El Gobierno ecuatoriano tiene previsto anunciar este mes su plan de regularización para la migración venezolana, un proyecto en el que se han implicado países donantes y Naciones Unidas para ofrecer soluciones inclusivas a más de medio millón de migrantes.
«Estamos a pocos días de presentar formalmente el reglamento trabajado no solamente a nivel interno y en base a lo que el presidente Guillermo Lasso gobernaba al país, sino precisamente con la conferencia de donantes» dijo a Efe el nuevo ministro de Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín.
El plan, que buscará ofrecer «a corto y mediano plazo», y no una «naturalización» a largo plazo, supone un cumplimiento de la promesa electoral que hizo el mandatario para resolver el problema humanitario de cientos de millas de migrantes radicados en el país andino en los últimos cinco años.
Según Holguín, se trata de «más de 500.000 personas ya estables en el Ecuador sin regularización y que quieren hacer de Ecuador su lugar estable».
El plan también tuvo soluciones a «casi 200.000 personas flotantes que van hacia el sur», lo que ha requerido el diálogo también con el Gobierno de Colombia y Perú.
Un plan de atención inmediata
La intención es ofrecer la regularización «inmediata» para aquellos que no puedan recibirse al plan del anterior gobierno de Lenín Moreno, bien por la llegada de la pandemia del coronavirus o porque sencillamente no tienen los 50 dólares requeridos para el visado humanitario.
Se trata, puntualizó el ministro, de un proceso para que «aquellos ciudadanos que no estaban regularizados tendrán, no solamente una perspectiva de dignidad, sino también de inclusión económica, social y cultural a nuestro país».
Y «transparentar lo que hoy por hoy no está transparente. Es un reto enorme pero esa es la situación que tenemos», precisó el ministro sin ofrecer cifras sobre el coste del proyecto, en el que países como Canadá, Alemania y otros de la Unión Europea han ofrecido su ayuda para que el plan «recoja las preocupaciones» que se tienen.
«Como decimos acá, han ayudado con ‘con plata y persona’, con fondos de cooperación no reembolsables, con equipos técnicos, y el sistema de Naciones Unidas jugó un papel fundamental».
Entre los requisitos que se tendrán en cuenta están los antecedentes penales del candidato, según el ministro, para quien el proyecto ofrece resolver «la vulnerabilidad» de este grupo.
«Ahora bien, este proceso de solución no quita la problemática de origen que tiene la migración y eso -creo yo de manera muy personal- es algo que hay que empezar a discutir en la región» manifestó.
Con información de EFE