Un total de 6.951 migrantes venezolanos han cruzado el Tapón de Darién en lo que va de año. La cifra supone un aumento de un 80% en relación al año 2021 que registró 2.819. De acuerdo con el informe Irregulares por Darién del Servicio de Migración de Panamá, los venezolanos lideran el flujo de migrantes en esa zona, le sigue Haití (2.195), Cuba (1.579), Senegal (1.355).
En el mes de enero transitaron 1.153 venezolanos; en febrero 1.344; en marzo 1.760 y abril que registró un salto con 2.694.
El Tapón del Darién, que marca la frontera entre Colombia y Panamá, comprende 5.000 kilómetros cuadrados de junglas, ríos y montañas escarpadas, topografía que la convierte en una de las rutas más peligrosas del mundo para personas refugiadas y migrantes.
Una ruta sin protección
Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch, documentó, junto a un equipo de investigadores, casos de abusos y que la protección y acceso a la justicia son muy escasos. El equipo visitó Necoclí, Colombia, y Metetí, Canaán Membrillo y David, Panamá. Entrevistaron a decenas de migrantes y autoridades, entre otros.
“Para llegar a Canaán, muchos pagan una lancha (hasta 300$/pasajero) desde Capurganá (Colombia) a Carreto (Panamá). El camino de Carreto a Canaán es más corto y seguro. Pero quienes no tienen el dinero deben caminar desde Capurganá y tienen riesgos mayores de sufrir abusos” cuenta Pappier en su cuenta en Twitter.
Médicos Sin Fronteras ha atendido 89 víctimas de violencia sexual solo este año. “La mayoría de los asaltos armados y abusos sexuales parecen ocurrir en una zona conocida costera conocida como Armila y después de cruzar una loma, que los migrantes identifican como «loma de la muerte».
El Ministerio Público ubicó a un fiscal en Canaán Membrillo para recibir denuncias de los migrantes sobre crímenes sufridos en el recorrido. “Pero hay obstáculos claros para denunciar muchos delitos. Y casi ninguna investigación ha tenido avances serios” explica Pappier.
Los migrantes que deseen salir de Canaán deben pagar 25$ para ir en piragua hasta Puerto Limón, donde un camión del gobierno los lleva hasta el puesto migratorio San Vicente.
“En San Vicente, la atención a los migrantes también es muy limitada. No vimos médicos del estado ni fiscales allí. La defensoría del pueblo, agencias humanitarias, como UNICEF, y ONGs, en especial MSF y Cruz Roja, cumplen un rol crucial, aunque no dan abasto” reseñó Pappier.
Desde San Vicente, los migrantes debe tomar un bus ($40) hasta la estación migratoria Planes de Gualaca en Chiriquí, frontera con Costa Rica. “Allí la atención también es precaria. No vimos ni fiscales, ni médicos, ni funcionarios de agencias de refugio o de protección de menores”.
Human Rights Watch prevé la publicación de un informe con las incidencias del recorrido en la selva de Darién.
Foto: Juan Pappier