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Históricamente, México ha sido considerado, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo, como un país tradicionalmente receptor de inmigrantes que han enfrentado situaciones de crisis o de represión política en sus países de origen. La llegada del exilio republicano español entre 1937 y 1942, la acogida de exiliados y perseguidos políticos por las dictaduras sudamericanas durante las décadas de 1970 y 1980, la firma de la Declaración de Cartagena sobre protección internacional a refugiados en 1984 y su inclusión en la Ley General de Población en 1990, son el reflejo de esa tradición de asilo y del carácter benevolente de la política migratoria mexicana hacia la población expatriada de América Latina y de otras regiones (Gaos y Sheridan, 2010; Meyer y Yankelevich,1998; OPI, 2019). Pese a que México cuenta con esa política de apoyo hacia las personas extranjeras, la aplicación de esa normatividad no ha sido igualitaria, sino más bien discrecional, reactiva y en ocasiones discriminatoria. Es benevolente para algunos y discriminatoria para otros. Es selectiva para ciertos grupos nacionales y discrecional en su aplicación según el estrato o clase social de la persona migrante. Esto sugiere que residir en México no es igual para cualquier extranjero.