A partir de marzo de 2020, los países de América Latina y el Caribe adoptaron medidas para frenar la pandemia del COVID-19, incluyendo el cierre de fronteras y las restricciones de movimiento, lo que limitó considerablemente el flujo regular de refugiados y migrantes venezolanos.
Como muchos refugiados y migrantes dependían del sector informal de la economía para subsistir, la pandemia limitó severamente sus opciones de ingreso, haciéndolos cada vez más dependientes de la asistencia humanitaria, según advierte el estudio No hay hogar lejos de casa producido por los socios de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), con el apoyo de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.
El estudio se basó en una encuesta realizada en 2020 a los venezolanos desplazados que habían sido desalojados o recibido una notificación de desalojo. Tres cuartas partes de quienes perdieron sus hogares acabaron viviendo en la calle. 80% de las personas desalojadas eran mujeres, más de la mitad eran el único sostén de su familia.
“La pandemia COVID-19 ha agravado aún más la ya delicada condición de vida de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Sumándose al grave riesgo de salud (…) la pandemia de la COVID-19 ha causado disrupciones económicas y ha exacerbado las preocupaciones de protección” explica el Dr. Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto para refugiadas y migrantes de Venezuela de ACNUR-OIM.
Desplazados, ahora desalojados
Uno de los puntos que resalta el estudio No hay hogar lejos de casa es que entre octubre y noviembre de 2020, 42 % de los entrevistados había sido desalojado en al menos siete países de acogida: Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Panamá, República Dominicana y Guyana. De los que no lo habían sido, 72 %, estaban en riesgo de desalojo, es decir que habían sido recibido un aviso de desalojo, que aún no se había llevado a cabo.
“En contraste con muchas de las situaciones de desplazamiento a larga escala, donde las personas son acogidas en campamentos, las personas refugiadas y migrantes de Venezuela buscan alternativas de alojamiento como alquileres, espacios públicos o propiedades abandonadas” se destaca en el estudio.
Un 89% por ciento estaba alquilando un cuarto o un apartamento sin documentación, acuerdos formales de arriendo o conocimiento de sus derechos, incrementando la susceptibilidad a los desalojos forzados.
El peso de las mujeres
Las mujeres refugiadas y migrantes se enfrentan a amenazas y obstáculos adicionales. Un 80% de los encuestados que fueron desalojados eran mujeres, de los cuales 22% estaban embarazadas o lactando. Además, entre las mujeres desalojadas, un 55% proveían el sustento a la familia. Dentro de las mujeres en riesgo de desalojo, un 58% también eran cabezas de hogar.
“Los obstáculos enfrentados por hogares liderados por mujeres se incrementan cuando se combinan con las necesidades que requieren asistencia específica, como tener enfermedades crónicas, crianza uniparental, discapacidades o la presión de sostener a una familia extensa. Dentro de los encuestados, casi un tercio de las familias desalojadas o en riesgo de desalojo con mujeres como sostén de la familia tenían tres o más hijos e hijas” advierte el estudio.
Gestionar ayudas
Sólo 34% de las familias desalojadas encuestadas y un 22% de las familias en riesgo, habían recibido algún tipo de asistencia para prevenir el desalojo.
“Muchas familias venezolanas no contaban con acuerdos de arriendo formales y la asistencia legal para personas refugiadas y migrantes enfrentándose a los desalojos ha sido limitada. Sólo 15% de los encuestados dijeron que habían recibido asistencia legal. Otros tipos de asistencia crítica o de arreglos de alojamiento temporales o subsidios de arriendo se mantuvieron muy limitados” se señala en el informe.
Basándose en los resultados, los socios de R4V hicieron un llamado a las autoridades de cada país a enfocarse en diseñar, diseminar e implementar guías y protocolos para facilitar el acceso de personas refugiadas y migrantes al sistema de justicia, con énfasis especial en derechos de vivienda y prohibición de los desalojos forzosos. Y a los donantes internacionales a asignar recursos para promover el derecho a la vivienda adecuada.