Human Rights Watch (HRW) pide al gobierno chileno poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos y asegurar que todas las deportaciones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos.
“Los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Es contradictorio que el gobierno chileno condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro” declaró Vivanco mediante un comunicado de prensa.
En una serie de sentencias, la Corte Suprema de Chile y diversas cortes de apelaciones ordenaron a las autoridades chilenas poner fin, en casos específicos, a las deportaciones de venezolanos, debido a los graves riesgos que podrían enfrentar en Venezuela.
Deportar a 1.500 migrantes
Se estima que más de 457.000 venezolanos viven actualmente en Chile. La mayoría está en el país de manera legal, pero, desde 2019, las políticas gubernamentales migratorias se han complejizado por lo que el proceso de solicitar y obtener visas o refugio, lo cual limita las opciones disponibles para regularizar su situación.
En abril, el gobierno de Chile anunció que tenía previsto deportar a 1.500 personas de distintas nacionalidades en 15 vuelos chárter durante el 2021. Según cifras oficiales obtenidas por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), se deportaron 294 migrantes hasta el mes de abril; en la mayoría de los casos, sin control judicial. La mayor parte eran venezolanos.
El gobierno deportó a otras 125 personas de distintas nacionalidades en junio. El 6 de junio, las autoridades chilenas deportaron a 53 venezolanos, incluidos 34 deportados de forma sumaria durante el fin de semana, cuando las cortes de apelaciones estaban cerradas. Los otros 19 venezolanos habían sido condenados por algún delito, lo cual puede ser base para una deportación en Chile como medida sustitutiva a la pena de prisión.
Human Rights Watch examinó 21 sentencias judiciales que brindaron protección a un total de 80 venezolanos y más de 250 órdenes de deportación; entrevistó a activistas del ámbito humanitario y de derechos humanos; y documentó en profundidad dos casos ilustrativos de deportaciones que se produjeron en el vuelo del 6 de junio, a través de entrevistas a los deportados y a sus familiares en Chile.
