En el marco de la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los Refugiados y Migrantes venezolanos, realizada este martes 26 de mayo, la organización Cáritas lanzó una batería de propuestas concretas a esta cumbre sobre la crisis que padece el país en este tema.
La primera fue la de «dar visibilidad a las causas de la crisis venezolana que atropella a los que se quedan» y que se establezcan «fondos flexibles auditables», que permitan dar respuesta con rapidez a la situación de necesidad en Venezuela.
Al mismo tiempo, cree necesario «que no se detengan los procesos legales de los migrantes y solicitantes de refugio en los países de llegada». Con ello, solicita una «mayor agilidad» para activar mecanismos de asistencia alimentaria, y que la crisis se maneje «como una crisis humanitaria donde hay países con más necesidad».
La Unión Europea y el Gobierno de España, con el apoyo de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), han convocado esta Conferencia Internacional de Donantes en la que, junto a representantes de los Gobiernos, participan también agencias de la ONU, instituciones financieras internacionales y representantes de la sociedad civil.
El objetivo de la cita es abordar juntos esta crisis sin precedentes, movilizar recursos para los desplazados y las principales comunidades de acogida, y reforzar la coordinación entre los principales actores.
Tanto la red Cáritas como otras organizaciones de Iglesia que juegan un papel activo en la respuesta humanitaria a esta emergencia se han movilizado para plantear a los participantes en esta Conferencia las cuestiones más urgentes a las que es necesario dar respuesta para garantizar la dignidad y los derechos humanos de estas personas.
Solicitud de la red Cáritas
La red Cáritas en la región dirigió un llamamiento a la Conferencia Internacional para reforzar la atención en Venezuela de migrantes y personas vulnerables ante la crisis humanitaria agravada por el COVID 19.
En un documento entregado a la comunidad internacional, agradeció la movilización y solicitó ante este foro un «enfoque de cooperación que contribuya a que Venezuela no sea más un país expulsor de personas».
Al hilo de la convocatoria de esta Conferencia Internacional, Cáritas Española fue la destinataria de las inquietudes expresadas directamente por los responsables de las Cáritas de la región y sus ideas se resumieron básicamente en:
– Los Gobiernos de los países receptores y de la misma Venezuela no tienen la capacidad de llegar a donde sí pueden hacerlo las organizaciones sociales y, especialmente, la Iglesia. Pero estas no cuentan con los recursos y la posibilidad de participar en toma de decisiones políticas frente al desafío migratorio.
– El reto es la integración efectiva en los países receptores y/o la reintegración de retornados a Venezuela, en función de la decisión de los/as migrantes, desde un enfoque de derechos humanos.
– Los recursos deben invertirse en dos niveles: en la respuesta a las necesidades inmediatas esenciales, en primer lugar y, en segundo lugar, el apoyo a la integración económica de los migrantes, el acceso al derecho a la salud y el derecho a la vivienda.
– Se está detectando un fenómeno de retorno desde los países receptores en condiciones de mayor vulnerabilidad que en etapas anteriores por causa de las medidas para la contención del COVID-19.
Posicionamiento de la Red Clamor
Junto al llamamiento de la red Cáritas, otros organismos pastorales de la Iglesia en la región han remitido a la Conferencia demandas urgentes orientadas, fundamentalmente, a garantizar una adecuada financiación de los programas de asistencia humanitaria a las comunidades de migrantes y refugiados venezolanos.
Este es el caso de la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas (Red Clamor) y del Scalabrini International Migration Network (SIMN), que subrayan, entre otras cuestiones, la necesidad «de que los donantes garanticen la participación de nuestras entidades para asegurar que las poblaciones en mayor vulnerabilidad y desatendidas accedan a los recursos disponibles durante la emergencia y post COVID-19».
