Las autoridades chilenas expulsaron a 55 ciudadanos venezolanos que ingresaron por pasos clandestinos al país austral. Los migrantes fueron trasladados este domingo 25 de abril, desde el aeropuerto de Iquique, en un avión de la aerolínea Sky, hasta Caracas, Venezuela. La medida ha sido sumamente criticada por organizaciones en pro de los migrantes. No obstante, este es, apenas, el primero de 15 vuelos programados para deportar a venezolanos y colombianos de Chile.
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile informó, mediante un comunicado, que se trata de 40 personas que entraron por pasos no habilitados, y otros 15 que cumplían condenas en cárceles por supuestamente cometer delitos como tráficos de migrantes, de drogas y robo con violencia e intimidación (expulsión judiciales). “Tras este vuelo se realizarán otros 14 durante este año para concretar la salida de alrededor de 1.500 extranjeros en aviones comerciales, las que se sumarán a las 200 expulsiones materializadas a la fecha”, explicó el documento.
Los 55 venezolanos deportados este domingo fueron esposados durante su traslado y cada uno iba acompañado por un agente de la Policía de Investigaciones. Los criollos vestían trajes blancos de bioseguridad y mascarillas.
Una nueva estrategia de deportaciones afecta a migrantes venezolanos
“Este es el primero de los vuelos contratados por la Subsecretaría del Interior y la Dirección de Extranjería y Migraciones para materializar expulsiones, ya sean judiciales o administrativas. En este caso son 55 ciudadanos extranjeros”, dijo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, en rueda de prensa.
Los venezolanos fueron deportados desde Iquique hacia Caracas, pero el proceso apenas comienza. La campaña de deportación pretende expulsar a cerca de 1.500 personas. Por ello, el gobierno chileno alquiló 15 aviones comerciales que realizarán 15 vuelos.
El 20 de abril, entró en vigencia la nueva Ley de Migración en Chile. La regulación explica que los migrantes que hayan entrado en Chile a través pasos no autorizados después del 18 de marzo de 2020 tendrán 180 días para abandonar del país. Además, dice que no lo harán en calidad de deportados ni expulsados, por lo que podrían solicitar una visa para volver al país austral. No obstante, con esta nueva campaña de deportaciones se contradice lo publicado en la nueva ley.
“No se entiende que al mismo tiempo que la ley permite la regularización de estas personas, se las expulse sin darles la oportunidad de acogerse a este proceso”, afirmó el Servicio Jesuita a Migrantes al portal France24.
La Red de Protección en Fronteras, conformada por cinco ONGs, condenó la expulsión llevada a cabo de forma “arbitraria” por, entre otras posibles “irregularidades”, no permitir el “derecho a la defensa ni respeto al debido proceso” y también por no ajustarse a los procedimientos vigentes.
De acuerdo a lo dicho por las autoridades chilenas, las deportaciones se realizarán entre abril y diciembre del presente año.