Ley Rider

Aprobada la polémica «Ley Rider». Cientos de repartidores, la mayoría migrantes, se concentraron a pocos metros del Congreso de los Diputados en Madrid, España, para manifestar su rechazo a la recién aprobada ley que obligará a empresas como Glovo, UberEats y Deliveroo a contratar a todos los repartidores.

Con dicha legislación, dijeron representantes de la organización Repartidores Unidos a Venezuela Migrante, los puestos de trabajo se reducirán. «El Gobierno nunca tuvo en cuenta al colectivo de los riders que quiere seguir siendo autónomo. En cambio, se ha reunido con un grupo que se presenta como mayoritario, pero no lo es», afirmó Gustavo Gaviria, portavoz del movimiento gremial que convocó la protesta.

Desde comienzos de año, precisa que la organización ha realizado al menos 11 solicitudes de reunión con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, pero hasta ahora no recibieron ningún tipo de respuesta. «El acuerdo se firmó sin ninguna clase de condición. No sabemos ni siquiera qué será de nuestro futuro, ni quiénes entrarán, ni quiénes no, y tampoco conocemos cómo se establecerán los contratos», expresó Gaviria.

Ese es el caso de Lerson, migrante venezolano de 24 años de edad, que ya acumula más de un año laborando como repartidor. Sostiene que «solo nos dijeron que seremos contratados con un sueldo base», pero cree que será a cuesta de miles de puestos de trabajo. «Las plataformas ya han dicho que no tienen capacidad de dar tantos contratos».

Las estimaciones de Repartidores Unidos, en medio de la opacidad de las empresas, es que existen entre 20.000 y 25.000 riders en toda España. De ellos, «70% pudiera quedar desempleado».

Las protestas se replicaron en otras ciudades de España, como Valencia, Barcelona, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Gijón, Málaga y Palma de Mallorca.

Ley Rider: «Un paso insuficiente, poco que celebrar»

«Riders x Derechos«, una de las organizaciones que formó parte del grupo de negociación con el Gobierno de España y la patronal, también manifestó su disgusto con el nuevo decreto. Entre otras cosas, porque consideran que fomentará la pérdida de puestos de trabajo, no garantiza transparencia en el control de los contratos, ni ofrece opciones a todos aquellos trabajadores que carecen de regularización migratoria y «son víctimas del mercado del alquiler de cuentas».

«Consideramos que Glovo, Deliveroo, Uber Eats, etc, han visto crecer sus ejércitos de repartidores gracias a la disponibilidad prácticamente infinita de las personas que subalquilan cuentas», explicó la agrupación en un comunicado compartido por sus redes sociales.

Advierten también sobre la bajada en las tarifas de viajes y en los bonos de los repartidores realizado en medio de la pandemia. «Es la empresa la que toma la decisión y el Estado y la sociedad quien lo permite».

España, primer país en legislar en la materia

«No hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar en esta materia. El mundo está mirando a España», afirmó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de la aprobación de la «Ley Rider».

Asimismo, la funcionaria precisó que ha dado 3 meses a las plataformas digitales de reparto para que puedan hacer las «acomodaciones» y transformaciones» hacia la nueva norma. Es decir, para que metan en plantilla a los 30.000 repartidores que la patronal calcula que hay en España.