El mismo 15 de marzo, cuando inició la cuarentena en Perú, algunos arrendatarios de cuartos, casas y apartamentos no flexibilizaron acuerdos con sus inquilinos. Así, los extranjeros —entre ellos los venezolanos— y peruanos que se quedaron sin recursos para pagar vieron el desalojo como un hecho inmediato. A otros inquilinos, se les dio un plazo. También hubo arrendadores que estuvieron dispuestos a esperar hasta el final del confinamiento obligatorio para recibir los pagos.
Pero no siempre los alquileres se realizan bajo estrictos lineamientos legales. Puede ocurrir, como es la historia de la familia Uzcátegui Contreras que, en vez de un contrato, llegan a un acuerdo verbal.
Informalidad detrás de los alquileres
«Nos quedamos en la calle en plena Semana Santa, el 9 de abril, apenas comenzaba la segunda extensión de la cuarentena». Los Uzcátegui Contreras relatan que el desalojo se dio entre violencia verbal y amenazas a la integridad física de los miembros de la familia.
Para esa fecha, Leo Uzcátegui, de 31 años, y padre de dos menores de edad ya tenía casi 15 días sin trabajar. Era el encargado de los servicios de entrega de un restaurante cercano al que era su domicilio, en el distrito de San Juan de Lurigancho.
Todo empezó con llamadas telefónicas acosadoras y visitas para recordar que se debían retirar. «Hasta que un día llegó el arrendador y con una enorme rabia empezó a dar patadas a la puerta. Uno de mis hijos abrió y comenzaron los gritos. Nos amenazó y nos dijo que teníamos hasta las 11 de la mañana para salir de ahí. Nos dijo que tenía 100 soles disponibles para pagarle a dos malandros, que también vivían en la pensión, para que nos sacara».
La familia decidió sacar sus pertenencias del domicilio y pernoctaron esa noche en la calle. «Ni la policía se acercó para ver qué pasaba o advertirnos que debíamos resguardarnos por el toque de queda».
Los Uzcátegui decidieron quedarse en Lima, a diferencia de otras familias desalojadas que optaron por volver a sus hogares en Venezuela, cuyos testimonios integran la historia de los caminantes que han tomado trochas y caminos verdes para retornar a Venezuela.
El representante diplomático, designado por Juan Guaidó en Perú, Carlos Scull, advirtió la situación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú. Explicó que debido a la exclusión de los migrantes venezolanos, legalmente residenciados, de los planes sociales activados por el presidente Martin Vizcarra, los riesgos de vulnerabilidad de cientos de familias aumentan.
«Cada vez es mayor el número de extranjeros provenientes del país suramericano que corren riesgo de quedarse sin un techo para pernoctar, debido a que no tienen los recursos económicos para cubrir los gastos del alquiler». Detalló que son aproximadamente 55 mil familias las que se encuentran en esa posición y que la institución que lidera ha mediado en 640 casos. Añadió que han recibido más de 1.000 denuncias que han sido atendidas por un grupo de abogados voluntarios. “Estas familias están compuestas por madres solteras, parejas con hijos pequeños, alguna persona con movilidad reducida o con capacidades especiales”, describió.
La Defensoría de Pueblo se pronuncia
La Defensoría del Pueblo de Perú fijó posición sobre los desalojos. En mayo recordó que en estado de Emergencia estas acciones son ilegales. “Frente a este tipo de situaciones, los afectados pueden solicitar la intervención de la Policía Nacional y del Ministerio Público, quienes deben atender los casos de forma urgente. Estas autoridades no deben solicitar a los inquilinos contratos escritos para protegerlos de agresiones físicas o verbales”, declaró la institución en un comunicado.
Kelvis no tiene nevera. Hace un mes la vendió para poder pagar el arriendo de marzo y abril y evitar meterse en problemas con su casera. Ahora solo debe mayo y junio. Vive por La Luz, en el norte de Quito. “Ya no me queda más nada que vender”, cuenta Kelvis por teléfono. Vendió una cama, una guitarra, unos juguetes y hasta su computadora. Oriunda de Barquisimeto, una ciudad del occidente de Venezuela, antes de la pandemia trabajaba con su esposo haciendo fotos para cumpleaños, bautizos y bodas. “Pero, desde que comenzó todo esto: no hay trabajo”.
La situación de Kelvis se repite en decenas de hogares de migrantes venezolanos en Ecuador. A finales de enero, el Ministerio de Gobierno confirmó que en Ecuador residen al menos unos 400 mil venezolanos, de los cuales el 89 % no tiene un contrato fijo de empleo.
Distribuidos entre Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca, los migrantes sobreviven del diario. “Unas semanas antes de la cuarentena, conseguí trabajo en un call center; pero cuando comenzó el toque de queda, me botaron y no me pagaron lo que me debían”, comenta Kelvis.
A finales de enero, el Ministerio de Gobierno confirmó que en Ecuador residen al menos unos 400 mil venezolanos, de los cuales el 89 % no tiene un contrato fijo de empleo.
Los desalojos arbitrarios de los arriendos, la pérdida de empleo y no poder comprar alimentos acentúa la desesperación entre una población que ya era vulnerable ante el escaso acceso a los recursos para mantenerse.
En un informe publicado en mayo por el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes en Ecuador (GTRM), donde se agrupan varias agencias del Sistema de Naciones Unidas, se dice que entre el 7 y el 17 de abril, realizaron varias encuestas telefónicas a 667 hogares venezolanos en el país para conocer su situación durante la emergencia por la covid-19. Los resultados mostraron que obtener alimentos es la principal preocupación. Un 30% de los encuestados respondió que no tiene los recursos necesarios para obtener comida. También se registró que la “afectación de los medios de vida” durante la cuarentena disminuye su acceso a las necesidades básicas: servicios de agua, electricidad y pago de arriendos, por ejemplo.
Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador, mantiene un registro de 350 familias migrantes que fueron desalojadas de sus arriendos durante la cuarentena. “Multiplica ese número por tres, y tendrás el número de personas que tuvo que pedir a amigos, familiares o refugios que les dieran alojamiento”.
“Es un exhorto para que los jueces civiles lo tengan en cuenta cuando se presentan estos casos. Ningún arrendatario ni la Policía pueden llegar ante los inquilinos y sacarlos sin tener una orden judicial. Los desahucios deben seguir un procedimiento”, dijo Natasha Montero, miembro de la Junta de Protección.
Ante esto, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Humanitaria, donde se indica que se prohíben los desahucios, pero también se pide a los arrendatarios y arrendadores llegar a acuerdos de pago. Uno de esos acuerdos, como indica el texto, es que se pague el 20% del monto del alquiler para que los inquilinos puedan estar protegidos. También se brinda protección a los arrendatarios, que ante esta pandemia se encuentran en estado de vulnerabilidad al depender solo de los arriendos.
Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador, mantiene un registro de 350 familias migrantes que fueron desalojadas de sus arriendos durante la cuarentena.
El lunes 8 de junio, el presidente Lenín Moreno devolvió la ley a la Asamblea Nacional con un veto parcial con 32 observaciones, en su mayoría, sobre las relaciones laborales. En el apartado de servicios básicos, se indica que las tarifas no pueden aumentar hasta seis meses después de la vigencia del Estado de Excepción. Y se suspende el corte de servicios por falta de pago, hasta 30 días después de la vigencia de la ley.
“Es una situación complicada. Con esa ley debemos ver cómo queda el reglamento que debería emitirse en menos de 30 días”; dice Mario Quiroz, abogado venezolano con cinco años de experiencia en Ecuador. “Si bien los inquilinos deben pagar al menos el 20 % de los alquileres para que los ampare la ley, tenemos casos de personas que no tienen ni un centavo y les cortan los servicios de agua y luz, como medida de presión para que se vayan. Y eso es ilegal”.
La Asamblea Nacional deberá resolver las observaciones que hizo el Ejecutivo sobre la ley para que se promulgue y se publique en el Registro Oficial.
La Defensoría del Pueblo, hasta el 20 de abril, reportó 4 204 alertas de vulneraciones de los derechos durante la cuarentena a escala nacional. Dentro de esas alertas hay 234 sobre desalojos arbitrarios de arriendos. Freddy Carrión, defensor del Pueblo, dijo que no tienen especificado cuántos migrantes han tenido que salir de sus hogares. “Monitoreamos constantemente esta situación”, aseguró.
Katiusca Plaza es un ejemplo de lo que el abogado Mario Quiroz denuncia. Hace mes y medio, la dueña de la residencia donde vive les pidió a ella y a otras 23 personas que pagaran el arriendo o serían desalojadas por la Policía. “La mayoría de los migrantes que estamos acá vivimos del día a día. Yo trabajaba en un restaurante antes de la cuarentena y me botaron. Ahí ganaba salario mínimo”, contó Katiusca.
Ante la imposibilidad de que los inquilinos le pagaran a tiempo, la dueña del inmueble se llevó el medidor de agua de la residencia dejándoles sin el servicio. “Eso generó un problema porque estuvimos cuatro días sin agua. Aquí están nueve niños, dos mujeres embarazadas y una persona de la tercera edad. Tuvimos que llamar a la Defensoría del Pueblo y a la Policía para resolver la situación”, dice Plaza.
Inquilinos reclaman que les quiten el medidor de agua como medida de presión para que se vayan.
La dueña del inmueble no devolvió el medidor, pero no reclamó cuando los vecinos ayudaron a estas personas a restituir el servicio. El 10 de junio, la arrendadora regresó con funcionarios de la Policía Nacional para obligar a los inquilinos a irse. Katiusca fue acusada de “vender drogas” y los policías procedieron a romper el candado de la puerta de su habitación y revisar sus cosas.
“No me mostraron ninguna orden de allanamientos. Solo dijeron que la dueña me acusaba de eso y me dijeron que si no me iba me iban a meter presa”. Ella logró irse a casa de una amiga.
La recomendación que hace Andrew Castro, presidente de la Asociación Mueve, en Guayaquil, es “tratar de llegar a un acuerdo”. En lo que va de la cuarentena, Castro recibió 100 casos de familias que fueron desalojadas de manera arbitraria. “Pienso que si no hay una presión definitiva, más allá de los comunicados que pueda sacar la Alcaldía o la ley que aprobó la Asamblea, los desalojos van a seguir sin control”.
El 12 de mayo, la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil dispuso “la prohibición a los y las arrendadores del cantón Guayaquil de realizar desalojos a familias que no puedan cancelar el rubro de los arrendamientos donde habitan niñas, niños y adolescentes; y se los exhorta para que busquen soluciones a través de mecanismos adecuados, y lleguen a acuerdos que garanticen los pagos pendientes”.
El 2 de mayo, Eduardo Alfonzo, quien llegó a Ecuador hace dos años y tiene visa humanitaria, fue desalojado de la habitación donde vivía con su esposa en el sur de Quito. Ambos vivían de vender comida en la calle y en 11 meses que tenían en ese arriendo, nunca se atrasaron. Hasta comienzos de abril, cuando luego de conversar con su arrendador, le pidieron llegar a un acuerdo de pago. Pagaban 88 dólares por la habitación.
Con todas sus pertenencias en la calle, Eduardo y su esposa llamaron a la Policía, alegando que durante la pandemia y la cuarentena nadie puede ser desalojado. “Por órdenes del presidente”, aclaraba Eduardo. Dos funcionarios de la Policía Nacional llegaron y conversaron con ambas partes. Sin embargo, tras 15 minutos de debate, el arrendador y los policías acordaron que estaba en regla el desalojo. Mientras la esposa de Eduardo reclamaba por el pago de los 100 dólares de garantía que dieron cuando llegaron a la habitación, los funcionarios solo observaban. Una vecina les ofreció alojamiento temporal. Ellos no tienen cómo conseguir más dinero para otro arriendo y esperan lograr que les devuelvan sus 100 dólares de garantía.
Alfredo López, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, contó que durante esta cuarentena la organización recibió 25 casos de desalojos arbitrarios, de los cuales 10 presentaron cortes de electricidad y agua de parte de los arrendadores. “Lo que yo hago es llamar al arrendador cuando me llegan estos casos, en mi condición de abogado, y trato de mediar entre ambas partes. Sabemos que esta pandemia es una situación complicada para todo el mundo, y lo importante es que las cosas se resuelvan de la mejor manera. Cuando no hay un acuerdo amistoso, lo mejor es denunciar el caso ante la Defensoría del Pueblo y el ECU 911, aunque muchas veces, los policías no quieren interceder en estos casos”, dice López.
Por ejemplo, su Asociación ayudó hace dos semanas a una pareja de jóvenes venezolanos cuya arrendadora les cortó la luz y les encerró dentro de la residencia donde viven. “Ellos me llamaron preocupados porque les quedaba poca batería a su celular, y estaban asustados porque les habían cambiado las cerraduras de la vecindad donde viven. La arrendadora les dijo que si no pagaban, no podrían salir ni a comprar comida. Esta vez logramos mediar y los muchachos pudieron salir”.
Mientras tanto, Kelvis espera poder recuperar su nevera pronto. Aunque no sabe si terminar de vender todo una vez que termine esta cuarentena y emigrar a otro país. “No es una tarea fácil esto de emigrar. Mi esposo y yo estamos decididos a no regresar a Venezuela, allá la cosa está peor. Lo que queda es sobrevivir”.
Miles de ciudadanos venezolanosesperan por una autorización para poder regresar a Venezuela. Migración Colombia explica que es una decisión que se ha extendido en simultáneo con la paralización económica generada por la pandemia del COVID-19. Y para los migrantes, que quedan sin trabajo o hasta sin una residencia, aumentan las complicaciones de estadía en el extranjero.
El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios ofreció este martes 16 de junio informaciones sobre la situación de venezolanos en que buscan retornar y las limitaciones que hay en estos momentos.
Espinosa habló en una transmisión en vivo desde las redes sociales de la institución colombiana.
«Hay una inquietud que se nos ha generado y es que, ante el cierre de los espacios aéreos, ¿qué hace el equipo de Migración Colombia? Seguimos trabajando día a día en verificaciones, en el orden de esta situación de la pandemia y en el cumplimiento de la ley», dijo Espinosa sobre las actividades en las que se centra la organización que dirige.
Claves
A continuación las claves de lo dicho por el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa:
1. Pidió a la comunidad venezolana en Colombia evitar trasladarse hacia la zona fronteriza con vehículos no autorizados por las autoridades del país. En la última semana detuvieron 14 buses y 6 vehículos particulares que transportaban de «manera irregular» a los migrantes hacia la frontera, en el eje Bucaramanga-Cúcuta.
Entre ellos estaba un «coyote», que es una persona que vende cupos para el tránsito ilegal de los migrantes a diferentes lugares. Espinosa precisó que, en este caso, se cobraba hasta 200.000 pesos (alrededor de 53 dólares) a cada migrante por la movilización.
«No existe un servicio que les garantice a ustedes un paso hacia la frontera dadas las restricciones hacia Venezuela. No caigan en el engaño de que les van a vender transporte, salud, alimentos y pasos garantizados; eso no existe», aseveró.
Indicó que el Gobierno colombiano ha dispuesto albergues y traslados de los migrantes por vías oficiales. Esto permite llevar una contabilización de los ciudadanos venezolanos que regresan voluntariamente a Venezuela.
2. Hasta los momentos alrededor de 76.000 venezolanos han retornado a su país. De ellos, unos 50.000 han cruzado por el paso del puente internacional Simón Bolívar.
«En este momento hemos atendido 963 buses. Recuerden que los primeros tres días hubo 27.800 venezolanos que retornaron hacia Venezuela. Hay infortunadamente personas que se ven en la necesidad de llegar caminando, y hay otras personas radicadas en zona de frontera que buscan retornar», afirmó el director de Migración Colombia.
3. «Venezuela tomó la decisión unilateral de restringir el ingreso de sus propios nacionales a 3 días a la semana (lunes, miércoles y viernes); 300 personas por el lado de Norte de Santander, y 100 personas por el lado de Arauca», lamentó Espinosa.
De acuerdo con los cálculos de la institución, esas restricciones se traducen en una posibilidad real de movilizar hacia Venezuela solo a 1.200 migrantes o 4.800 personas al mes.
Esto pone a Colombia en una situación compleja, advierte Espinosa, pues las autoridades deben evitar aglomeraciones en la zona fronteriza para evitar exponer la salud de quienes allí se encuentran.
«Hemos evacuado o facilitado el proceso para quienes están en zonas de frontera, siempre con el enfoque de niños y mujeres embarazadas. Vamos haciendo gradualmente un proceso de salida», dijo. Las personas trasladadas son reubicadas en albergues o lugares temporales ubicado en Tienditas.
4. Migración Colombia registra que hay distintos grupos de migrantes venezolanos en distintos lugares del país con la intención de regresar a Venezuela. Por ejemplo, según Espinosa, hay 15.000 personas en Bogotá que han manifestado su interés de desplazarse hacia el país vecino; otras 8.000 personas en la costa del caribe; unas 800 en Cali; 400 en Ipiales; 3.500 en Antioquía; y en las zonas fronterizas se encuentran 800 personas en Norte de Santander, y otras 300 en Arauca.
«Cada persona que sale por un punto de control, deja su registro de salida. En ese sentido tenemos que por Bogotá han salido más de 11.000 migrantes venezolanos; de Bucaramanga un poco más de 4.000; de Cali cerca de 3.000; de Medellín poco más de 2.000», agregó.
Las autoridades colombianas instalaron en Cúcuta un campamento sanitario transitorio en el que los venezolanos que desean regresar a su país por la pandemia podrán estar máximo 48 horas.
El objetivo de este espacio es evitar el «embudo migratorio» que se ha ido formando por las restricciones de tránsito decretadas por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Los primeros beneficiarios serán 500 venezolanos que están en el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta con San Antonio del Táchira, y que no han podido ingresar a Venezuela porque el Gobierno de Maduro decidió que por allí solo pueden pasar diariamente 300 retornados los lunes, miércoles y viernes.
La «estación sanitaria transitoria» está ubicada al lado de las bodegas del puente internacional de Tienditas, donde estaban almacenadas decenas de toneladas de ayudas humanitarias que el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, intentó ingresar a su país el 23 de febrero de 2019.
Prevención
Según la Gobernación de Norte de Santander, departamento del que Cúcuta es capital, el traslado hacia Tienditas de los migrantes que se encuentran en las inmediaciones del Simón Bolívar se hará en las próximas horas.
La decisión de abrir el campamento transitorio, donde hay carpas de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), fue tomada luego de una reunión del Puesto de Mando Unificado de Salud en la que se analizó la situación que viven los migrantes ante la pandemia de la COVID-19.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que el objetivo del campamento será que los venezolanos tengan condiciones «humanitarias excelentes, con las mejores condiciones higiénicas, de manejo de personas y de prevención de riesgos».
«Con el apoyo de la comunidad internacional y en un trabajo conjunto con la Gobernación y las Alcaldías del área metropolitana de Cúcuta, se acondicionará un espacio para las personas, donde podrán estar máximo dos días y evitar que estén en las calles (…) anexas al puente», comentó, por su parte, el gerente gubernamental de Frontera, Felipe Muñoz.
No es albergue ni refugio
La Gobernación de Norte de Santander aseguró que el campamento no es un albergue ni un refugio, es un estación en la que los migrantes podrán estar máximo 48 horas y tiene una capacidad para 600 personas, distribuidas en camarotes y carpas, aunque en un principio solo habrá 500.
Allí los venezolanos tendrán acceso a baños, duchas y alimentos, así como a atención médica y psicosocial. También recibirán una almohada y sábanas, un kit de aseo, espacios para almacenar su equipaje y atención para las mascotas.
Tras cumplir las 48 horas allí, las autoridades locales trasladarán cada lunes, miércoles y jueves en autobuses a 300 venezolanos que retornarán a su país.
Desde que la administración de Nicolás Maduro impuso restricciones para el paso fronterizo desde Colombia, los ciudadanos que desean retornar al país denuncian que el proceso se ha vuelto más lento. Además, el domingo 14 de junio amanecieron con la noticia de que serían trasladados a un refugio temporal.
Pedro Almao, un ciudadano de Barquisimeto, llegó tras 36 días de un intenso recorrido que hizo por tramos a pie y en colas, a Cúcuta el 10 de junio. Comentó que desde la unidad móvil de la policía colombiana se les notificó que serían retirados del lugar y llevados a un espacio más seguro.
Según relató Almao, los funcionarios explicaban que era una orden del gobierno de Colombia y que respondía a las recomendaciones de los organismos internacionales para prevenir contagios de coronavirus.
“Nos dijeron que quitáramos nuestras cosas, que nos van a meter en Tienditas. Esa es una zona donde se han registrado hasta enfrentamientos de grupos armados. Además, corremos el riesgo de contagiarnos de coronavirus. Nosotros, aquí, a pesar de que somos casi 2 mil personas, no hemos tenido síntomas de nada”, cuenta Almao.
Agregó que algunos ya han estado en refugios y han sido víctimas de malos tratos y por eso no están dispuestos a volver a pasar por esa situación. “Ellos empiezan muy bien, pero después te empiezan a tratar mal. Allí vivirás en zozobra, si no te amoldas a sus lineamientos, pierdes. Somos muchos los que dijimos que no nos moveríamos y, si insisten, nos vamos a alzar”, expresó Almao.
Insalubridad extrema
El migrante también denunció que no cuentan con acceso a los servicios básicos. Dijo que si desean ir a un baño, deben pagar 500 pesos. Señaló que algunos se arriesgan a ir hasta las trochas para poder orinar o lo que les haga falta.
Y, como también han relatado otros caminantes, hay días que lo más difícil es poder alimentarse. Como pueden, consiguen leña y cocinan al borde de la carretera para poder comer. En lo referente a los alimentos, tampoco han tenido apoyo de organizaciones humanitarias.
Rechazan medidas
Almao refirió que él y los demás migrantes se sienten a un paso del puente internacional Simón Bolívar y por eso critican la decisión de Nicolás Maduro de restringir el acceso de los que retornan. «Pero eso no será un impedimento para volver. Nos quieren intimidar, amenazar para que tengamos miedo y, de paso, quieren los dólares que traemos del extranjero”.
Juan Dávila, de 55 años, tenía una rutina marcada. Se levantaba a las 5:30 AM y tomaba desayuno. Se arreglaba y a las 8:00 en punto salía con su moto, casco, mochila color naranja y celular: herramientas principales de trabajo para muchos repartidores. Ingresaba a la aplicación de Rappi y tomaba un pedido, una y otra vez. A las 12 del mediodía regresaba a casa para almorzar; descansaba algunos minutos y volvía al ruedo. A las 10 de la noche culminaba su jornada. Esto lo hacía los siete días de la semana. “Por la situación y los gastos, yo trabajaba todos los días”, asegura en una llamada telefónica.
Dávila salió de Venezuela hace dos años junto a su hijo Jony, de 24. Ambos emprendieron un viaje en autobús para llegar a Lima y mejorar la calidad de vida de una familia de cuatro personas.
Juan y Jony, oriundos de Caracas, consiguieron empleo como conserjes en un hotel. Reunieron dinero y una buena parte la enviaron a Venezuela para que la madre y hermano menor de Jony emprendieran el mismo viaje por tierra.
El inicio de Juan y Jony como repartidores
Trabajaron unos meses más y adquirieron una moto usada. Desde entonces, Juan decidió aplicar como repartidor para la empresa Rappi. “Estaba buscando otra entrada de dinero que fuese más cómoda. Me gustó porque es independiente y, de verdad, me estaba dando buenos dividendos”.
Juan y Jony trabajaron arduamente para adquirir otra moto y lograr que ambos tuviesen un trabajo por su cuenta. Así fue. Jony, técnico en Transporte Ferroviario, le siguió los pasos a su papá e ingresó al mundo de los repartidores. Ya tiene casi un año trabajando tanto para Rappi, compañía Colombiana, como para Glovo, empresa española.
Este padre e hijo son unos de los tantos repartidores que trabajan con estos aplicativos; pero con la situación ocasionada por el COVID-19, hoy viven la incertidumbre de no saber cuándo estas compañías extranjeras reiniciarán sus operaciones en el país.
“Nos hace muchísima falta trabajar y, con toda esta situación, sí que la estamos pasando un poco mal”, lamenta Juan. Y su hijo completa el relato: “con los pocos ahorros que nos quedaban tuvimos que distribuirlo para un mercado y lo estamos rindiendo lo más que podemos”.
Perú, más de dos meses en confinamiento
Ya van más de dos meses desde que se decretó la cuarentena en el Perú. Los trabajadores de los aplicativos como Glovo, Rappi y Uber Eats que una vez coparon las calles de la capital peruana están cumpliendo el confinamiento. Muchos de ellos, venezolanos que encontraron con estas apps una manera de generar ingresos en un mercado laboral donde hay más del 70% de informalidad. Esto, de acuerdo con un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI-2017.
En un comunicado oficial de la empresa Glovo, Alonso Nuñez, Gerente General, señala que en la actualidad “existen 6 mil repartidores afiliados y 3 mil activos (pre-cuarentena)”. Actualmente, todos los repartidores cuentan con el registro correspondiente en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Para la realización de este trabajo periodístico, el equipo de Efecto Cocuyo insistió en reiteradas oportunidades contactar con la empresa para obtener mayor información, pero señalaron estar ocupados por el proceso de reactivación.
Frente a este panorama, Alejandra Dinegro Martínez, socióloga de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, quien viene desarrollando una investigación académica sobre la «uberización» del empleo, brindó información que muestra la realidad de los trabajadores de estos sistemas. De acuerdo al estudio que ha realizado, ha tenido como resultado que el 66,7% de los trabajadores de este tipo de aplicativos son venezolanos, 26,7% son peruanos y 6,7% de nacionalidad colombiana.
Para la comunidad venezolana en Perú, la situación es compleja, porque además de enfrentar la pandemia en la actualidad, han tenido que sortear, casi desde su llegada al país, la informalidad laboral. En el informe del BBVA Research: El aporte de la inmigración venezolana a la economía peruana, indica que hay un 90% de venezolanos que son parte del mercado informal en el Perú. Y los números no parecen variar frente a esta realidad, pues en el informe Horizontes de la Migración venezolana: retos para su inserción laboral en América Latina (2019), realizado por el Observatorio Venezolano de Migración señala que hay un 92% de informalidad laboral en la comunidad venezolana, y el 46% de ellos gana menos del sueldo mínimo establecido en el país (280 dólares aproximadamente).
Qué dicen los especialistas
En conversación para Efecto Cocuyo, la socióloga Alejandra Dinegro comentó que de la plantilla de trabajadores de estos aplicativos “no cuentan con un contrato formal de trabajo, no se les garantiza una protección social o seguro de salud”. Hasta la fecha, hay más de 860 mil venezolanos en el país, la mayoría se encuentran casi en la misma condición, sin contar a quienes se han regresado a Venezuela en el último mes.
Para Dinegro, el que los migrantes venezolanos acepten brindar este servicio obedece directamente a razones principalmente económicas. “En este tipo de prestación de servicios están personas que viven en sectores populares de Lima. Con los ingresos que generan pueden alquilar en estas zonas una vivienda mucho más barata que en los distritos medios o altos, como Jesús María, Pueblo Libre, San Borja, Miraflores, Barranco o La Molina”, comenta.
En Lima hay 43 distritos divididos en cuatro conos (norte, sur, este y oeste) y en el área metropolitana se suman 7 más. De acuerdo al informe “Características sociodemográficas de ciudadanos venezolanos” realizado en el 2018 por la Superintendencia Nacional de Migraciones, los distritos de Los Olivos (5,70%), San Luis (4,9%), Chorrillos (4,2%), Breña (4%), San Martín de Porres (3,68%), La Victoria (3,6%) y San Juan de Miraflores (3,4%), son los que concentran mayor presencia de venezolanos, a excepción de San Luis, el resto de los distritos representan altos índices de pobreza.
“Hay que tener en cuenta que la informalidad te da ingresos para vivir a diario. Por eso es más factible para el extranjero asentarse en estos distritos, que en otros donde demandan mayor costos”, comenta.
Para el abogado laboral y maestro en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante (España), Julio César Arrieche, la situación no es ajena. Él comenta que antes de la llegada del éxodo venezolano al Perú, ya la informalidad existía, solo que se agravó más. “La informalidad permitió a los migrantes incorporarse en este tipo de trabajos y empezar a tener recursos económicos. Pero ahora se ven en una situación donde están totalmente desprotegidos por este fenómeno que estamos viviendo”.
Arrieche comentó que además de afectar a estos colaboradores que brindan el servicio a modo de terceros y no generar ingresos, el no ejercer sus funciones les imposibilita asumir gastos como el alquiler de un lugar donde vivir, incluso de alimentos para comer. “Ya hemos visto historias de venezolanos que han desalojado, y muchos están en la calle. Esa es la debilidad que hay en este tipo de negocios. Ante imprevistos como estos, el trabajador queda fuera, totalmente desprotegido, sin pago ni beneficios. Ni siquiera los subsidios que ha decretado el ejecutivo nacional”, señaló.
Aunque alegó que el prestar el servicio por aplicativos eventualmente sirve para generar un ingresó al migrante, el tomar una medida de formalizar el negocio en el país, tal como se pretende hacer, generaría un problema adicional. “Si se llega a reconocer al colaborador como trabajador de los aplicativos, y lo incorporas a planilla, generas un problema porque en Perú hay una norma que establece que solo se debe contratar un máximo del 20% de personal extranjero. Igual estarían desprotegidos”, dijo. La alternativa, para el abogado, es que haya una modificación en esta regulación.
Juan y Jony están a la espera de conseguir un empleo. Desean poder abastecerse mejor y también cancelar las deudas de alquiler del lugar donde viven. Relataron que también llenaron el censo de vulnerabilidad que tiene la embajada de Venezuela en Perú, pero no han recibido ninguna respuesta.
Mujeres que migran. Yorley, Zulynel Cristina. En los países suramericanos las mujeres se mueven de sus países son más que los hombres. Las razones varían, pero la relación es de 108 de ellas por cada 100 de ellos, según el portal de datos globales sobre migración. Muchas se dedican a los oficios domésticos o a la informalidad, lo cual aumenta su vulnerabilidad.
Estas historias de Proiuris nos cuentan cómo estas mujeres caen y se levantan en medio de la pandemia por #Covid19.
Café por sus hijos
Yorley del Valle Villasmil llevaba tres años vendiendo café en las calles de Barranquilla para sostener a sus hijos Sebastíán, de 11 años de edad y Brayan José, de casi 4 años. La cuarentena por la llegada del COVID-19 vació las calles de la ciudad y la dejó sin trabajo, sin dinero, sin comida…
Ella redujo las raciones de alimentos, sustituyó la carne por los granos y ya no pudo enviar una remesa mensual a sus padres en Venezuela.
“Antes pagaba sola el alquiler, pero ahora mi comadre y su hijo se mudaron con nosotros para compartir los gastos entre las dos”, dice en referencia a un apartamento de dos habitaciones en el barrio La Pradera, al noroccidente de Barranquilla.
Después de permanecer casi tres meses encerrada en casa, dos veces por semana sale a las calles de Barranquilla a vender “tinto”. Ahora lo hace “armada” con tapaboca y gel antibacterial. Son cuatro horas de exposición a una sensación térmica que supera los 30 grados centígrados y, sobre todo, al riesgo de contraer el nuevo coronavirus.
Más que por ella, teme por sus hijos.
» Me da mucho temor contagiarme, pero si no salgo no puedo comprar comida”, afirma en una mezcla de coraje y resignación.
Se atreve a hablar en nombre de otras mujeres venezolanas que no han encontrado un empleo formal formal en Colombia, “ya sea porque no tenemos documentos legales en Colombia o porque no tenemos quien nos cuide nuestros hijos”, explica.
Doce horas suma la jornada laboral diaria de Zulynel Meza. Antes de la cuarentena por la COVID-19, esta costurera venezolana confeccionaba pijamas, franelas y camisas en un taller en Cúcuta, que cerró sus puertas por la pandemia. A partir de la lógica inclemente de la oferta y la demanda, ahora se dedica a confeccionar tapabocas.
Es la única fuente de ingresos con la que cuenta para afrontar las deudas que ha acumulado desde que se decretó aislamiento obligatorio en Colombia.
“La ganancia que recibo por cada tapabocas es de 100 pesos. Pero la confección de cada uno toma trabajo, porque las pinzas deben quedar derechas y la tela bien cortada”, cuenta la mujer que durante 15 años se ha desempeñado como costurera.
En un día “bueno” puede fabricar 200 piezas, que equivalen a una remuneración de 20 mil pesos, muy por debajo de los casi 30 mil que debería recibir esta costurera por 8 horas de trabajo, según las normas de Colombia.
A lo largo de sus 38 años de vida, Zulynel nunca había salido de Venezuela. Su primer y único viaje al extranjero fue forzado por la precariedad de sus condiciones de vida, por la profundización de la emergencia humanitaria compleja en su país natal.
Con una mezcla de miedo y esperanza, llegó a Cúcuta, la llamada ‘Perla del Norte,’ el miércoles 12 de junio del 2019, con su hijo mayor Jesús. De este lado la esperaba una sobrina que les brindó estadía por un par de días. Unas semanas después, Zulynel logró traerse a su otra hija. En Cúcuta sobreviven otros 107 mil migrantes.
La trocha del día a día
Cristina forma parte de la llamada migración pendular entre Venezuela y Colombia que suma un tráfico promedio diario de 50.000 personas. Es un modo de vida que para algunos y, sobre todo las mujeres que sostienen sus hogares, es difícil de cambiar tan repentinamente como sobrevino la pandemia.
Habitualmente cruzaba la frontera por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander para llegar a su puesto de trabajo en una fábrica de pantalones en Cúcuta.
Con la emergencia por el coronavirus y el cierre fronterizo Cristina se quedó varios días en casa de una amiga en Cúcuta. Para colmo, la fábrica donde trabajaba fue una de las que optó por reducir personal.
No podía permanecer indefinidamente en Cúcuta, pues en su casa en Ureña, estado Táchira, la esperaban sus hijos de 16, 14 y 12 años de edad. Por ellos regresó.
Cristina cuenta que en las trochas se encuentran con guerrilleros y paramilitares que se disputan el control territorial en la frontera. Ha oído tiroteos y dice ser consciente de que en cualquier momento pueden ocurrir enfrentamientos entre grupos rivales y ella puede quedar en la línea de fuego.
“La gente pasa corriendo, uno ni conversa. La gente va afanada en llegar a sus trabajos y hacer su mercado. Por la trochas de La Mulata, uno se lleva un tiempo de 30 a 35 minutos a pie; se sale a Santa Cecilia, más abajo de la cárcel modelo de Cúcuta. Y por la de Tato, uno demora 15 minutos a pie y se sale cerca de El Escobal”, precisa la mujer. “Ruego a Dios que pase rápido esto para poder ir a trabajar”, exclama con desesperación.
Ella le tiene más miedo a las trochas que a la Covid-19. Si recupera su empleo en Cúcuta, irá a trabajar. Cree que es suficiente que en los puestos laborales de esa ciudad hagan pruebas para detectar el nuevocoronavirus.
En el portal de datos globales sobre migraciónes se indica que hoy en día América del Sur se ve atravesada por diversos patrones migratorios. En cuanto a la migración intrarregional, los corredores han aumentado en número y en dimensión.
«El reciente significativo número de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo provenientes de la República Bolivariana de Venezuela requiere esfuerzos significativos por parte de los países receptores para lograr una integración social y económica adecuada, proporcionando el acceso a servicios sociales, educativos y de salud y garantizando entornos de convivencia tolerantes y respetuosos. A pesar de que la región ha tomado medidas ejemplares para gobernar la migración, favoreciendo la migración regular, existe un vasto margen para mejorar la integración de los migrantes.»
Foto referencial. Situación de migrantes venezolanos en Bogotá. Agencia Efe
El gobierno de Argentina presentó en abril una serie de propuestas para salvaguardar la estabilidad laboral de quienes residen en su territorio. La principal medida está estipulada en el Decreto Único Nacional Número 487/2020. Esta prevé la prohibición de despidos laborales sin justa causa y suspensiones durante el periodo de Aislamiento Social (cuarentena) causada por el COVID-19. Sin embargo, pueden existir convenios colectivos para la reducción de salario y suspensiones de ciertos trabajadores, según cada sindicato y empresa.
El servicio de Orientación Legal a migrantes de la embajada del presidente (e) Juan Guaidó advierte que, desde que se decretó la cuarentena en Argentina, atienden en promedio 5 consultas diarias sobre temas laborales. Mientras que en el año 2019 eran solo 2 consultas por día por otros temas.
“En el año 2019 las consultas tenían que ver básicamente con todo el tema migratorio, DNI, convalidaciones de títulos universitarios etc. Luego de que se decreta la Emergencia Sanitaria, las consultas se incrementaron y ahora tienen que ver con todo lo relacionado a los decretos de prohibición de desalojos por falta de pago del alquiler, despidos laborales, y prórrogas migratorias”, menciona Carlos Velasco, abogado y asesor del servicio de Orientación Legal a Migrantes venezolanos de la organización diplomática.
Para entender cómo proceder en caso de un despido durante la cuarentena, el equipo de Venezuela Migrante consultó cuál es el procedimiento con Carolina Pellejero; abogada argentina, Carlos Velasco; abogado venezolano; y a Leynel Carvajal, contadora venezolana y asesora voluntaria en consultas migratorias de diferentes ONG.
Las principales respuestas las recopilamos de la siguiente manera:
¿Qué es un despido justificado y uno injustificado?
Los despidos realizados por justa causas están tipificados en la ley del contrato de trabajo y en los convenios colectivos de los gremios adheridos (Sindicatos). Despido injustificado es todo aquel motivo que no tenga sustento legal en la norma referida. El tema de los despidos es muy complejo y cada caso en particular se aconseja que se analice por separado con un abogado.
¿Cuál es el camino debe seguir un migrante venezolano en caso de ser despedido sin causa durante la cuarentena?
Lo primero es solicitar todos los «motivos» por los cuales el empleador está prescindiendo de sus servicios de la manera más educada posible sin caer en controversias. Esto para no dejar de lado el supuesto caso que la razón del despido sea netamente económica por no poder cubrir los costos laborales en este momento. Posteriormente, debe consultar con un abogado especialista en el área, que pueda calcular el monto de la liquidación final o pago a recibir de manera compensatoria por el acto ilegal cometido. Teniendo esto dos vertientes a continuar:
a) Esperar que el empleador realice el pago respectivo. Se recomienda recibir el dinero sea cual fuere el monto. Y, en caso de ser menor a lo legalmente establecido, intentar por todos los medios posible llegar a un acuerdo donde ambas partes queden conformes. En caso contrario deberá facilitar toda la documentación pertinente al abogado para iniciar un procedimiento Judicial para el cobro de la diferencia adeudada por el empleador.
b) Otra opción en base a los establecido por la normativa vigente, es proporcionar toda la documentación pertinente al abogado laboral para que inicie un proceso de «reincorporación» a las actividades del empleado, manteniendo siempre los beneficios con los que gozaba antes del hecho ocurrido.
Lo importante ante un escenario de despido injustificado es intentar conocer el motivo real del empleador al despedir sin causa alguna a la persona para poder tomar la decisión más conveniente, sin dejar de lado que todo esto se puede ver influido en si la relación laboral era en formal o informal.
¿Cuán rápida puede ser la resolución de un conflicto laboral?
Es importante tener en cuenta que estos procesos judiciales, si bien en la mayoría de los casos resultan favorables a nombre del ex empleado, son bastante extensos en el tiempo y la demora puede durar años en obtener una resolución de cobro del dinero.
¿A qué instancia deben acercarse los migrantes venezolanos en caso de ser despedidos?
Deberán concurrir al Ministerio de Trabajo Nacional, o a una defensoría pública para recibir información y orientación legal o bien a la Defensoría del Pueblo que corresponda. También deben consultar con un contador para conocer el monto a recibir por el despido, y en caso contrario y querer realizar alguna demanda como la antes referidas, debe consultar con un abogado particular.
¿Los migrantes venezolanos deben pagar por el trámite de asesoría legal?
Todos los venezolanos que pasen por esta situación, deben saber que la mayoría de los abogados cobran sus honorarios por un porcentaje del dinero a reclamar y cobran su comisión al momento en que el empleador paga el dinero, es decir, para iniciar el juicio o proceso legal no deben pagar más que alguna tasa o trámite simple requerido por el abogado que los asesore.
Sin duda alguna, la pandemia del coronavirus ha puesto de cabeza el sistema económico mundial y, por consiguiente, la estabilidad laboral de las personas. La OIT afirma que la crisis del coronavirus “podría dejar un saldo de desempleo y precariedad” peor que el vivido tras la II Guerra Mundial. Estima que durante el segundo trimestre de 2020 hay 195 millones de personas desempleadas en el mundo.
Las preocupaciones se exacerban en las comunidades de migrantes que tradicionalmente son quienes trabajan en los sectores informales de la economía, en donde los riesgos y despidos son mayores. En Argentina, 7 de cada 10 venezolanos se incluyen en el trabajo no formal del país austral, según un estudio de Addeco Group.
También destaca que las políticas públicas que ha implementado el gobierno argentino no están orientadas a salvaguardar la seguridad económica de la población que trabaja en la informalidad, sea migrante o no. Además, resulta inquietante la posibilidad que la cuarentena en Argentina pueda ser de las más prolongada en el mundo.
El plan reflotó en 2020 debido a la crisis humanitaria causada por el coronavirus. Cientos de personas de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela pernoctan fuera de sus embajadas en Santiago solicitando un vuelo que los regrese a su país. No obstante, organizaciones dedicadas a la atención de migrantes en Chile denuncian la “letra chica” de esa resolución. El documento tiene una cláusula que compromete a los beneficiarios a “no regresar a Chile en el plazo de 9 años a partir de la materialización de la fecha de salida del país” y, además, deben renunciar a toda solicitud de residencia o refugio que hayan realizado.
¿Quieren ver algo indecente?
Ojo a lo que le hacen firmar a las personas acampadas en los consulados y que están esperando el retorno a sus países.
“No me parece. Yo vine a hacer un aporte y no quiero salir de Chile como un delincuente”, opina Alejandro Parada, vocero de los venezolanos que están refugiados en el Liceo José Victorino Lastarria, en Santiago, luego de pasar casi un mes durmiendo en una carpa ubicada afuera de la Embajada de Venezuela. Explica que hasta ahora nadie les ha llevado el documento, pero se han enterado por rumores; y sostiene que algunos de sus compañeros están de acuerdo con la disposición, mientras otros –como él– la rechazan. “Los extranjeros que llegaron a Venezuela no fueron tratados así, no fueron deportados. Yo no tomaría esa opción porque tengo familiares y amigos en Chile”, dice.
Carlos Carrasco, secretario de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven), subraya que esta es una prohibición que no tiene sentido cuando los beneficiarios del plan no han cometido ningún delito o falta; y asegura que se trata de un chantaje. “Esta medida es totalmente contraria a los derechos humanos, considerando que no es un retorno voluntario. No se entiende que se esté aplicando para quienes ingresaron de forma regular y que solo quieren regresar a su país debido a esta contingencia”.
Coincide Enrique Gómez, presidente de la Organización de Refugiados de Chile, quien afirma que cada país está buscando la solución que le conviene al gobierno no al migrante. “Deberían quitarle la palabra ‘humanitario’ porque esto de humanitario no tiene nada. Más bien deberían decir que se trata de un proceso de expulsión voluntario”.
Cientos de personas de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela pernoctan fuera de sus embajadas en Santiago.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago
A principios de junio, la Cancillería de Chile informó que dispondría un vuelo humanitario para repatriar a colombianos. El vuelo debía materializarse el 9 de junio, pero fue suspendido indefinidimanete debido a esta cláusula. 26 personas de nacionalidad colombiana introdujeron un amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
En el amparo argumentan que todos los que han manifestado su voluntad de viajar a Colombia no habrían cometido falta alguna y a quienes se les venció el permiso de turismo se debió al cierre de fronteras impuesto por los gobiernos de Colombia y Chile, así como por la cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas; lo cual no sería la suficientemente grave como para caer en estas prohibiciones. La Corte acogió el requerimiento y dejó sin efecto la prohibición de entrada por 9 años.
Se deja sin efecto la prohibición de entrada a 🇨🇱 por 9 años a las personas que accedan al programa de retorno humanitario del @GobiernodeChile
Se desconoce, si ahora con este nuevo escenario, se mantendrá este programa de retorno.
— Carlos D.Carrasco M.🇻🇪 (@CarlosDMuro) June 10, 2020
Carrasco explica que al tratarse de una decisión de una corte de primera instancia, el Gobierno de Chile aún tiene la posibilidad de apelar, por lo que aún corresponde esperar qué va a suceder en el caso. “Si bien es un documento de carácter voluntario; en la práctica si no lo firmas, no te montas en el avión. La ley no permite que se imponga esta obligación y por eso la Corte lo dejó sin efecto”, afirma.
Hay alrededor de 700 personas que están solicitando un vuelo humanitario desde Chile hacia Venezuela. “En su desesperación muchos aceptan esta cláusula, se trata de una decisión individual. Hasta ahora no tenemos conocimiento de que alguien lo haya firmado, ya que esto se hace cuando se tiene fecha de vuelo. En el caso de Venezuela, el gobierno no ha respondido a la Cancillería chilena con respecto a si otorga los permisos para abrir el espacio aéreo y que pueda realizarse el vuelo”, indica el secretario de Asoven.
Aumenta la vulnerabilidad
De los 700 que esperan un vuelo humanitario, 300 están en situación de vulnerabilidad y fueron llevados a albergues. Lilibeth Moreno se encuentra en uno de estos refugios. Dice que el 12 de junio Venezuela debe dar una respuesta con respecto al espacio aéreo. Ella sí estaría dispuesta a regresar al país aunque se le impongan restricciones para volver a Chile.
“Estoy tranquila con esa condición, aquí muchos estuvieron de acuerdo impulsados por la desesperación, aunque ahora tengamos resguardo y recibamos ayuda de Chile con alimentos sigue la desesperación. Y si quien nos envía el vuelo humanitario es Venezuela, sabemos que existe la posibilidad de que haya una condición similar”, indica Moreno, quien ha residido en Santiago por 11 meses y quedó desempleada como consecuencia de la pandemia.
Hubo “8 personas y un gato” que regresaron a Venezuela en un vuelo de Conviasa el 1 de mayo. Gómez afirma que a quienes lograron tomar el avión no les retuvieron sus pasaportes, ni les hicieron firmar ningún documento, puesto que en su caso no había ninguna irregularidad migratoria. Le preocupa que de los 700 que esperan volver a Venezuela hay un número importante que entró a Chile por “pasos no habilitados”, lo que dificulta que puedan librarse de este “proceso de expulsión” en caso de acceder a una medida humanitaria.
Afirma que, pese a esto, hay “muchas violaciones de los derechos de los migrantes. Se habla de apoyos, pero estos son de la boca para afuera, y muchas veces las personas tienen miedo a denunciar porque creen que por ser migrantes no tienen derechos, cuando lo cierto es que cada día hay más trabas en los trámites que se realizan en Extranjería”.
Alejandro Parada relata que fue contactado por una funcionaria del Gobierno de Maduro, quien le explicó que en caso de que se abra la posibilidad de un vuelo tendrán prioridad los niños, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas y los ancianos. “Sabemos que tenemos que atenernos a eso. Nos critican porque dicen que deberíamos irnos en bus; pero el Gobierno de Venezuela tiene mucho dinero. Aquí hay niños; y con la pandemia de irnos así hay una gran posibilidad de llegar muertos o infectados”.
Por otro lado, existe el caso de quienes tienen los recursos para regresar a Venezuela por sus medios y es justamente la restricción del espacio aéreo –que existe desde el 17 de marzo– lo que se los imposibilita. Pensaron entonces en la posibilidad de viajar hasta Colombia y luego entrar por tierra a Venezuela, pero la nueva disposición del Gobierno de Nicolás Maduro que restringe los días de ingreso por Cúcuta a tres por semana los hizo desistir de esa opción.
En la medida que aumenta el flujo de migrantes, los riesgos también crecen cuando se trata de cruzar una frontera, así lo denuncian los caminantes venezolanos que llegan de Ecuador a Colombia «por los caminos verdes».
Serbio Ortega, oriundo de Los Teques, Venezuela, relató que arriesgó su vida, durante su recorrido desde Lima, Perú, hasta Cali, en Colombia, por pasos irregulares. Denunció que en esos espacios no hay ningún tipo de vigilancia y que los cuerpos de seguridad solo resguardan las fronteras legales, cerradas por la pandemia de COVID-19. Según relata, “pasó el susto de su vida” cuando el 2 de mayo caminaba junto a otros migrantes, cerca de la frontera entre Ecuador y Colombia, y quedaron frente a civiles armados. “Un montón de vándalos, con acento venezolano y armas en mano, nos intentaron extorsionar exigiéndonos 50 dólares para pasar, pero al final, al ver que no teníamos cómo pagar, nos dejaron ir. No nos robaron”, detalló.
Sin embargo, Ortega agregó que al salir de la zona se encontró con personas que sí habían sido asaltadas. “Son un grupo grande que puede llegar a sorprender a cualquier caminante que atraviesa las trochas”.
Frontera al límite
Las extorsiones, situaciones irregulares y permanencia de grupos armados no es un caso nuevo en las fronteras de Venezuela y Colombia. Fundaredes, una organización independiente, denunció que los pasos limítrofes son zonas de alto riesgo.
Su director, Javier Tarazona, explicó que guerrilleros colombianos, grupos paramilitares y otros civiles armados se disputan a balas el control de territorios en el estado Zulia. “El Ejército de Liberación Nacional (ELN) controla el Kilómetro 23 vía a Encontrados, el Guayabo, Casigua El Cubo, así como también el sector Madre Vieja, La Motilona y Caño 14, del municipio Catatumbo del estado Zulia, todo el territorio está invadido de guerrilleros y paramilitares”, afirmó a finales de abril en un comunicado de prensa.
De esta realidad no escapan las fronteras entre Ecuador y Colombia, donde disidentes de la FARC secuestraron y asesinaron a tres periodistas ecuatorianos en 2018.
