Un grupo de venezolanos protestó frente a la oficina de inmigración de Islandia el pasado viernes, 17 de noviembre. Denunciaron las condiciones en las que fueron deportados casi 200 criollos la semana pasada y sus detenciones arbitrarias en Venezuela por al menos 24 horas.
En un video que compartió el periodista Melanio Escobar y que a su vez le cedió la comunicadora Carla Angola, los migrantes denunciaron que a quienes viajaron a la capital venezolana los detuvieron por un día.
Se concentraron a las afueras de las instalaciones de la oficina de migración de ese país, en el norte de Europa, desde donde detallaron cómo fue el vuelo charter en el que deportaron a 155 adultos y 25 niños a Venezuela.
El 15 de noviembre, apenas aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, los detuvieron arbitrariamente en un «operativo multidisciplinario» conformado por funcionarios del Sebin, GNB, PNB, Inac, CICPC y hasta Interpol.
«Personas de alta peligrosidad»
Cuestionaron que activaran a estos cuerpos de seguridad al recordar que se hace cuando se recibe a “personas de alta peligrosidad” y no a migrantes venezolanos que se ven forzados a dejar el país por la crisis política, económica y social que se vive en el territorio nacional.
A los venezolanos que llegaron desde Islandia los detuvieron en contra de su voluntad, les retuvieron sus documentos de identidad, los trasladaron a un centro de detención y les hicieron firmar documentos en blanco, «queriendo imputarles un delito de traición a la patria».
Llamaron al gobierno islandés a incluir a Venezuela en una lista de países en peligro.
“Queremos levantar la voz al mundo para que sepan que Venezuela no está bien, no está mejorando y no es un país seguro”. Igualmente, señalaron que el gobierno no es garante y no cumple los acuerdos internacionales a los que se compromete.
Lo que sucede con los venezolanos en Islandia
Islandia reformó su ley de inmigración en marzo de este año, cuando el Parlamento introdujo cambios que recibieron críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Uno de ellos establece que quienes piden asilo y el gobierno se los niega pierden sus derechos, como el acceso a una vivienda, trabajo y servicios de asistencia médica. Esto ocurre 30 días después de recibir la respuesta negativa de las autoridades.
Los cambios ocurrieron después de un importante aumento en el número de solicitudes de asilo. Pasó de 867 en el año 2019 a 4.500 en 2022, y aunque el año pasado la mayoría se aprobaron (3.455), el cambio en la legislación expulsa a la calle a quienes se les niega la petición.
El pasado 4 de octubre, el tribunal de apelaciones de la Dirección de Inmigración denegó las solicitudes de asilo de tres venezolanos. Ahora se espera que se dicten sentencias negativas contra los casos pendientes de al menos 1.500 criollos, según el diario local The Reykjavík Grapevine.
Las resoluciones se basan en la evaluación que hace la Dirección de Inmigración sobre la situación humanitaria en Venezuela, que consideran que «ha mejorado».
Por esa razón, y luego de haberlos arrebatado de sus derechos, el Gobierno islandés le ofreció a estos venezolanos un vuelo para retornar a su país.
