Mayeli Chávez llegó el 7 de octubre de 2019 a Ecuador. Es de Maracay y decidió emigrar porque la peluquería que tenía con su hermana quebró. “Me vine caminando y pidiendo cola con mis tres hijos. Tardamos 16 días en llegar a Quito”.

Cruzó por trocha. Sin pasaporte. Sin visa. Sólo con su cédula. En Quito logró inscribir a sus hijos en un colegio público al norte de la ciudad, y en compañía de otra paisana que conoció en el viaje, se dedicaron a vender comida en los semáforos. Consiguió una habitación por 90 dólares al mes y hasta el 15 de febrero pensó que podía estabilizarse económicamente.

“Comenzó la cuarentena y me desalojaron. Tuve que usar mis ahorros para comprar comida y no pagué el alquiler. A pesar de que le dije a la señora que me aguantara por un mes”, relata mientras cuenta que lleva 12 días durmiendo en una colchoneta, con sus tres hijos, en la sala de una vecina que le dio alojamiento “mientras pase la contingencia”.

Sin trabajo fijo, sin poder salir, sin tapabocas, gel antibacterial o quien le cuide a los niños, Mayeli se maneja entre dos opciones: “O me regreso para Venezuela o consigo cómo vender cualquier cosa durante esta cuarentena. No puedo dejar de darle de comida a mis hijos. Si no nos agarra el virus, nos agarra el hambre”.

El 16 de marzo inició en Ecuador un estado de emergencia que comprende: toque de queda nacional desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana, restricciones de tránsito vehicular, ingreso a los mercados municipales por número de cédula y suspensión total de cualquier actividad presencial o que cause aglomeraciones. 

El 29 de febrero se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país: una señora llegó desde España a Guayaquil para visitar a sus familiares. Desde entonces, Ecuador es el país de América del Sur más afectado por la pandemia. Hasta la mañana del 20 de abril, según datos brindados por el Ministerio de Salud, había 9.468 personas contagiadas y 474 fallecidos por el virus.

Ecuador se ha convertido en el cuarto país de Sudamérica en recibir a más venezolanos migrantes; sólo por detrás de Colombia, Perú y Chile. Hasta el 31 de enero de este año, según el Ministerio de Gobierno ecuatoriano, hay 400 mil venezolanos, y las ciudades donde más se encuentran son Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta.

De esos 400 mil, un 89% se dedica al comercio informal. Son 352 mil personas que viven del día a día, y que tras las consecuencias de la pandemia ven sus posibilidades de supervivencia reducidas.

Venezolanos en Ecuador, ante la posibilidad de desalojo

Andrew Castro, presidente de la fundación MUEVE en Guayaquil, ciudad que ha sido el epicentro de la pandemia en Ecuador, reporta que tras un mes de cuarentena en el país, conoce de al menos 15 familias que han sido desalojadas de sus residencias. “El problema pasa porque las autoridades no dan respuesta inmediata a esta situación, a pesar de que desde la presidencia de la república, se ha dicho que no se desaloje a nadie”. 

El presidente Lenín Moreno anunció en cadena nacional el 16 de abril que enviaría un proyecto de Ley Humanitaria y de Ordenamiento de las Finanzas Públicas a la Asamblea Nacional para poner en orden aspectos económicos que se han visto afectados durante esta pandemia.

Entre esos aspectos está impedir que se desalojen a las personas de sus domicilios, congelar los precios de los servicios básicos y mejorar el seguro de desempleo.

“Yo lo que le recomiendo a la gente es que si los están desalojando llamen a la policía y que en presencia de los funcionarios se llegue a un acuerdo con los arrendatarios. El problema es que muchas de estas personas no tienen contratos de arriendo firmados y hay muchas irregularidades en cuanto al tema de saber cuánto deben de alquiler y desde cuándo están viviendo ahí”, comenta Castro. 

La fundación MUEVE, en un mes, ha entregado 700 kits de alimentos a migrantes venezolanos, gracias a donaciones del Banco de Alimentos de Guayaquil y la empresa privada. 

No sólo las organizaciones no gubernamentales se han movido en defensa y apoyo de los migrantes venezolanos, también la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) mantienen una campaña de comunicación para que estas personas conozcan sus derechos a la hora de ser desalojados arbitrariamente o si se les niega atención médica. 

Habilitaron 10 números de teléfono ubicados en diferentes localidades de Ecuador y hasta el 18 de abril atendieron a 2.941 familias de venezolanos y colombianas. 

También crearon una lista de difusión a través de WhatsApp que distribuye mensajes a 5.780 migrantes registrados sobre cómo acceder a sus derechos.

Daniel Regalado, presidente de la fundación Venezolanos en Ecuador, comenta que cuando inició la cuarentena, registró más de 100 casos de personas extranjeras a las que les fue negada la asistencia médica a través del número telefónico 171 del Ministerio de Salud.

“Preparamos un escrito que fue entregado al Ministerio de Salud y al Consejo de Protección de los Derechos de Quito para pedir que a estas personas no se les niegue el acceso a la salud. Llegó a tal punto de discriminación que, en la aplicación que sacó el Ministerio de Salud para atender a las personas con posibles síntomas del virus, y así descongestionar el 171, no aceptaban números de cédula extranjeras o pasaporte”, comenta Regalado. 

Después de los ecuatorianos, los venezolanos son los que más se han contagiado en Ecuador por el COVID-19. Hasta la mañana del 18 de abril y, según datos del Ministerio de Salud, había 21 infectados, 21 en sospecha y 1 probable. 

Entre los fallecidos se ha confirmado a Lyll Montes, anestesióloga venezolana, que trabajaba en un hospital de Guayaquil, y que pasó 15 días hospitalizada. Mientras que Carmen Peña, oriunda de La Guaira, se suma como una de las víctimas de la burocracia durante la crisis sanitaria. Falleció por complicaciones renales en su domicilio y sus hijos tuvieron que esperar tres días a que Medicina Legal retirara su cuerpo en Guayaquil. 

Regresar o sobrevivir 

El 20 de marzo, en conjunto con mi esposa, comenzamos un registro de familias venezolanas residentes en Quito. Llevamos 300 contabilizadas  —unas 1500 personas— y de esa pequeña muestra sabemos que a 25 familias les han pedido desalojo de sus inmuebles, 7 quieren regresar a Venezuela y 3 personas fueron obligadas a firmar cartas de renuncia en sus trabajos. 

Una de ellas es Lucía (nombre protegido a su petición), quien trabajaba para una empresa tercerizada que le presta servicios de mantenimiento a una aerolínea internacional. Lucía fue obligada a firmar una carta de renuncia con el peligro de que si se negaba, su liquidación no saldría a tiempo y tendría que pasar por el entramado burocrático del Ministerio del Trabajo. 

“Llegamos un día al trabajo y ya nos tenían las cartas listas para firmar. Nos dijeron que sólo sería temporal, y una vez que se estabilice la situación, nos volverían a llamar”, dice mientras recuerda que al menos 15 compañeros pasaron por lo mismo ese día.

La cifras de desempleo entre la población migrante venezolana, según el Ministerio de Gobierno de Ecuador bordean el 90%: muy pocos son los que reportan un contrato de trabajo formal registrado en el Ministerio de Trabajo. 

De los 400 mil venezolanos que hay en el Ecuador: un 31% indicó tener educación superior o técnico superior y un 5% tiene maestrías y doctorados, lo que los convierte en una de las nacionalidades mejor preparadas en el país.

Buscando cómo regresar

Para la Organización Internacional de Migraciones (OIM), la pandemia por el COVID-19 dejará en una situación de mayor vulnerabilidad a los migrantes venezolanos en toda América Latina. No sólo se verán expuestos al desempleo y a la falta de acceso a los servicios públicos, sino que los programas de asistencia enfocados a apoyarlos en toda la región estarán en riesgo. 

La OIM, en conjunto con ACNUR, sacaron el 1 de abril un comunicado donde informaron que sólo han recibido menos del 3% de los fondos necesarios para ejecutar el Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes en 17 países de América Latina. 

Desde noviembre de 2019, ambas organizaciones esperaban recaudar USD 1,346,123,284, y sólo han obtenido 39,422,861. 

En Quito, Iris Gudiño, oriunda de Yaritagua, un poblado ubicado en la frontera entre los estados Yaracuy y Lara, busca la manera de regresar. 

La embajada de Venezuela informó que los vuelos del plan “Vuelta a la Patria” desde Quito y Guayaquil están cancelados hasta nuevo aviso. Y por redes sociales corren mensajes desde la embajada de Venezuela del presidente (e) Juan Guaidó donde le piden a los venezolanos no caer en estafas sobre supuestos planes de regreso a Venezuela donde se piden USD 120 por persona. 

El 12 de abril, en la madrugada, tocaron a la puerta de Iris mientras dormía. Era el hijo de la señora que le arrendaba pidiéndole que se fuera. “La señora murió hace quince días de un paro respiratorio. Yo la cuidaba, y a cambio no me cobraba alquiler. Ahora, el hijo me dice que no le importa a dónde me vaya, pero que me tengo que ir ya”. 

Iris tiene una hija de 7 años que a finales de agosto del año pasado sufrió un accidente casero: le cayó una olla de agua hirviendo encima mientras jugaba con un perro por la cocina. La niña ahora depende de unas cremas que debe echarse semanalmente en la espalda y ambos brazos. Unas cremas que cuestan entre USD 20  y USD 25 cada una. 

“No puedo seguir viviendo así. En Venezuela al menos conozco a la gente, tengo una red de apoyo más grande y prefiero estar allá que pasando trabajo acá. No sé en qué momento al hijo de la señora le da la locura y me bota con todo y ropa”, dice Iris. 

La Alcaldía de Quito habilitó el 17 de marzo un albergue en el centro de la ciudad para las personas que no tengan hogares donde pasar la cuarentena, con ayuda del Patronato de San José y el Ministerio de Inclusión Económica y Social regenta dicho espacio para ofrecer alimentos y medicinas a los habitantes de la calle. 

Pero esta no es una opción para Beatriz Castillo, maracucha que llegó a Quito hace 9 meses con sus dos hijos. Ella y su esposo trabajaban vendiendo hojas de eucalipto por el sur de la ciudad y vivían en una residencia donde les cobraban USD 75 al mes por una habitación. Antes de comenzar la cuarentena, las ventas bajaron y no pudieron seguir pagando el alquiler. Por cinco días consiguieron alojamiento en casa de una amiga, pero ya les pide que desaloje y busquen donde quedarse. 

“¿Cómo hacemos? Lo poco que tenemos lo usamos para comprar comida. Fuimos al albergue de la Alcaldía, pero nos dijeron que no había espacio. Fuimos a otro que se llama San Juan de Dios, y nos dijeron lo mismo. ¿Para dónde nos vamos?”. 

Beatriz sólo tiene cuatro maletas y una caja llena con platos, cubiertos y vasos que se compró para tener en la habitación cuando comían. Pertenencias que ahora ve cómo puede vender para que le den al menos 20 dólares y así poder sobrevivir una semana más. 

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