La Defensoría del Pueblo de Perú describió el panorama sobre la situación de la población venezolana que hace vida en el país y reveló cifras que ilustran el impacto de la pandemia en una población que ya era vulnerable antes de que llegara el Covid-19.
Según el informe Personas venezolanas en el Perú antes y durante la pandemia, que presentó la Defensoría del Pueblo del Perú, durante un Facebook Live, Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la mencionada institución, señaló que 31 mil venezolanos abandonaron Perú debido a la crisis económica que se ha originado por la pandemia.
Detalló que las medidas restrictivas para frenar el avance de la infección dejaron como saldo que 89% de los extranjeros fueran despedidos y 39% desalojados de los hogares que habían rentado.
“Durante la pandemia ese conjunto de carencias que ya se encontraban y padecían los venezolanos, se agudizaron. Sin embargo, esta coyuntura agrega un elemento adicional que lleva al extremo el ejercicio de sus derechos, aunado a la inexistencia de redes de apoyo proveniente del Estado peruano”, dijo el tras presentar las cifras.
Castillo destacó que estos desplazamientos se han dado a través de caminos irregulares debido al cierre de fronteras en los países de tránsito por los que se ven obligados a pasar los migrantes.
“Esto los expone a ser potenciales víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, accidentes en rutas con víctimas fatales, entre otras situaciones”, precisó.
Lo que ocurría antes del Covid-19
Castillo resaltó algunos de los aspectos que hacían vulnerables a los venezolanos ante de la expansión del virus:
Límites para acceder al territorio peruano.
Dificultades para lograr a un status migratorio legal.
Dificultades para acceder a servicios de salud, vivienda digna, proliferación de discursos migratorios e irregularidades en el debido proceso durante la expulsión de venezolanos.
“Mediante este estudio detectamos que en 56% de los hogares venezolanos residen de 4 a más personas y genera hacinamiento”, detalló.
Además, dijo que, entre mayo y marzo del presente año, 88.48% de las intervenciones de la Defensoría tuvieron relación con la mediación para evitar desalojos.
Retos post Covid-19
El documento presentado durante la actividad virtual cierra con algunas sugerencias al Estado que deben ser consideradas con carácter prioritario:
“Revisar los limites documentarios para el acceso al territorio peruano, frenar el discurso discriminatorio. Nuestros legisladores deben entender que se debe frenar la criminalización de la migración. Por último, y no menos importantes, las garantías de un buen acceso a la educación y la salud”.
Por esta situación, el funcionario demandó la articulación de las organizaciones internacionales con las nacionales: “las propias organizaciones de apoyo a las personas venezolanas en el país como Acnur y la OIM han sido insuficientes ante la magnitud de la crisis”, dijo.
En este sentido, agrega: «La exclusión de acceso a beneficios claves exige y reclama de una repuesta conjunta pues la afectación ha sido severa. La repuesta al ciudadano migrante no ha sido articulada y no es nueva viene, de un tiempo atrás”, señala el funcionario.
Recordó que, desde el inicio de la propagación del virus, se emplazó al Gobierno a incluir a los venezolanos en los planes sociales, sin que hasta ahora esto haya ocurrido.
