Este reportaje fue publicado el 15 de junio en el portal La Barra Espaciadora
Kelvis no tiene nevera. Hace un mes la vendió para poder pagar el arriendo de marzo y abril y evitar meterse en problemas con su casera. Ahora solo debe mayo y junio. Vive por La Luz, en el norte de Quito. “Ya no me queda más nada que vender”, cuenta Kelvis por teléfono. Vendió una cama, una guitarra, unos juguetes y hasta su computadora. Oriunda de Barquisimeto, una ciudad del occidente de Venezuela, antes de la pandemia trabajaba con su esposo haciendo fotos para cumpleaños, bautizos y bodas. “Pero, desde que comenzó todo esto: no hay trabajo”.
La situación de Kelvis se repite en decenas de hogares de migrantes venezolanos en Ecuador. A finales de enero, el Ministerio de Gobierno confirmó que en Ecuador residen al menos unos 400 mil venezolanos, de los cuales el 89 % no tiene un contrato fijo de empleo.
Distribuidos entre Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca, los migrantes sobreviven del diario. “Unas semanas antes de la cuarentena, conseguí trabajo en un call center; pero cuando comenzó el toque de queda, me botaron y no me pagaron lo que me debían”, comenta Kelvis.
A finales de enero, el Ministerio de Gobierno confirmó que en Ecuador residen al menos unos 400 mil venezolanos, de los cuales el 89 % no tiene un contrato fijo de empleo.
Los desalojos arbitrarios de los arriendos, la pérdida de empleo y no poder comprar alimentos acentúa la desesperación entre una población que ya era vulnerable ante el escaso acceso a los recursos para mantenerse.
En un informe publicado en mayo por el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes en Ecuador (GTRM), donde se agrupan varias agencias del Sistema de Naciones Unidas, se dice que entre el 7 y el 17 de abril, realizaron varias encuestas telefónicas a 667 hogares venezolanos en el país para conocer su situación durante la emergencia por la covid-19. Los resultados mostraron que obtener alimentos es la principal preocupación. Un 30% de los encuestados respondió que no tiene los recursos necesarios para obtener comida. También se registró que la “afectación de los medios de vida” durante la cuarentena disminuye su acceso a las necesidades básicas: servicios de agua, electricidad y pago de arriendos, por ejemplo.
Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador, mantiene un registro de 350 familias migrantes que fueron desalojadas de sus arriendos durante la cuarentena. “Multiplica ese número por tres, y tendrás el número de personas que tuvo que pedir a amigos, familiares o refugios que les dieran alojamiento”.
Regalado agrega que, a petición del Consejo de Protección de los Derechos de Quito, se logró que la Junta de Protección de los Derechos emitiera el jueves 14 de mayo un exhorto a los arrendadores para que no desalojen a los arrendatarios.
“Es un exhorto para que los jueces civiles lo tengan en cuenta cuando se presentan estos casos. Ningún arrendatario ni la Policía pueden llegar ante los inquilinos y sacarlos sin tener una orden judicial. Los desahucios deben seguir un procedimiento”, dijo Natasha Montero, miembro de la Junta de Protección.
Ante esto, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Humanitaria, donde se indica que se prohíben los desahucios, pero también se pide a los arrendatarios y arrendadores llegar a acuerdos de pago. Uno de esos acuerdos, como indica el texto, es que se pague el 20% del monto del alquiler para que los inquilinos puedan estar protegidos. También se brinda protección a los arrendatarios, que ante esta pandemia se encuentran en estado de vulnerabilidad al depender solo de los arriendos.
Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador, mantiene un registro de 350 familias migrantes que fueron desalojadas de sus arriendos durante la cuarentena.
El lunes 8 de junio, el presidente Lenín Moreno devolvió la ley a la Asamblea Nacional con un veto parcial con 32 observaciones, en su mayoría, sobre las relaciones laborales. En el apartado de servicios básicos, se indica que las tarifas no pueden aumentar hasta seis meses después de la vigencia del Estado de Excepción. Y se suspende el corte de servicios por falta de pago, hasta 30 días después de la vigencia de la ley.
“Es una situación complicada. Con esa ley debemos ver cómo queda el reglamento que debería emitirse en menos de 30 días”; dice Mario Quiroz, abogado venezolano con cinco años de experiencia en Ecuador. “Si bien los inquilinos deben pagar al menos el 20 % de los alquileres para que los ampare la ley, tenemos casos de personas que no tienen ni un centavo y les cortan los servicios de agua y luz, como medida de presión para que se vayan. Y eso es ilegal”.
La Asamblea Nacional deberá resolver las observaciones que hizo el Ejecutivo sobre la ley para que se promulgue y se publique en el Registro Oficial.
La Defensoría del Pueblo, hasta el 20 de abril, reportó 4 204 alertas de vulneraciones de los derechos durante la cuarentena a escala nacional. Dentro de esas alertas hay 234 sobre desalojos arbitrarios de arriendos. Freddy Carrión, defensor del Pueblo, dijo que no tienen especificado cuántos migrantes han tenido que salir de sus hogares. “Monitoreamos constantemente esta situación”, aseguró.
Katiusca Plaza es un ejemplo de lo que el abogado Mario Quiroz denuncia. Hace mes y medio, la dueña de la residencia donde vive les pidió a ella y a otras 23 personas que pagaran el arriendo o serían desalojadas por la Policía. “La mayoría de los migrantes que estamos acá vivimos del día a día. Yo trabajaba en un restaurante antes de la cuarentena y me botaron. Ahí ganaba salario mínimo”, contó Katiusca.
Ante la imposibilidad de que los inquilinos le pagaran a tiempo, la dueña del inmueble se llevó el medidor de agua de la residencia dejándoles sin el servicio. “Eso generó un problema porque estuvimos cuatro días sin agua. Aquí están nueve niños, dos mujeres embarazadas y una persona de la tercera edad. Tuvimos que llamar a la Defensoría del Pueblo y a la Policía para resolver la situación”, dice Plaza.
La dueña del inmueble no devolvió el medidor, pero no reclamó cuando los vecinos ayudaron a estas personas a restituir el servicio. El 10 de junio, la arrendadora regresó con funcionarios de la Policía Nacional para obligar a los inquilinos a irse. Katiusca fue acusada de “vender drogas” y los policías procedieron a romper el candado de la puerta de su habitación y revisar sus cosas.
“No me mostraron ninguna orden de allanamientos. Solo dijeron que la dueña me acusaba de eso y me dijeron que si no me iba me iban a meter presa”. Ella logró irse a casa de una amiga.
La recomendación que hace Andrew Castro, presidente de la Asociación Mueve, en Guayaquil, es “tratar de llegar a un acuerdo”. En lo que va de la cuarentena, Castro recibió 100 casos de familias que fueron desalojadas de manera arbitraria. “Pienso que si no hay una presión definitiva, más allá de los comunicados que pueda sacar la Alcaldía o la ley que aprobó la Asamblea, los desalojos van a seguir sin control”.
El 12 de mayo, la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil dispuso “la prohibición a los y las arrendadores del cantón Guayaquil de realizar desalojos a familias que no puedan cancelar el rubro de los arrendamientos donde habitan niñas, niños y adolescentes; y se los exhorta para que busquen soluciones a través de mecanismos adecuados, y lleguen a acuerdos que garanticen los pagos pendientes”.
El 2 de mayo, Eduardo Alfonzo, quien llegó a Ecuador hace dos años y tiene visa humanitaria, fue desalojado de la habitación donde vivía con su esposa en el sur de Quito. Ambos vivían de vender comida en la calle y en 11 meses que tenían en ese arriendo, nunca se atrasaron. Hasta comienzos de abril, cuando luego de conversar con su arrendador, le pidieron llegar a un acuerdo de pago. Pagaban 88 dólares por la habitación.
Con todas sus pertenencias en la calle, Eduardo y su esposa llamaron a la Policía, alegando que durante la pandemia y la cuarentena nadie puede ser desalojado. “Por órdenes del presidente”, aclaraba Eduardo. Dos funcionarios de la Policía Nacional llegaron y conversaron con ambas partes. Sin embargo, tras 15 minutos de debate, el arrendador y los policías acordaron que estaba en regla el desalojo. Mientras la esposa de Eduardo reclamaba por el pago de los 100 dólares de garantía que dieron cuando llegaron a la habitación, los funcionarios solo observaban. Una vecina les ofreció alojamiento temporal. Ellos no tienen cómo conseguir más dinero para otro arriendo y esperan lograr que les devuelvan sus 100 dólares de garantía.
Alfredo López, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, contó que durante esta cuarentena la organización recibió 25 casos de desalojos arbitrarios, de los cuales 10 presentaron cortes de electricidad y agua de parte de los arrendadores. “Lo que yo hago es llamar al arrendador cuando me llegan estos casos, en mi condición de abogado, y trato de mediar entre ambas partes. Sabemos que esta pandemia es una situación complicada para todo el mundo, y lo importante es que las cosas se resuelvan de la mejor manera. Cuando no hay un acuerdo amistoso, lo mejor es denunciar el caso ante la Defensoría del Pueblo y el ECU 911, aunque muchas veces, los policías no quieren interceder en estos casos”, dice López.
Por ejemplo, su Asociación ayudó hace dos semanas a una pareja de jóvenes venezolanos cuya arrendadora les cortó la luz y les encerró dentro de la residencia donde viven. “Ellos me llamaron preocupados porque les quedaba poca batería a su celular, y estaban asustados porque les habían cambiado las cerraduras de la vecindad donde viven. La arrendadora les dijo que si no pagaban, no podrían salir ni a comprar comida. Esta vez logramos mediar y los muchachos pudieron salir”.
Alfredo le propuso a la Embajada de Venezuela en Ecuador que se creara un voluntariado legal donde abogados venezolanos brindaran asistencia a los migrantes en temas de desalojos de los arriendos y despidos de sus trabajos; así, desde el sábado 16 de mayo comenzaron a recopilar estos casos y entre cinco personas se distribuyen tareas para brindar ayuda.
Mientras tanto, Kelvis espera poder recuperar su nevera pronto. Aunque no sabe si terminar de vender todo una vez que termine esta cuarentena y emigrar a otro país. “No es una tarea fácil esto de emigrar. Mi esposo y yo estamos decididos a no regresar a Venezuela, allá la cosa está peor. Lo que queda es sobrevivir”.