Bernardo Rodríguez salió de su casa, en San Cristóbal, el 21 de febrero de 2018. En meses anteriores, había visto cómo efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado habían detenido a gerentes y ejecutivos de diversas empresas de la ciudad, bajo una supuesta vinculación con los disturbios ocasionados durante las manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
“Tenía miedo, no solo por ser gerente de una empresa, sino también por ser padre, hijo y hermano. Debía salir por mi seguridad”, cuenta Bernardo.
Se despidió de su familia con la esperanza de volver a reencontrarse con ellos, en un nuevo país, donde tuviera más oportunidades para crecer y también para garantizar su vida y seguridad.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), hay 6,1 millones de venezolanos refugiados y migrantes.
En América Latina, Perú es el segundo país con más personas provenientes de Venezuela, detrás de Colombia. Según el último reporte de Tendencias de Migración en las Américas de la Organización Internacional de Migración (OIM), en Perú hay casi un millón 300 mil migrantes venezolanos. De la cifra, se estima que hay más de 532 mil peticiones de refugio.
“Perú es el país con más solicitudes de refugio en América Latina”, dice Ruth Huarancca Lindo, asistente de coordinación de la Clínica Jurídica Pedro Arrupe para Migrantes y Refugiados, una organización que brinda apoyo a esas comunidades en el país.
El incremento de las solicitudes de refugio obedeció al aumento del flujo migratorio durante el 2017-2018, y lo sencillo que era realizar el proceso en los puntos migratorios habilitados en las fronteras peruanas. “La posibilidad de solicitar refugio era bastante abierta y flexible, y en esos dos años se acumularon las solicitudes. Luego, el sistema se cerró por la pandemia, no hubo atenciones presenciales, pero la gran cantidad de solicitudes se debe a estos dos primeros años”, explica Ruth.
Bernardo fue uno de los que solicitó refugio antes de la pandemia. “Yo entré al país por la frontera entre Perú y Brasil, en el departamento de Puerto Maldonado. Fui al punto migratorio e hice mi solicitud de refugio. Ahí me dieron un papel, y tres meses después me dieron un carnet que indicaba que era solicitante” cuenta.
De acuerdo con la Ley del Refugiado 27891, en el artículo 15, establece que la Comisión Especial para los Refugiados tendrá un “plazo máximo de 60 días hábiles para emitir una resolución debidamente fundada sobre la solicitud de refugio, salvo que existan circunstancias razonables para prorrogar las veces que sea necesario dicho término”. Sin embargo, son plazos que no se han cumplido para Bernardo, y las otras personas solicitantes de refugio que existen en el país.
Declaración de Cartagena
El 60% de la migración venezolana se encuentra en los países de América Latina. Esta comunidad se ha convertido en un sustantivo en la narrativa de los discursos de políticos, generando estereotipos, cuando lo asocian directamente a la prostitución o delitos como el robo.
De acuerdo con la Declaración de Cartagena, un instrumento internacional aprobado en 1984, establece que las personas refugiadas son “aquellas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.
Para Ruth, el contexto país hace que los venezolanos correspondan al perfil de Cartagena. «Porque están expuestas a situaciones de riesgo colectivas; hay situaciones políticas y económicas difíciles que imposibilitan la calidad de vida, si son personas refugiadas, muchas reconociéndose como tal, y muchas otras no”, explica Huarancca.
Aunque todavía no se le ha asignado la calidad de refugiado, Bernardo se reconoce como uno. “No he podido tramitar ningún otro documento o calidad migratoria. Estoy esperando que me asignen la calidad de refugiado, a pesar de que ya han pasado casi dos años desde que tuve mi entrevista, y me indicaron que debía esperar. Salí de Venezuela por mi seguridad, y estoy esperando que el Estado peruano pueda reconocer mi situación”.
Refugiados en el Perú, solicitudes que aún están en espera
Pese a tener un gran número de solicitudes de refugio en el país, la Comisión Especial para los Refugiados no ha brindado una respuesta expedita.
De acuerdo con datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el 2021 se realizó el reconocimiento de 1.470 migrantes venezolanos con la condición de refugiados. Esto representa el 90% del total de solicitudes aceptadas y aprobadas por la comisión.
En el grupo de 1.516 reconocidos, después de los venezolanos, los cubanos (26), colombianos (6), haitianos (5) y sirios (5) son las nacionalidades que más fueron reconocidas el año pasado.
Para el 2022, se ha otorgado ese beneficio a 100 migrantes, que del total, 94 son venezolanos, y 6 colombianos, como refugiados.
“El año pasado recibí una carta de la Comisión para las Personas Refugiadas en la que me decían que recibía la Calidad Humanitaria, y ya tuve mi cita hace un par de meses, aun así, sigo esperando” dice Bernardo.
Su deseo es que el Estado pueda darle una respuesta a la solicitud que hizo cuando llegó a inicios de 2018. Aunque en la Ley de Refugiados y la Superintendencia de Migraciones han hablado sobre el reconocimiento de documentos, como el que porta Bernardo, instituciones bancarias, empleadores, centros de salud, no realizan el reconocimiento de su situación, lo que hace que su integración en el país sea muy complicada.
Nuevas legislaciones en el Perú en marcha
Ruth explicó que la ley vigente de refugiados en el Perú fue aprobada en el 2002, hace 20 años “cuando las condiciones del país eran totalmente distintas a las de ahora, y no teníamos previsto el flujo migratorio que hemos tenido”.
Frente a esto, desde la Clínica Jurídica Pedro Arrupe están desarrollando un análisis de la ley, para poder mirar a detalle las características establecidas en el instrumento legal y cómo poder mejorar, para eventualmente, plantear una posible reforma que se adecúe a las necesidades del contexto actual.
Además, el pasado 8 de junio se introdujo en el Congreso peruano la ley 1832, que entre otras cosas, establece la prohibición de la ampliación del plazo de regularización migratoria, impulsado por la Superintendencia de Migraciones y que se ha extendido hasta el próximo mes de julio.
“Estamos atentos y haciendo bastante ruido en las redes y los medios de comunicación para llamar la atención y que no pase esta aprobación” finaliza Ruth.
