Cuando las temperaturas descendieron en Chile, Milagros Machado, una venezolana de 54 años, sintió que su cuerpo se empezó a entumecer producto de una artritis reumatoide que sufre desde hace unos años. “No quería pasar acá el invierno. Por eso, ya tenía un pasaje comprado para regresar a Venezuela el 29 de abril. Pero, en cambio, sigo aquí, padeciendo un dolor que no le deseo a nadie”.
Machado visitó el país austral para asociarse con una amiga e invertir en un negocio de comida, pero sus planes se dilapidaron con la llegada de la COVID-19. La idea: estar unos meses, armar el plan de negocio y después regresar a Venezuela. Como centenares de migrantes, ella está varada en Chile y desconoce cuándo podría volver a casa. “Nadie nos ofrece una solución. Para colmo tenemos dos embajadas, una que no tiene capacidad para tomar decisiones y otra que es totalmente hermética”.
Su historia se suma a la de casi 600 venezolanos varados en Chile, según el registro que llevan ambas voceras. Varios duermen frente a la embajada del gobierno de Nicolás Maduro en Santiago dentro de carpas y encima de colchones desde inicios de mayo. Es un campamento improvisado, donde la desesperación creció después que se confirmaran dos contagiados de COVID-19. “Muchos están ahí porque no tienen en dónde dormir, otros porque creen que ejercen presión sobre las autoridades”, agrega Machado.
El Servicio Jesuita a Migrantes instaló un dormitorio temporal para atender a unos 50 venezolanos sin techo. “Llegaron a Chile en busca de una segunda oportunidad y están terminando su estadía en el país literalmente en la calle. Distintas organizaciones nos unimos para mejorar en algo su situación. No podemos permitir que queden niños a la intemperie con el frío y la lluvia. Debemos cuidarnos no sólo del virus, sino también de la indiferencia”, dijo José Tomás Vicuña, director de la organización en Chile.
Varados en Chile y con temor a quedar en la calle
Joselin Mora, de 33 años, tiene miedo de quedar en la calle. Ella, su esposo y su hijo duermen en una habitación en Santiago. Cuando emigraron, en 2019, se residenciaron en la ciudad central de Talca, donde estuvieron hasta quedar desempleados producto de los estragos económicos de la pandemia. “Yo renuncié a mi trabajo porque nadie podía cuidar a mi bebé, así que debí dedicarme exclusivamente a él. Pero después de eso mi marido fue despedido. Sin ingresos, nos vinimos a la capital con la intención de tomar un vuelo y regresar a Venezuela”.
Ella es vocera de un grupo de 129 personas que compró pasajes con la aerolínea Copa para regresar a Venezuela. “Solo queremos que el Gobierno venezolano permita aterrizar a un avión de esta compañía en nuestro país. Muchos regresaron en un vuelo de Conviasa, pero no volvieron a habilitar opciones para retornar”.
El último vuelo entre Santiago y Caracas ocurrió el 5 de mayo y trasladó a 250 personas. Para Machado las condiciones empeoran ante la ausencia de respuestas gubernamentales. “Las circunstancias varían, porque algunos pueden pagar un alquiler o comer y otros no. Pero, a medida que transcurre el tiempo, la situación de todos se empareja porque se agotan los recursos propios y crece la vulnerabilidad”.
