Al ablandarse las medidas de confinamiento por la COVID-19 en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, los migrantes venezolanos dedicados a la economía informal consiguieron algunos desafíos, entre ellos la disminución considerable de sus ventas.
Algunos compradores no volvieron a las que antes eran transitadas calles por miedo al virus, y como relatan algunos vendedores, la muerte y todo lo que ha pasado cambió la cara a las ventas en la calle.
Economía informal y las ventas que no repuntan
“Si no fuera por la ayuda de organizaciones internacionales que recibió mi esposa, no hubiésemos podido seguir adelante durante la cuarentena”, dijo Gabriel Aldana, venezolano de 33 años. Vende cigarrillos y otros productos en los alrededores del Parque Centenario, ubicado en pleno centro de Guayaquil.
Desde el 16 de marzo, cuando el presidente Lenin Moreno decretó el estado excepción, y hasta el 20 de mayo, fecha en que flexibilizaron las medidas en Guayaquil, la familia de Aldana (esposa e hija) sobrevivió gracias al apoyo económico de la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS, por sus siglas en ingles) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
“La policía no dejaba trabajar y, además, estaba el miedo por el virus”, declaró el comerciante ya reinstalado en el lugar donde había “hecho punto”; es decir, el lugar al que van sus clientes a comprarle cigarrillos.
Aldana contó que sus ventas no han repuntado, a pesar de estar ubicado frente a la Corte Provincial del Guayas y a las puertas del parque más emblemático de la ciudad. “Algunos de mis clientes no los he visto más”, dijo. Presume que, tal vez, algunos de sus compradores fallecieron debido al COVID-19.
Para el sábado 18 de julio, Ecuador registra 71.635 infectados por el virus SARS-CoV-2, de los cuales 5.207 fallecieron desde conocerse el primer caso de COVID-19 en marzo de este año, de acuerdo al Comité de Operaciones de Emergencia (COE).
Las cifras de muertos por la pandemia es tema de debate en la opinión pública ecuatoriana. En abril murieron 10.700 personas por diversas causas en la provincia del Guayas, cuya ciudad más poblada es Guayaquil, mientras que en períodos anteriores, 2018 y 2019, se registraron 1.682 y 1.862, respectivamente, según reseñas de medios nacionales. Este también fue el mes con la mayor cantidad de decesos en la ciudad por COVID-19.
No hay para el pasaporte
Aldana dijo estar preocupado por la disminución de sus ventas. Contrajo una serie de deudas para recapitalizarse y teme no poder pagar; además, extravió su pasaporte. “Tengo que pagar por uno nuevo y eso es plata. Ahorita es muy difícil para mí. Hay prioridades”, dijo.
El comerciante tiene hasta el 14 de agosto para gestionar una visa humanitaria. Si no la obtiene, será considerado por el Estado ecuatoriano como deudor de una multa migratoria por haber permanecido en el país más de 180 días como “turista”. Una multa que supera los $700.
Desde 25 de agosto de 2019, los venezolanos no pueden ingresar a Ecuador sin visa. Los que ya estaban dentro antes del 25 de julio de ese año sin el permiso migratorio, pueden adquirir el permiso “especial”, de lo contrario serán sancionados como lo establece la ley de Movilidad Humana.
Para muchos migrantes la decisión les dio oportunidad para regularizarse. Sin embargo, la visa es sólo para quienes tienen pasaporte sellado. Los demás, 53,7% de los venezolanos que ingresaron al país, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se quedan en un limbo jurídico y multados por no tener el documento migratorio.
Conseguir un pasaporte para los venezolanos implica tiempo y dinero. Los consulados venezolanos en Ecuador, dirigidos por representantes del Gobierno de Nicolás Maduro, emiten el pasaporte por hasta $200 y lo entregan varios meses después de recibir el pago.
Tropiezos con la policía
José Ramírez, otro vendedor informal de cigarrillos venezolano, considera que el gran obstáculo para quienes comercian en las calles de la urbe costeña es la Policía Metropolitana de Guayaquil. “Hace unos meses me quitaron la mercancía”, contó con amargura el hombre de 34 años.
Este es el cuerpo de agentes encargados de hacer cumplir las ordenanzas municipales, entre las que se encuentra la “Norma la Instalación de Kioscos, Carretillas, y demás Formas de Desarrollo de la Actividad Comercial en Espacios Públicos de la Ciudad de Guayaquil”.
Fundamentados sobre dicha ordenanza, los oficiales desalojan a vendedores informales de los espacios públicos y decomisan sus mercancías. “Llegan con violencia, nos amenazan con quitarnos nuestras cosas que tanto nos costaron”, narró Ramírez. Contó que antes de la pandemia, los uniformados municipales le decomisaron los productos que comerciaba cerca del Mercado Central de Guayaquil.
Los cigarrillos que provee Ramírez, llegaron al país como contrabando. Las cajetillas autorizadas para la venta en Ecuador están marcados por el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Rentas Internas (SRI), con el propósito de concientizar sobre los efectos negativos de la nicotina y garantizar el recaudo de los impuestos establecidos para el sector tabacalero.
Para Ramírez, el cumplimiento de la ley no es la motivación de los policías metropolitanos. “Algunos cobran tres dólares por vendedor, si queremos vender ese día”, denunció el comerciante, quien refirió diferentes altercados en el populoso mercado de La Bahía, en el centro-sur de Guayaquil. “A los venezolanos allí les quitaban las cajetillas para revenderlos a las mayoristas”, afirmó.
A pesar de su denuncia, el comerciante reconoció la existencia de agentes con rango que optan por tolerar la venta sin cobrarles nada, mientras los vendedores ambulantes se muevan de los espacios públicos cuando ellos pasen en las patrullas. “Hubo uno que nos dijo que él entendía la necesidad, pero debía cumplir las ordenanzas”, indicó Ramírez.
La calle es la única alternativa
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de Ecuador (INEC) de diciembre de 2019, el 47,62% de los ecuatorianos económicamente activos tienen empleos no plenos o subempleos. Dentro de este grupo se encuentran los vendedores ambulantes de los espacios públicos guayaquileños.
A este sector económico se unieron miles de venezolanos. Según el Gobierno de Ecuador, de los 400.000 que se estima están en el país, el 89% se encuentra en la economía informal. “De esto vivimos. Así pagamos comida y arriendo”, declaró Yohanny, de 17 años, mientras ofrecía cotufas o canguil, como llaman los ecuatorianos a las palomitas de maíz.
La joven lleva un año en Ecuador, tiempo en el que se ha dedicado a la venta de tortas, dulces y otros comestibles similares en la avenida Quito, en el centro de Guayaquil. Llegó al país junto a sus hermanos y su prima, gracias a los ahorros de su madre quien ya llevaba dos años en el país.
“Me quedé en tercer año de bachillerato”, afirmó. La familia tuvo que decidir quién estudia o no: “Los gastos son muchos, por eso tenemos que enfocarnos en esto”. Cada uno de los miembros de su familia dedicados a la venta ambulante (dos hermanos, prima y madre) obtienen 5 o 6 dólares diarios de ganancia, que sumados acumulan al mes alrededor de $730.
«Si nos apoyaran, las cosas serían diferentes«
“Esta es una actividad que me permite tener más libertad y más ganancia, si lo comparamos con los trabajos convencionales. Aquí a los venezolanos nos quieren pagar $10 diarios, sin importar su instrucción”, indicó Willvin Olivares de 54 años, otro vendedor informal venezolano.
Luego de perder su trabajo, encontró en la economía informal una fuente de ingresos para mantener a su esposa e hijastra. “La cuarentena fue dura para nosotros. Todavía nos estamos recuperando”, señaló el contador de profesión.
Olivares está convencido de que la mejor alternativa para un inmigrante venezolano es el emprendimiento: “Si quienes queremos avanzar, recibiéramos el apoyo necesario, la cara de la migración sería diferente. Muchos dejarían la informalidad con gusto y esas serían fuentes de ingresos para el Estado”.
Sin embargo, el comerciante no conoce planes para el financiamiento de ideas de migrantes. “Solo contamos con los prestamistas”, indicó Olivares, al referirse a particulares que ofrecen dinero con el compromiso de retorno en un mes, más el 20% de intereses.
“Se han ido venezolanos que vendía por aquí luego del encierro”, informó el migrante. Las deudas, las baja de ventas, la presión de sus caseros y muchas veces el desalojo de la viviendas, son las causas para el retorno de los venezolanos, según las historias que conoce de vecinos y otros comerciantes informales. “Los botan y ya”, concluyó con pesar. Sabe que si no logra remontar las ventas, ese también podría ser su destino.
