El relator especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes, Felipe González, calificó el sábado, 25 de septiembre, como una «inadmisible humillación» el ataque incendiario contra un campamento de venezolanos en Chile, durante una protesta contra la inmigración irregular que dejó al menos un herido y cinco detenidos.
El suceso ocurrió tras una marcha -que convocó alrededor de 5.000 manifestantes- en la norteña ciudad chilena de Iquique, donde un grupo quemó las carpas que eran utilizadas por los migrantes venezolanos para pernoctar en plazas y playas.
«Inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables, afectándolos en lo más personal» escribió González en su cuenta en Twitter. «El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo» continuó.
El director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita Migrante (SJM), Carlos Figueroa, también condenó la violencia de esta marcha «acontecida como respuesta a un problema humanitario y sanitario».
PROVEA pidió a los Gobiernos que se articulen esfuerzos para que se eviten este tipo de actos violentos, como el ocurrido en Iquique.
Mientras que el dirigente opositor venezolano Miguel Pizarro lamentó «profundamente» el desalojo en Iquique. «Actualmente los venezolanos somos la segunda crisis migratoria más grande del mundo y las naciones están en la obligación de brindar refugio y protección a quienes lo necesiten» escribió en Twitter.
Pizarro, nombrado comisionado ante la ONU por el líder opositor Juan Guaidó, criticó así la operación por la que un amplio operativo de carabineros de Chile desalojó a unos 100 migrantes, entre ellos varios venezolanos, que dormían en Plaza Brasil, en el centro de Iquique, lugar en el que se asentaron hace meses fruto de la crisis migratoria.
De acuerdo con la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (R4V), en su reporte con fecha 5 de septiembre, en Chile habitan 457 mil venezolanos, ubicándose como el tercer país con mayor población migrante venezolana, después de Colombia y Perú.
El pasado miércoles 22 de septiembre, el gobierno chileno anunció que retomará las deportaciones.
Fondo de ayuda
Comunidad internacional – dirigentes de más de 40 países y organizaciones –brindan apoyo financiero que asciende a los 1.500 millones de dólares, de los cuales 954 millones corresponden a subsidios y otros 600 millones a préstamos, en solidaridad con las personas refugiadas y migrantes venezolanas.
El apoyo financiero permitirá que los Gobiernos y las organizaciones humanitarias continúen brindando asistencia de emergencia y ayuda humanitaria a la población venezolana más necesitada y sus comunidades de acogida, al tiempo que se encuentran soluciones a largo plazo.
Con información de DW, Efe y Acnur