Repartidores venezolanos en Perú: a la espera de la reactivación para generar ingresos

Juan Dávila, de 55 años, tenía una rutina marcada. Se levantaba a las 5:30 AM y tomaba desayuno. Se arreglaba y a las 8:00 en punto salía con su moto, casco, mochila color naranja y celular: herramientas principales de trabajo para muchos repartidores. Ingresaba a la aplicación de Rappi y tomaba un pedido, una y otra vez. A las 12 del mediodía regresaba a casa para almorzar; descansaba algunos minutos y volvía al ruedo. A las 10 de la noche culminaba su jornada. Esto lo hacía los siete días de la semana. “Por la situación y los gastos, yo trabajaba todos los días”, asegura en una llamada telefónica. 

Dávila salió de Venezuela hace dos años junto a su hijo Jony, de 24. Ambos emprendieron un viaje en autobús para llegar a Lima y mejorar la calidad de vida de una familia de cuatro personas. 

Juan y Jony, oriundos de Caracas, consiguieron empleo como conserjes en un hotel. Reunieron dinero y una buena parte la enviaron a Venezuela para que la madre y hermano menor de Jony emprendieran el mismo viaje por tierra.

El inicio de Juan y Jony como repartidores

Trabajaron unos meses más y adquirieron una moto usada. Desde entonces, Juan decidió aplicar como repartidor para la empresa Rappi. “Estaba buscando otra entrada de dinero que fuese más cómoda. Me gustó porque es independiente y, de verdad, me estaba dando buenos dividendos”.

Juan y Jony trabajaron arduamente para adquirir otra moto y lograr que ambos tuviesen un trabajo por su cuenta. Así fue. Jony, técnico en Transporte Ferroviario, le siguió los pasos a su papá e ingresó al mundo de los repartidores. Ya tiene casi un año trabajando tanto para Rappi, compañía Colombiana, como para Glovo, empresa española.

Este padre e hijo son unos de los tantos repartidores que trabajan con estos aplicativos; pero con la situación ocasionada por el COVID-19, hoy viven la incertidumbre de no saber cuándo estas compañías extranjeras reiniciarán sus operaciones en el país. 

“Nos hace muchísima falta trabajar y, con toda esta situación, sí que la estamos pasando un poco mal”, lamenta Juan. Y su hijo completa el relato: “con los pocos ahorros que nos quedaban tuvimos que distribuirlo para un mercado y lo estamos rindiendo lo más que podemos”.

Perú, más de dos meses en confinamiento

Ya van más de dos meses desde que se decretó la cuarentena en el Perú. Los trabajadores de los aplicativos como Glovo, Rappi y Uber Eats que una vez coparon las calles de la capital peruana están cumpliendo el confinamiento. Muchos de ellos, venezolanos que encontraron con estas apps una manera de generar ingresos en un mercado laboral donde hay más del 70% de informalidad. Esto, de acuerdo con un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI-2017.

En un comunicado oficial de la empresa Glovo, Alonso Nuñez, Gerente General, señala que en la actualidad “existen 6 mil repartidores afiliados y 3 mil activos (pre-cuarentena)”. Actualmente, todos los repartidores cuentan con el registro correspondiente en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Para la realización de este trabajo periodístico, el equipo de Efecto Cocuyo insistió en reiteradas oportunidades contactar con la empresa para obtener mayor información, pero señalaron estar ocupados por el proceso de reactivación.

Frente a este panorama, Alejandra Dinegro Martínez, socióloga de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, quien viene desarrollando una investigación académica sobre la «uberización» del empleo, brindó información que muestra la realidad de los trabajadores de estos sistemas. De acuerdo al estudio que ha realizado, ha tenido como resultado que el 66,7% de los trabajadores de este tipo de aplicativos son venezolanos, 26,7% son peruanos y 6,7% de nacionalidad colombiana.

Para la comunidad venezolana en Perú, la situación es compleja, porque además de enfrentar la pandemia en la actualidad, han tenido que sortear, casi desde su llegada al país, la informalidad laboral. En el informe del BBVA Research: El aporte de la inmigración venezolana a la economía peruana, indica que hay un 90% de venezolanos que son parte del mercado informal en el Perú. Y los números no parecen variar frente a esta realidad, pues en el informe Horizontes de la Migración venezolana: retos para su inserción laboral en América Latina (2019), realizado por el Observatorio Venezolano de Migración señala que hay un 92% de informalidad laboral en la comunidad venezolana, y el 46% de ellos gana menos del sueldo mínimo establecido en el país (280 dólares aproximadamente).

Qué dicen los especialistas

En conversación para Efecto Cocuyo, la socióloga Alejandra Dinegro comentó que de la plantilla de trabajadores de estos aplicativos “no cuentan con un contrato formal de trabajo, no se les garantiza una protección social o seguro de salud”. Hasta la fecha, hay más de 860 mil venezolanos en el país, la mayoría se encuentran casi en la misma condición, sin contar a quienes se han regresado a Venezuela en el último mes.

Para Dinegro, el que los migrantes venezolanos acepten brindar este servicio obedece directamente a razones principalmente económicas. “En este tipo de prestación de servicios están personas que viven en sectores populares de Lima. Con los ingresos que generan pueden alquilar en estas zonas una vivienda mucho más barata que en los distritos medios o altos, como Jesús María, Pueblo Libre, San Borja, Miraflores, Barranco o La Molina”, comenta.

En Lima hay 43 distritos divididos en cuatro conos (norte, sur, este y oeste) y en el área metropolitana se suman 7 más. De acuerdo al informe “Características sociodemográficas de ciudadanos venezolanos” realizado en el 2018 por la Superintendencia Nacional de Migraciones, los distritos de Los Olivos (5,70%), San Luis (4,9%), Chorrillos (4,2%), Breña (4%), San Martín de Porres (3,68%), La Victoria (3,6%) y San Juan de Miraflores (3,4%), son los que concentran mayor presencia de venezolanos, a excepción de San Luis, el resto de los distritos representan altos índices de pobreza.

Hay que tener en cuenta que la informalidad te da ingresos para vivir a diario. Por eso es más factible para el extranjero asentarse en estos distritos, que en otros donde demandan mayor costos”, comenta.

Para el abogado laboral y maestro en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante (España), Julio César Arrieche, la situación no es ajena. Él comenta que antes de la llegada del éxodo venezolano al Perú, ya la informalidad existía, solo que se agravó más. “La informalidad permitió a los migrantes incorporarse en este tipo de trabajos y empezar a tener recursos económicos. Pero ahora se ven en una situación donde están totalmente desprotegidos por este fenómeno que estamos viviendo”.

Arrieche comentó que además de afectar a estos colaboradores que brindan el servicio a modo de terceros y no generar ingresos, el no ejercer sus funciones les imposibilita asumir gastos como el alquiler de un lugar donde vivir, incluso de alimentos para comer. “Ya hemos visto historias de venezolanos que han desalojado, y muchos están en la calle. Esa es la debilidad que hay en este tipo de negocios. Ante imprevistos como estos, el trabajador queda fuera, totalmente desprotegido, sin pago ni beneficios. Ni siquiera los subsidios que ha decretado el ejecutivo nacional”, señaló.

Aunque alegó que el prestar el servicio por aplicativos eventualmente sirve para generar un ingresó al migrante, el tomar una medida de formalizar el negocio en el país, tal como se pretende hacer, generaría un problema adicional. “Si se llega a reconocer al colaborador como trabajador de los aplicativos, y lo incorporas a planilla, generas un problema porque en Perú hay una norma que establece que solo se debe contratar un máximo del 20% de personal extranjero. Igual estarían desprotegidos”, dijo. La alternativa, para el abogado, es que haya una modificación en esta regulación.

Juan y Jony están a la espera de conseguir un empleo. Desean poder abastecerse mejor y también cancelar las deudas de alquiler del lugar donde viven. Relataron que también llenaron el censo de vulnerabilidad que tiene la embajada de Venezuela en Perú, pero no han recibido ninguna respuesta.