Durante la mañana del lunes 26 de enero, la Fuerza Armada del Perú desplegó a 1.200 funcionarios del Ejercito en la frontera que une a ese país con Ecuador para frenar el ingreso de extranjeros por pasos clandestinos. En un boletín oficial del Ministerio de Defensa se confirma que se trata de funcionarios adscritos al Comando Operacional del Norte. El objetivo es “reforzar las medidas de control ante el avance del Covid-19”.
El despliegue tuvo lugar a lo largo de la ribera izquierda del río Zarumilla, que marca la frontera entre Perú y Ecuador. De un lado se observaban tanques, carros de combate, vehículos blindados y patrulleros. Pero del otro, familias con niños pequeños y maletas imprentaban a los militares que los dejaran pasar.
“Se vigilarán hasta 30 pasos fronterizos clandestinos que han sido identificados como los más frecuentes utilizados por la inmigración ilegal”, confirma la institución.
Durante la jornada de ese día se viralizaron un par de videos en los que se muestra a varios migrantes venezolanos tratando de pasar hacia Aguas Verdes por caminos irregulares. En una de las imágenes, se observa cómo un efectivo de las Fuerzas Armadas disparan al aire delante de estas personas que venían con niños en brazos.
En se sentido, la superintendente de Migraciones de Perú, Roxana Del Águila, advirtió que existen mafias de tráfico ilegal. «Se presume que los extranjeros que están ingresando de manera irregular al Perú han hecho lo propio en Colombia y Ecuador. Por ello estamos realizando un trabajo de inteligencia y migratorio con los otros países», comentó.
La génesis del problema
El expresidente Martin Vizcarra dispuso el cierre de fronteras el 16 de marzo del año pasado como parte de las medidas para evitar contagios de COVID-19; sin embargo, esto no frenó el ingreso de venezolanos por rutas irregulares
Por su parte, el gobernador regional de Tumbes, Wilmer Dios Benites dio a conocer el pasado 19 de diciembre, la situación en la frontera norte que separa a Perú de Ecuador. Expresó que hay un ingreso diario constante de aproximadamente 200 venezolanos, a pesar de que todos los caminos estaban cerrados.
A principios de enero, en un reportaje del diario El Comercio, autoridades de la comisaría del distrito fronterizo de Aguas Verdes, advirtieron que no tenían suficiente recurso humano para resguardar los espacios que lo separan con Ecuador.
“Prácticamente nosotros destruimos estos puentes y, al poco tiempo, nuevamente los construyen. Gracias a la presencia de militares en la zona esto se ha tranquilizado un poco”, refirió el mayor de la Policía Nacional de Perú, Mario Bonilla, comisario de Aguas Verdes.
¿Qué ha dicho la Embajada Interina de Venezuela en Perú?
El embajador de Venezuela en Perú, Carlos Scull, indicó para Venezuela Migrante que la información que maneja hasta los momentos es que desde hace varias semanas están ingresando, por estos pasos irregulares, entre 200 a 300 venezolanos diariamente.
“Esta situación se debe a la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela; digamos a la situación tan precaria y deplorable que viven muchos. El flujo migratorio ha continuado, muchas de estas personas vienen a reunirse con sus familiares”.
Por otro lado, informó que desde la Embajada de Venezuela se han puesto en comunicación con diversas autoridades, ONG y con la Defensoría del Pueblo. Alegó que como ente, realizaron una solicitud ante la Defensoría para que proteja los derechos humanos de estos ciudadanos venezolanos que están en la frontera norte con Ecuador.
El representante diplomático exhortó a que organismos internacionales, como la OIM y ACNUR, se pronuncien ante esta situación y los migrantes reciban protección especial. “Se requiere de una coordinación de otros países como Ecuador y Colombia para que haya una solución conjunta y pueda haber una migración segura y ordenada, tanto para los países receptores como para los migrantes”.
Posición de los organismos que protegen los derechos humanos
Algunas instituciones como la Defensoría del Pueblo o Aministía Internacional están mirando muy de cerca la situación que se está registrando en Tumbes. Ya se han pronunciado, instando al ejecutivo nacional tome las medidas necesarias para evitar que ocurra una violación de derechos contra los migrantes venezolanos.
La Defensoría del Pueblo de Perú, mediante un comunicado, repudió esta situación señalando que “la Policía y las Fuerzas Armadas deben respetar el marco legal que regula el uso de la fuerza y de las armas de fuego”. Además reiteraron que “el Estado debe garantizar el interés superior del niño y los derechos a la reunificación familiar y a solicitar asilo”.
Para Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, el evento no es ajeno. “Vemos con muchísima preocupación la militarización de la frontera de Tumbes, y que el control migratorio lo realicen funcionarios de las fuerzas armadas. Ellos no están formados ni tienen las herramientas para garantizar los derechos humanos de esta población, que está huyendo de la crisis en su país”.
Como movimiento global y local, han presentado al gobierno un comunicado donde plantean tres puntos centrales para esta comunidad. “No se pueden militarizar las fronteras de Tumbes, deben haber cuerpos capacitados para el control migratorio. Los migrantes y refugiados deben ser aceptados en Perú y el Estado debe protegerlos y ofrecerles una manera de regularizarse. Por último, se debe garantizar acceso a ayudas en temas de salud, y deben ser incluidos en el plan de vacunación, teniendo en cuenta los criterios establecidos por el gobierno peruano”, comentó Navarro.
También dijo que la medida de un nuevo aislamiento tomada por el actual presidente del Perú le es de preocupación. “El año pasado la población migrante y refugiada quedó muy afectada por la cuarentena. No recibieron ningún tipo de ayuda, más allá de la que daban los organismos internacionales. Es importante que no se les excluya y que no se repita lo de 2020”.
Finalizó instando a los migrantes que se encuentran en situación de irregularidad que puedan cumplir con el proceso de pre registro que actualmente realiza Migraciones. “Es una manera de garantizar un documento y una estadía regular en el país”, comentó.
¿Cuál es la situación de los refugiados en el Perú?
De acuerdo con cifras de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes, hay 496 mil 95 solicitantes de refugio en el Perú. Para Analí Briceño, coordinadora de la Clínica Jurídica Pedro Arrupe S.J., ha complicado los procesos de evaluaciones. “Según la ley, el proceso de evaluación debe realizarse en 60 días; sin embargo, hay solicitantes desde el 2017 y 2018 que no han sido llamados para su evaluación”.
La Ley del Refugiado (número 27891), reconoce tres categorías de refugiados en el Perú. Para el contexto de la migración venezolana solo se aplican las dos primeras contempladas en el artículo tres del instrumento legal:
- La persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, perteneciente a un determinado grupo social y opiniones políticas, se encuentre fuera de su país de nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país.
- La persona que se ha visto obligada a huir de su país de nacionalidad o residencia habitual por causa de la violación masiva de los derechos humanos, agresión extranjera, conflico interno, ocupación o dominación extranjera; o en razón de acontecimientos que perturben gravemente el orden público.
¿Cómo presentar una solicitud de refugio?
Inicialmente se debe presentar una solicitud, donde el ciudadano le hace saber al Estado peruano que quiere ser solicitante de refugio, que su caso se evalúe. Este proceso se puede hacer tanto en la zona de frontera, como Tumbes, o en la ciudad donde la persona se encuentre.
Lo siguiente es la emisión de autorización de trabajo o de carnet de solicitante de refugio. Actualmente se está entregando la autorización de trabajo, porque es un documento que se emite de forma virtual.
Finalmente se realiza la entrevista de elegibilidad, este es el proceso que debería tener resolución de 60 días. Aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores determina si el testimonio es suficiente para brindar la condición de refugiado. Si el caso resulta positivo, el ciudadano obtiene un carnet de extranjería. Si es negado, puede hacer una reconsideración o una apelación.
Para tramitar la carta de trabajo se puede hacer a través de los correos electrónicos: [email protected] o [email protected]
