El «parole humanitario» fue anunciado por el gobierno de Joe Biden en enero de este año para recibir a personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Desde entonces, al menos 160.000 migrantes se han beneficiado de la medida y han ingresado a Estados Unidos.
Unos 58.000 venezolanos han aplicado y han recibido la aprobación del parole humanitario en los últimos seis meses. De ellos, al menos 48.500 ya se encuentran en EE.UU., según los datos gubernamentales. Por su parte, los cubanos han recibido 38.000 aprobaciones; los haitianos 63.000; y los nicaragüenses unas 29.500.
«Desde que este proceso y las nuevas medidas fueron aplicadas, los encuentros ilegales en la frontera suroeste de personas procedentes de estos países se han reducido de un promedio de 3.453 encuentros en siete días a mediados de diciembre a un promedio de 394 en siete días para finales de junio», precisaron las autoridades.
El parole humanitario permite a los migrantes venezolanos poder trasladarse a los Estados Unidos y hacer vida en el país. Fue una medida aplicada por el gobierno estadounidense para descongestionar su frontera con México.
¿Qué se necesita para aplicar al parole humanitario?
Lo primero, y sumamente importante, es contar con un patrocinador o «sponsor». Es decir, una persona que tenga residencia legal en los Estados Unidos y pueda garantizar a las autoridades que dispone de suficientes recursos económicos para costear la estadía del migrante durante dos años.
Así, según lo indicado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), una vez con un patrocinador, el migrante deberá poseer un pasaporte válido.
En resumen, estas son las exigencias del gobierno estadounidense a los solicitantes del parole humanitario:
Ser ciudadano de Nicaragua, Cuba, Venezuela o Haití.
Estar fuera de los Estados Unidos.
Poseer un pasaporte válido y vigente para viajar internacionalmente.
Contar con un patrocinador que tenga estatus legal en Estados Unidos y pueda demostrar capacidad para brindar apoyo financiero y cualquier otro tipo de asistencia necesaria al solicitante del parole.
Ser capaz de cubrir los gastos del pasaje aéreo hacia Estados Unidos.
Cumplir con los requisitos de vacunación y otras regulaciones de salud pública establecidas por el gobierno estadounidense.
La llegada de miles de migrantes venezolanos y colombianos a España ha mantenido en crecimiento la población del país ibérico, donde desde hace unos años mueren más personas de las que nacen, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
De acuerdo con el informe del organismo gubernamental, la población residente era al 1 de julio de 48.345.223 habitantes. De ellos, 8.457.886 eran nacidos fuera de España, con un aumento de 135.186 (100.394 extranjeros y 34.792 españoles) en el segundo trimestre de 2023.
Colombia es el país con mayor número de inmigrantes llegados a España en el segundo trimestre del año, con unos 37.700. Venezuela figura en cuarto lugar, con 18.100; Perú en el quinto, con 14.600; Argentina en el séptimo, con 8.800; y Honduras en el octavo, con 7.600.
Antes, el INE ya había revelado que 21.500 venezolanos entraron a España en el primer trimestre de 2023. En total, sumado con los datos del segundo trimestre, al menos 39.600 criollos han arribado al país ibérico en lo que va de año.
Se estima que la población venezolana en España sea de unas 430 mil personas. Sin embargo, podría ser aún mayor, pues no se incluyen a todos los venezolanos con doble nacionalidad (española, portuguesa e italiana, las más comunes).
Más de siete millones de venezolanos migrantes
Según cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Migrantes y Refugiados de Venezuela, conocida como R4V, más de 7 millones de venezolanos se encuentran fuera de su país.
Hasta el 11 de junio de este año, la cifra exacta que ofrecen las agencias de las Naciones Unidas, como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM), es de 7.320.225 venezolanos que han dejado su país por la crisis política, social y económica.
De ese total, 6.136.402 se encuentran en países de América Latina y el Caribe. Hasta la fecha, Colombia es el país que más acoge a venezolanos con 2,5 millones de criollos que migraron a la nación vecina. Le siguen Perú (con 1.5 millones de venezolanos), Estados Unidos (550 mil) y Ecuador (502 mil).
«Berto» era uno de los miles de migrantes que transitan cada día por la frontera entre México y Estados Unidos. Estaba al final de un trayecto de ocho días por el desierto de Sonora-Arizona cuando se encontró con agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense, a quienes pidió agua pero terminó recibiendo una golpiza que lo dejó inconsciente.
Su testimonio fue recogido en un informe conjunto presentado por la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés) y Kino Border Initiative, que recabaron cientos de casos de violación de derechos de los migrantes entre los años 2017 y 2022.
«Si quieres agua, hay agua en tu país», recordó Berto que le gritó el agente mientras le pegaba. Cuando recuperó la conciencia, el agente que lo golpeó le dijo que se fuera caminando hacia México, pero estaba malherido para moverse. Posteriormente lo deportaron a Nogales, en el norte de México.
El reporte de WOLA y Kino Border Initiative reveló que, de 78 denuncias formales presentadas ante las autoridades entre los años 2020 y 2022, un 95% quedaron impunes. Son casos que, como el de Berto, incluyen golpizas, negación de atención médica y abusos de autoridad.
Otra de las historias que destaca el informe es la de «Evelyn». Tenía ocho meses de embarazo y llevaba horas sin sentir a su bebé después de haber caminado en el desierto. Los agentes de la Patrulla Fronteriza se negaron en varias ocasiones a brindarle atención médica. Y, al igual que a Berto, la deportaron a Nogales.
Denuncias de migrantes que no llegan a nada
Las organizaciones documentaron la existencia de «puntos de falla» en los procedimientos para que las víctimas migrantes hagan denuncias sobre sus casos. Luego, las autoridades tampoco le hacen seguimiento a las causas y las cierran sin dar mayores explicaciones, dee acuerdo con el informe.
De no ser por el trabajo de «actores externos«, como defensores de derechos humanos, periodistas o las propias víctimas, no se conocerían los abusos. La razón es que raramente son reportadas por el propio personal, advierte el reporte.
Las denuncian se ingresan en bases de dato «sin que se les haga seguimiento», se cierran a causa de litigios o porque «no hubo una violación de la política».
«Es difícil decirle a alguien que ha experimentado abuso por parte un oficial de migración y que quiere poner una denuncia, que en la mayoría de los casos no recibimos respuesta», dijo Zoe Martnes, coordinadora en Kino Border, en un comunicado.
La falta de escrutinio es tan grave, subrayó Adam Isaacson, investigador en WOLA, que facilita que se lleven a cabo estos abusos.
«La falta de rendición de cuentas está tan extendida que ayuda a cimentar una cultura que permite las violaciones de derechos humanos. Los abusos siguen llegando porque lo más probable es que haya impunidad», destacó Isaacson.
El reporte presenta más de 40 recomendaciones al gobierno para mejorar esta situación. Entre ellas aumentar la penalización para los agentes que cometen abusos, robustecer el sistema de denuncias y permitir un mayor escrutinio por parte del Congreso de EE.UU.
En septiembre de 2022, cuando la venezolana Adlit Llamoza intentaba inscribirse en una carrera de pregrado en la Universidad de Nariño, la institución le negó el acceso. La razón fue que no admitían el Permiso de Protección Temporal (PPT) como documento de identificación válido de matriculación.
Buscando una reconsideración, Llamoza acudió a la Corte Constitucional de Colombia unos días después. Y ahora, tras analizar el caso durante meses, los juristas le dieron la razón.
Inicialmente, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, recordó que el derecho a la educación supone, entre otros aspectos, la posibilidad de acceder al sistema educativo en condiciones de igualdad.
«Esta exigencia implica un mandato de no discriminación que compromete al Estado a promover el acceso a la educación, en especial, de las personas más vulnerables; prohíbe realizar distinciones basadas en criterios sospechosos para el ingreso al sistema educativo; y en la educación superior, exige que el procedimiento de acceso se desarrolle en condiciones de igualdad y se fundamente exclusivamente en el mérito y la capacidad de cada aspirante», especificó la Corte.
La decisión tuvo en cuenta el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba la migrante venezolana. Y confirmó que «se produjo un trato discriminatorio en razón del origen nacional de la accionante, lo cual le impidió acceder a la educación superior».
De esta manera, la Corte Constitucional ordenó a la Universidad de Nariño que retome el proceso de admisión de la venezolana en la etapa en que se encontraba al momento de la anulación de su inscripción.
¿Qué es el PPT?
El Permiso por Protección Temporal es un mecanismo reconocido por el Gobierno de Colombia, que autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en el país de manera transitoria y en condiciones de regularidad migratoria.
Se puso en marcha en el año 2021, bajo la administración de Iván Duque, para facilitar la regularización de los dos millones de migrantes venezolanos en Colombia.
Estados Unidos y Colombia anunciaron la creación de tres centros de migrantes, donde se procesarán las solicitudes de asilo de las personas que desean vivir en el país norteamericano. Los establecimientos se ubicarán en las ciudades de Soacha, Medellín y Cali.
Aunque ya en abril el gobierno de Joe Biden anunció la creación de estas instancias, es ahora en agosto cuando se anuncia formalmente su instalación en territorio colombiano.
Con el fin del Título 42, el pasado 11 de mayo, Estados Unidos anunció cambios y más restricciones para personas en movilidad que intentan a llegar hasta ese país desde la frontera sur de México.
La Cancillería colombiana dijo el pasado 3 de agosto que en esos lugares, los migrantes que soliciten refugio de Cuba, Haití y Venezuela podrán procesar las peticiones que estudiarán antes de permitirles o no el ingreso a Estados Unidos.
En la web del Ministerio de Exteriores se informa que estos tres puntos de “Movilidad Segura” funcionarán en las ciudades de Soacha, Medellín y Cali.
“En estas tres ciudades, los Puntos de Movilidad Segura estarán ubicados en las instalaciones de los Puntos de Atención y Orientación (PAO) de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y, los Puntos de Referenciación y Orientación (PRO) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)”.
Cuáles son los requisitos de centros de migrantes
Los migrantes deberán cumplir una serie de requisitos si desean tramitar el refugio. Uno de ellos es que deben demostrar que tenían un “estatus regular migratorio” en Colombia al 11 de junio de 2023.
El gobierno colombiano aclaró que quienes se encargarán de tramitar las peticiones serán los funcionarios de Acnur y la OIM, que llegaron a acuerdos con la administración Biden para participar en este tipo de centros de migrantes en Centro y Suramérica.
“Esta iniciativa es muestra del compromiso de los dos países en la creación de condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular, así como en fortalecer los marcos de protección y cooperación internacional, de acuerdo con la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, adoptada el 10 de junio de 2022, en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California”, dijo la Cancillería.
En los centros no se procesarán solicitudes de nacionales de Colombia, pero Estados Unidos se comprometió a “expandir las vías legales para que los ciudadanos colombianos viajen, estudien, vivan y trabajen en los Estados Unidos”.
Convencidos de que la cooperación y la colaboración entre venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, es un pilar para los avances del país, la ONG Red Reto y la plataforma Reactivados iniciaron una alianza para transferencia de conocimientos y creación de vínculos positivos y productivos entre venezolanos.
ONG Red Reto apoya a los venezolanos migrantes en España para su integración a través de la inserción laboral y Reactivados es una iniciativa creada con el objetivo de construir un puente efectivo entre personas de la tercera edad y oportunidades laborales en Venezuela.
Esta unión promete ser un impulso significativo para la productividad de personas con muchísima experiencia, pero con poco reconocimiento a su labor en términos de ingresos en Venezuela.
El objetivo es que los jubilados y pensionados puedan reintegrarse a la vida productiva y laboral, poniendo en práctica sus conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de los años.
El enfoque de la alianza se centra en la transferencia de experiencias, aprovechando la vasta sabiduría y habilidades de los adultos mayores para generar un valor tangible en la sociedad, en la economía general y doméstica, en su propio beneficio y el aprendizaje migrante.
«Tejiendo redes en Venezuela»
El primer paso de esta colaboración tuvo lugar con el primer taller de nuestro programa «Tejiendo Redes en Venezuela», dictado por Migdalia Ibarra, técnico de inserción laboral en España y voluntaria de ONG Red Reto. De esta manera, se busca prepararlos para enfrentar los desafíos del mercado laboral actual y brindarles nuevas oportunidades para crecer y prosperar.
Para Ibarra, ha sido una experiencia enriquecedora y emotiva. «Poder apoyar a las personas que están en la plataforma Reactivados me ha conmovido de manera positiva. Siento que estoy transfiriendo conocimientos, ayudando, impulsando un cambio y estoy recibiendo experiencia, intercambio de ideas que alimentan mis conocimientos. Es demasiado satisfactorio», dijo.
Ambas organizaciones tienen como norte el bienestar de la comunidad venezolana y esta alianza representa un gran avance en la búsqueda de soluciones innovadoras y efectivas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la tercera edad.
La unión de Red Reto y Reactivados promete ser un ejemplo en el camino hacia una Venezuela más inclusiva y próspera, con aportes de la migración venezolana hacia los compatriotas y viceversa, una alianza de ida y vuelta.
Al menos 248.901 migrantes han cruzado la selva del Darién en los primeros siete meses de 2023, según reportó el Gobierno de Panamá. Los datos representan un nuevo récord, dejando atrás la totalidad de 248.284 personas que se adentraron en la peligrosa jungla en todo el 2022.
Los venezolanos siguen encabezando los cruces: unos 136.650 (el 55% del total) de ellos han atravesado el Darién en lo que va de año. En total, contando desde enero de 2022, 286.977 venezolanos han hecho el trayecto.
Cruces de migrantes por la selva del Darién año a año, según el Gobierno de Panamá🇵🇦:
Las autoridades panameñas han señalado en repetidas ocasiones que se espera que este año atraviesen selva más de 400.000 migrantes.
«Nos encontramos ante una crisis humanitaria de grandes proporciones. Algo que Panamá no puede atender solo», dijo María Isabel Saravia, subdirectora de Migración de Panamá, a la agencia de noticias Efe.
El reporte del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá destaca que, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de julio, cruzaron por el Darién 248.901 migrantes, de los cuales la mayoría son venezolanos (136.650), seguidos de los ecuatorianos (34.357), los haitianos (34.082), los colombianos (8.183 ) y los indios (3.299).
También crece el tránsito de migrantes menores de edad
De los 248.901 migrantes que han cruzado la selva hasta finales de julio de 2023, «el 21% son niños, niñas y adolescentes y de ellos aproximadamente el 51% son infantes de cinco años o menos», precisó Saravia.
Esa cifra se traduce en un aproximado de 40.000 menores de edad migrantes. Entre ellos hay algunos que se pierden o son hallados junto al cadáver de su madre, de acuerdo con lo dicho por las autoridades panameñas.
Sólo en el mes de julio, cuando se registraron fuertes lluvias en la zona, 11.926 de las 52.530 personas que se adentraron en la jungla eran niños, niñas y adolescentes.
Esta situación ha obligado a Panamá a pedir ayuda internacional urgente para lidiar con un flujo migratorio que sigue aumentando exponencialmente cada año.
La comunidad venezolana en Alemania crece impulsada por las solicitudes de asilo. Sólo en el primer semestre (de enero a junio) de 2023, se registraron 1.875 solicitudes de asilo criollos en el país europeo, según datos reportados por la Oficina Federal de Migración y Refugiados del Gobierno de Alemania.
Los venezolanos son la novena nacionalidad que más peticiones de protección internacional realizaron en Alemania en el mes de junio, por detrás de sirios, afganos, entre otros.
Y, en comparación con los registros del año 2022, las solicitudes de asilo realizadas por los migrantes de Venezuela en territorio alemán durante los primeros seis meses de 2023 ya son superiores al total del año anterior (1.822).
Un total de 1.875 venezolanos solicitaron asilo en Alemania durante el primer semestre de 2023. La comunidad venezolana ha crecido en el último año en territorio alemán
Sin embargo, no todas las peticiones de protección internacional son aceptadas por las autoridades alemanas. «De las 875 solicitudes (de 1.875) que han sido respondidas, 77% han sido negadas», dijo María Gabriela Trompetero, analista e investigadora de temas de migración en Alemania.
La razón principal es que, de acuerdo con el criterio de las autoridades alemanas, solicitar asilo por razones de índole económicas no son suficiente motivo para la aprobación del estado de refugiado.
El Gobierno busca migrantes para llenar vacantes laborales
Alemania tiene un gran problema, según su Gobierno: una de cada seis empresas en el país sufre escasez de mano de obra. Así que, con una población que envejece, las autoridades han decidido facilitar los requisitos para que los extranjeros puedan vivir y trabajar en el país.
Hubertus Heil, ministro de Trabajo, y Annalena Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores, estuvieron de gira por América Latina con el ojo puesto en facilitar la captación de profesionales cualificados para cubrir vacantes en su país, según reportó BBC Mundo.
Alemania🇩🇪 busca atraer a trabajadores extranjeros ante un déficit que comienza a preocupar a las autoridades del país.
Por ello, el Parlamento (Bundestag) aprobó reformas para eliminar trabas burocráticas y simplificar los permisos de trabajo a extranjeros.
— Venezuela Migrante (@venezuela_migra) June 27, 2023
En 2020 se aprobó la «Ley de Inmigración Cualificada» para atraer profesionales en sectores con falta de personal, pero no ha sido suficiente. Por esa razón las autoridades suavizaron los requisitos. Se estima que Alemania necesita unos 400.000 inmigrantes cualificados cada año.
Entre los empleos con un mayor número de vacantes en Alemania se cuentan todos los del sector médico y sanitario, de la informática, así como profesiones técnicas como la mecánica de vehículos o la instalación y reparación de dispositivos técnicos.
El Gobierno de Estados Unidos anunció el pasado viernes, 28 de julio, que aceptará peticiones de asilo de migrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que estén ya en México. La medida se traduce como un intento por descongestionar la frontera del lado mexicano, donde miles de migrantes esperan poder ingresar a territorio estadounidense.
El anuncio es fruto de un acuerdo con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que llega días después de una reunión en Ciudad de México entre una delegación estadounidense y el mandatario latinoamericano, indicó en un comunicado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
Como parte de ese acuerdo, el Ejecutivo mexicano se comprometió a crear un “espacio internacional multipropósito” en el sur de México para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a las personas más vulnerables que se encuentran en el país, entre ellos cientos de venezolanos.
Durante las últimas semanas, tras la eliminación del Título 42, las autoridades republicanas de Texas han ordenado a los funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas que desplieguen una operación para «defender el frente», según reportó el New York Times.
Desde entonces, el camino de los migrantes que cruzan la frontera hacia Estados Unidos ha sumado nuevos peligros. Entre algunos: las riberas del río Grande/Bravo ahora están rodeadas con alambres de púas, incluso por debajo de las aguas, provocando que los migrantes se lesionen en el camino.
Cuando cruzaba el río Grande/Bravo en su intento por llegar a Estados Unidos🇺🇸, Gleyders Durant, venezolano de 27 años, sintió un dolor agudo en su pie derecho.
Había pisado parte de una alambrada escondida por los funcionarios fronterizos de Texas bajo el agua oscura del río. pic.twitter.com/od1N0yk6if
— Venezuela Migrante (@venezuela_migra) July 21, 2023
Esta situación fue catalogada de «inhumana» por representantes del gobierno de Joe Biden, que instaron a las autoridades texanas a remover dichos obstáculos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió una orden judicial para impedir que Texas construya barreras adicionales en el río y también solicitó a un tribunal que ordene al estado que derribe las ya existentes por su cuenta.
Aunque la demanda se interpuso a raíz de las boyas, se han colocado estructuras metálicas de malla y alambradas con peligrosas navajas para impedir que los migrantes entren a territorio estadounidense y pidan asilo.
El organismo dice que el gobernador Abbott viola la Ley de Ríos y Puentes, porque la ley federal prohíbe la colocación de barreras u obstrucciones no autorizadas en el río Bravo y otras aguas navegables de Estados Unidos.
Sin quererlo, las personas migrantes en América Latina financian la desinformación durante sus trayectos hacia Estados Unidos, pues son víctimas de fraudes y engaños que les puede costar miles de dólares.
Para tender la trampa se han desarrollado diferentes “modelos de negocio”: desde falsos reclutadores, traficantes de personas, “asesores legales”, influencers y hasta quienes se hacen llamar “coaches de migración”.
La mayoría de esos “negocios”, aprovechan las coyunturas para estafar a migrantes al ofrecer consejo legal, visas de trabajo, asilo político o formas de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.
Para revelar el mecanismo de la trampa, durante mayo y junio de 2023, el grupo de medios formado por Verificado, Conexión Migrante, AP, Data-Pop Alliance y PolitiFact realizó una amplia investigación en Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad de México y Florida.
En la investigación apoyada por el programa Disarming Disinformation del International Center for Journalists participaron 11 periodistas e investigadoras, quienes realizaron entrevistas a personas migrantes, autoridades binacionales y organizaciones de la sociedad civil, revisaron grupos, ofertas y anuncios en plataformas digitales como Facebook y Tiktok, además del análisis de bases de datos sobre delitos y estudios y documentos de organismos internacionales. También se condujo un análisis exploratorio de mensajes en grupos públicos de WhatsApp, utilizando la plataforma Palver.
Entre el 2 y el 16 de junio, nuestro equipo diseñó e implementó un sondeo digital que fue contestado por 210 personas migrantes, la cual reveló que más de un cuarto de los encuestados ha recibido mensajes falsos respecto a trámites migratorios y ofertas de trabajo, principalmente a través de grupos de Facebook y WhatsApp. Casi dos terceras partes explicaron que se vieron afectadas por fraudes y/o desinformación. Una persona escribió:
“Me cobraron por solo el llenado de planilla de USCIS. Yo tengo mi patrocinador, me cobraron antes de enviarme el supuesto primer pdf y era una planilla elaborada por ellos, totalmente falsa, me di cuenta por qué la planilla era totalmente diferente a la real (no tenía ni los códigos de barra). Perdí 1500$. Tanto que he luchado para llegar a USA de manera legal. Ahora mismo ya realice el trámite correctamente por mí misma y me encuentro en espera del segundo paso”.
Captura de pantalla de una conversación con un supuesto contacto de abogados de inmigración de EE.UU. para procesos de visas, residencias y ciudadanía estadounidense vía WhatsApp.
Los estafadores crean contenidos pautados, disfrazados de explicaciones como las que haría cualquier influencer, para ofrecer ayuda en trámites migratorios. Incluyen botones para contactar por WhatsApp o Messenger y llevar la comunicación a una charla personalizada donde abundan las promesas.
Fue así como Mercedes Pérez contactó a Jaime Díaz Márquez, quien le prometió asilo político para sus familiares y pidió 55 dólares por cada uno, a cambio una constancia gestionada por una organización religiosa con la que conseguiría el parole, un permiso de permanencia temporal que se brinda por razones humanitarias urgentes para permanecer en el país por al menos un año sin visa.
En una transmisión en Facebook Live de menos de 3 minutos, Díaz Márquez aseguró que el 9 de diciembre de 2022 sería el día en que podrían “recoger sus papeles” para cruzar la frontera de manera regular, con documentos. Después eliminó los videos y no volvió a publicar.
La organización Al Otro Lado, que se dedica a apoyar y proteger a las personas migrantes, está preparando una carpeta del caso y lleva al menos 200 personas que han sido engañadas por Jaime Díaz Márquez.
A Díaz Márquez se le intentó contactar al menos en cuatro ocasiones, vía telefónica y mensajes de WhatsApp, pero nunca respondió.
Captura de pantalla de una conversación en WhatsApp de una de las personas estafadas por Jaime Díaz Márquez
Evelyn Reyes compartió que a su marido le pidieron casi 36 mil pesos, unos 2 mil dólares. “Con gastos de visa, sellados, que un vuelo de 19,500 de ida y vuelta. Hasta el pasaporte le robaron, pues iban a salir del DF (Ciudad de México) y ahí se lo entregarían, pero cuando llegó no había nada. Solo fantasmas”.
Jorge Gallo, oficial regional de prensa de la Organización Integral para las Migraciones (OIM) dijo que “muchos migrantes ni siquiera tienen ahorros, sino que se pegan una endeudada enorme para poder pagar los servicios de esos coyotes, y en muchos casos lo pierden todo”. La pérdida de recursos es solo una de las muchas consecuencias de la desinformación y de los fraudes basados en ella.
Por otro lado, existen influencers que venden “servicios legales” a sus seguidores, sin ser abogados. Un ejemplo es Darío Andrés Oviedo Melendez, que se anuncia a través de Tiktok e Instagram, donde suma más de 600 mil seguidores.
El autodenominado abogado en su perfil de Instagram, junto a su socio José Rafael Román Argotte, ofrecen asesoría desde Florida. Sin embargo, ninguno de los hombres parece estar registrado como abogado en Estados Unidos, según una búsqueda de PolitiFact.
Esos perfiles comparten mucha información acerca de trámites migratorios y regulaciones como anzuelo a sus seguidores, para luego venderles su asesoría.
También llegan a compartir desinformación. El 9 de abril de 2023, Roman Argotte hizo un video para comentar una noticia sobre el Título 42, y sugerir una falsa apertura de la frontera.
Al día siguiente, cerca de mil migrantes llegaron al Puente Paso del Norte entre Chihuahua y Texas, creyendo que se les concedería la entrada en Estados Unidos.
PolitiFact intentó comunicarse con ambos creadores de contenido por medio de mensajes de WhatsApp, TikTok, Instagram y llamadas, pero no recibió respuesta.
Visas de trabajo, oro molido para reclutadores
La mayoría de las personas que buscan oportunidades para trabajar en Estados Unidos prefieren confiar en sus conocidos o en las redes sociales, en lugar de la información de gobierno, organizaciones o medios que ofrecen datos reales, y en el mejor de los casos, verificados.
Desde 2016, el Centro de Derechos del Migrante (CDM) en Ciudad de México, notó un aumento en el fraude de reclutamiento online de migrantes, especialmente a través de anuncios en Facebook.
Jocelyn Reyes, Directora de Promoción, Educación y Desarrollo de Liderazgo del CDM asegura que desde que se creó el sistema de trabajo temporal entre Estados Unidos y México, el proceso de reclutamiento ha sido irregular, informal, poco documentado y opaco. “Esto abre huecos y desbalances de poder enormes entre los trabajadores, los reclutadores como un agente intermedio y los empleadores en Estados Unidos”.
Explica que al ser estos grupos de personas, contactadas para reclutar trabajadores, esto provoca que se monopolice la información y se controle el acceso a los empleos y las visas H-2, imponiendo tarifas y otros términos ilegales como condiciones para acceder a las oportunidades de trabajo.
“Hay agencias de reclutamiento que a eso se dedican y que ofrecen esos servicios a los empleadores estadounidenses. El problema es que reciben un salario de esos empleadores, pero también buscan tener beneficios adicionales”.
Esto coincide con lo señalado por el Departamento de Prevención de Fraudes del Consulado General de los EE.UU. en Monterrey, México, donde se procesa la mayor cantidad de visas H-2A en el mundo. Desde 2019 a la fecha han documentado un incremento del 12 a 15% de llamadas y mensajes a su línea de atención.
Los engaños más comunes son que los estafadores se hacen pasar por compañías autorizadas para contratar trabajadores temporales en EE.UU y por otro, solicitan documentos personales del trabajador/a para hacer una “verificación de antecedentes criminales”.
Otros fraudes alimentados por la desinformación son los que afirman que hay oficinas de reclutamiento en el Consulado en Monterrey o que consiguen ofertas de empleo con temporalidades más altas de las permitidas para una visa H-2A.
Captura de pantalla de una publicación en Facebook de una oferta para trabajar en Estados Unidos.
La desinformación también alimenta la impunidad
Samantha Hernández, encargada de comunicación y enlace del albergue CafeMin en Ciudad de México, afirma que existen narrativas desinformativas que hacen creer “que no se puede transitar en la Ciudad de México sin un documento que te acredite o que si vas a oficinas de gobierno te pueden deportar”.
A eso se suma que, en su mayoría, las personas migrantes no tienen conocimiento de sus derechos, lo que permite que estas desinformaciones prosperen.
La desinformación fragiliza aún más a quienes no tienen una situación regular en México, ya que les aleja de los servicios oficiales, las fuentes de información confiables y los organismos internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Como resultado, tanto la desinformación como las estafas se multiplican y quedan impunes.
Datos de la Secretaría de Gobernación de México, de 2016 a noviembre de 2022 registran 5,684 denuncias de delitos contra personas migrantes en México. De estas, 1,849 fueron catalogadas como tráfico ilícito, 2,655 como robo y 8 de fraude.
Existen pocas denuncias de fraude y en la mayoría de los casos, los denunciantes deben buscar una organización de la sociedad civil para que les represente. Sin embargo, el seguimiento se complica, pues las personas continúan su intento de cruzar la frontera y sí lo consiguen, dejan los procesos inconclusos.
Migrantes de diferentes nacionalidades esperan en un campamento en la ciudad de Tijuana, para solicitar asilo en Estados Unidos. Foto: Aimee Melo
Un riesgo silencioso
Las redes son cada vez más utilizadas como medio de información. En grupos de Facebook y Whatsapp los migrantes encuentran información más inmediata, y que proyecta confianza y seriedad. Las condiciones para el engaño se crean a través de muchos factores, entre ellos, que la información oficial no llega a los grupos en redes sociales, y la manipulación de emociones, como el temor a los procesos complejos o la esperanza de una vida mejor.
Al creer y pagar por estos supuestos servicios los migrantes terminan, sin proponérselo, como parte de la maquinaria de desinformación que avanza, se diversifica y crece, ante la inacción de las autoridades en ambos lados de la frontera, mientras que los desinformantes quedan impunes, sin tener que ocultarse o esforzarse por encontrar la siguiente víctima.
Esta historia fue producida con el apoyo del proyecto Disarming Disinformation de ICFJ, un esfuerzo global de tres años con financiamiento principal de la Fundación Scripps Howard, una organización afiliada al Fondo Scripps Howard.
* El equipo de investigación estuvo integrado por: Abril Mulato, Gabriela Martínez, María Ramírez Uribe, Angélica Villegas, Anna Carolina Spinardi, Yvette Yañez, Ivonne Valdés.
Fact Checker: Luis Roberto Castrillón
Cámara: Aimee Melo (Tijuana), Mónica González Islas (Ciudad de México), Francisco Servín (Ciudad Juárez), Azeneth Alvarez (Monterrey)
