Alquilar en Colombia para los migrantes y refugiados venezolanos es un valle de dificultades. Trabas de los mismos arrendadores, burocracia, precios exorbitantes y xenofobia alejan la posibilidad de tener un techo bajo el cual vivir. Aunque el país es el mayor receptor de la diáspora y está en fase de aplicación del EPTV, el mecanismo de regulación migratoria impulsado por el gobierno colombiano, el derecho a la vivienda parece un lujo para quienes llegan huyendo de la crisis en Venezuela.
Carlos Villasmil es venezolano, tiene dos años y medio viviendo en Bogotá, Colombia, y ha cambiado de vivienda en seis ocasiones. En todos sus procesos de mudanzas ha llegado a tener hasta 40 conversaciones con propietarios con los que ha pasado por toda clase de sobresaltos. “Siempre se me ha dificultado arrendar. Por mi nacionalidad me piden un montón de papeles que por más que uno intente conseguir es difícil”, narra el técnico electricista proveniente de Valencia, estado Carabobo.
El territorio colombiano alberga la mayor cantidad de migrantes y refugiados procedentes de Venezuela en el mundo: un total de 1,8 millones, de los cuales 9 de cada 10 requieren arrendar, de acuerdo con datos de la Encuesta de Calidad de Vida e Integración del Proyecto MigraVenezuela, publicada en febrero de 2021.
Conseguir el alquiler, sin embargo, se ha convertido en una carrera de obstáculos, que incluyen precios exorbitantes y trámites burocráticos que se complejizan para los extranjeros sumado a la actitud de propietarios de casas y apartamentos, quienes en muchos casos descartan a priori a venezolanos porque los consideran clientes riesgosos o simplemente por xenofobia. Para muchos de los que llegan huyendo de la crisis venezolana, tener un techo bajo el cual vivir es casi un “lujo”.
El papel del estatus migratorio
En la búsqueda de vivienda, el estatus migratorio es uno de los factores que más genera complicaciones y apenas en octubre comenzó la entrega de los primeros documentos del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos (EPTV), el mecanismo de regularización con el que se pretende arropar principalmente al 53% de los venezolanos sin documentación y brindar acceso a servicios de bancarización, salud y por supuesto, arriendo.
A medida que este proceso avanza, no obstante, algunos refugiados y migrantes regularizados o no, se ven obligados a pactar con los arrendadores a través de contratos verbales que los dejan en una situación de riesgo, lo que se evidenció masivamente con la epidemia de desalojos que siguió a la pandemia del Covid-19.
“Estoy aquí desde diciembre de 2020 y todos mis arriendos no han sido escritos por lo que muchos de mis arrendadores se aprovechan de cambiar las cosas a su favor. En varias oportunidades me han desalojado por lo mismo”, explica Maribel García (nombre reemplazado a petición de la fuente), venezolana de 64 años en Bogotá, capital colombiana.
La Encuesta Regional de Desalojos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela de la plataforma R4V alertó precisamente que este tipo de pactos se vinculan con una mayor probabilidad de desalojo y viviendas precarias. “Los contratos verbales (…) se asocian con una menor seguridad de la tenencia de las viviendas y pueden producir, más fácilmente, interpretaciones diferentes del alcance de lo acordado y producir conflictos entre las partes. Los contratos verbales, además, por lo general, no llegan a resolverse por las entidades encargadas de impartir justicia o encontrar alternativas de mediación”, advierte el informe.
La directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, Laura Dib, fue partícipe de la defensa de venezolanos desalojados a mediados de 2020 y explica lo siguiente al respecto: “El contrato verbal legalmente tiene el mismo peso que uno escrito, pero en la práctica te deja en mayor vulnerabilidad, y durante la crisis del año pasado muchos desalojos no fueron ni jurídicos ni administrativos sino arbitrarios, lo que llevó a que muchos afectados no tuvieran en qué apoyarse”.
Del otro lado de la moneda tampoco es tan sencillo para los venezolanos con estatus regular obtener un contrato de arrendamiento formal ya que deben cumplir con una serie de requisitos que son difíciles de tener hasta para los propios colombianos: presentar una carta laboral, poseer ingresos por el doble del canon del alquiler, tener historial crediticio y disponer de un codeudor o un fiador finca raíz, una persona que garantiza el pago de las obligaciones y dispone de una propiedad a su nombre como respaldo en caso de incumplimiento.
¿Cómo viven los venezolanos?
El tipo de vivienda en el que viven la mayoría de las personas provenientes de Venezuela también genera preocupación en las investigaciones desarrolladas al respecto. El proyecto Migración Venezuela reflejó en su informe de calidad de vida que un 73% estaba alojado en casas o apartamentos, pero más de una cuarta parte residía solo en cuartos, principalmente en las regiones del Caribe y Oriente.
En julio de 2020, la plataforma R4V reseñó que hubo un incremento del hacinamiento producto de la pandemia en un reporte titulado Evaluación conjunta de necesidades ante la Covid-19. “Un 67% de los hogares venezolanos se encuentran en situación de hacinamiento, considerando que esta se configura cuando hay más de tres personas por cuarto o habitación”, precisa.
Las barreras del empleo y la xenofobia
También el empleo es un elemento estrechamente relacionado con la obtención de vivienda y así lo demostró R4V en su sondeo de desalojos. La plataforma puntualizó que alrededor de 7 de cada 10 venezolanos cubría sus alquileres con recursos propios mientras que el resto con préstamos de un familiar o amigo, o asistencia del Gobierno u de alguna ONG. Además, el estudio de MigraVenezuela expuso que, a finales de 2020, solo el 48% estaba trabajando mientras que un 7,1% buscaba empleo.
La investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, coincide que el empleo es una de las mayores barreras para el acceso al hogar. “El primer paso que se debe dar, sobre todo para la integración, es que la población venezolana pueda acceder a empleo formal, al sistema bancario y con ello, mejorar sus posibilidades de obtener una vivienda”, alega.
Los venezolanos consultados para este reportaje también subrayaron que se sienten discriminados por su nacionalidad y que la xenofobia tiene impacto en el proceso. “Cada vez que me escuchan el acento me lo niegan sin explicaciones muy claras o no me responden más, a pesar de que tengo cédula de extranjería”, relata Alberto Marín (nombre reemplazado a petición de la fuente), diseñador gráfico con cinco años en la capital colombiana.
Mientras, María Saavedra desde Medellín asegura que existe un estigma sobre el comportamiento del venezolano. “Algunos arrendadores me han llegado a decir que no quieren arrendarle a uno porque hacemos mucho ruido o somos desordenados. Pero eso es generalizar, no todos somos así”, se defiende.
Adriana Perafan Florez, representante legal de la Fundación Siembra con Amor en Cali, ha podido apreciar este rechazo durante su trabajo con población migrante. “Es lamentable, pero en algunos lugares dicen expresamente que no quieren venezolanos y los arrendadores se apoyan que ellos deciden a quienes les arriendan y a quienes no porque esa es su propiedad”, describe.
Algunos dueños también se defienden alegando que más allá de un tema de xenofobia, les preocupa que su arrendatario tenga la capacidad de pagopara cubrir el alquiler. Arminda Arboleda, con más de 20 años arrendando cuartos en su casa en el centro de Bogotá, asegura que desde la llegada de venezolanos no ha reparado en su nacionalidad.
“Siempre les pregunto en qué trabajan porque me interesa que al final de mes tengan cómo cubrir su arriendo. Por eso, no me importa si es colombiano, venezolano, cubano, mientras cumplan con lo acordado y por supuesto, acaten las normas de convivencia”, refiere.
El Gobierno colombiano ha detectado la vulnerabilidad por la que atraviesa la población venezolana en el tema de vivienda. Por ello se ha aliado con ONU-Habitat, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Banco Mundial para diseñar planes de alquileres y el lanzamiento de pilotospara ampliar el apoyo para el arrendamiento y la construcción de desarrollos de viviendas para migrantes.
Mientras estos planes avanzan, sigue manteniéndose como todo un desafío para los venezolanos conseguir techo en Colombia una vez salen de su país. Para los expertos entrevistados solo la integración social y la aplicación clara de mecanismos de protección internacional como el EPTV podrían contribuir de forma efectiva y a largo plazo para allanar el camino hacia el derecho a la vivienda.
Bolívar: Solicitantes de refugio se ven más afectados para accede a viviendas
La profesora universitaria Ligia Bolívar destacó que a los solicitantes de refugio en Colombia se les pide un documento que los autorice a trabajar como una visa ya que el propio salvoconducto de la petición no les funciona, un hecho que les restringe la posibilidad de tener vivienda.
“En este caso estás poniendo a un refugiado en la misma condición de un migrante cuando no debería ser así porque es una persona que salió de su país en contra de su voluntad y no se puede pretender que tenga un pasaporte para solicitar una visa. Una visa requiere que tú demuestres que tienes medio lícito de vida, pero, ¿cómo lo haces si no te permiten trabajar o tener un contrato de trabajo? Por otro lado, una visa es costosa y los trámites de refugio se supone que deben ser gratuitos precisamente porque se trata de personas con necesidad de protección”, explica la catedrática.
Dib: El EPTV podría ayudar a arrendar siempre que su aplicación sea clara
Para la directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, Laura Dib, el Estatuto de Protección para Migrantes Venezolanos (EPTV), impulsado durante 2021 por el Gobierno colombiano, es un importante paso para la regularización de los venezolanos y el ejercicio de sus derechos; sin embargo, le preocupa que ocurra como con el Permiso Especial de Protección (PEP) cuyo alcance no quedó claro durante su aplicación.
“Con el PEP no se sabía qué se podía y qué no se podía hacer con él. Incluso, se desconocía si permitía abrir una cuenta bancaria. Con el EPTV no puede pasar lo mismo. Debe venir con una integración de instituciones que respalden su alcance para que los venezolanos puedan acceder a servicios y por supuesto, arrendar sin inconvenientes”, argumenta.
Esta producción fue desarrollada en el marco del curso Puentes de Comunicación II de la Escuela Cocuyo, apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.
