador; Riohacha (La Guajira en el Caribe), Cúcuta y Pamplona (Norte de Santander) y Tame (Arauca), frontera con Venezuela.

Por las calles de Pamplona transitan resignados, llorosos y cansados, relata Martha Duque Mera, quien hace tres años convirtió su casa en uno de los cuatro albergues que hay en el municipio, por lo que fue señalada y criticada por sus vecinos y denunciada ante la autoridad.

Los albergues tuvieron que cerrarse, por orden de la Alcaldía. El 17 de marzo el mandatario, Humberto Pisciotti Quintero, expidió el decreto 0032 para “prohibir el ingreso y permanencia de migrantes en estado de irregularidad dentro de la jurisdicción del municipio de Pamplona, para lo cual se impartirán las respectivas órdenes a la Policía Nacional para que aposte un puesto de control de verificación sobre la vía de ingreso de la ruta Cúcuta - Pamplona, para contener el riesgo de contagio y/o de propagación de la enfermedad COVID-19 a la población residente”. A pesar de que se buscó al Alcalde para una entrevista, no hubo respuesta.

Duque Mera critica la medida y cuestiona a muchos habitantes de su ciudad. No se reserva para hablar y deja ver su dolor. “Los hermanos venezolanos y los migrantes, hoy en día pasan y se quejan del maltrato. Los azotó el hambre, las necesidades, la enfermedad que vivían en su país. Ahora los azota esta pandemia mundial... Los azota la persecución, el miedo de la gente que cree que todos van contagiados. Esto parece una película de terror. Nadie quiere ni mirarles ni contestarles. Es un rechazo total hacia esta población y los que tenemos la disponibilidad de ayudar, somos vigilados, perseguidos. Nuestros vecinos nos toman fotos si nos ven hablando con ellos”, dice.

Desafiando a la autoridad, como puede les pasa ollas con comida e incluso les permite a mujeres con niños que entren a su casa a descansar y asearse. También cuenta que desde que autorizaron el retorno, por Pamplona alcanzaron a pasar diez buses diarios en promedio; y grupos de hasta 50 caminantes. Para Martha Duque, iban a la deriva. Muchos no sabían hacia dónde dirigirse. Pasaban por Pamplona y luego se regresaban para subir el páramo e ir a Bucaramanga. “Les preguntaba para dónde iban y no sabían. Los albergues que funcionaron eran de organizaciones como los Jesuitas, iglesias, la Cruz Roja, civiles”, cuenta.

Miedo en el cuerpo

Tres venezolanos que llegaron hasta la terminal de transportes de San Cristóbal fueron reportados con COVID–19 a finales de abril. Esto fue lo que un miembro de la Guardia le dijo a Ángeles cuando llegó al sitio y preguntó si había algún lugar dónde practicarse la prueba. Ella retornó de Bogotá con el miedo multiplicado, porque regresa a su país sin comida ni medicinas y amenazado, como el mundo entero, por la pandemia. “Tengo un miedo en el cuerpo porque uno no tiene ni idea con quién viajó ni lo que le espera”, dice Ángeles.

Johan está tranquilo porque sí le hicieron la prueba a él, a su esposa y a su hija, y dieron negativo. Sus preocupaciones son otras. “Yo encontré a Venezuela más duro. Todo más caro. Y aquí todo se ha basado en el dólar. El dólar sube, los artículos suben. Si el dólar baja, los artículos no bajan”. También revela que cuando entró al país los fichó el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). “Todavía no sé si me van a dar la Caja Clap (alimentos proporcionados por el Gobierno), dice.

Ángeles, de 28 años, espera volver a conseguir trabajo lavando ropa. Johan, de 45, espera ser de nuevo ayudante de construcción, cuando pase la pandemia. Por fuera de Venezuela hay 5.095.283, según la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, R4V, a la cual suman datos individuales los países receptores. 1.825.687 de estas personas permanecen en Colombia, según el reporte del 16 de mayo del presente año.

El retorno ha ido aumentado. Surgen fundaciones como Puerta Latina, que dice trasladar gratis a los migrantes que quieren regresar. También hay personas que han empezado a promover estos viajes por grupos de Whatsapp, como si fuera un negocio. Cobran 45 dólares (180.000 pesos) desde Cali hasta Cúcuta.

Muñoz, de la gerencia de Fronteras, denuncia “la promoción irresponsable de estos viajes por diversos actores que, desconociendo las normas que ha dispuesto la Superintendencia de Transporte, los van organizando sin tener las condiciones mínimas. No se informan adecuadamente a Migración Colombia y a la Policía de Carreteras con tiempo, para garantizar que se hagan con todas las condiciones que velen por la seguridad de los migrantes”.

Sin embargo, algunos migrantes en Tame relataron que se aventaron a la vía y contaron con suerte porque fueron acercados a la frontera por camiones de transporte de animales. A Paraguachón, en la península de La Guajira, donde la guardia venezolana siempre ha sido más severa, llegaron los migrantes a rogar que les dejaran entrar a su país, les exigían 4 dólares por persona (15.000 pesos). Por las montañas fronterizas entre Ecuador y Colombia, en Nariño, se observaron columnas de personas caminando, desprovistas de abrigo.

Los protagonistas del éxodo que dejaron su país cualquier día de los últimos cuatro años, se vieron obligados a salir de las ciudades en Suramérica donde vivían. Volvieron a lanzarse al camino asustados, con las costuras rotas y los sueños vueltos añicos. “Volvimos al pasado, para nosotros no hay futuro”, dice Ángeles* antes de finalizar la llamada.

La migrante venezolana llamada Ángeles*, en esta historia, pidió que no se revelara su verdadero nombre.