El gobierno de Ecuador extendió recientemente las medidas ante el COVID-19 hasta el 17 de agosto, con la posibilidad de una extensión. Para esa fecha se cumplirían cinco meses del Estado de Excepción en Ecuador. 150 días de toques de queda, distanciamiento social y teletrabajo. Meses sin el movimiento habitual de la economía informal en las calles.
Según estimaciones del Ministerio de Trabajo ecuatoriano, debido a esta pandemia 508 mil personas perderán su trabajo y 233 mil pasarán al comercio informal.
En el comercio informal, considerando las estimaciones del Ministerio de Gobierno, se encuentra el 89% de los venezolanos residentes en este país. Migrantes que no han podido salir a la calle a vender sus productos o trabajar jornadas por horas debido a las medidas de confinamiento.
Gisella: relato de la economía informal
Gisella Gollarza es una de ellas. Oriunda de Maracay, tiene un año en Ecuador con su mamá, hermana y 3 hijos; y su principal sustento desde que llegó ha sido entregar volantes en los parques para empresas de publicidad y vender tortas. “No trabajo desde marzo. Desde que comenzó la cuarentena. La situación es terrible”.
Gollarza se apoya en su familia: su mamá es costurera y su hermana tenía un empleo fijo hasta abril, cuando la despidieron. “Vivimos de los ahorros de mi hermana, y de alguna que otra cosa que le sale a mi mamá. Además, contamos con la tarjeta de alimentación que nos da el HIAS”.
A través del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que durante 2020, en su capítulo de Ecuador, ha recibido 21.6 millones de dólares, mayoritariamente desde la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) según el Servicio de Seguimiento Financiero (FTS, por sus siglas en inglés) se impulsan planes de apoyo asistencial a los migrantes venezolanos que tienen necesidades alimenticias.
Uno de esos planes los ejecuta la Organización Hebrea para Ayuda a Inmigrantes y Refugiados (HIAS), y se basa en activar montos mensuales que dependen del número de integrantes que tenga la familia —25 dólares por integrante—en una tarjeta de alimentación que puede ser usada en los locales de una línea de supermercados a nivel nacional.
“Tratamos de rendir esa comida cada vez que nos activan la tarjeta. Aunque a veces no alcanza; entonces les hago cotufas a los niños, por ejemplo, para que coman algo. Y nosotros, los adultos, después resolvemos qué comemos”, relata Gisella.
La situación económica es precaria para la mayoría de los ecuatorianos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el desempleo en el país subirá a un 6,5% este año, y para abril un 70% del aparato productivo nacional estaba paralizado. Los migrantes están entre las poblaciones vulnerables más afectadas por esta situación.
En el informe “Ecuador: evaluación rápida de necesidades ante el Covid-19” publicado en conjunto por cuatro agencias del sistema de Naciones Unidas: Programa Mundial de Alimentos (PMA), Unicef, Acnur y la OIM, y el Consejo Noruego para los Refugiados, en mayo de este año. Se muestran los resultados de encuestas realizadas a 667 hogares venezolanos en Ecuador, entre el 7 y 17 de abril, para conocer su situación durante la pandemia: el acceso a alimentos y recursos económicos son de las principales preocupaciones.
De los encuestados, un 59% tuvo alimentos parcialmente, y un 13% no tuvo durante la cuarentena. Mientras que un 25% no dispuso de recursos económicos para pagar servicios y arriendos, y un 29% dependen de donaciones de agencias internacionales y organizaciones civiles.
Roxana: aferrarse a la familia
“Mi trabajo está en pausa. No sé si después de la cuarentena lo mantendré. No me botaron, pero tampoco me han seguido pagando mi salario”; dice Roxana Fariñas. Llegó a Ecuador hace un año desde Maturín con su esposo y dos hijas. Roxana también tuvo la tarjeta de alimentación del HIAS, pero ya se le venció y espera que se la activen de nuevo.
Una de las regulaciones de la tarjeta de alimentación es que se da por primera vez por un lapso de seis meses. Al cumplirse ese tiempo, se hace una segunda evaluación para actualizar las necesidades de la familias, y si es necesario se activa por una segunda y fina vez, por seis meses más. Durante esta cuarentena, y debido a la coyuntura por la cuarentena, HIAS decidió activar la tarjeta a los beneficiarios que ya la habían recibido por un año.
“Es un gran apoyo (la tarjeta), porque no tenemos ingresos constantes. Mi esposo no trabaja desde marzo, y mi suegra a veces vende algunas tortas”. Regresar a Venezuela para ellos no es una opción. “Yo me aferro a mi familia, en especial a las palabras que me dijo mi hermana antes de emigrar: tienes que ser fuerte”.
No hay datos exactos desde el Ministerio de Gobiernos sobre cuántos venezolanos han regresado desde Ecuador durante esta cuarentena. Las fronteras terrestres con Colombia y Perú están cerradas desde el 17 de marzo y los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil abrieron con un protocolo estricto de atención.
Sólo unos 90 venezolanos lograron regresar a través de dos vuelos habilitados por el consulado de Venezuela con el Plan Vuelta a la Patria.
Siete asociaciones civiles que apoyan a los venezolanos migrantes en Ecuador mantienen sus datos de atención a personas que decidieron regresar. Al 17 de junio la Organización Venezuela en Ecuador A.C reportó más de 500 retornados, la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador 175, la Asociación Migrante Universal 420, el Colectivo Madera Venezolana 40, la Fundación Mueve 90, la Fundación Haciendo Panas 46 y la Asociación de Venezolanos Organizados en el Exterior (Avoe) 100.
Amalia: su viaje como ejemplo
Amalia Gallardo tiene dos años en Ecuador. Llegó caminando desde San Juan de los Morros con su esposo y sus dos hijos. “Yo documenté nuestro viaje a través de las redes sociales, como una manera para que mi familia supiera que estábamos bien. Eso generó mucho interés en nuestro recorrido de parte de los medios de comunicación. Estaba comenzando todo el tema de los caminantes”.
Amalia recibió mucho apoyo gracias a su historia: medios de comunicación y organizaciones civiles usaron su viaje como un ejemplo de lo que los venezolanos estaban padeciendo durante su camino a Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Sin embargo, ella y su familia siguen luchando por mantener su estabilidad económica.
“Antes de la cuarentena, yo limpiaba varias veces a la semana una oficina y casas. Con todas las medidas de confinamiento, el trabajo está escaso y procuramos, mi esposo y yo, conseguir trabajo pintando y arreglando casas. Pero es difícil, muy difícil”.
Para ellos, las redes de apoyo que generaron con varias organizaciones civiles les han permitido recibir alimentos y ayuda con el pago de los servicios. Pero otras historias no tienen este tipo de éxito.
María: historia de un desalojo
María Ynojosa llegó a Ecuador hace un año desde Maracay con su esposo y su niño. Los primeros días de abril, fueron desalojados porque debían un mes de arriendo. La persona que les alquilaba les quitó sus camas, cobijas, cocina, televisor y un corral del bebé como método de pago. “Nosotros pagábamos 80 dólares al mes. Mi esposo repartía volantes y yo vendía caramelos en los buses. Cuando comenzó la cuarentena todo se paralizó”.
María pudo llegar a donde una vecina que les ofreció alojamiento por 15 días mientra conseguían dónde quedarse. “El dueño del alquiler no nos devolvió nuestras cosas, y tampoco los 100 dólares que dimos de garantía al mudarnos. Fueron días muy difíciles, a mí no me queda nada por lo que luchar en Venezuela, a pesar de que mi familia sigue allá. Entonces era sobrevivir acá o irnos para otro país”.
A través de las redes ciudadanas, María pudo conseguir un alquiler más económico con facilidades de pago, y está esperando ir al HIAS para que le habiliten la tarjeta de alimentación.. “No le deseo a nadie lo que nosotros pasamos. Todavía no nos recuperamos, pero tenemos todas las ganas de salir adelante mientras nuestro niño esté sano. Lo de los desalojos, sin tener adonde ir, es muy feo”.
La Asamblea Nacional aprobó una Ley Humanitaria donde exhorta a los arrendadores y arrendatarios llegar a acuerdos de pago y ordena que no se ejecuten desalojos mientras dure el Estado de Excepción y hasta 60 días después que culmine. Misma línea siguió la Defensoría del Pueblo que desde marzo pide a los dueños de inmuebles que no desalojen, pero hasta el 11 de junio había registrado 348 casos de desalojos arbitrarios.
Malleli: dormir en plazas y sortear el toque de queda
Hasta el 8 de junio Malleli Chávez dormía en el calle con sus tres hijos. A finales de marzo fue desalojada de donde vivía, y desde entonces buscó entre conocidos y vecinos lugares donde quedarse por la noche. “Es una situación desesperante. Me he quedado a dormir en plazas y parques, huyendo de la policía porque no quiero que me metan presa por violar el toque de queda. Cuando puedo, me paro en algún semáforo y vendo caramelos”.
Llegó desde Maracay, donde se dedicaba a la peluquería. Acá no ha podido ahorrar para conseguir los materiales de su oficio. “Una señora, al norte de la ciudad (Quito) se ofreció a cuidarme los niños mientras yo salgo a la calle a trabajar. También, a darnos un lugar donde dormir. Yo sí me quiero regresar. No aguanto más esto”.
Al 5 de julio, Ecuador reporta 61.958 contagiados con Covid-19, y 4.781 fallecidos.
