Coronavirus en Perú

El mismo 15 de marzo, cuando inició la cuarentena en Perú, algunos arrendatarios de cuartos, casas y apartamentos no flexibilizaron acuerdos con sus inquilinos. Así, los extranjeros —entre ellos los venezolanos— y peruanos que se quedaron sin recursos para pagar vieron el desalojo como un hecho inmediato. A otros inquilinos, se les dio un plazo. También hubo arrendadores que estuvieron dispuestos a esperar hasta el final del confinamiento obligatorio para recibir los pagos.

Pero no siempre los alquileres se realizan bajo estrictos lineamientos legales. Puede ocurrir, como es la historia de la familia Uzcátegui Contreras que, en vez de un contrato, llegan a un acuerdo verbal.

Informalidad detrás de los alquileres

«Nos quedamos en la calle en plena Semana Santa, el 9 de abril, apenas comenzaba la segunda extensión de la cuarentena». Los Uzcátegui Contreras relatan que el desalojo se dio entre violencia verbal y amenazas a la integridad física de los miembros de la familia.

Para esa fecha, Leo Uzcátegui, de 31 años, y padre de dos menores de edad ya tenía casi 15 días sin trabajar. Era el encargado de los servicios de entrega de un restaurante cercano al que era su domicilio, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Todo empezó con llamadas telefónicas acosadoras y visitas para recordar que se debían retirar. «Hasta que un día llegó el arrendador y con una enorme rabia empezó a dar patadas a la puerta. Uno de mis hijos abrió y comenzaron los gritos. Nos amenazó y nos dijo que teníamos hasta las 11 de la mañana para salir de ahí. Nos dijo que tenía 100 soles disponibles para pagarle a dos malandros, que también vivían en la pensión, para que nos sacara».

La familia decidió sacar sus pertenencias del domicilio y pernoctaron esa noche en la calle. «Ni la policía se acercó para ver qué pasaba o advertirnos que debíamos resguardarnos por el toque de queda».

Los Uzcátegui decidieron quedarse en Lima, a diferencia de otras familias desalojadas que optaron por volver a sus hogares en Venezuela, cuyos testimonios integran la historia de los caminantes que han tomado trochas y caminos verdes para retornar a Venezuela.

Una exclusión que aumenta los riesgos de desalojo

El representante diplomático, designado por Juan Guaidó en Perú, Carlos Scull, advirtió la situación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú. Explicó que debido a la exclusión de los migrantes venezolanos, legalmente residenciados, de los planes sociales activados por el presidente Martin Vizcarra, los riesgos de vulnerabilidad de cientos de familias aumentan.

«Cada vez es mayor el número de extranjeros provenientes del país suramericano que corren riesgo de quedarse sin un techo para pernoctar, debido a que no tienen los recursos económicos para cubrir los gastos del alquiler». Detalló que son aproximadamente 55 mil familias las que se encuentran en esa posición y que la institución que lidera ha mediado en 640 casos. Añadió que han recibido más de 1.000 denuncias que han sido atendidas por un grupo de abogados voluntarios. “Estas familias están compuestas por madres solteras, parejas con hijos pequeños, alguna persona con movilidad reducida o con capacidades especiales”, describió.

La Defensoría de Pueblo se pronuncia

La Defensoría del Pueblo de Perú fijó posición sobre los desalojos. En mayo recordó que en estado de Emergencia estas acciones son ilegales. “Frente a este tipo de situaciones, los afectados pueden solicitar la intervención de la Policía Nacional y del Ministerio Público, quienes deben atender los casos de forma urgente. Estas autoridades no deben solicitar a los inquilinos contratos escritos para protegerlos de agresiones físicas o verbales”, declaró la institución en un comunicado.