La oferta gastronómica en Argentina se ha visto influenciada por platillos típicos venezolanos, tras el impacto migratorio de esa población en el país sureño. De acuerdo al diario El Clarín de Argentina, arepas, sancocho y tequeños forman parte del menú de los bares de Buenos Aires.
“Antes de la pandemia no había escuchado hablar de los tequeños. Con la cuarentena empecé a pedir más comida por internet y los probé. Desde ese momento, casi todas las semanas me clavo algunos” cuenta Santino, vecino de Monte Grande al diario.
Arepa’s Franklin, Resto-Bar Las Caribeñas (Temperley), Samoa, La Aurora Maracucha o Bocadeli son algunos de los locales más cotizados de la capital argentina.
“No todos están concentrados en los corredores de bares y restoranes, sino que otros optan por ubicarse en los márgenes y manejarse principalmente con delivery a los barrios” reseña el diario.
En Argentina hay 170 mil migrantes venezolanos, según cifras de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) en su informe abril 2022, y según cifras locales del Registro Nacional de Personas, Argentina, registraba para el 2018 un total de 70.531 migrantes venezolanos.
“Otra estrategia que muchos dueños utilizan para promocionar sus platos son las Ferias de las Naciones, una oportunidad que muchos consideran la gran vidriera que permite a los clientes conocer propuestas que quizás en otra circunstancia no probarían” explica el diario.
El estudio Sobre las contribuciones de la migración al desarrollo sostenible, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), revela que la población migrante venezolana en Chile contribuye al crecimiento del PIB nacional y que el bolsillo del venezolano en Perú se ha visto golpeado por la recesión económica peruana de 2018.
Chile con discriminación económica
El informe explica que la actual etapa migratoria en Chile se caracteriza por un cambio importante en su composición según países y regiones de origen. Los países fronterizos de Perú y Bolivia son los que han tenido mayor protagonismo hasta el año 2017 y los flujos de Haití y Venezuela son los flujos más recientes, siendo este último el de mayor crecimiento en los últimos años.
“En el caso de Venezuela, ello está muy vinculado a la crisis política y económica que enfrenta ese país en los años recientes”. Asimismo, la población migrante venezolana, junto a la de Perú, Bolivia, Colombia, y Haití, contribuyeron en conjunto, con 17% del crecimiento demográfico en Chile entre 2002 y 2017, proporción muy por encima de los demás flujos migratorios de Latinoamérica y el resto del mundo.
En la población migrante venezolana junto a la peruana, boliviana, colombiana y haitiana descansa el mayor peso en la generación del PIB migrante. En 2009 ellos contribuían 1.4 mil millones de dólares, monto que representaba el 44% del PIB migrante. En 2017 este monto se había sextuplicado, alcanzando un valor de 8.7 mil millones de dólares, cifra que representa el 74% del PIB generado por inmigrantes en ese año.
“Al descomponer este crecimiento según origen de la fuerza de trabajo, se observa que el crecimiento del PIB en Chile, en la última década, se sustenta principalmente en el aporte hecho por la fuerza de trabajo chilena y la fuerza de trabajo proveniente de los nuevos países de origen de la inmigración, esto es, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y Haití” se explica en el informe.
Así, por ejemplo, en la Región Metropolitana de Santiago, la inmigración contribuye con casi 8 mil millones de dólares al PIB regional, valor que representa 6.4% del PIB regional. “De este volumen se estima que el 75% es generado por inmigrantes provenientes de los nuevos países de inmigración de América Latina (Perú, Bolivia, Haití, Venezuela y Colombia), ilustrando con ello la importancia de esta inmigración en la dinámica económica regional y, en particular, de la ciudad de Santiago” reseña la investigación.
Los inmigrantes provenientes de Perú, Bolivia, Colombia Haití y Venezuela, de reciente incorporación, habrían aportado 21% del crecimiento del PIB en la ciudad de Santiago. Es decir, algo más de un cuarto del crecimiento económico de la ciudad se explica como resultado de la inmigración proveniente de estos países. “Esta es una buena medida de la importancia económica de esta inmigración. El dinamismo económico-productivo de la capital del país, donde se concentra más de 40% de la actividad económica y 35% de la población del país, se sustenta en medida importante en el aporte de las personas migrantes, y, especialmente, de aquellos provenientes de estos cinco países de América Latina”.
A pesar de las contribuciones al PIB migratorio, los migrantes venezolanos,sufren una forma de discriminación negativa. “De acuerdo al principio de equidad económica, ellos debieran haber recibido un volumen de ingresos del orden de 3.5 mil millones de dólares, que representan unos 8.5 mil dólares per cápita al año. Sin embargo, de acuerdo a la CASEN de 2017, habrían recibido sólo unos 2.5 mil millones de dólares de ingresos en ese año, que representan un monto de sólo 6 mil dólares per cápita. La diferencia (casi un 40% del ingreso percibido) corresponde a una transferencia neta de recursos de la cual este estrato migratorio es víctima, como resultado de un proceso de discriminación económica” advierte el informe.
Caída del bolsillo venezolano en Perú
La dinámica de los ingresos y gastos de la población venezolana en Perú muestra una caída drástica en el nivel de ingresos y gastos en los años 2017,2018 y 2019 . Para el caso de ingresos, pasando de tres salarios mínimos al mes (2790 soles) en el año 2017 a tener un ingreso similar a la remuneración mínima en el año 2019 (930 soles). En consecuencia, esta caída en el nivel ingresos en esta población afectó significativamente su capacidad de gasto, reduciendo en 63% el nivel de gasto en el periodo 2017-2019, convirtiéndose así en la población de menores niveles de demanda y gasto en el Perú en el año 2019.
El grupo más importante de inmigrantes en Perú es el procedente de Venezuela que, en 2019, representaba ya el 84.4% de los ciudadanos extranjeros residentes en ese país. “Este flujo migratorio se registra a partir de 2017 y en la actualidad se estima que alcanza a 1.043.460 personas”. Sin embargo, se advierte en la investigación, aún es pronto para identificar las contribuciones cualitativas al desarrollo sostenible en la dimensión económica adecuadamente, porque solo han transcurrido cuatri años desde que ocurre esta corriente de inmigración y se ha modificado intensamente por la experiencia de la crisis sanitaria global por COVID-19.
Durante 2018-2019, algunas entidades y economistas han planteado la interrogante sobre los “efectos en la economía” de un grupo inmigrante que arribó en un alto volumen y en el lapso de corto periodo de tiempo. “No todas, pero la mayoría de las respuestas, argumentando en los términos de un razonamiento del tipo costo-beneficio, han coincidido en señalar que, la economía peruana, ganaría en capital humano y que los inmigrantes representan un aumento en el consumo de bienes y servicios7. Al mismo tiempo, esas respuestas siempre se realizan apuntando un listado de reformas y cambios en las normativas y en los programas de las instituciones del Estado que se hacen necesarias para lograr un aprovechamiento de las oportunidades que, potencialmente, trae la inmigración de ciudadanos venezolanos a Perú”.
Un estudio elaborado por Save the Children revela que el 27% de niños, niñas y adolescentes venezolanos residentes en Lima y La Libertad, se encuentra fuera del sistema educativo. El grupo etario de 3 a 5 años de edad es el que alberga a la mayor proporción de niños y niñas en edad escolar que no asiste a clases (39%), seguido por niños y niñas de 6 a 11 años (34%).
El informe Niñez migrante y educación: Acceso y permanencia de la educación de niños y niñas venezolanas en Lima y La Libertad detalla que las razones son: no haber encontrado vacantes disponibles en los centros educativos; no contar con Internet y dispositivos para acceder a clases a distancia; haber llegado a Perú luego del primer trimestre del año correspondiente al periodo en el que se lleva a cabo la matrícula; y el no contar con certificados de convalidación de estudios y documentos migratorios.
Asimismo, el 25,5% de los niños y niñas refugiados y migrantes venezolanos que se encontraban matriculados no asistió diariamente a clases. Los principales motivos son el limitado acceso a dispositivos tecnológicos adecuados y a conectividad, el apoyo en los quehaceres del hogar, la falta de interés en asistir a clases y el apoyo en las labores de cuidado a niños y niñas dependientes, y adultos mayores del hogar.
La investigación, que se llevó a cabo entre octubre y diciembre de 2021, “identificó también la existencia de extra-edad (cuando el niño es mayor que el resto de compañeros de clase) en 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes venezolanos matriculados”, presentando un año adicional a la edad normativa del grado académico que cursan y concentrándose en el nivel inicial y los primeros cuatro años de primaria (58,2%).
Si bien no se han excluido estudiantes por este desfase en la edad, sí se detectaron casos en los que esta situación condicionó su matrícula en un centro educativo.
“Los que no cumplen con los criterios de edad para ingresar a educación básica regular, tampoco entran al turno nocturno. Así quedan fuera y muchos no vuelven a intentarlo. Ser relegado del sistema educativo genera consecuencias a nivel socioemocional, como problemas de autoestima y sentimientos de inseguridad. Finalmente, estos niños y adolescentes enfrentan riesgos de explotación laboral y sexual”, afirmó Verónica Valdivieso, directora de Save the Children en Perú.
«Ser relegado del sistema educativo genera consecuencias a nivel socioemocional»
Niños migrantes sufren discriminación
Save the Children también registró que las niñas y niños migrantes están expuestos a situaciones de discriminación, lo que podría tener incidencia en el proceso de inserción al sistema educativo, teniendo un impacto directo en el proceso de aprendizaje y permanencia. Cerca de 10% de la niñez migrante no se encuentra en el colegio actualmente por haber sufrido exclusión o discriminación por parte de algún directivo del centro educativo.
Save the Children insta al Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales de Educación, y directivos de las UGEL a garantizar el acceso al servicio educativo de la niñez migrante. La ONG internacional trabaja en La Libertad el proyecto Más Diversidad, implementado junto a otras organizaciones, a fin de promover una educación inclusiva.
La ONG venezolana Fundaredes denunció que los migrantes son “presa fácil” de la trata de personas en la frontera entre el país caribeño y Colombia, donde -aseguró- se convierten en víctimas de violencia en diversas formas.
“Reclutamiento, explotación, trata de personas, esclavitud moderna, prostitución y extorsiones son algunas de las situaciones de violencia a las que son sometidos en la frontera colombo-venezolana los migrantes venezolanos (…) por parte de traficantes de personas”, indicó la ONG en su último informa sobre migración.
El informe, que lleva por título La figura del ‘coyote‘ se reinventa en la frontera colombo-venezolana para captar migrantes”, concluyó que hombres y mujeres jóvenes, en su mayoría, son “cooptados a sumarse a las filas de organizaciones armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC, el Frente Bolivariano de Liberación e incluso el Tren de Aragua (banda criminal venezolana)”.
Fundaredes agregó que, ante el incremento del número de mujeres cruzando la frontera junto a sus hijos y familias, ha surgido una nueva presencia irregular en los pasos fronterizos de los “coyotes” (traficantes de personas), lo que representa “grandes y graves riesgos” para los migrantes.
Esta figura del ‘coyote’ -sostuvo-, conocida en la frontera entre México y Estados Unidos, tiene su “versión” en las fronteras de los estados Táchira y Apure con Colombia, ofreciendo “sus servicios a los migrantes para trasladarlos hasta su país de destino”.
La organización explicó que el corredor fronterizo Apure-Arauca es una de las principales rutas migratorias, a pesar de que, entre 2021 y lo que va de este año, ha sido escenario de enfrentamientos entre varios grupos guerrilleros y el Ejército venezolano.
“También es una de las más peligrosas, pues a los conflictos armados se suma el hecho de que es utilizada por estas organizaciones para captar personas que terminan en manos de redes de trata, explotación y esclavitud”, subrayó.
La ONG apostilló que la “desesperación” de las familias por “escapar” de la crisis ha incentivado la proliferación de “organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, el tráfico de niños, la explotación sexual, la esclavitud moderna y la explotación laboral”.
Hizo un llamado a la Fiscalía General de Venezuela para que investigue las violaciones a los derechos de los ciudadanos que migran “de manera forzada”, así como las desapariciones, extorsiones y trata de personas.
Los estrictos controles migratorios para el ingreso de los migrantes venezolanos a países como Chile o Perú han generado que esa población vea en Bolivia un destino y ya no solo un lugar de tránsito para buscar mejores días tras recorrer kilómetros a pie, en mula o en autobús desde su nación.
Es el caso de Luz Pérez, quien junto a su esposo de nacionalidad haitiana, decidió dejar Venezuela para ir a Chile, tras ver que lo que ganaban en cuatro empleos ya no les alcanzaba para subsistir.
Pérez contó a Efe que días antes de emprender el viaje se enteró de los estrictos controles en la frontera Pisiga-Colchane justamente con venezolanos y haitianos, por lo que sobre la marcha tuvieron que cambiar sus planes.
Así llegaron a la oriental Santa Cruz, donde se afincaron hace cuatro años, regularizaron su situación migratoria y ya no piensan en Chile.
Santa Cruz, el nuevo destino
Lilibeth Soto salió de su natal Ojeda junto a su esposo y sus tres hijos por una oportunidad laboral que se le presentó a él y sin pensarlo llegaron a Santa Cruz, una de las ciudades con la mayor población venezolana del país, donde volvieron a empezar una nueva vida y Soto abrió un emprendimiento de platos típicos venezolanos.
«El pueblo boliviano a mí personalmente me enseñó a guerrearla, a salir adelante, a vender lo que sea, a trabajar en lo que fuera para ganarnos el pan de cada día», comentó Soto a Efe.
Cuando el venezolano Jesús Hernández llegó con su familia a Bolivia, no podía encontrar trabajo, pero decidió pintar los «rompemuelles» o reductores de velocidad a cambio del «cariño» de la gente que le da algunas monedas, según explicó a Efe.
Poco a poco él y los suyos lograron una cierta «estabilidad» en La Paz con este oficio que les ha ayudado a subsistir por más de un año.
Se estima que Bolivia acoge a unos 18.940 venezolanos, entre migrantes y refugiados, según datos de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela.
Bolivia sin crisis migratoria
La defensora del Pueblo interina de Bolivia, Nadia Cruz, explicó a Efe que tras la pandemia del COVID-19, el país empezó a considerarse como un destino para la migración venezolana por algunas normas que les favorecen, como la que les ayuda a regularizar sus papeles y los de sus niños y otra que les exonera del pago de multas por su situación irregular.
Cruz sostuvo que Bolivia «no tiene la misma crisis» migratoria que otros países de Latinoamérica, pero que se han dado avances importantes para que la población venezolana se sienta acogida.
No obstante, se ha identificado una «estigmatización» y xenofobia hacia los venezolanos en el país y además que son vulnerables a otras situaciones como la «movilidad humana» por pasos fronterizos irregulares, indicó.
También señaló que se identificaron redes de «trata y tráfico» de personas que operan en la frontera boliviana y hacen pasar grupos de venezolanos hacia Chile por lugares no autorizados.
Los que se van
Uno de los pasos bolivianos más usados para llegar al norte chileno es Pisiga, un pueblo fronterizo a más de 460 kilómetros de La Paz, con un paisaje semidesértico y climas tan extremos como un frío gélido por la noche y un sol abrasador durante el día.
Héctor Arango, de 32 años, llegó caminando hasta Pisiga junto a un grupo de amigos y un niño de no más de 10 años, todos venezolanos que salieron hace dos meses desde Maracaibo.
Héctor contó a Efe que antes pasó a pie y en algunos lugares en mula por Colombia, Ecuador y Perú, donde una de las muchachas que viaja con ellos dio a luz a una niña.
La meta para este grupo es Chile, a sabiendas de que no la tendrán fácil pues el paso por vía terrestre a ese país está permitido solamente a sus nacionales y a extranjeros con residencia legal.
En Pisiga la actividad es intensa en el día y se ve en sus calles a muchos venezolanos, las mujeres y niños descansando en las aceras y algunos hombres se reúnen en grupos cerca de la carretera para hablar con lugareños que les prometen hacerles llegar a Chile a cambio de dinero.
Todos evitan a los periodistas, y quienes se animan a hablar cuentan off the record los vox populi que se oyen por allí, como lo de los «coyotes» que llevan de noche a los venezolanos del otro lado de la frontera evadiendo el control oficial y la profunda zanja cavada por Chile en el límite entre ambos países.
La gente se aventura a pasar ilegalmente pese a los riesgos y los reportes que indican que en el último año más de una veintena de personas fallecieron en ese intento por las inclemencias climáticas.
La ministra chilena de Interior, Izkia Siches, abrió este miércoles, 6 de abril, una polémica al denunciar irregularidades en la expulsión de migrantes durante el Gobierno anterior, presidido por el conservador Sebastián Piñera (2018-2022).
En una declaración ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, la ministra mencionó el supuesto regreso, «con todos sus pasajeros», de un avión que había sido fletado para repatriar a Venezuela a un grupo de personas que ingresaron de forma irregular a Chile.
“Identificamos que uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron a Venezuela retornó con las mismas personas y nosotros no teníamos idea (…) ¡con todos los pasajeros expulsados!”, afirmó Siches, integrante del gabinete del izquierdista Gabriel Boric, en el poder desde el 11 de marzo pasado.
“Quiero desde ya señalar que si nosotros hiciéramos eso, sería portada del (diario) La Segunda el mismo día. Mis felicitaciones al Gobierno anterior porque tuvo la capacidad de tapar esto con tierra, porque es algo gravísimo», dijo.
«¿Dónde están esas personas?, que tienen indicación judicial de expulsión. Es gravísimo. Por lo mismo, cuando hagamos expulsiones, debemos garantizar que no nos pase lo mismo”, sostuvo Siches en una declaración difundida por la prensa local.
La denuncia desató la ira de los diputados de derecha, algunos de los cuales negaron que tal suceso hubiera ocurrido y exigieron a la ministra «pruebas concluyentes» y detalles del controvertido vuelo.
Su antecesor se defiende
Minutos después de que la polémica saltara a la palestra pública, su antecesor en el cargo, Rodrigo Delgado, se sumó a las voces que negaron la supuesta fallida expulsión y exigió a la ministra datos como la fecha del vuelo o la lista de pasajeros.
“Descarto absolutamente los dichos de la ministra Siches en la Comisión de Seguridad de la cámara y le solicito que transparente ahora los antecedentes concretos de su denuncia, fecha del vuelo y nómina de pasajeros que habrían vuelto a Chile”, indicó Delgado en redes sociales.
“Cada vuelo que se realizó fue con base en una rigurosa acreditación y autorización del país receptor, siendo los únicos que iban y regresaban los funcionarios de la PDI (Policía de investigaciones), que obviamente estaban a cargo de la seguridad del vuelo”, añadió.
Chile sufre desde hace más de un año la crisis migratoria más grave de su histórica contemporánea, con cientos de personas -en su mayoría de nacionalidad venezolana, pero también haitianos- entrando cada día de forma irregular a través de la frontera con Perú y Bolivia.
La crisis, de la que la oposición responsabiliza al discurso de Piñera, ha multiplicado los problemas de seguridad en las provincias limítrofes y desatado un fuerte sentimiento de xenofobia, con movilizaciones, paros de transportistas y episodios de violencia.
Venezolanos y colombianos siguen a la cabeza de las solicitudes de protección internacional en España, según un informe presentado este martes por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear).
Aunque con suerte desigual, pues mientras los colombianos tienen más dificultades para obtener asilo, los venezolanos tienen más posibilidades, por razones humanitarias, de acuerdo con el informe «Más que cifras» de esta organización no gubernamental con datos de 2021.
«Venezuela y Colombia se siguieron situando a la cabeza con 15.995 y 11.567 solicitudes, respectivamente», de las 65.404 presentadas en España, destaca el informe.
El año pasado hubo 69.891 resoluciones sobre solicitudes pendientes en el país, de las que solo 7.371 fueron favorables, apunta.
La mayor parte al ser reconocidos como refugiados (5.354), al estar perseguidos en sus países por distintos motivos, y el resto con protección subsidiaria (2.017), que sin recibir el estatus de refugiado obtienen protección ante el riesgo para su vida si regresan a su país.
A ellas se suman las 12.983 concedidas por razones humanitarias, una autorización de residencia temporal en España en determinados supuestos, casi el 99 % a solicitantes de Venezuela, aunque también de Colombia o Perú, entre otros, detalla este análisis.
«En el lado negativo» destacan solicitantes de naciones como Perú, con casi el 97 por ciento de peticiones denegadas, Colombia (casi el 94 %), El Salvador (93,5), Honduras (cerca del 88) y Nicaragua (79,5), «a pesar de los altos índices de violencia que sufren muchas personas en estos países», advierte Cear.
En 2021 volvió a aumentar ligeramente el número de solicitudes pendientes de resolución en España, hasta algo más de 104.000, después de que el año anterior se redujeron un 20 por ciento, subraya.
«Nuestro país sigue teniendo como gran asignatura pendiente agilizar estas resoluciones para cumplir con los plazos legales, garantizando un estudio individualizado de los casos y evitando en todo momento que se apliquen criterios estándar según nacionalidades”, lamenta Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de Cear.
Colombianos, con 20.320, y venezolanos, con 19.205, eran las nacionalidades con más peticiones pendientes de resolución, seguidos de los hondureños con 6.750, mientras 4.805 son de nicaragüenses, 3.540 de salvadoreños, 3.325 de peruanos y 3.065 de cubanos.
España fue el año pasado el tercer país con más solicitudes de protección internacional en la Unión Europea, de un total de 630.630, solo por detrás de Alemania (190.545) y Francia (120.685), señala el informe.
La presencia de grupos armados ilegales a ambos lados de la frontera ha generado desplazamientos en zonas como Norte de Santander, Arauca y Vichada. Solo en el estado Amazonas, en Venezuela, se calcula que 13.000 indígenas han salido también hacia Brasil desde 2019.
Una madrugada de junio de 2021, Luis Antonio Mendoza, un indígena uwottüja de 34 años, junto a su esposa, sus tres hijos y otras cinco familias abandonó la comunidad Pendare en el municipio de Autana, en el Amazonas venezolano. Huían de los hombres armados que tres años atrás habían invadido su territorio, una pequeña isla en lo profundo de la selva. Cada día temía por la integridad de todos.
“La opción era huir o morir”, dice ahora Mendoza, quien se negó a ser reclutado por los grupos ilegales. Por eso fue amenazado de muerte y recibió un ultimátum.
Las trochas ilegales son las más utilizadas por los indígenas para salir por el río Orinoco y cruzar a poblaciones colombianas. Este paso está en la comunidad indígena Albarical, en el municipio de Atures, estado Amazonas, Venezuela. Foto: Mickey Véliz.
En varias regiones de Venezuela migrar es la única opción para huir de la crisis social y económica. Pero un nuevo ingrediente está expulsando a cada vez más indígenas que cruzan las fronteras: la presencia de grupos externos que ahora son la autoridad de facto. De Colombia llegaron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC; desde Brasil, los llamados “garimpeiros” o mineros ilegales armados.
Según recuerda Mendoza, aquella madrugada tomaron el río y atravesaron la selva hasta Puerto Ayacucho, la capital del estado Amazonas. De ahí salieron a Betania de Topocho, donde permanecieron dos días en casa de unos parientes. Luego, siempre de madrugada, cruzaron el río Orinoco por una trocha muy concurrida en la comunidad de Puerto Lucera, hasta llegar a Puerto Carreño, en Vichada; un departamento fronterizo con más de 72 pasosirregulares, según información de la Defensoría del Pueblo de Colombia.
“Más de dos semanas pasando hambre y frío. Lo hice por mi familia”, dice Mendoza vía telefónica desde Cumaribo, otro municipio de Vichada donde vive ahora. “Muchas familias pasan por lo que yo viví y el gobierno no hace nada. En la zona hay militares, pero son cómplices de la guerrilla”, sostiene.
En el camino, cuenta Mendoza, se encontró a mucha gente de otras comunidades que huía por la misma razón, pero sin un rumbo fijo. Eran indígenas que no hablaban español, con niños deshidratados y descompensados por el hambre. Según Mendoza también hay hombres y mujeres que han muerto a manos de “la guerrilla” por negarse a trabajar para ella. Los casos, dice, son desconocidos porque las familias de las víctimas temen denunciar.
Indígenas yanomami cruzan la frontera hacia Brasil huyendo de la crisis económica y de los garimpeiros (mineros ilegales). La imagen fue tomada en la comunidad Parima B, del municipio Alto Orinoco, estado Amazonas, Venezuela. Foto: Luis Betancourt.
La Defensoría del Pueblo de Colombia, en la alerta temprana 005-21 de marzo de 2021, había advertido el fortalecimiento de los grupos armados ilegales y el aumento de su presencia en Vichada y los estados venezolanos Apure, Amazonas y Bolívar. “En especial situación de riesgo se encuentran los pueblos indígenas que residen allí y los que transitan entre la frontera colombo-venezolana, como también sus autoridades tradicionales”, decía el reporte.
Casi un año después de esa advertencia, en enero de 2022, una nueva oleada de desplazados desde Apure, Venezuela, se registró en Puerto Carreño debido a las confrontaciones entre el ELN y el Frente Décimo de las disidencias de las FARC. En ese momento la Defensoría registró 936 víctimas de desplazamiento forzado. El 55% correspondía a indígenas migrantes, el 42% a campesinos migrantes y solo el 3% a colombianos.
El momento más álgido de la llegada masiva de venezolanos ocurrió entre enero y febrero, y aunque los números han bajado, el tránsito continúa. “Hay un escenario de riesgo aún latente”, explica una fuente del área de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Puerto Carreño. Esa oficina cuenta hasta hoy 1.891 personas registradas en el casco urbano y en las zonas rurales de Puerto Murillo, La Venturosa y Aceitico. “Nosotros teníamos migración, pero no masiva. Era población flotante, pero la que está llegando ahorita con temor busca una permanencia en el territorio”, dice la fuente. El panorama en Puerto Carreño, un municipio pequeño, es complejo. Allí han intentado ayudar con el apoyo de organismos internacionales, pero la infraestructura local “está desbordada” en su oferta de salud y educación.
En el estado venezolano de Amazonas, que limita con Bolívar, donde está el llamado Arco Minero, no han ocurrido enfrentamientos entre grupos ilegales colombianos. La dinámica allí es otra. El ELN y facciones disidentes de las FARC “coexisten”, dice la Defensoría en su alerta. En Puerto Carreño, mientras tanto, hay “una relación de cooperación en la zona de frontera y al interior de Venezuela (…) Esta cooperación permite el control social, las extorsiones, el contrabando, la minería y el narcomenudeo”.
Entre las comunidades indígenas amazónicas que están siendo afectadas por la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios están: uwottüja, jivi y yanomami. La imagen fue tomada en la comunidad indígena Bambú Lucera, municipio de Atures, estado Amazonas, Venezuela. Foto: José Torres.
La invasión
Desde al menos 2019 se evidencia el fortalecimiento de los grupos ilegales: existe un mayor despliegue de su capacidad logística y de expansión territorial a ambos lados de una frontera, entre ríos y selva, por corredores propicios para el narcotráfico, el contrabando, y la minería ilegal (oro y coltán, principalmente), que se van extendiendo por territorios indígenas.
Más al sur de los tradicionales focos de violencia reciente (Apure-Arauca, Táchira-Norte de Santander) hay otras regiones afectadas, como el estado Amazonas, también fronterizo, donde habitan unos 20 pueblos indígenas. Algunas trochas aledañas al río Orinoco, como la zona de Bambú Lucera, al norte, son utilizadas por los indígenas para cruzar a Puerto Carreño. Allí los habitantes admiten con miedo la presencia de irregulares colombianos. “Prácticamente este ya es su territorio, porque hay que pedirles permiso para estar aquí, donde tienen sus campamentos y hacen los que les da la gana. La Guardia Nacional está al tanto y no han hecho nada”, dice una mujer uwottüja. “Mucha gente se ha ido porque se ha negado a trabajar con ellos y temen por su vida”, cuenta.
En otra zona, en Albarical y Provincial, un indígena jivi dice que a diario ve pasar a más de 30 personas que huyen de la crisis económica. “Ahora la guerrilla hace de las suyas. Nadie vive en paz”, denuncia.
“Los pueblos indígenas amazónicos tienen un profundo arraigo con sus territorios, con su núcleo familiar y sus formas de vida comunitaria. Esta nueva experiencia de desplazarse hacia otro país les es extraña e incómoda, pero han tenido que adoptarla”, señala el informe Migración y desplazamiento de poblaciones indígenas de la Amazonia venezolana hacia Colombia, del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía, GRIAM.
En bongos y lanchas se desplazan las personas que buscan llegar a poblaciones fronterizas huyendo de los grupos armados. La foto es en una de las trochas ubicadas en la comunidad indígena Bambú Lucera, municipio Atures, estado Amazonas, Venezuela. Foto: José Torres.
Luis Betancourt, investigador de esa institución, dice que al menos 3.791 indígenas de diferentes pueblos han cruzado la frontera y han sido registrados en Puerto Carreño. También advierte que los números son referenciales, porque muchos indígenas pasan por trochas ilegales y están en zonas sin estadísticas. Betancourt señala que las ayudas de organismos internacionales en Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, en Venezuela, se concentran ahí. “La capital representa el 6% de la entidad, mientras que el 94% lo conforman los seis municipios restantes y es donde está la mayor población indígena, la que está huyendo de los grupos armados”, explica.
Si bien la reciente ola migratoria hacia Vichada provino del enfrentamiento entre el ELN y disidencias de las FARC en Apure, indígenas del Amazonas venezolano han estado saliendo desde hace cinco años hacia ese departamento y también hacia Guainía. Según José Mejías, coordinador de la organización no gubernamental Fundaredes en Amazonas, desde 2019 casi 13.000 indígenas (jivis, uwottüja, yeral, yekuana, sánema y yanomami) migraron hacia poblaciones fronterizas de Colombia y Brasil para buscar mejores condiciones de vida y huir de las amenazas.
Para 2022 las cifras podrían aumentar, según las proyecciones que hace Fundaredes. “La migración de indígenas (…) ya no solo es por el hambre o la situación económica, sino por la amenaza de los irregulares, quienes están amedrentando a nuestra gente para apoderarse de sus territorios”, dice Mejías.
Unos 13.000 indígenas de Amazonas han salido hacia Colombia y Brasil desde 2019 por la crisis económica y la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios, según información de la organización no gubernamental Fundaredes. Foto: José Torres.
En noviembre de 2020 Fundaredes denunció ante el Ministerio Público que el frente “Acacio Medina” de las disidencias de las Farc, comandado por alias “JJ”, tiene presencia en el Parque Nacional Yapacana y otros sectores del municipio Atabapo de Amazonas. Esto ha motivado constantes disputas con los habitantes de Piedra Blanca por el control del territorio minero.
Mejías señala que indígenas de varias comunidades denunciaron en Venezuela ante la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo, con copia a los mandos militares. “Hasta ahora no ha habido respuesta. Los indígenas que hicieron la denuncia tenían temor por sus vidas; por eso no regresaron a sus comunidades”, afirma. Los afectados dicen que han sido maltratados y hasta asesinados por no aceptar el reclutamiento forzado y trabajar en minas dominadas por los grupos.
En el 2021 fue asesinado el profesor José Dacosta, que por el bajo salario y la precariedad del sistema educativo venezolano se fue a trabajar en la llamada Mina 40, en el Parque Nacional Yapacana. Dacosta pertenecía al pueblo indígena jivi y fue asesinado luego de tomar la lancha de un guerrillero por equivocación. También mataron a la maestra María Hernández, de quien solo se supo que fue asesinada por defender a su familia y negarse a ser sometida. En Cumaribo, Vichada, el asesinato de la lideresa comunitaria Olga Lucía Hernández, en mayo de 2020, conmocionó a esta región. Un hombre entró a su casa y le disparó.
Las amenazas contra los liderazgos siguen, como es el caso de Henny Gutiérrez, del pueblo sáliba, gobernadora indígena en Puerto Carreño, que representa a 27 asentamientos del casco urbano. “La situación es muy precaria; hubo enfrentamientos en el vecino país, pero son cosas que uno ya tiene miedo como de hablar”, dice Gutiérrez. Desde que evidenció el desplazamiento forzado de indígenas venezolanos ha recibido amenazas. “El mensaje que me dieron era que yo no podía seguir ayudando a las personas que venían desplazadas”, cuenta. Denunció ante las autoridades, pero no ha recibido protección.
Para Eligio Dacosta, coordinador general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas, la migración no se está dando en Amazonas por el conflicto entre armados, como en Apure, sino por los conflictos derivados de la minería ilegal y la defensa del territorio ante la llegada de “agentes externos”. La minería ilegal, dice, “es un flagelo, como una segunda pandemia que está azotando nuestros territorios”.
Las consecuencias están ahí, tanto en lo ambiental como en lo cultural. “Hacen que los pueblos indígenas busquen otra forma de vida, olvidando sus actividades y desplazándose de su pueblo. La violencia se ha incrementado en los territorios donde hay minería”, dice.
Los indígenas han cruzado la frontera hacia Colombia por la crisis económica y muchos iban y venían desde el estado Amazonas, pero más recientemente huyen para no ser reclutados o afectados por los grupos armados ilegales colombianos que controlan zonas en Venezuela. Imagen tomada en la comunidad indígena Provincial, municipio de Atures, estado Amazonas, Venezuela. Foto: José Torres.
El otro flanco: Brasil
Otra de las etnias desplazadas, pero más hacia el lado de Brasil, son los yanomami. Este pueblo llega desde el suroeste del municipio Alto Orinoco en la zona de la Sierra Parima, y ha sido especialmente afectado por la minería ilegal y el control que ejercen los grupos armados. “Cuando un yanomami cruza la línea fronteriza para ellos es inexistente, piensan que es un mismo territorio. Están buscando ayuda sanitaria y huyendo de los rebeldes garimpeiros”, señala Betancourt, del GRIAM.
Betancourt explica que los pueblos indígenas, guardianes de la memoria histórica del país y de los ecosistemas, no han recibido la atención que merecen del Estado venezolano. Incluso quienes deberían protegerlos, los matan; como ocurrió hace unos días cuando militares venezolanos asesinaron a cuatro yanomamis.
El Defensor delegado del Pueblo del estado Amazonas, Gumersindo Castro, admite que ha recibido denuncias de organizaciones indígenas por la presencia de “garimpeiros” brasileños que han entrado a sus territorios ancestrales, incluso con máquinas, arrasando la selva y los ríos. Las personas huyen porque evitan los trabajos forzados en las minas, donde las mujeres y niñas son esclavizadas sexualmente y obligadas a prostituirse.
“En la denuncia se lee claramente que 400 garimpeiros están ubicados en el extremo noroeste. Sacan entre 40 y 100 kilos de oro diarios; hay 30 máquinas allí ubicadas. La denuncia fue hecha por las comunidades indígenas el 28 de julio de 2021 y aseguran que hay dos helicópteros y una pista de aterrizaje”, explica Castro. Esta zona era explotada anteriormente por algunos indígenas, pero desde hace tres años los garimpeiros cruzaron la frontera para asentarse allí.
La profesora Adriana González, ecologista, operadora turística y exalcaldesa del municipio Atures en el estado Amazonas, señala que en la región existen otras tres fronteras no oficiales que están afectando a los indígenas. Los pobladores deben atravesar sus propios territorios, donde permanecen los tres grupos armados: el ELN, las disidencias de las FARC y los garimpeiros. Estos grupos han dividido a las comunidades, entre quienes trabajan en las minas y quienes rechazan esa actividad en defensa del ambiente. “O te sometes o te tienes que ir”, denuncia González.
Los indígenas exigen la expulsión de los grupos irregulares y piden seguridad, pero sus pedidos no se oyen mientras crecen las amenazas a su vida y a su territorio. “No es fácil empezar desde cero, porque también extraño mi pueblo, mis raíces y parte de mi gente que aún está por allá. Ojalá que el gobierno tome en serio lo que está pasando y decida expulsar a los irregulares de nuestro territorio”, pide Mendoza, indígena uwottüja.
La plazoleta principal de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, es ahora dueña de un círculo de colores, que sin duda se convertirá en un nuevo referente de la capital colombiana. Se trata del Anillo de Inducción Cromática, obra del maestro venezolano Carlos Cruz-Diez (1923-2019).
La figura circular está integrada a nivel de la superficie de 20 metros de diámetro y 3 metros de ancho. La obra concebida especialmente para los espacios públicos de la universidad, cuenta con un sinnúmero de colores que van surgiendo del piso, tan reales como los pigmentos aplicados en las 408.000 piezas de cerámica especialmente elaboradas en la fábrica francesa Emaux de Briare, que desde 1970 ha aportado su experiencia al Atelier Cruz-Diez para los proyectos monumentales del artista, debido a la calidad y resistencia de sus productos.
De esta forma, la obra del maestro Carlos Cruz-Diez -uno de los grandes protagonistas del arte contemporáneo- se convertirá en una referencia urbana y será un punto de encuentro de estudiantes y transeúntes del campus que se integra al entorno patrimonial del centro histórico de Bogotá y busca arraigar el espíritu de cohesión de la institución con el paisaje urbano de la capital.
Finalmente, Felipe Londoño, Decano de la Facultad de Arte y Diseño, “la donación de la obra se formalizó en mayo 2014 ante el Consejo Directivo de la Fundación Universidad Bogotá Jorge Tadeo Lozano. En 2017, dicho proyecto fue incluido en el programa de cooperación Francia-Colombia».
Revolucionario del arte
Cruz-Diez (1923-2019) fue un revolucionario del arte; al lado de Jesús Soto hicieron que el color y todas sus posibilidades se tomaran el mundo. Fueron los dos grandes maestros del arte cinético. La punta de lanza de un movimiento que sacudió el mundo. Sus obras lograron sacar sonrisas, que la gente mirara el arte de arriba abajo, de lado a lado; hicieron del arte abstracto un juego que dejaría en tablas a los impresionistas. Ver una obra de Cruz-Diez es un placer sin fin; sus obras cambian con la luz del sol, con el punto de vista, o simplemente con dar un paso.
En la plazoleta de la Tadeo también hay una vigorosa exposición del Fotomuseo con imágenes de diferentes obras públicas de Cruz-Diez; en estaciones de tren en Francia, en edificios en São Paulo o Zúrich, monumentos en París, o en el espectacular piso de los pasos peatonales del estadio de béisbol de los Marlins.
Anillo de inducción cromática está hecho de mosaicos de vidrio que produce una fábrica francesa desde el siglo XIX. “En 30 años van a estar iguales y en caso de que tengan que reemplazarlos, la fábrica seguirá existiendo; son los mismos mosaicos que se usaron en la obra del aeropuerto de Maiquetía en 1978 y que, a pesar de todo, siguen ahí”, contó su hijo.
Cruz-Díez tenía cuatro talleres que siguen en pleno funcionamiento: Panamá, Miami, Caracas y París. “Nuestra misión es gerenciar la obra de papá; mantener su legado y su lugar en la historia, así ya esté en el Larousse. Sus obras se han vendido por más de un millón de dólares en subasta y tenemos una responsabilidad inmensa con los coleccionistas. Hay que manejar sus exposiciones en museos y galerías. Hacer mantenimiento de las obras públicas y tener la capacidad de ejecutar las que todavía están en planos. Hay, incluso, proyectos en autopistas. Él era muy ordenado: hacía los planos y dejaba instrucciones milimétricas. Su obra tiene esa exigencia: un punto mal puesto destruye todo el efecto; es como cuando bajas unas escaleras y un escalón tiene dos milímetros más de altura: te caes”.
El estudio de ANOVA Policy Research titulado Remesas, Pobreza y Distribución del Ingreso en Venezuela: ¿Qué dice la evidencia? revela que el envío de remesas de migrantes durante el 2021 pudo haber alcanzado USD 3.500 millones, monto que equivale a 5% del PIB de Venezuela, aproximadamente.
El Policy Brief advierte que las remesas beneficiaron en gran medida a los hogares más pobres. “Hay evidencia de que el flujo de remesas es distribucionalmente `pro-pobre´, es decir, la porción más pobre de la población se beneficia relativamente más de estas, contribuyendo a una mejora en la distribución del ingreso”.
Para los hogares receptores, las remesas son un elemento fundamental en el ingreso total del hogar, superando, en la mayoría de los casos, el aporte de los ingresos laborales (salarios) y no laborales (transferencias del Estado).
“Se estima que la tasa de pobreza general de los hogares receptores es 22,6 puntos menor a la de los hogares no receptores, pese a ser equivalentes en ausencia de las remesas. Lo mismo ocurre para la tasa de pobreza extrema, que es 23,0 puntos menor a la de los hogares no receptores”.
De acuerdo con la IMHV (Investigación Muestral de Hogares Venezolanos) 2021, el 24,3% del total de hogares, es decir, aproximadamente 2,1 millones de hogares en Venezuela son receptores de remesas. “Estos hogares recibieron en promedio 65,8 USD mensuales” reseña el Policy Brief.
Venezuela tendría aproximadamente el 18% de su población viviendo fuera de sus fronteras, siendo el fenómeno migratorio más importante de la historia moderna de la región.
“Para nuestro país, el desarraigo de más de 6 millones de venezolanos tiene múltiples implicaciones, en múltiples dimensiones, entre ellas que Venezuela se convirtió en un país receptor neto de remesas de migrantes, un flujo externo que tenderá a crecer y consolidarse en el futuro relevante” se advierte en la investigación.
Entre los hallazgos, destacan:
El promedio de remesas recibidas esconde una gran heterogeneidad. Mientras el quintil más pobre recibió un ingreso promedio por remesas de 26 USD/mes, el quintil más rico recibió una remesa promedio de 129 USD/mes.
Fuentes estiman que en el futuro cercano la población migrante venezolana seguirá creciendo hasta alcanzar los 8,9 millones de personas. Como contrapartida, se prevé que el flujo de remesas familiares se consolidará como uno de los flujos financieros externos más grande de la mermada economía venezolana.
Las remesas ya representan -y seguirán representando- un importante complemento del ingreso familiar, con un rol creciente en el sostenimiento de su bienestar.
Sobre el tema de las remesas en Venezuela, los investigadores señalan que como fenómeno deberán ser respondidas varias preguntas: ¿tienen las remesas efectos sobre la participación en el mercado laboral de los que las reciben? ¿están siendo usadas como fuente de fondos para la inversión? ¿están los niños de hogares migrantes acumulando más capital humano?, etc.
