Cuando Gerardo Rodríguez llegó al puesto fronterizo de Rumichacha, entre Ecuador y Colombia, sus pies tenían llagas que sangraban. Sus zapatos deportivos estaban rotos: había caminado casi un mes desde Venezuela. No tenía pasaporte, lo único que autentificaba su identidad era su deteriorada cédula de identidad.
La ausencia del documento migratorio no impidió que Rodríguez, de 31 años, entrara a Ecuador. Para noviembre de 2018, cuando llegó, los venezolanos sin pasaporte recibían la Carta Andina, con la que podían permanecer en el país 180 días. Ahora es muy diferente. Sin pasaporte, su situación migratoria se perpetúa en la irregularidad.
“Nos las pusieron muy difícil. No hay manera en la que yo pueda obtener esa visa. El pasaporte cuesta muy caro y apenas me alcanza para pagar arriendo y los servicios, así como para enviarle dinero a mi hija y a mi mamá”, se lamentó Rodríguez, quien trabaja como ayudante para una pequeña empresa de mudanzas.
A partir del próximo 14 de agosto, aquellos venezolanos que no cuenten con visa serán considerados extranjeros en situación irregular. Deberán pagar una multa de dos salarios mínimos ($800), por haber permanecido en el país más de seis meses como turistas.
Sin pasaporte no hay visa
En la situación de Rodríguez se encuentran miles de venezolanos, quienes ingresaron sin pasaporte y siguen sin el documento debido al costo, así como al tiempo de espera para adquirir uno por medio de los consulados de Venezuela en Quito y de Guayaquil.
De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para 2019 el 53% de los 400.000 venezolanos que ingresaron al país no presentaron un pasaporte. Estos venezolanos se registraron con su cédula de identidad para recibir la Carta Andina, documento especial otorgado a ciudadanos de la región que se movilizan dentro de Ecuador durante 6 meses.
“Llegué a Ecuador con $20. Tenía la esperanza de trabajar para pagar un pasaporte y posteriormente la visa. Me fue imposible y por eso me multaron”, relató María Ortiz, de 25 años. Añadió que decidió salir de Venezuela sin pasaporte porque, para mayo de 2018, obtener uno era casi imposible y, además, con su sueldo no podía comprar alimentos para ella y su hijo.
El pasaporte venezolano tiene un costo de $280. “Yo pagué $200 con tarjeta de crédito internacional al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y $80 en efectivo en el consulado de Guayaquil. Sin embargo, todavía no me llega”, informó Robert Pérez, un abogado venezolano quien hizo los pagos en enero de este año.
Ecuador reconoció que los venezolanos tenían dificultades para recibir documentos de identidad, al suscribirse a la Declaración de Quito, el 4 de septiembre de 2018. Sin embargo, no fue hasta el 25 de julio de 2019 cuando el Gobierno del presidente Lenin Moreno desarrolló mecanismos para la regularización de venezolanos dentro del país con documentos de viaje vencidos.
Por medio del Decreto presidencial 826 se exoneró de la multa migratoria a los venezolanos en situación irregular que ingresaron a Ecuador antes de la fecha del mandato presidencial; mientras estos adquirieran la llamada Visa de Excepción por Razones Humanitarias, antes del 31 de marzo de 2020. Plazo que fue extendido hasta el próximo 14 de agosto, debido al estado de excepción impuesto para afrontar la pandemia por el Covid-19.
La visa cuesta $50, un precio asequible en comparación con el costo de la visa Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), cuyo precio es de $250. Además, para su obtención la cancillería ecuatoriana acepta pasaportes vencidos hasta 5 años, junto con antecedentes penales venezolanos apostillados y el certificado de la Carta Andina debidamente sellado, para aquellos que ingresaron sin el documento de viaje.
La medida benefició sólo a quienes tienen pasaporte. Aquellos sin el documento están sin posibilidades de regularización migratoria dentro del país, a menos que reciban el estatus de refugiados por el Estado Ecuatoriano.
Migrantes, no refugiados
La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) consideró en mayo de 2019 que la mayoría de quienes dejan Venezuela lo hacen debido a la crisis humanitaria; por lo tanto, deberían ser considerados como refugiados. Además, recomendó a los Estados receptores que se le otorgue esa protección internacional de manera grupal y no individual.
El Gobierno de Ecuador también reconoció la crisis humanitaria en Venezuela como el motor principal para la migración masiva, al firmar la Declaración de Quito, y lo reafirmó con el Decreto 826. Sin embargo, a los venezolanos no se los considera refugiados, sino migrantes en una situación especial.
De acuerdo al artículo 98 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, una persona es considerada refugiada cuando realiza en Ecuador una solicitud de protección, ya que en su país de origen su seguridad y su vida corre peligro, sea por persecución contra una comunidad en específica o por incapacidad del Estado para garantizar los derechos humanos.
La legislación ecuatoriana plantea que, para recibir la protección internacional se requiere el reconocimiento individual y no por grupo, como lo recomendó Acnur. Es decir, en Ecuador un venezolano es un migrante hasta demostrar lo contrario, por lo que si no cuenta con los requisitos para la visa no podrá regularizar su situación.
Hasta marzo de 2020 alrededor de 140.000 venezolanos tenían una visa o habían solicitado una. De esa cantidad, 25.000 obtuvieron la visa humanitaria, de acuerdo a las cifras expuestas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Los otros 165.000 venezolanos que se estima están dentro del país, para ese mes no habían gestionado el permiso de permanencia.
“No existe mecanismos del Estado para aquellos que no puedan recibir la visa humanitaria y deban pagar la multas que equivale a mucho dinero”, declaró Andreu Castro, presidente de la Fundación Mueve, organización que apoya a venezolanos en Guayaquil.
Castro señaló que la mayoría de los que se quedarán en la irregularidad no cuentan con el pasaporte, “aunque también hay quienes entraron al país y lo tenían vencido o lo obtuvieron posteriormente a su llegada”, informó.
Sobre estas personas el activista indicó que su situación se complicó cuando salieron del país por diferentes motivos y regresaron después del 25 de julio de 2019. De acuerdo al Decreto 826, los venezolanos que ingresaran luego de esa fecha, no califican para recibir la visa humanitaria dentro de Ecuador.
“Quien esté en esa situación tendría que hacer una solicitud de la cita para la visa, como si estuviera en Lima o Bogotá, donde quedan los únicos consulados ecuatorianos autorizados para emitir el documento humanitario”, explicó.
Castro detalló que esa opción es solo para quienes tienen el pasaporte vigente. Aquellos con el documento de viaje vencido no pueden tramitar la visa por los consulados. “Solo dentro de Ecuador se aceptan pasaporte sin vigencia”, destacó el activista.
“Soy un fantasma en Ecuador”
Leonardo Vera ingresó a Ecuador en febrero de 2019, luego de recorrer a pie las carreteras de Colombia y Ecuador hasta llegar a Guayaquil. Tenía pasaporte. Vencido, pero lo tenía. Para esa fecha Ecuador no reconocía los documentos de identidad que no estuvieran vigentes, por lo que recibió la Carta Andina.
Vera ahorró dinero para pagar por la prórroga a su pasaporte, que es una etiqueta emitida por el Estado venezolano, para extender la vigencia del documento de viaje. Sin embargo, durante 2018 y 2019 a los consulados venezolanos en Ecuador no llegaban pasaportes ni prórrogas. “Preferí esperar, para no perder el dinero”, dijo el joven de 30 años.
Ya cuando se acercaba el día 180 de su estadía decidió viajar a Tumbes, población fronteriza con Perú a 474 Km de Guayaquil, para registrar su salida del país y así evitar ser multado. Sin embargo, no pudo hacerlo. “Había perdido mi cédula unos días antes, solo tenía la copia de una vencida y no me la aceptaron”, contó Vera.
Regresó a Guayaquil resignado, pero recibió la llamada de su primo. “Me dijo que había encontrado la cédula en el camión en el que trabajaba”. Al recuperarla volvió a viajar a la frontera. Vera llegó al puesto fronterizo el día 181. “Estaba multado”.
Cruzó la frontera y solicitó refugió en Perú. Se le concedieron. Unos días después decidió regresar a Ecuador, era en ese país donde tenía trabajo. Tomó un taxi y cruzó la frontera sin pasar por migración. “Allí uno cruzaba en unos de esos carros que tenían una placa especial. Nadie decía nada”, señaló el joven.
Uno días después de regresar anunciaron la implementación de la visa humanitaria y la exoneración de la multa, “Me esperancé”, confesó. Creyó que se beneficiaría con la medida, hasta que fue a la cita para el censo de venezolanos ordenado por el Gobierno de Ecuador, donde le informaron que no era apto para recibir el permiso de residencia, porque en el sistema aparecía su salida del país y no su regreso.
“Soy un fantasma en Ecuador. No existo para el Estado, es como si no estuviera aquí”. Para regularizarse Vera espera conseguir quien le preste una tarjeta de crédito para pagar la prórroga de su pasaporte.
Si no lo consigue, no podrá obtener la visa ni en Bogotá ni en Lima y permanecerá en la irregularidad. “Ya voy para los dos años y no avanzo. ¡Soy un ilegal! Necesito esa prórroga”.
Pero, según el artículo 40 de la Constitución de Ecuador: ”No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”. Y es por esa razón que se les llama a los venezolanos sin visa como “extranjero en situación irregular”; escenario que se mantiene hasta que no existan otras condiciones para quienes no cuentan con una residencia legal en Ecuador.
