La poca o nula asistencia consultar es un problema para los migrantes venezolanos. El más reciente estudio del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), muestra que gran parte de los millones de venezolanos que se encuentran fuera del país están en situación de “desprotección en materia consular”. El estudio publicado a finales del mes de marzo se basó en entrevistas realizadas entre diciembre de 2020 y marzo de 2021.
Las consultas se realizaron a los venezolanos en varios países del continente americano y de Europa. En el informe se menciona que, debido la declaración de un gobierno interino en Venezuela, y su posterior reconocimiento por decenas de países, “se produjo una ruptura de relaciones de varios Estados con el gobierno representado por Nicolás Maduro”. Esta ruptura no fue únicamente en el ámbito diplomático, sino que también tocó las relaciones consulares.
La falta de atención consular afecta a migrantes venezolanos
Los principales afectados por este tema son los millones de venezolanos que residen fuera del país y se encuentran en Estados que no mantienen relaciones con la administración de Nicolás Maduro. El estudio evalúa este evento como “una situación de indefensión jurídica que también afecta a nacionales de estos Estados que residen en Venezuela”.
Otro de los problemas que genera la ausencia de servicios consulares es que los venezolanos en el exterior no pueden ejercer de forma plena sus derechos. Esto debido a las “restricciones para acceder a documentos que solo pueden ser emitidos por Venezuela, así como a la imposibilidad de realizar trámites ante las autoridades de los países receptores y la ausencia de asistencia social, económica y legal en casos de emergencia”.
El estudio define esta situación como algo atípico, especialmente porque hay consulados en “manos de representantes de Nicolás Maduro, otros están en manos de representantes del gobierno de transición que ejercen algunas funciones consulares y en otros países con servicios consulares duales”. Es decir, la convivencia de consulados de representantes de Nicolás Maduro con los que están representados por el gobierno interino “incide negativamente en los derechos de los venezolanos en el exterior”.
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