alimentos para migrantes

Hace 20 meses  el gobierno de Chile creó un Plan Humanitario de Regreso Ordenado al País de Origen de Ciudadanos Extranjeros. En principio, el proyecto iba dirigido a la comunidad haitiana y desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2019 llevaron a 1.393 personas a Puerto Príncipe en nueve vuelos. Eran los mismos aviones que, tras hacer escala en Caracas, traían a chilenos residenciados en Venezuela que no tenían los recursos financieros para retornar por sus propios medios.

El plan reflotó en 2020 debido a la crisis humanitaria causada por el coronavirus. Cientos de personas de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela pernoctan fuera de sus embajadas en Santiago solicitando un vuelo que los regrese a su país. No obstante, organizaciones dedicadas a la atención de migrantes en Chile denuncian la “letra chica” de esa resolución. El documento tiene una cláusula que compromete a los beneficiarios a “no regresar a Chile en el plazo de 9 años a partir de la materialización de la fecha de salida del país” y, además, deben renunciar a toda solicitud de residencia o refugio que hayan realizado. 

“No me parece. Yo vine a hacer un aporte y no quiero salir de Chile como un delincuente”, opina Alejandro Parada, vocero de los venezolanos que están refugiados en el Liceo José Victorino Lastarria, en Santiago, luego de pasar casi un mes durmiendo en una carpa ubicada afuera de la Embajada de Venezuela. Explica que hasta ahora nadie les ha llevado el documento, pero se han enterado por rumores; y sostiene que algunos de sus compañeros están de acuerdo con la disposición, mientras otros –como él– la rechazan. “Los extranjeros que llegaron a Venezuela no fueron tratados así, no fueron deportados. Yo no tomaría esa opción porque tengo familiares y amigos en Chile”, dice.

Carlos Carrasco, secretario de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven), subraya que esta es una prohibición que no tiene sentido cuando los beneficiarios del plan no han cometido ningún delito o falta; y asegura que se trata de un chantaje. “Esta medida es totalmente contraria a los derechos humanos, considerando que no es un retorno voluntario. No se entiende que se esté aplicando para quienes ingresaron de forma regular y que solo quieren regresar a su país debido a esta contingencia”. 

Coincide Enrique Gómez, presidente de la Organización de Refugiados de Chile, quien afirma que cada país está buscando la solución que le conviene al gobierno no al migrante. “Deberían quitarle la palabra ‘humanitario’ porque esto de humanitario no tiene nada. Más bien deberían decir que se trata de un proceso de expulsión voluntario”. 

La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago

A principios de junio, la Cancillería de Chile informó que dispondría un vuelo humanitario para repatriar a colombianos. El vuelo debía materializarse el 9 de junio, pero fue suspendido indefinidimanete debido a esta cláusula. 26 personas de nacionalidad colombiana introdujeron un amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

En el amparo argumentan que todos los que han manifestado su voluntad de viajar a Colombia no habrían cometido falta alguna y a quienes se les venció el permiso de turismo se debió al cierre de fronteras impuesto por los gobiernos de Colombia y Chile, así como por la cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas; lo cual no sería la suficientemente grave como para caer en estas prohibiciones. La Corte acogió el requerimiento y dejó sin efecto la prohibición de entrada por 9 años. 

Carrasco explica que al tratarse de una decisión de una corte de primera instancia, el Gobierno de Chile aún tiene la posibilidad de apelar, por lo que aún corresponde esperar qué va a suceder en el caso. “Si bien es un documento de carácter voluntario; en la práctica si no lo firmas, no te montas en el avión. La ley no permite que se imponga esta obligación y por eso la Corte lo dejó sin efecto”, afirma. 

Hay alrededor de 700 personas que están solicitando un vuelo humanitario desde Chile hacia Venezuela. “En su desesperación muchos aceptan esta cláusula, se trata de una decisión individual. Hasta ahora no tenemos conocimiento de que alguien lo haya firmado, ya que esto se hace cuando se tiene fecha de vuelo.  En el caso de Venezuela, el gobierno no ha respondido a la Cancillería chilena con respecto a si otorga los permisos para abrir el espacio aéreo y que pueda realizarse el vuelo”, indica el secretario de Asoven. 

Aumenta la vulnerabilidad

De los 700 que esperan un vuelo humanitario, 300 están en situación de vulnerabilidad y fueron llevados a albergues. Lilibeth Moreno se encuentra en uno de estos refugios. Dice que el 12 de junio Venezuela debe dar una respuesta con respecto al espacio aéreo. Ella sí estaría dispuesta a regresar al país aunque se le impongan restricciones para volver a Chile. 

“Estoy tranquila con esa condición, aquí muchos estuvieron de acuerdo impulsados por la desesperación, aunque ahora tengamos resguardo y recibamos ayuda de Chile con alimentos sigue la desesperación. Y si quien nos envía el vuelo humanitario es Venezuela, sabemos que existe la posibilidad de que haya una condición similar”, indica Moreno, quien ha residido en Santiago por 11 meses y quedó desempleada como consecuencia de la pandemia. 

Hubo “8 personas y un gato” que regresaron a Venezuela en un vuelo de Conviasa el 1 de mayo. Gómez afirma que a quienes lograron tomar el avión no les retuvieron sus pasaportes, ni les hicieron firmar ningún documento, puesto que en su caso no había ninguna irregularidad migratoria. Le preocupa que de los 700 que esperan volver a Venezuela hay un número importante que entró a Chile por “pasos no habilitados”, lo que dificulta que puedan librarse de este “proceso de expulsión” en caso de acceder a una medida humanitaria.  

Afirma que, pese a esto, hay “muchas violaciones de los derechos de los migrantes. Se habla de apoyos, pero estos son de la boca para afuera, y muchas veces las personas tienen miedo a denunciar porque creen que por ser migrantes no tienen derechos, cuando lo cierto es que cada día hay más trabas en los trámites que se realizan en Extranjería”.

Alejandro Parada relata que fue contactado por una funcionaria del Gobierno de Maduro, quien le explicó que en caso de que se abra la posibilidad de un vuelo tendrán prioridad los niños, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas y los ancianos. “Sabemos que tenemos que atenernos a eso. Nos critican porque dicen que deberíamos irnos en bus; pero el Gobierno de Venezuela tiene mucho dinero. Aquí hay niños; y con la pandemia de irnos así hay una gran posibilidad de llegar muertos o infectados”. 

Por otro lado, existe el caso de quienes tienen los recursos para regresar a Venezuela por sus medios y es justamente la restricción del espacio aéreo –que existe desde el 17 de marzo– lo que se los imposibilita. Pensaron entonces en la posibilidad de viajar hasta Colombia y luego entrar por tierra a Venezuela, pero la nueva disposición del Gobierno de Nicolás Maduro que restringe los días de ingreso por Cúcuta a tres por semana los hizo desistir de esa opción.