La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) rechazó las “declaraciones estigmatizantes” de altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro contra los venezolanos retornados, a quienes tildan de “oportunistas”, “apátridas” y “traidores”.
A través de su cuenta en la red social Twitter, la organización señaló este viernes, 17 de abril, que el Estado venezolano debe disponer de espacios dignos, con condiciones sanitarias para el aislamiento y transporte hasta el destino final, para las personas que retornan al país.
Venezuela se encuentra en estado de alarma nacional desde el 13 de marzo, cuando se anunciaron los primeros casos de COVID-19. El país está en cuarentena desde el 17 de marzo y hasta el jueves, 16 de abril, se han confirmado 204 casos en el territorio.
Los países vecinos registran una mayor cantidad de casos que Venezuela. Hasta este viernes, se han contabilizado 3.233 personas contagiadas del nuevo coronavirus en Colombia; 30.891 en Brasil y 8.225 en Ecuador, según datos de la Universidad Johns Hopkins. En este escenario, cientos de venezolanos han decidido regresar a su país.
Retornados
Según el monitoreo realizado por la Oficina de la Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha por sus siglas en inglés), 6.447 venezolanos se encuentran en cuarentena preventiva en los espacios de alojamiento temporal dispuestos para atender a las personas en movilidad, especialmente a quienes retornan al país a través de los pasos fronterizos y vuelos humanitarios.
La Cidh también instó a las autoridades venezolanas a abstenerse de suspender procedimientos judiciales para el control de las actuaciones de funcionarios. El 20 de marzo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció la suspensión del despacho de tribunales hasta el 13 de abril por la pandemia.
Según testimonios recolectados por Efecto Cocuyo en planteles que sirven como refugio en Táchira, la mayoría de los llamados “venezolanos retornados” manifestaron que los primeros días fueron muy difíciles porque pasaron más de 24 horas a la intemperie en el terminal de pasajeros, sin agua, sin comida, sin tener dónde dormir y con poca información por parte de las autoridades nacionales y regionales, que se trasladaron hasta la frontera para activar los controles epidemiológicos.