El gobierno de Trinidad y Tobago echó en dos embarcaciones al mar a 16 niños y adolescentes, incluyendo un bebé, y 13 adultos venezolanos de regreso a su país. Ocurrió el domingo, 22 de noviembre, y la decisión desató reacciones internacionales contra la severa actuación de la isla.

Tras la deportación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a las autoridades trinitarias a garantizar el ingreso al territorio de venezolanos, enfatizando en que estas personas “buscan protección internacional por razones humanitarias urgentes”. 

El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal Venezolano, reitera que la actuación de Puerto España constituye una violación a los derechos humanos de los deportados. “Se ha violado claramente el derecho de no devolución sobre el estatuto de los refugiados que fue suscrito en Ginebra, en 1951”.   

El diputado opositor Carlos Valero anunció que denunciará este caso ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comunidad del Caribe (Caricom). Él realiza un seguimiento a la situación migratoria de los venezolanos, especialmente a aquellos en las islas del Caribe. “Los lanzas al mar en unos botes, donde ya en el pasado hemos tenido incidentes graves, y los devuelven en esas condiciones. Saben que no están cubriendo las medidas de seguridad”. 

El parlamentario agrega que se incurre en la separación de padres e hijos: “No es humano ni racional lo que está haciendo el gobierno de Trinidad y Tobago. Es una conducta criminal. Pudieron haber muerto en el mar. Ellos pueden alegar que llegaron de esa forma, pero ellos están huyendo”, dice Valero. 

El ministro de Seguridad de Trinidad y Tobago, Stuart Young, fue intransigente respecto al caso. «Nuestra prioridad es nuestra población y nosotros tenemos leyes. Todo el que ingrese a la isla de manera ilegal, o esté aquí sin documentos, seguirá siendo deportado«, dijo este martes a medios de comunicación locales.

Y advirtió: “A los venezolanos legales en la isla les decimos: si se descubre que están ayudando a otros de sus connacionales sin documentos en Trinidad, su permiso será revocado y también será deportado”. 

El desplazamiento de venezolanos a la isla, que alberga cerca de 1,4 millón de habitantes, está vinculado con la Emergencia Humanitaria Compleja. Casi 14.000 venezolanos presentaron solicitudes de asilo hasta finales de octubre de 2019, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El enigmático historial de irregularidades

Solo el año pasado naufragaron, al menos, dos embarcaciones en las costas del estado oriental de Sucre. Casi todos sus pasajeros eran venezolanos, y varios fallecieron ahogados en un intento infructuoso de zarpar en Trinidad y Tobago. Valero encabezó el proceso de acompañamiento de los familiares de las víctimas, y efectuó las diligencias parlamentarias para indagar en los casos que, además, evidenciaron posible trata y tráfico de personas. 

Pese a las denuncias, el Estado venezolano no adoptó medidas para detener las causas de esta crisis. Tampoco Trinidad y Tobago menguó en sus políticas anti-migratorias contra los venezolanos. 

A la postre, algunos activistas denunciaron la conducta de Puerto España. Himiob recuerda que realizaron una primera solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a unas 80 personas en proceso de deportación, en 2018. Su reclamo está fundamentado en el artículo 7, numeral primero, literal d, del Estatuto de Roma, que considera la deportación o traslado forzoso un crimen de lesa humanidad.   “La deportación forzada puede llegar a ser, eventualmente, si se cumplen ciertas condiciones, un crimen de lesa humanidad. Y ahí, eventualmente, se podría acudir ante en La Corte Internacional de Justicia de La Haya”. 

De hecho, el vicepresidente de Foro Penal indica que ACNUR podría denunciar ante la Asamblea General de la ONU esta conducta que califica como “inaceptable” del primer ministro Keith Rowley. Según Himiob, las actuaciones del Gobierno de Trinidad y Tobago apuntan a que las deportaciones forzadas podrían ser una “política de Estado” de esa nación.  

Las investigaciones del Foro Penal respecto a estas irregularidades comenzaron hace dos años. Tras recibir la primera denuncia, la ONG comenzó a observar otros casos similares. Su conclusión es que existía un patrón. “Todo parece indicar que sí es una política de Estado. Sin embargo, hay que analizar con más detalles este punto”, señala Himiob. 

El drama no se reduce a las deportaciones forzadas, de lo cual no se conoce una cifra oficial y que es negado por autoridades trinitarias. En abril, el gobierno de Trinidad y Tobago mantenía a 59 venezolanos detenidos por temas migratorios. Según José Antonio Oropeza, secretario general de la Coalición por Venezuela, tenían varios meses encarcelados. «Los mismos se encuentran desesperados, en Trinidad cuando entras ilegal puedes pagar una multa y puedes llevar tu caso en libertad. Estos venezolanos pagaron ya su multa», aseguró hace unos meses.

No devolución, un principio ignorado

Himiob explica que, en el caso de los niños deportados, fue vulnerado un principio fundamental del derecho: no devolución. “El punto medular de los derechos de los refugiados está en el derecho de no devolución. Es decir, a nadie se le puede devolver al país del que está huyendo. Cuando en el país en el que se recibe a la gente no se le puede recibir por lapsos prolongados de tiempo, incluso en ese país están obligados a recibirlos, así sea temporalmente para luego derivarlos a otros países de acogida. Pero nunca devolverlos al país del que huyeron si en ese país no están dadas las condiciones para su seguridad y su vida”.

Resalta un agravante de la situación de los venezolanos sin documentación en Trinidad y Tobago. “Con la excusa de la pandemia de coronavirus, Trinidad y Tobago ha abusado de los controles que ejerce sobre quien entra en calidad de refugiado a su territorio, y definitivamente está violando ese principio básico y fundamental que es el de no devolución, en materia de protección de refugiados. Eso sí está pasando”. 

Explica que la ONU, alguna ONG y hasta las víctimas, podrían denunciar ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Esto con la intención de que esta instancia evalúe abrir una investigación sobre esos hechos, y en “el contexto de lo que podrían ser considerados como crímenes de lesa humanidad”.