Los venezolanos en edad escolar no tienen la vía libre para acceder al sistema educativo ecuatoriano. La precariedad económica, la falta de documentos de identidad, la xenofobia y el acoso cerca de los centros educativos son las barreras que mantienen fuera del sistema educativo a 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes migrantes.
Primera barrera: escasez económica
Según el ministerio de Educación, de los 88.320 venezolanos menores de 18 años que están en Ecuador, 49.967 están dentro del sistema educativo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) calculó que para diciembre del 2019, alrededor de 43.000 no estaban escolarizados, de este número, la mayoría no había podido acceder al sistema por la escasez de ingresos en sus hogares.
Así es el caso de Ernesto Olivares de 12 años. Junto a su mamá y su hermana mayor vende dulces, galletas y snacks en los alrededores del Parque Centenario en el centro de Guayaquil, actividad que realiza, como muchos venezolanos, desde que llegó a Ecuador en julio de 2019. De acuerdo al Estado ecuatoriano, 89% de los migrantes en el país trabajan informalmente.
“Todos tenemos que trabajar, porque si no, no nos dan las cuentas para pagar el arriendo, la comida y los servicios”, declaró la madre, Paola Fernandez de 36 años, quien llegó al país en 2017. “Tuve que elegir entre que coma o estudie”, agregó con pesar.
Fernández tiene una tercera hija de 7 años que sí está escolarizada. “Cuando la niña iba a clases podía dejarla en la escuela mientras yo trabajaba, algo que cambió con la cuarentena. Ahora se queda en casa de una amiga a quien le pago $10 para que me la cuide”, explicó.
La experiencia de Fernández no es un caso aislado. En el Informe Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador, realizado por investigadores del Banco Mundial, se señala que la incapacidad para pagar útiles, uniformes y manutención diaria es la principal barrera para el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes venezolanos.
La investigación precisa que para finales de 2019, 42% de los hogares venezolanos con menores de 18 años estaban en situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, es decir: “viven con al menos una privación en relación con la calidad de la vivienda, el acceso a servicios básicos, la dependencia económica, los niños y niñas fuera del sistema educativo o el hacinamiento crítico”, explica el informe.
De acuerdo al Banco Mundial, un 11% de los hogares migrantes venezolanos padecen de dos o más privaciones de las ya mencionadas.
Segunda barrera: el mito del “sin papeles no hay estudio”
Ecuador es un país que garantiza la educación para quienes están en situación de movilidad humana. Al menos así lo establece la Constitución y sus leyes en esta materia. Sin embargo, muchos padres venezolanos desconocen esta protección legal y asumen que, como su estatus migratorio es irregular, sus hijos no pueden disfrutar de este derecho.
Zonia Martinez tenía ese temor. Llegó a Ecuador el 27 de junio de 2019, cuando para ingresar al país no era necesario tener visa, como fue obligatorio después del 25 de agosto de ese año. “Aquí en Quito estaba mi esposo desde hacía nueve meses. Él nos pagó los pasajes por bus a mí y a nuestro hijo de 8 años”, declaró la oriunda de Maracay (centro de Venezuela).
Como ya estaban cerradas las inscripciones en Quito (en Ecuador hay dos regímenes educativos con calendarios distintos, Costa y Sierra) decidió esperar a que el año escolar terminara para inscribir a su hijo en 2020. De esa manera le daba tiempo de regularizar su situación migratoria y realizar el trámite “con todas las de la ley”, afirmó.
Para acceder a la Visa por Excepción por Razones Humanitarias (VERHU), los venezolanos debían censarse por medio de un proceso habilitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana. “Mi esposo entró a la plataforma por internet para solicitar cita para el censo. Lo hizo, nos colocó a todos como un núcleo familiar y le notificaron que debía presentarse el 27 de febrero”, relató Martinez.
Para su sorpresa, cuando fueron a la cita en Migración les informaron que el censo era individual. “Nos dijeron que solo mi esposo podría censarse ese día, mientras que el niño y yo debíamos solicitar otra cita”. Inmediatamente ingresó a la plataforma digital para pedir otra lo antes posible, pero ya no había cupo para Pichincha, sino en provincias donde la presencia de venezolanos es menor.
“Tuve que pedir cita en Sucumbio”, indicó Martinez. Esa provincia está hacia el oriente del país, a 7 horas de viaje desde Quito. No solo la distancia era lejana, también la fecha que le asignaron; debía presentarse con su hijo el 19 de marzo. No pudo llegar. Tres días antes de su cita, el presidente Moreno decretó el estado de excepción, como respuesta al avance del coronavirus.
Su cita fue suspendida hasta que el Gobierno ecuatoriano consideró oportuno retomar el proceso. “Ya luego no fui. Mi esposo se quedó sin trabajo y decidimos enfocar todos los recursos para pagar arriendo y comida”, explicó.
El 20 de julio comenzó el proceso de inscripción para los escolares de la Región Sierra por internet. Martínez decidió dejar a su hijo sin educación formal un año más. “El niño no tiene pasaporte, yo no tengo visa y mi esposo. Creímos que debido a eso no podíamos inscribir al niño así que, bueno… tendremos que esperar e intentar darle clases en casa para que no quede rezagado”, dijo resignada.
La creencia de Martinez obedece al temor de muchos venezolanos sin visa. En los últimos dos años se han registrado acciones discriminatorias contra migrantes, por parte de algunos ecuatorianos y funcionarios públicos. De acuerdo a lo señalado en el informe del Banco Mundial sobre la migración venezolana en Ecuador, hay casos en los que no se realizó la inscripción porque el personal de los centros educativos les pusieron trabas debido a su situación migratoria.
La asambleísta Jeannine Cruz, vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, explicó a Venezuela Migrante que la visa no es un requisito indispensable para acceder al sistema educativo, puesto que el derecho a educarse no debe negarse a las personas migrantes, de acuerdo a la legislatura ecuatoriana.
“Se debe precautelar el derecho de la educación y mirar las leyes con una perspectiva de movilidad humana en estos casos, y más sí es una población vulnerable”, resaltó la legisladora, quien hizo hincapié en que el único documento indispensable debe ser la partida de nacimiento del niño o niña.
Tercera barrera: la xenofobia dentro de las aulas
Juan David Flores, de 10 años, llegó a casa con un morado alrededor de uno de sus ojos. Ese día, en agosto de 2019, unos estudiantes, del colegio al que asistía en Jipijapa (Provincia de Manabí), lo rodearon para agredirlo. El motivo principal, según relatan sus padres: ser venezolano.
“Esa fue la gota que derramó el vaso”, afirmó Jorge Flores, su padre, un periodista de Valencia (centro de Venezuela), cuando supo del ataque. No era la primera vez. Durante un año su hijo fue víctima de acoso escolar dentro del salón, en el patio de la escuela y en las afueras de la institución sin que las autoridades realizaran acciones efectivas en favor de la integridad de Juan David.
“Cuando comenzó el acoso, mi esposa y yo fuimos al colegio a quejarnos. Allí nos dijeron que ellos lo resolverían, que no era necesario llevar el asunto más allá de la institución. Pensé que sería así”, confesó. Sin embargo, las estrategia de la directiva y de los profesores fue aislar al niño de sus otros compañeros, lo que profundizó la discriminación.
Los amigos de Juan David dejaron de hablarle por las amenazas de los abusadores. “Si algún niño, se le acercaba, este también resultaba amenazado. Así fue como quedó más aislado”, relató el padre del niño. Como medida, el profesor del curso formaba a los alumnos en un círculo durante sus clases y a la víctima la dejaba afuera, con la finalidad de evitar choques con los otros estudiantes.
Como consecuencia, su hijo dejó de ser una persona extrovertida, para convertirse en una callada sin muchas ganas de relacionarse con otros. “Por eso, cuando el acoso escaló a golpes no hubo más nada que decir. Mi esposa y yo fuimos al distrito escolar a denunciar la situación”, contó Flores.
“Iniciaron una investigación, hablaron con las autoridades del colegio y no dijeron que le asignarían un tutor, para que Juan David recibiera clases en casa. Con eso no lográbamos nada”, resaltó. Un mes después, él y su familia regresaron a Venezuela.
El Banco Mundial en su informe sobre migración venezolana señala que entre las causas para ausentismo escolar está la discriminación que sufren en centros educativos por su nacionalidad. De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para finales de 2019, el 59% de los venezolanos se siente discriminados, a pesar que, tanto Unicef como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), han realizado campañas en las escuelas contra la xenofobia.
De los venezolanos que perciben discriminación contra ellos el 98,7% considera que es por su nacionalidad; el 4,3% por su situación económica; 3,3% por su sexo; 1,8% por su preferencia sexual; 1,1% por su edad; 0,7% por su identidad de género y 0,5% por otros motivos.
Cuarta barrera: peligro alrededor de los centro educativos
Pedro González llegó a Ecuador en septiembre de 2018 con su esposa e hija de 11 años. Inmediatamente, junto a su cónyuge, empezó las gestiones para que la niña retomara sus estudios en quinto grado de primaria, un proceso que duró hasta comienzos del proceso de inscripción del año escolar Región Costa, en enero de 2019.
Les notificaron que a su hija se le asignó cupo en un colegio fiscal al suroeste de Guayaquil, en el Distrito Portete. González vive en pleno centro, a una hora de camino a pie y a 20 minutos en carro, de acuerdo a la medición de Google Maps.
“Para que fuera tenía que usar un transporte que no puedo pagar”, confesó González, quien trabaja como vendedor de cigarrillos en el centro de Guayaquil.
No solo la distancia con el centro educativo es un problema para Aldana. “Ese sector es demasiado inseguro como para dejarla ir sola”, señaló. “Allí he visto cosas horribles. Venden drogas, hay malandros y gente de mal vivir. Temo que a mi hija le pase algo”, señaló el comerciante. De acuerdo a reseñas de medios de comunicación ecuatorianos y a la Policía Nacional, el Distrito Portete es una de las jurisdicciones más conflictivas de Guayaquil. Hasta agosto de 2020 se registraron 21 homicidios este año.
“Por esas cosas mi hija no va a clases. Mi esposa y yo preferimos buscar maneras de enseñarle por nuestra cuenta”, explicó González. Como padre sabe lo importante de la educación formal, sin embargo, “es preferible eso a que me la maten o me la violen”, agregó.
Mariana Felicio, especialista senior en desarrollo social del Banco Mundial, dijo en la presentación del Informe Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador, que las niñas y adolescentes “enfrentan a barreras efectivas para quedarse en el sistema educativo”.
La especialista explicó que entre las barreras se encuentra el temor a ser agredidas. Según la investigación de Felicio, las venezolanas se sienten inseguras durante el trayecto hacia los centros educativos, una sensación que comparten con las ecuatorianas y que está fundamentada en la realidad.
De acuerdo a la Encuesta de Violencia Contra las Mujeres 2019, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Ecuador (INEC), 65 de cada 100 mujeres en el país han sido víctima de algún acto de violencia en diferentes ámbitos. En esa investigación se halló que el 32% de las ecuatorianas fueron violentadas en espacios públicos, mientras que, el 19% dentro de institutos educativos.
La nueva barrera: la falta de internet después de la cuarentena
Una quinta barrera se levantó a raíz de la pandemia COVID-19. Por orden del Gobierno ecuatoriano los estudiantes tienen que ver clases por medio de plataformas digitales, a pesar que no todos los alumnos tienen los equipos necesarios ni cuentan con internet para ver sus clases. De acuerdo a Unicef, solo el 38% de los hogares en Ecuador tienen acceso a internet.
Egleth Noda, presidenta de la Fundación Chamos Venezolanos en Ecuador, conoce de cerca esta nueva limitante. La organización que dirige tiene una base de datos de hogares con niños, niñas y adolescentes venezolanos a los que apoyan. De los 3.000 que conforman su lista el 85% no tienen acceso a internet.
“Los niños migrantes son invisibles”, afirmó la dirigente. Considera indispensable la creación de políticas públicas que garanticen el acceso a medios digitales a los venezolanos en edad escolar, excluidos por el sistema educativo debido a su incapacidad para conectarse a la web.
