Chile promulga una polémica nueva ley de migraciones

Chile deportará a 1.800 personas entre abril y diciembre de 2021. La mayoría son venezolanas

El Gobierno de Chile quiere “ordenar la casa”, o al menos eso dice con la promulgación de su nueva Ley de Migración. Esta nueva regulación, que tardó ocho años en aprobarse, ha recibido críticas por parte de la oposición del país, así como de organizaciones que luchan en pro de los derechos de los migrantes. Estos últimos aseguran que la nueva ley traerá mayor rigidez fronteriza y hará más sencillas las deportaciones.

“El objetivo es poner orden en nuestra casa a través de una política ordenada, segura y regular, que permita inmigración legal y combata la ilegal”, afirmó el presidente Sebastián Piñera sobre la ley promulgada el domingo 11 de abril.

Con la nueva ley se harán más fáciles las deportaciones y, además, se exigirá a las personas que viajen a Chile un visado que debe ser emitido en el país de origen de la persona. Esto con el fin de evitar que extranjeros ingresen al país como turistas y cambien su estatus migratorio para solicitar trabajo.

Según datos de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), en Chile viven 472.827 venezolanos.

Chile y su respuesta a la migración

Para el gobierno chileno esta ley es la forma de “enfrentar” el creciente fenómeno migratorio. Mientras tanto, los que se oponen al gobierno de Sebastián Piñera afirman que la regulación hará que más migrantes se vean forzados a cruzar por pasos no habilitados y, por ende, poner en riesgo sus vidas.

“Esta ley supone un cierre de posibilidades para los trabajadores migrantes y va en contra de los avances de los acuerdos bilaterales en la región”, aseguró Rodolfo Noriega, secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, a EFE.

Recientemente, el gobierno chileno desplegó a miembros de las Fuerzas Armadas para combatir el tráfico de personas en los cruces fronterizos con Bolivia. Además, se conoció que serán deportadas 1.800 personas que “mantengan una situación migratoria no regularizada”. Las deportaciones se iniciarán a finales del mes de abril y se extenderá por todo lo que queda de año. Serán 15 vuelos en aviones privados. De esos vuelos, 13 serán hacia Venezuela y 2 hacia Colombia.