Los migrantes venezolanos reciben más apoyo por parte de entes internacionales. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), emitieron un comunicado en conjunto en el que aplauden los compromisos alcanzados en la VII Declaración Conjunta del Proceso de Quito. La proclama fue firmada el pasado 28 de mayo en Lima, Perú. Un total de 12 países suscribieron el acuerdo que reafirma “el compromiso de seguir apoyando a los 4.6 millones de refugiados y migrantes de Venezuela en América Latina y el Caribe”.
OIM y ACNUR aplauden a Perú por la realización del evento. También saludan el compromiso de Brasil al asumir la nueva presidencia pro tempore del Proceso de Quito, que se inicia el próximo 22 de junio.
ACNUR y OIM consideran que “el Proceso de Quito es testimonio de la voluntad para seguir fortaleciendo a nuestra región, abrazando la diversidad con empatía y con la generosidad que la ha caracterizado siempre”.
Apoyo para refugiados y migrantes venezolanos
Uno de los puntos destacados por el comunicado conjunto de Acnur y OIM es la integración de los países y de entes internacionales. “El Proceso de Quito avanzó en este periodo en la integración de Reino Unido, Italia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como nuevos miembros del Grupo de Amigos”. Dicho grupo también está conformado por Países Bajos, España, Suiza, Alemania, Francia, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea.
Brasil también manifestó su compromiso con seguir impulsando los temas que se han discutido en los grupos de trabajo, con un enfoque regional orientado a la cooperación internacional.
“Brasil, uno de los principales receptores de población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, asume su liderazgo en un momento crucial para el Proceso de Quito y la región” destaca el comunicado.
El Proceso de Quito nació en 2018 por iniciativa de Ecuador, con el apoyo de ACNUR y OIM. Hoy en día cuenta con el apoyo y participación de 14 países de la región. La idea es gestionar respuestas coordinadas a los retos institucionales generados en América Latina y el Caribe por los flujos de refugiados y migrantes venezolanos.
