El desplazamiento de migrantes venezolanos que se registra en toda la región de América Latina sigue siendo uno de los temas prioritarios para los países de acogida.
Chile, la tercera nación latinoamericana con mayor población migratoria venezolana, ha sido escenario de diversos enfrentamientos, que han puesto a los venezolanos en la palestra de la opinión pública.
A continuación, un breve recorrido para comprender los eventos acontecidos en el país austral:
Reanudan las deportaciones
El Gobierno de Chile anuncia el miércoles 22 de septiembre que retomará las deportaciones a migrantes en el corto plazo. Sin precisar la fecha, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señala que la medida se retoma, luego que la Corte Suprema anulara ciertos procesos tras la presentación de recursos de amparo.
La Corte estableció que entre los argumentos a favor para la no deportación están: reunificación familiar, demora administrativa, condiciones del lugar de origen y emergencia sanitaria por covid.
La última deportación se registró el 6 de junio, con 56 migrantes venezolanos acusados de haber cometido delitos o haber ingresado de forma irregular al país.
Desalojo de espacios públicos
El viernes 24, la policía desaloja a decenas de familias de inmigrantes que habían montado sus tiendas de campaña en la plaza Brasil en Iquique -norte de Chile- y que vivían en condiciones insalubres y precarias.
En el grupo residían muchos padres y madres con sus hijos menores. Fue un desalojo con incidentes y marcado por enfrentamientos entre Carabineros y los inmigrantes, que terminó con 14 detenidos (10 por desórdenes, dos por maltrato de obra a Carabineros, uno por una agresión con arma cortante a un vecino del sector y una por lanzamiento de elemento incendiario) y cinco policías heridos, reseña El País de España.
“El desalojo es algo que se había advertido y se está cumpliendo” explicaba el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. “No está permitido utilizar los espacios públicos que tienen fines de esparcimiento, de recreación, para instalar viviendas transitorias”, manifestó.
Marcha antiinmigrante
El sábado 25 de septiembre sin permiso de las autoridades, un grupo de manifestantes -convocado a través de las redes sociales- marchó desde la plaza Brasil hasta el palacio de la delegación presidencial en Iquique, donde gritaron consignas antiinmigrantes y cantaron el himno nacional.
Con banderas chilenas y carteles que rezaban «No más ilegales», los cerca de 5.000 asistentes a la protesta manifestaron su rechazo a la ola migratoria, que durante el mes de septiembre tiene a la zona norte del país en plena crisis por el colapso de algunos espacios públicos.
En la playa, un grupo insultó a una familia venezolana, que tuvo que ser resguardada por Carabineros. Luego, algunos de los manifestantes se dirigieron a un conocido espacio público donde viven inmigrantes, que fueron alertados previamente por la policía y alcanzaron a protegerse. En la avenida Aeropuerto con Las Rosas, un grupo de chilenos armó la fogata y comenzó a lanzar las pertenencias de unas diez familias venezolanas.
El incidente dejó al menos un herido y cinco detenidos.
A la fecha son cerca de 3.000 personas las que se encuentran varadas en Iquique, gran parte de ellos luego de haber ingresado a Chile por pasos no habilitados en la frontera y cruzar la ruta hacia la costa.
El Norte, la mayor puerta de entrada
El gobernador de región Tarapacá, José Miguel Carvajal, responsabilizó de la crisis migratoria al gobierno del presidente Sebastián Piñera, al quejarse que ni él ni el alcalde de Iquique fueron alertados del desalojo del viernes que alentó el rechazo de una parte de la población.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respondía a las críticas ese sábado 25 y dijo que el Gobierno seguirá fortaleciendo el plan de fronteras «para poder detener el paso de personas que quieren ingresar a Chile de manera clandestina».
Mientras que el alcalde de Colchane, Javier García, pedía al gobierno de Chile fijar políticas claras hacia los aymaras, como los derechos que gozan los migrantes. «Queremos que el Gobierno de una vez por todas se acerque a la comuna, converse con nuestras comunidades y fije políticas y acciones claras en torno a entregarnos seguridad y también a respetar nuestros derechos como aymaras. Al igual que los migrantes que gozan de protección internacional, los pueblos indígenas en Chile también gozamos de protección de derechos internacionales» dijo.
Por el paso de Colchane, en el límite con Bolivia, en junio pasaron 370 personas en forma irregular, mientras que en septiembre la cifra llegó a 1.826, de acuerdo a las estimaciones del Gobierno.
Rechazo internacional
Los actos violentos registrados en la marcha antiinmigrante generaron una serie de rechazos, así como la demanda de adoptar políticas de protección a los migrantes en Chile.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Gobierno de Chile a adoptar medidas urgentes para prevenir y eliminar prácticas de xenofobia, así como a observar los principios que rigen el uso de la fuerza. Ello, a la luz del Principio de No Discriminación.
El relator especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes, Felipe González, calificó el acto como una «inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables, afectándolos en lo más personal» escribía González en su cuenta en Twitter. «El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo» continuó.
Por su parte, Unicef manifestó «su preocupación por la situación que están viviendo niños, niñas y adolescentes inmigrantes en Iquique y pide al Estado garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país».
El director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita Migrante (SJM), Carlos Figueroa, también condenó la violencia de esta marcha «acontecida como respuesta a un problema humanitario y sanitario».
PROVEA pidió a los Gobiernos que se articulen esfuerzos para que se eviten este tipo de actos violentos, como el ocurrido en Iquique.
Fiscalía abre investigación
La Fiscalía chilena abrió una investigación por el ataque a migrantes venezolanos indocumentados, cuyas precarias pertenencias fueron quemadas el sábado en la ciudad de Iquique.
La fiscal Jócelyn Pacheco de la ciudad de Iquique instruyó a la Policía de Investigaciones que investigue los hechos ocurridos «que terminaron con la quema de pertenencias de familias migrantes», indicó, este domingo 26, mediante un mensaje en la cuenta de Twitter de la Fiscalía de la región de Tarapacá.
Pacheco también «dispuso medidas de protección para las víctimas», unos 16 migrantes, entre ellos niños y ancianos, que tuvieron que huir con lo poco que lograron rescatar y pernoctar en calles y playas de Iquique.
Conflicto interno
En víspera de las elecciones presidenciales en Chile, la mesa directiva del Senado puso un revés al Gobierno de Sebastián Piñera, al cuestionar las acciones del Ejecutivo por la crisis migratoria en el norte del país y, en específico, exigió presentar una querella por la violenta protesta contra migrantes realizada el sábado 25 en la comuna de Iquique.
«Los hechos ocurridos en la ciudad de Iquique el día 25 de septiembre de 2021, son alarmantes, dolorosos y nos avergüenzan profundamente», señaló la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), dos días después del incidente.
En esa línea, la mesa directiva de la Cámara Alta condenó «la conducta de ciudadanos de nuestro país que promovieron y ejecutaron acciones de violencia nunca vistas en nuestra patria y la campaña de criminalización de la migración».
La mesa directiva del Senado planteó las siguientes propuestas para abordar la crisis migratoria: 1) Agenda corta de medidas urgentes y locales en las ciudades del norte para enfrentar la situación con albergues de tránsito y provisiones, cumplimiento con los requisitos sanitarios para viajar a otra región. Y apoyo prioritario para casos en que hay familiares o redes de apoyo en otras ciudades. 2) Instalar una Comisión Interinstitucional con actores de las Regiones que permita el abordaje integral de la crisis. 3) Creación de una instancia intersectorial con instituciones públicas y privadas para dar una respuesta desde distintos ámbitos. 4) Levantar procesos que permitan regularizar casos con expedición.
Lo oficial: «Poner orden en casa»
Dos días después de los sucesos violentos contra migrantes venezolanos en Iquique, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, condenaba los disturbios.
“Estamos haciendo todo lo necesario para que ese crimen no quede impune y sea severamente sancionado de acuerdo a la ley” señala el comunicado emitido el lunes 27.
Piñera recordó los compromisos de su gobierno sobre las políticas migratorias. “Como Gobierno estamos cumpliendo nuestro compromiso de poner orden en nuestra casa, promoviendo una migración legal, ordenada y segura que proteja los derechos de los migrantes (…) por eso impulsamos una ley que favorece la migración legal y combate la migración ilegal.
Chile es país de acogida de más de 500 mil venezolanos, según cifras dadas por Piñera.
“(…) hemos creado una Visa de Responsabilidad Democrática que nos ha permitido acoger en nuestro país a más de 500 mil venezolanos y que, también, favorece la reunificación de las familias, porque no queremos que las fronteras dividan a las familias”.
Con información de AFP, EFE, El País, 24 Chile
