Pedir limosna o descuidar su salud, esa es la disyuntiva para miles de migrantes venezolanos en la región peruana de Tumbes, limítrofe con Ecuador, donde el acceso a la salud y a la educación es limitado para quienes viven irregularmente en una frontera desatendida.

En la localidad tumbesina de Puerto Pizarro, el venezolano Eliot García encontró en el turismo no solo un sustento económico, sino también la solidaridad de quienes lo salvaron hace cuatro años de un infarto.

“Mis compañeros de turismo reunieron una cantidad de dinero y me mandaron al hospital (…) me salió una cuenta de 7.000 soles (unos 1.900 dólares)” cuenta a Efe el hombre, desde la embarcación con la que ofrece tours al balneario marítimo mientras lamenta que, de tener esa cantidad, estaría en su país.

Su historia no es una excepción. En este punto fronterizo, donde a diario entran y salen entre 300 y 1.500 migrantes venezolanos, según las agencias internacionales, invocar a la solidaridad es muchas veces la única vía para sortear los obstáculos a la salud.

Así lo lamenta a Efe una de las lideresas de Puerto Pizarro, la venezolana Escarlet Johana, a quien recurren en un grito de auxilio muchos compatriotas suyos establecidos en la zona.

Según cuenta, recientemente una vecina sufrió depresión postparto: “Tuvimos que salir a pedir colaboración para pagar la hospitalización y los remedios”.

DEFICIENCIAS EN SALUD

Sobre el papel, el sistema de salud peruano se jacta de atender de forma gratuita a todos los menores de 5 años, pacientes de VIH y mujeres embarazadas, incluyendo las que han dado luz hasta los primeros 41 días, independientemente de su condición migratoria.

Pero no siempre es así. Prueba de ello es que la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) estima que solo el 3,6 % de los niños venezolanos menores de 5 años recibieron atención médica en Perú durante 2020 y la primera mitad de 2021.

En esos casos, a la xenofobia y las deficiencias estructurales del sistema sanitario peruano se suma la crisis causada por la covid-19.

“Desafortunadamente, los procesos administrativos y las consecuencias de la pandemia han puesto en posición delicada las estructuras del sistema de salud peruano”, comenta a Efe el coordinador general de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Perú, Jean Hereu.

Por eso, en los principales puntos de tránsito de la frontera peruana con Ecuador, MSF y otras organizaciones establecieron puestos donde ofrecen orientación y atención primaria a los desplazados.

Según detalla Hereu, un 30 % de los pacientes que atienden son mujeres gestantes y otro 24 %, menores de 5 años.

BARRERAS A LA EDUCACIÓN

Una fotografía dispar presenta el gerente regional de Desarrollo Social de Tumbes, Luís Alfonso Cerna, quien asegura a Efe que “ni la educación ni la salud se niegan porque, más allá de la condición migratoria, prima la vida”.

“Venimos atendiendo a toda la población migrante”, insiste.

El funcionario, por otro lado, puntualiza que, actualmente, 2.050 niños y adolescentes están matriculados en escuelas de Tumbes.

Esta cifra representa, según la ONG International Rescue Committee (IRC), el 50 % del total de menores venezolanos viviendo en la región, por lo que otros 2.000 quedaron fuera del sistema educativo, sobre todo por falta de cupos.

A esto se suma ahora “el problema de la presencialidad”, advierte a Efe el jefe de la oficina en Tumbes de la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), Rodrigo Valderrama.

“Cuando era virtual, había niños que vivían en Puerto Pizarro, pero estaban matriculados en el colegio de Tumbes, no tenían problema. Pero ahora les toca pagar el pasaje y esto se convierte en una bola de nieve que está generando un nivel de desescolarización”, alerta.

Ante este escenario, IRC lanzó en febrero pasado, junto con Acnur y el Gobierno local, el “Parque Infantil La Igualdad”, un espacio que promueve el fortalecimiento de las habilidades blandas de los menores de Puerto Pizarro, mientras busca frenar el trabajo infantil, cuenta a Efe Gina Sánchez, coordinadora de programas de IRC Perú.

UNA FRONTERA DESATENDIDA

Para Cerna, las trabas en salud y educación se explican por el nulo presupuesto que recibe el Gobierno regional para atender las necesidades de la población migrante.

“No existe una partida para este tema, no hay nada y no podemos hacer uso de recursos públicos para eso, por eso en la cooperación internacional es donde hacemos alianzas estratégicas”, dice.

Pero esta tampoco es un banco de oro. Para 2020, por ejemplo, la ONU calculó que, en esta frontera, la cooperación internacional necesitaba 149 millones de dólares para cubrir las necesidades básicas de la población migrante, pero solo se logró un 44 % de esta cantidad.

Y el año pasado fue peor. La plataforma había estimado un presupuesto de 274 millones y se alcanzó apenas el 34 %, lo que ratifica la enorme brecha que azota esta frontera, desatendida ante una migración venezolana que no cesa.

Con información de EFE