Alexa Vielma / VenPaís
La pandemia está obligando a muchos migrantes venezolanos a emprender un viaje de regreso. Sin trabajo ni dinero resulta insostenible su permanencia en tierras extranjeras. Migración Colombia calcula que más de 90 mil personas han retornado a Venezuela y la Defensoría del Pueblo de Perú contabiliza unas 31 mil. Pese a que los mueve la necesidad, el Estado venezolano les ha dado la espalda.
La llegada de unos 60 mil venezolanos provenientes de Colombia a mediados de junio generó rechazo por parte de Nicolás Maduro, quien los calificó de “irresponsables” por retornar a través de pasos ilegales y los culpabilizó por el repunte del coronavirus en el país.
Por su parte, Nestol Reverol, ministro de Interior de Justicia y Paz, aseguró que “no tolerarían a los trocheros” y que los venezolanos que retornen por “vías no oficiales” serían enviados a la prisión El Dorado. El funcionario aseguró que los retornados pasarían a ser juzgados por la ley de terrorismo y la delincuencia organizada, que establece penas de ocho a doce años.
Esa orden de prohibir la entrada al país supone una violación del artículo 50 de Constitución Nacional, que establece el derecho de los venezolanos al libre tránsito dentro y fuera del territorio. De ahí que la socióloga Claudia Vargas considera que el mensaje que está dando el Gobierno vulnera los derechos del retornado y promueve la violencia.
A su juicio, calificar a los migrantes de “karma, bioterroristas” fractura el tejido social, que funciona de soporte para los migrantes que vienen de regreso al país, y hace que los venezolanos se sientan ajenos a su propia tierra. “Lo que debería existir es una política pública adecuada de retorno. Sobre todo en esta coyuntura del Covid-19, porque ellos también son venezolanos”, enfatiza Vargas.
Los expertos sugieren que el Estado debe abocarse a atender la crisis sanitaria y a diseñar una estrategia de atención para garantizarle el derecho de la salud a los retornados, en vez de criminalizarlos.
Medidas de política exterior
Rommer Ytriago –politólogo y experto en derecho internacional– afirma que atender la crisis del Covid-19 en Venezuela pasa por llegar a un acuerdo entre ambos partidos, para generar políticas que atiendan la Emergencia Humanitaria Compleja. Además, considera necesario que se cree una ley que regule el retorno del venezolano frente a la emergencia.
- Concertación: acuerdo de ambos sectores políticos para atender la emergencia sanitaria del Covid 19 en el país.
- Creación de leyes especiales que regulen la migración en Venezuela y que garanticen la seguridad a la dignidad de la persona en los países receptores, así como su derecho a la vida, a la salud y al libre tránsito.
- Aplicación de la Declaración Ampliada de Cartagena de 1984, para reconocer a los venezolanos como refugiados.
- Apertura de las fronteras para evitar la movilización de migrante por los pasos irregulares.
- Cooperación de los organismos internacionales para crear programas de atención a los migrantes.
Pedro Contreras –secretario de la subcomisión de la zona fronteriza de la Asamblea Nacional– añade que debería formularse una política integradora para que instituciones como ACNUR, OIM, entre otros, generen planes sostenibles y programas que atiendan la situación en la frontera, con la finalidad de garantizar los derechos a los venezolanos.
Medidas sanitarias
Claudia Vargas –socióloga especialista en Migración- piensa que el Estado debería conocer el estatus migratorio de quienes retornan y evaluar sus necesidades particulares, a fin de llevar un protocolo organizado que vele por los derechos de las personas
- Vigilar que los Puestos de Atención Social Integral (PASI) cumplan con su propósito: garantizar el derecho a la salud a los migrantes retornados.
- Categorizar a la población migrante: saber si es una persona retornada o si estaba en movilidad para responder a sus necesidades.
- Hacer un seguimiento de la cuarentena de las personas que retornan y acoplar el protocolo según su situación.
Refugiados no reconocidos
Existen cerca de 5 millones de venezolanos que han tenido que salir de manera forzada del país, según cifras de Acnur. Esta población podría ser considerada refugiada, según lo establecido en la Declaración Ampliada de Cartagena (1984), que otorga protección internacional a quienes huyen de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazados por la violencia generalizada, los conflictos internos u otras circunstancias.
Sin embargo, ninguno de los países receptores –a excepción de Brasil que ha reconocido como refugiados a 46.000 venezolanos– se han apegado a las recomendaciones de este tratado internacional. “América Latina necesita políticas públicas que aborden el tema de la movilidad y migración en el continente”, comenta Vargas. “Los gobiernos de los países receptores están en la obligación de atender a su población migrante, garantizar su acceso a la salud, porque el virus no tiene discriminación”, añade.
El informe “Espejismo del Retorno” –realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab)– plantea que en un escenario post Covid-19 se reactivará la salida de las personas de Venezuela, tan pronto se levante el confinamiento en los países receptores. Mientras ello ocurre, el Estado venezolano debe garantizar el derecho a los retornados. Al mismo tiempo, los países receptores tienen que prepararse, porque, hasta que no se resuelva la crisis en el país, la migración de venezolanos seguirá latente en Latinoamérica y el mundo.
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