El Congreso de Chile aprobó una nueva Ley de Migración que apunta a restricciones a la inmigración. La norma, impulsada por el Gobierno, destaca por exigir un visado consular para ingresar al país; impidiendo a quienes entraron sin esta documentación, por pasos no habilitados y clandestinos, regularizar su situación.  

Para la internacionalista Patricia Rojas, fundadora de la Asociación de Venezolanos en Chile (Asoven), es una ley que retrocede en derechos porque cierra la posibilidad de realizar un cambio de estatus migratorio a quienes ingresaron sin visas consulares, a menos que tengan familiares directos residenciados definitivamente en este país. “Esto nos preocupa porque estamos viendo que los visados consulares no vienen a resolver los problemas de fondo, y esto va a generar que las personas entren a Chile, bien sea como turistas o de manera clandestina, no van a tener la posibilidad de estar en el país regularmente”, explica a Venezuela Migrante. 

Rojas considera que se podría producir un escenario parecido a Estados Unidos, donde existen migrantes que han vivido 30 años en esta nación, y aún así siguen siendo “fantasmas de los sistemas” al no poseer documentos. “Es algo que preocupa porque puede generar vulneración de los derechos de estas personas, y hasta esclavitud moderna”.

Para José Tomás Vicuña, director del Servicio Jesuita de Migración, la nueva normativa puede acrecentar las redes de tráfico, las caravanas de migrantes, entre otras situaciones ilegales. «Hay un punto que va a tener que evaluarse, que tiene que ver con el artículo 8° transitorio, que va a permitir regularizarse a algunas personas que estaban en situaciones duras, pero no a quienes ingresaron por pasos no habilitados», dijo en una entrevista a Chilevisión.

Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, aseguró que aquellos extranjeros que ingresaron por caminos clandestinos serán “expulsados” de Chile. Su advertencia ocurre cuando cientos de extranjeros, la mayoría venezolanos, ingresan por pasos no habilitados en la frontera. 

En septiembre, Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, aseguró que los extranjeros que entren de modo clandestino cometen un delito y serían deportados.

Rojas considera que existe “cierta indolencia” cuando se “habla de expulsar a todo aquel que entre al país, a pesar de que sea de manera irregular. “Cuando una autoridad de Gobierno empieza con amenazas de que se expulsará a toda aquella persona que llegue a Chile de manera clandestina, sentimos que hay un dejo de indolencia, sin ni siquiera tomar en cuenta que hay tratados y convenios internacionales que protegen a estas personas. No es llegar y montar a cien personas en un avión y expulsarlos. No, hay que revisar caso por caso, y hay que revisar si estas personas califican para el estatus de refugiado”, afirma.

La nueva ley de migraciones estuvo casi ocho años en el Congreso. En 2018, Asoven se dedicó a efectuar un seguimiento a este proyecto con la intención de hacer incidencia en esta iniciativa. Con la aparición de la pandemia de Covid-19 se diversificaron las labores de la asociación sin fines de lucro. «Hemos estado trabajando varias aristas en la asistencia de personas migrantes venezolanas en Chile”, relata Rojas. 

De acuerdo con sus cálculos siete de cada 10 casos de venezolanos que ingresan por pasos no habilitados en tiempos de pandemia destaca por intentar reunificación familiar.

Se trata de adultos mayores con niños, niñas y adolescentes.  “Nos preocupa tremendamente porque en ambos casos son poblaciones de riesgo, inclusive más vulnerable que los adultos mayores tradicionales. Hemos recibido petición de asistencia de cerca de 60 casos, en grupos familiares: o es la esposa con los niños que vienen a encontrarse con el otro cónyuge en Chile que está establecido legalmente, o la abuela con varios niños. Esa es la mayor cantidad de casos que hemos recibido en los últimos seis meses”, explica.

Los viajes se realizan por caminos peligrosos y en condiciones extremas. En noviembre, una mujer de 45 años y oriunda de Maracaibo, en el estado occidental de Zulia, murió mientras ingresaba a Chile por la frontera con Bolivia a través de un paso no habilitado en la región norteña de Tarapacá.

Su hermana, quien la acompañó en toda la travesía, dijo que ella iba a Chile para reunirse con dos hijos residenciados en Santiago. “La idea era vivir con ellos y esperar que en Venezuela mejoren las cosas para poder regresar, pero ahorita es muy duro estar allá”, declaró a la prensa local.

El temor a ser deportado

Juan (nombre cambiado para proteger su identidad) ingresó por un paso no habilitado hace unos meses, y ahora está en condición migratoria irregular. “Tengo miedo de ser deportado a Venezuela, porque como todos sabemos la situación en nuestro país no es nada fácil, y estando allá no podría ayudar a mi familia; y además se me haría un poco difícil volver a salir al extranjero porque es muy costoso”, dice.

Es padre de un niño, casado y oriundo del estado llanero de Barinas. Toda su familia se quedó en Venezuela, mientras él se aventuró a atravesar kilométricas carreteras hacia el sur. “Lo peor que sufrí en ese viaje fue cuatro noches durmiendo en plena carretera, desierto, aguantando frío y hambre, y sin tomar una gota de agua. No tengo visa democrática ni ninguna otra visa, al país entré por un paso no habilitado con frontera por Bolivia”, comenta. 

Su motor fue la Emergencia Humanitaria Compleja, la cual impedía completar costear por completo un tratamiento médico para su madre a pesar de ser gerente de una pizzería en la ciudad de Barinas. En Chile, Juan aspira regularizarse para conseguir “estabilidad” económica y así poder ayudar a su familia en Venezuela.

Muchos venezolanos que entran por estos pasos no habilitados suelen estar en condiciones vulnerables, pero algunos cuentan con una red de apoyo. «Estamos viendo casos, y son muy pocos, de personas que entran clandestinamente y se quedan en la ilegalidad. El norte de un 98% de aquellos que ingresan, sea de manera regular e irregular, es conseguir la regularización migratoria dentro de Chile… Eso evidencia un sentido de aporte al país, además de la responsabilidad de enviar remesas a las familias que quedan en Venezuela», explica Rojas. 

Claves de una norma

Parlamentarios opositores al Gobierno de Sebastián Piñera adelantaron que introducirán una reserva de constitucionalidad respecto a una serie de artículos de la ley que, posiblemente, contravengan principios fundamentales como la Convención sobre Derechos del Niño y de los trabajadores migrantes.

A pesar de contar con detractores, el texto también es valorado por otros políticos chilenos que, entre otros puntos, resaltan que pondría “orden” a la migración en este país. “Es una ley que va a permitir también mirar el futuro desde el punto de vista de la integración y la convivencia que es tan necesaria para Chile”, señaló Rodrigo Delgado, ministro del Interior.

La norma incluye entre las visas humanitarias una especial destinada a mujeres víctimas de tráfico, a la cual también se debe postular. “Las mujeres embarazadas, víctimas de trata de personas o de violencia de género o intrafamiliar, u objeto de tráfico de migrantes, tendrán un trato especial por parte del Estado”, indica la norma.

De las categorías de las visas consulares para ingresar al país destaca una por razones humanitarias, otra para oportunidades laborales, reunificación familiar, estudios, pacientes bajo tratamiento médico, entre otras. Todas serán otorgadas en consulados de Chile, pero no dentro de esta nación. 

En los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz sacar una Visa de Responsabilidad Democrática puede demorar hasta un año y varios meses, y el trámite no está totalmente garantizado. Incluso, en noviembre, decenas de venezolanos denunciaron la cancelación del proceso migratorio por decisión del Gobierno chileno que argumentó motivos relacionados con el cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus.  

Rojas piensa que esto dispara el ingreso ilegal por las fronteras terrestres de Chile. Su opinión es que también podría acrecentar la vulnerabilidad de los extranjeros sin documentos. “Es una ecuación matemática perfecta, en el momento en que los Estados imponen visados consulares para que personas de países que se encuentran con crisis humanitaria, política, lo que sea; enseguida se dispara la entrada de estas personas a los países de manera ilegal, y digo ilegal porque sí es cierto que en Chile va contra la ley ingresar por pasos no habilitados o de manera clandestina”, acota.