Los familiares del bebé muerto a manos de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago denuncian que desconocen el paradero del cuerpo del infante. En declaraciones a Efecto Cocuyo, Yermi Santoyo, de 28 años, papá de Yaelvis; bebé de 1 año y 4 meses fallecido, expresaba que ninguna autoridad lo había contactado.
“Perdí a mi hijo, lo perdí todo. A ella se lo mataron en los brazos, de un disparo; yo tendré que esperar a que nos lo den y luego será que me devuelva a mi país, aquí no me queda nada” dijo a Efecto Cocuyo, Santoyo.
Darielvis Sarabia de 23 años, madre de Yaelvis, se recupera en el hospital Sangre Grande debido a una herida de bala en la clavícula. En la embarcación, Sarabia viajaba también junto a su otra hija, Danna, de dos años, quien permanece detenida junto a los otros migrantes. Santoyo contó que Danna se encuentra con una amiga de la embarcación. “Las dos están detenidas, con los otros migrantes. Pero yo hablé con ellas y están bien” expresó Yermis a Efecto Cocuyo.
El viaje
Darielvis Sarabia y sus dos hijos pequeños estaban sentados entre un grupo de 20 personas en una piragua que partió de Tucupita, norte de Venezuela, al anochecer del sábado 5 de febrero con destino a Trinidad y Tobago.
Sarabia viajaba para reunirse con su marido, quien llegó a ese país hace ocho meses en busca de una vida mejor para su familia.
En la embarcación, la joven madre sostenía a su hijo de un año contra su pecho, mientras que su hija de dos años estaba sentada cerca.
Esto es según un familiar que, en una entrevista con el Daily Express este lunes 7, dijo que Sarabia estaba sentada cerca del motor y que cuando el mar se agitó se aferró a sus hijos, rezando por su seguridad.
La embarcación de los inmigrantes fue interceptada por los guardacostas de Trinidad y Tobago cuando entraba en aguas locales, dijo el familiar.
“Ella (Sarabia) dijo a su familia que el capitán del barco intentó dar la vuelta, pero los guardacostas empezaron a disparar al motor” dijo.
El bebé de Sarabia, Yaelvis Santoyo Sarabia, recibió un disparo en la cabeza y la fuerza del impacto le arrancó parte del cráneo.
Murió en los brazos de su madre. Ella también resultó herida.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuatro de sus principales agencias expresaron este lunes su «consternación» por el fallecimiento de un bebé migrante venezolano, durante una interceptación en el mar frente a la costa sureste de Trinidad y Tobago.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lamentaron profundamente la tragedia en un comunicado conjunto.
«Estamos profundamente entristecidos por esta tragedia y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos que lloran esta pérdida y deseamos una pronta recuperación a los heridos. Nadie en búsqueda de seguridad, protección y nuevas oportunidades debería perder la vida», dijo . Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto del ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes venezolanos.
Stein afirmó que este incidente revela la «difícil situación a la que se enfrentan las personas que se desplazan durante los desesperados y peligrosos viajes buscando seguridad».
Una embarcación que transportaba personas procedentes de Venezuela, fue interceptada este fin de semana por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago cuando entraba en su territorio marítimo, detalla el comunicado.
El documento señala que «según los guardacostas, una mujer y un bebé resultaron heridos en el incidente. La mujer fue trasladada a un centro sanitario. El bebé murió».
«Ningún niño o niña migrante debería morir jamás, ya sea viajando con sus padres o solo. Ninguna madre quiere poner en riesgo la vida de sus hijos en un pequeño barco en alta mar, a menos que no tenga otra opción», señaló Jean Gough, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.
Gouh resaltó que «dos de cada tres venezolanos en movimiento son mujeres y niños», y dijo que esta tragedia es un «claro recordatorio de que ellos son los más vulnerables entre los vulnerables. Merecen especial atención, protección y seguridad, en cualquier lugar y en cualquier momento».
Stein añadió por su parte que «para evitar que tragedias como ésta vuelvan a ocurrir, se necesitan vías más seguras para las personas refugiadas y migrantes».
«Los Estados deben tomar medidas para garantizar que se respete siempre el derecho a la vida de las personas refugiadas y migrantes. Hacemos un llamado a las autoridades para que investiguen este incidente», manifestó a su vez Alberto Brunori, Representante Regional del ACNUDH para Centroamérica y el Caribe de habla inglesa.
Los cuatro organismos de la ONU hicieron un llamamiento a los Estados a que establezcan mecanismos que ayuden a proteger los derechos de las personas en movimiento, incluido el derecho a tener acceso a procedimientos de regularización y asilo adecuados.
Indicaron que según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), en enero de 2022 había unos 28.500 refugiados y migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago.
El domingo 6 de febrero, una decena de migrantes -parte de un grupo de 20 que cumplen cinco días en huelga de hambre- se puso cadenas alrededor de su cuerpo en un parque de la ciudad mexicana de Tapachula (sureste), fronteriza con Guatemala, para exigir a las autoridades migratorias la entrega de documentos de tránsito.
El grupo, integrado por hombres y mujeres, se arrodilló en el Parque Benito Juárez, en el centro de Tapachula, para rogar al personal de migración que les ayude a generar visas por razones humanitarias.
Los extranjeros se cruzaron las cadenas alrededor de su cuerpo y las sujetaron en sus manos, empezando así una nueva medida de presión, de tiempo indefinido, para empujar a que las autoridades agilicen sus procesos migratorios.
«Queremos movilizarnos»
Ali Mora, migrante venezolano, quien esta con sus dos hijos y su familia en huelga de hambre, contó que se encadenó para intentar salir de esta ciudad «porque estamos prácticamente presos y queremos movilizarnos en territorio mexicano para trabajar y avanzar».
Dijo que encadenado es como se siente en Tapachula, en donde más de una decena de migrantes han emprendido acciones de protesta.
«Queremos decirle al Instituto Nacional de Migración que, así como nos hacen invisibles, nosotros nos sentimos encadenados y con mucha hambre, además no podemos salir a trabajar».
Peter Romero, otro migrante sudamericano, aseguró que decidieron ponerse las cadenas y arillos de metal para obligar una respuesta de las autoridades migratorias, obtener sus papeles, moverse y llegar a la frontera norte y luego a Estados Unidos.
«Queremos que el gobierno se den cuenta que estamos en Tapachula saturados; hay niños, mujeres embarazadas y personas que ya no tienen donde permanecer», relató.
5 mil a la espera de una visa
Este grupo de migrantes se instaló, desde la noche del pasado miércoles, frente al acceso principal de las oficinas de regulación migratoria del INM, donde pernoctan al aire libre, algunas familias han colocado cartones, mientras que otros duermen sobre las jardineras en medio del ingreso de los Frentes Fríos a la región.
Más de 5.000 migrantes están en el parque a la espera de visas y peticiones de refugio.
Desde el miércoles las marchas y protestas se han reactivado en esta ciudad por parte de miles de migrantes de al menos unas 10 nacionalidades.
A lo largo de 2021 partieron desde Tapachula varias caravanas migrantes, aunque la gran mayoría fueron frenadas y desmanteladas por las fuerzas de seguridad mexicanas.
La región vive un flujo récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Proteccióón Fronteriza detectó más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.
México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.
Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió un récord de 131.448 solicitudes de refugio en 2021. De estos, más de 51.000 son haitianos.
Un bebé de 9 meses que migraba a Trinidad y Tobago junto a su madre murió, luego de que fuera tiroteada su embarcación por la Guardia Costera de ese país isleño. El hecho ocurrió el sábado 5 de febrero. En el incidente su madre resultó herida. La embarcación salió de Tucupita, norte de Venezuela, con 20 personas.
¿Qué dice la Guardia Costera?
La Guardia Costera dijo que su personal disparó contra los motores de la embarcación de migrantes porque intentó embestir su buque, y que los agentes temían por sus vidas y actuaron en defensa propia.
El incidente se produjo poco antes de la medianoche del sábado en aguas de la costa sureste de Trinidad y se vio implicado el TTS Scarborough, uno de los dos buques patrulleros de la clase Cape encargados hace dos meses y desplegados para proteger las fronteras marítimas de ese país, reseña el diario Daily Express.
En la puesta en servicio, el primer ministro, Keith Rowley, señalaba que «estos buques son ahora los principales activos de nuestra Guardia Costera y nos permitirán tener una presencia efectiva en el Océano Atlántico que baña las costas orientales de Trinidad y Tobago».
En un comunicado emitido después del mediodía del domingo 6 de febrero, la Guardia Costera dijo que mientras patrullaba la costa sur, el TTS Scarborough detectó una embarcación que había cruzado la frontera desde Venezuela.
La Guardia Costera dijo que persiguió a la embarcación que intentó evadir al TTS Scarborough, que fue lanzada para ayudar en la intercepción. El TTS Scarborough lleva dos lanchas neumáticas de casco rígido de alta velocidad de 7,3 metros.
«Se utilizaron todos los métodos disponibles, incluyendo el uso del megáfono, la bocina del barco, el faro de búsqueda y las bengalas, para intentar que la embarcación sospechosa se detuviera. Sin embargo, la embarcación siguió intentando evadir al TTS Scarborough. De acuerdo con los protocolos estándar, se emplearon a continuación disparos de advertencia delante del buque» dice el comunicado de los guardacostas.
Lo que dicen los testigos
De acuerdo con el diario The Washington Post, la madre herida dijo a sus familiares que el capitán de la embarcación quería volver a Venezuela cuando vio a la Guardia Costera, dijo la cuñada de la mujer, Daicelis Salgado, de 38 años, en una entrevista con el diario.
«Pero la Guardia les siguió y empezó a disparar a los motores» dijo Salgado. «Ella estaba cerca del motor. Dijo que sintió que algo la golpeaba en el pecho e inmediatamente miró hacia abajo y vio la cabeza del bebé herida. Lo tenía en el pecho cuando le dispararon».
El bebé, su madre y su hermana iban a reunirse con el padre de los niños, que había estado viviendo en Trinidad, dijo Salgado. Agregó que las autoridades aún no han informado al padre o a otros miembros de la familia del paradero del niño mayor o del cuerpo del bebé.
El pedido del Primer Ministro de Trinidad y Tobago
El lunes 7 de febrero, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, expresaba sus condolencias a Venezuela. «Quiero expresar mis condolencias en nombre de todos los ciudadanos de Trinidad y Tobago, referente a la desafortunada pérdida de un niño durante un operativo de seguridad» sostuvo Rowley en un comunicado de prensa difundido en su página oficial de Facebook.
El Gobierno de Trinidad y Tobago publicó sus condolencias en su página oficial de Facebook
Prometió acelerar la presentación de las credenciales del Embajador General de División (retirado) Edmund Dillon, Embajador en la República Bolivariana de Venezuela.
“Eso facilitará una pronta reunión entre los oficiales superiores de la Guardia Costera de TT y los oficiales superiores de la Guardia Nacional, para lograr una mejor y más eficaz colaboración contra los tráficos ilícitos de personas, armas y drogas, etc., que son perjudiciales para nuestras dos naciones” apuntaba Rowley en el texto.
Hizo un llamado a no migrar de forma ilegal. “Seguimos haciendo un llamamiento a nuestros vecinos venezolanos para que no se animen a arriesgar su vida y la de otros en cruces fronterizos ilícitos y peligrosos”.
Piden investigar
Uno de los reclamos de la oposición en Venezuela es que se investiguen los hechos, mientras que activistas de derechos humanos piden que no deporten a los migrantes que fueron detenidos por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago.
Orlando Moreno, activista de Derechos Humanos y coordinador del Foro Penal en Delta Amacuro, adelantó que gestiona conversaciones con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que le brinden una protección a los migrantes detenidos de la embarcación.
El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, reclamaba justicia en el caso. “El Gobierno de Trinidad y Tobago debe establecer responsabilidades y hacer justicia. Venezolanos en esa isla han sido víctimas de disparos, deportaciones y naufragios. ¡Basta del maltrato hacia nuestros migrantes y refugiados por parte de un aliado de Maduro!” escribió Guaidó en su cuenta en Twitter la noche del domingo 6 de febrero.
El lunes 7 de febrero en horas de la tarde, el gobierno venezolano exhortaba a las autoridades de Trinidad y Tobago una «investigación exhaustiva», que permita esclarecer la muerte del bebé que migraba hacia el país isleño junto a su madre, en una embarcación que fue tiroteada por la Guardia Costera trinitense.
«El Gobierno venezolano extiende sus más sinceras condolencias a los familiares del infante, al tiempo que exhorta a las autoridades de Trinidad y Tobago a realizar una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos en torno a este fatal incidente en el que, lamentablemente, perdió la vida un niño venezolano», señaló la Cancillería en un comunicado.
Las futuras madres, migrantes venezolanas en Colombia, se encuentran la mayoría de las veces con obstáculos burocráticos y un sistema de salud que solo las atiende en el parto. En medio de este panorama, existen opciones de asistencia, la mayoría promovidas por organizaciones e instituciones no gubernamentales.
“Cuando supe que estaba embarazada lo único que hice fue llorar. A mis 40 años, luego de cuatro años duros en Colombia, en los que hasta había dormido en la calle, sencillamente no sabía qué hacer”, narra Luz Pacheco, desde La Parada, cerca de la frontera colombo-venezolana, en el séptimo mes de su segundo embarazo en más de dos décadas.
“Ni cédula tenía porque me la habían robado. Pensé en regresarme y parir en Venezuela, pero mis familiares me dijeron que me quedara aquí que allá eso estaba horrible”, agrega y su semblante revive la angustia de esos primeros días.
Así como para Pacheco, para otras futuras madres venezolanas, Colombia se ha convertido en el lugar para dar a luz una vez que huyen de la crisis económica y sanitaria del país. El Ministerio de Salud colombiano ya había determinado en 2020 que la atención a embarazadas venezolanas ocupaba la quinta parte de las más de 8 millones de asistencia para la población migrante en los últimos cuatro años.
El Observatorio Nacional de Migración y Salud reportó que entre 2017 y agosto de 2021 entre principales causas de consulta de urgencia están la asistencia materna, trastornos con el embarazo y complicaciones con el parto.
Precisamente, los servicios de emergencia son los que tienen garantizados los migrantes sin documentación y así reza la Ley 1751 de 2015 del Ministerio de Salud, aunque la Corte Constitucional ha extendido el rango de esta atención y dictaminó en la sentencia SU-677 de 2017 que «los extranjeros con permanencia irregular en el territorio nacional tienen derecho a recibir atención básica y de urgencias».
Sin embargo, en la práctica, expertos y organizaciones consultadas concuerdan que esto no se aplica en la mayoría de los casos. La protección queda principalmente en las manos de la sociedad civil e incluso, algunos activistas han recurrido de nuevo al sistema judicial para pedir protección.
“Aquí las personas sean del lugar que sean tienen acceso a salud de emergencia, ahora viene la pregunta, ¿qué es salud de emergencia? ¿El cuidado prenatal es de emergencia? Para el sistema no, aunque algunas mujeres por presentar riesgo pudieran recibir algún control”, explica Andrés Segura, consultor independiente sobre asuntos públicos y migración y quien fuese asesor de la Gerencia de Fronteras.
La definición de qué es una urgencia y cuándo puede presentarse preocupa no solo al especialista sino a las organizaciones de mujeres. Desde Barraquilla, Zuneika González, directora de Mujeres sin fronteras colombo-venezolanas, alerta sobre esta situación que deja vulnerables a las embarazadas migrantes. “No hay ese acompañamiento médico para mujeres y eso es algo que le hemos hecho saber a la Secretaría de Salud porque si una de ellas llega a dar a luz no saben con qué complicación puede venir y eso se pudo haber prevenido con control”, indica.
Las limitaciones en la infraestructura del sistema de salud, sin embargo, representan un desafío y al respecto, Selene Soto, abogada de la organización Women Link Worldwide, destaca que esta es una de las causas que ha dificultado la aplicación de precedentes como los de la Corte a lo que se suma los prejuicios contra la nacionalidad.
“Hemos identificado que hay esta idea de que ‘las mujeres venezolanas vienen a saturar el sistema de salud’ cuando en realidad son mujeres que están buscando su supervivencia”, expone.
La desinformación también juega un papel relevante en las embarazadas y muchas desconocen cómo pueden ponerse en control y qué les cubre la asistencia médica. “Lo que sucede es que no hay una política sólida para garantizar el acceso a información de manera activa para estas mujeres”, recalca Soto.
González, desde la capital del departamento del Atlántico, coincide. “La duda de toda mujer embarazada es: ‘¿a dónde voy?’, ‘¿dónde me atienden?’ El sistema de salud de Venezuela es muy distinto al colombiano y sobre todo en atención prenatal. A veces le mandan a hacer ecografías que no cubre el acuerdo o el sistema de salud y eso no lo se lo dijeron antes”, critica.
El Ministerio de Salud en 2019 había advertido sobre los obstáculos para las migrantes y en su Plan de respuesta del sector salud al fenómeno migratoriocalificó como “eventos o condiciones prioritarias” en las mujeres venezolanas “la discriminación asociada a la gestación, acceso a servicios de atención, incluso para la interrupción del embarazo; licencias de maternidad y atención obstétrica asequible”. También ubicó como grupo priorizado para la prestación de servicios a “mujeres gestantes y lactantes (incluyendo casos de morbilidad materna extrema)”.
A propósito, se intentó obtener una respuesta de esta institución para conocer las acciones que adelantan y aunque recibió las preguntas, al momento de la publicación de este reportaje no había contestado.
Apoyo a las futuras madres
Ante la falta de atención integral para gestantes extranjeras, algunas organizaciones no gubernamentales e iniciativas de cooperación internacional se han abocado a apoyarlas y una de las beneficiadas ha sido Luz Pacheco, la mujer que, desde La Parada, contaba que tendría un hijo a los 40 años. A través de la Fundación Deredez, consiguió orientación y ponerse en control en el hospital Jorge Cristo Sahium que tiene convenios con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Organización Internacional de Migración (OIM).
“Me dan los medicamentos y las fechas para hacerme los exámenes, todo gratis. Allí voy a dar a luz. Además, mediante la fundación recibí al principio de mi embarazo terapia psicológica que me ha ayudado muchísimo a superar los años difíciles que he vivido”, relata.
Otra institución sin fines de lucro que se ha destacado por su apoyo a embarazadas refugiadas y migrantes ha sido Profamilia. Su programa Sin Fronteras ofrece a estas mujeres valoración integral por un profesional de la salud, entrega de micronutrientes, acceso a laboratorios y ecografías, charlas sobre signos de alarma y autocuidado.
“De nuestros usuarios, el 97% pertenece a estratos 1, 2 y 3 (bajo-medio). Los servicios de la estrategia Sin Fronteras tienen un enfoque libre de discriminación, por lo que se prestan servicios a todas las personas, sin importar su origen o su estatus migratorio, o si están sin aseguramiento en salud”, detalló en un correo donde se le consultó por su labor.
Más ejemplos de solidaridad se están dando en La Parada, donde la fundación Mujeres Fumepro, a partir de donaciones de particulares, entrega kit y complementos nutricionales a mujeres, especialmente si están lactando; y en Barranquilla, Mujeres sin Fronteras brinda asesoría a las futuras mamás e imparte charlas de planificación familiar.
Batalla en otro frente: el legal
Activistas que atienden a la migración venezolana también han venido adelantando iniciativas legales y en noviembre del año pasado, Women Link Worldwide interpuso una acción popular que llevó al Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta a ordenarles a las autoridades de salud del Norte de Santander a que tomaran medidas inmediatas para proteger la salud sexual y reproductiva de las mujeres, incluida la atención materno-infantil y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Para el juzgado la acción presentada evidencia que las mujeres en ese departamento no cuentan con la información para acceder a servicios ni han recibido soluciones, “lo cual se convierte en un problema de salud pública, en cuanto afecta a una población numerosa”.
Soto, integrante de la organización internacional, subraya que este tipo de recursos muestra la importancia de que las mujeres ejerzan sus derechos y recomienda, en caso de que se los nieguen, acudir a instituciones como las defensorías y personerías en cada departamento o buscar asesoría legal en lugares como la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes en Bogotá, o la Corporación – Mujer, denuncia y muévete en Cúcuta.
Dificultades hasta en la asistencia privada
Las futuras mamás venezolanas también se enfrentan a inconvenientes en la misma atención privada del sistema de salud. Eva Morán, asentada en Bogotá desde hace más de dos años, cuando se enteró de que estaba embarazada, a principios de 2021, decidió ponerse en control con una Entidad Promotora de Salud (EPS), el equivalente a costearse un seguro de médico; algo que solo se puede hacer si se tiene condición regular.
“Tuve el seguimiento de un equipo de especialistas y apoyo para todos mis exámenes. Pero después de mi última consulta de preparto, me sentí desorientada. Me dijeron que esperara el día del parto y que me acercara a una clínica, pero la fecha que me dieron no correspondía al momento de parir y cuando fui, sencillamente no tenían mi información a la mano, me pusieron a esperar todo un día por una inducción de parto que nunca hicieron porque no me correspondía y estaban saturados. Al final, me enviaron a casa a seguir esperando y eso me puso más nerviosa”, recuerda.
“Me tocó buscar otra clínica con convenio con la misma EPS donde finalmente nació mi bebé, pero todo ese proceso complicado de la recta final me pareció que no debe vivirlo una mujer embarazada, sobre todo porque angustia”, reprocha.
La regularización como alivio para el Estado
Andrés Segura, experto en temas migratorios, insiste que la regularización es un camino para allanar la atención sanitaria a los migrantes, sobre todo porque les abre las puertas para entrar al sistema subsidiado de salud.
“Para el Estado colombiano es más importante que las mujeres estén regularizadas y dentro del sistema de salud porque el parto sería así mucho más barato en lugar de que sea un costo adicional por emergencia el cual debe pagar el Gobierno a hospitales”, destaca.
Es de recordar que Migración Colombia ha abierto el proceso de regularización para que los venezolanos obtengan un Permiso de Protección Temporal (PPT) y uno de los requisitos, si se está en condición irregular, es solo presentar una “prueba sumaría” como facturas, pasajes, constancia de estudio, etc.
Trabajo publicado en Efecto Cocuyo. Con apoyo de Héctor Villa León para documentar la situación en La Parada, Norte de Santander.
La ciudad chilena Iquique volvió a ser escenario de protesta este 2022, donde los migrantes venezolanos fueron parte de los reclamos. La ONU rechazó los ataques a los migrantes y la cancillería de Chile adelantaba que se reuniría con las autoridades bolivianas para abordar la situación migratoria, humanitaria y de seguridad que enfrentan regiones del norte de Chile debido al constante flujo de inmigrantes que llegan de forma irregular a través de la desértica frontera. Sin embargo, la renuncia del Canciller de Chile, puede agudizar la situación migratoria.
Ya en el 2021 se registraba una manifestación contra los migrantes venezolanos en la ciudad de Iquique.
En el último año, esta zona ha experimentado varias olas masivas de ingresos clandestinos de extranjeros, que provocaron el colapso de pequeñas localidades fronterizas, con poca infraestructura y recursos y donde se han asentado miles de personas en campamentos. En Chile hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
La protesta
El domingo 30 de enero hubo una marcha en Iquique, al norte de Chile, contra la migración y el alza de la criminalidad, donde días antes un grupo de cuatro migrantes venezolanos atacó a policías durante un control callejero. Incluyendo gritos xenófobos, un grupo de manifestantes destruyó algunos de los campamentos improvisados de inmigrantes en la vía pública, mientras que un migrante fue golpeado al increpar a la multitud.
Al día siguiente, el lunes 31 de enero, hubo una paralización de actividades en protesta.
ONU pide atención urgente
La ONU condenó «categóricamente» los ataques contra migrantes venezolanos en Chile. “El Sistema de las Naciones Unidas en Chile manifiesta su preocupación por la violencia y los actos de xenofobia que han ocurrido en Iquique y la región de Tarapacá, en el norte del país, que involucran a venezolanos, las comunidades fronterizas y las fuerzas de seguridad”.
La ONU condena las “agresiones a funcionarios de las fuerzas del orden público y los actos de discriminación y xenofobia ocurridos”.
Además, pidió que no se utilicen “hechos aislados para fomentar la discriminación y la violencia contra personas refugiadas y migrantes” y que se tomen medidas que eviten “que las tensiones se agraven”.
Las Naciones Unidas están en contacto con el Gobierno y reconoce “los esfuerzos que están realizando”, pero señalan que hay “situaciones graves”, que “requieren atención urgente”.
“Instamos a las autoridades competentes a redoblar sus esfuerzos en materia de asistencia humanitaria”, dicen, señalando que es “clave” para reducir la presión sobre las comunidades de acogida, favorecer su integración y disminuir la exposición a redes criminales.
Cancillería
Autoridades chilenas y bolivianas anunciaban que se reunirán próximamente para abordar la situación migratoria, humanitaria y de seguridad que enfrentan regiones del norte de Chile debido al constante flujo de inmigrantes ilegales que llegan a través de la desértica frontera, informó el jueves la cancillería chilena.
En un breve comunicado, el ministerio dijo que Santiago y La Paz acordaron «la celebración de una mesa de trabajo en las próximas horas entre los Ministros de Interior y Seguridad Pública de Chile y el Ministro de Gobierno de Bolivia, junto a sus respectivos Ministerios de RR.EE (Relaciones Exteriores)».
El objetivo es «enfrentar las difíciles situaciones de seguridad, sanitarias y migratorias que están produciéndose en las regiones de Arica y Parinacota, y de Tarapacá».
La oficina de prensa de la cancillería no precisó cuándo será el encuentro, ni entregó más detalles.
Ciudades de esas regiones fronterizas con Perú y Bolivia son escenario de una creciente tensión por la entrada ilegal sobre todo de migrantes venezolanos, que llegan caminando a través del altiplano.
Muchos arriban en condiciones precarias e improvisan campamentos en plazas y otros espacios públicos generando rechazo por parte de los vecinos de las ciudades, quienes vinculan la crisis a un aumento del crimen.
La renuncia del Canciller de Chile
El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, renunció al cargo eldomingo 6 de febrero, en medio de críticas por su ausencia del país mientras en la frontera norte se desarrolla una aguda crisis de migración irregular.
Su viaje a España, apuntó el mismo Allamand en un punto de prensa, originó «una serie de críticas que afectan al Gobierno (…) y de paso, pretenden desacreditar el trabajo de la Cancillería. Asimismo, tales críticas no sólo han distorsionado las actividades que ha realizado en el extranjero sino que han contribuido a tensionar inconvenientemente el clima político».
Actualizado el Lunes 7 de febrero
Con información de Reuters, EFE y Cancillería de Chile
La Unión Europea (UE) espera ofrecer un “apoyo continuado” a la Comunidad Andina, el organismo de integración conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, por sus “enormes esfuerzos” en la integración de millones de migrantes y refugiados de Venezuela.
“Todos estos países han tenido que afrontar retos ingentes para acoger e integrar a miles y millones en el caso de Colombia de refugiados y migrantes” subrayó Leonor Vieira, responsable adjunta para América Latina del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el jueves 3 de febrero.
El Parlamento Europeo (PE) acogió una reunión de la Delegación para las Relaciones con los países de la Comunidad Andina, en la que se analizó la situación política, económica y social en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú con los embajadores de los cuatros países y la representante del SEAE.
Apoyo continuado a países andinos
Vieira destacó la enorme “presión” que la presencia de refugiados y migrantes venezolanos ha tenido sobre los sistemas económicos, laborales, educativos y sanitarios de esos países, sobre todo durante la pandemia.
La representante del SEAE pasó revista a la situación en cada uno de esos países y mencionó la importancia de “trabajar juntos”, reforzando y profundizando la relación ya existente.
Ampliarán cooperación con Colombia
De Colombia, “socio clave en la región” destacó que la UE y Bogotá están ampliando las relaciones “a nuevas áreas de cooperación” e indicó que la aplicación del acuerdo de paz sigue siendo “fundamental”, junto con otras prioridades, incluida la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la agenda social.
En el contexto de la agenda entre las partes, valoró la próxima visita del presidente de Colombia, Iván Duque, que el 15 de febrero hablará ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo y las misiones de observación que la UE enviará a las elecciones legislativas y presidenciales.
Desarrollo económico en Bolivia
De Bolivia, Vieira indicó que la UE “sigue muy comprometida” en apoyar el desarrollo económico en el país, “sobre todo teniendo en cuenta el reto de la pandemia”.
También quiere apoyar los trabajos para superar las desigualdades, la polarización y tratar de reducir los riesgos para la estabilidad económica.
“Apoyaremos los esfuerzos de reconciliación y el diálogo” dijo la representante del SEAE.
Diálogo con Ecuador
En cuanto a Ecuador, Vieira expresó en primer lugar la solidaridad de la UE por el aluvión ocurrido el pasado lunes en el centro oeste de Quito.
Por otra parte, valoró la relación entre las partes, que calificó de “excelente, con un diálogo regular”.
La misma experta indicó que, pese a las altas tasas de vacunación contra el covid, la situación financiera de ese país sigue siendo “preocupante” y en ese contexto indicó que la UE va a “apoyar los esfuerzos para una recuperación económica”.
Profundizar lazos con Perú
En cuanto a Perú, dijo que hace tiempo que la UE y ese país andino mantienen «muchos lazos de cooperación y económicos» y que se quiere seguir profundizando en sectores como los derechos humanos, la ciencia, la tecnología, la seguridad y la defensa.
“Perú ha pagado un precio humano enorme. La UE ha apoyado a Perú en últimos años para superar la crisis” dijo Vieira, que además explicó que los Veintisiete quieren apoyar los esfuerzos de ese país para el desarrollo sostenible, la transición verde y la ciberseguridad.
El gobierno colombiano negó la existencia de acuerdo alguno con el gobierno estadounidense para recibir a migrantes venezolanos deportados, aunque reconoció la deportación de dos la semana pasada. Sin embargo, la Casa Blanca espera llevar a cabo este tipo de devoluciones «de forma regular» a partir de ahora.
“No es cierto que yo haya firmado un acuerdo con Estados Unidos para traer 6.000 venezolanos deportados” afirmaba Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de Colombia, en una entrevista con Blu Radio este 1 de febrero. Escuche aquí las declaraciones de la Canciller de Colombia.
Las reacciones del gobierno de Colombia se registran un día después de que las autoridades de EE UU informaran el lunes 31 de enero, el envío de migrantes venezolanos a Colombia, siendo su último país de residencia, tras ser detenidos al ingresar de forma ilegal a territorio estadounidense por la frontera con México.
“Estados Unidos nos ha planteado la posibilidad de que algunos venezolanos, que han llegado con colombianos, de manera irregular, los vayan a deportar. Si son colombianos, depórtelos, si son venezolanos, que hacen parte del Estatuto de Protección Temporal, y ya no quieren vivir en Colombia, pues lo analizaremos” indicó Ramírez. No obstante, aseguró que no hay ningún acuerdo firme.
La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aseguró en entrevista que no hay acuerdo con EE UU sobre deportaciones de migrantes venezolanos. Foto de la cuenta oficial en Twitter de la canciller colombiana.
Caso por caso
La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, adelantó que las deportaciones de venezolanos que ya estaban en el Estatuto de Protección Temporal, serán analizadas “caso por caso” para revisar su estatus migratorio.
“Le hemos dicho, si son colombianos, claro que depórtelos, y si son venezolanos que estaban ya en el programa Estatuto de Protección Temporal, viviendo en Colombia, pues eso lo miraremos” dijo Ramírez. Agregó que “si es un venezolano que salió de Colombia y no quiere estar en Colombia, no nos lo devuelvan. Si es un venezolano que se fue y ha delinquido en el exterior, tampoco lo devuelvan porque no lo vamos a recibir. Caso por caso miraremos”, dijo Ramírez.
Sin embargo, se prevé que EE UU continúe con las deportaciones de migrantes venezolanos hacia Colombia. “Lo que estamos intentando es asegurar que los venezolanos que vinieron desde un tercer país (Colombia), regresen a ese país” dijo Jen Psaki, secretaria de Prensa, quien añadió que habrá más vuelos de ese tipo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) informó que el pasado 27 de enero fueron deportados a territorio colombiano dos migrantes venezolanos que habían residido previamente en Colombia.
Esta repatriación, la primera de venezolanos a Colombia, se hizo mediante el Título 42, una política instaurada por el expresidente Donald Trump (2017-2021) y mantenida por la administración de Joe Biden, que permite expulsar rápidamente a migrantes por la pandemia de covid-19. La Casa Blanca, que espera proseguir con nuevas expulsiones de venezolanos a Colombia, afirmó que “quienes no tengan estado legal para permanecer en Estados Unidos serán deportados”.
6 mil migrantes venezolanos a deportar
Desde diciembre de 2021, Colombia y EE UU comunicaron que estaban en la etapa preliminar de la revisión de la deportación de 6 mil migrantes venezolanos que ingresaron ilegalmente a territorio estadounidense a través de la frontera con México.
“(…) ambos países están estudiando la posibilidad de manera coordinada, priorizando la seguridad y los protocolos de salud, a aceptar la deportación desde Estados Unidos de aquellos venezolanos regularizados o que se encuentran registrados en Colombia en el Estatuto de Protección Temporal y que fueron retenidos queriendo cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos” se reseña en el comunicado de la Cancillería de Colombia.
Un total de 106.775 migrantes venezolanos fueron interceptados en 2021 cruzando la frontera de Estados Unidos con México de forma irregular, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés).
Visibilizar a los migrantes venezolanos en Colombia
En el mes de enero, Colombia entregó más de 50 mil permisos de protección temporal (PPT) a migrantes venezolanos, que les permitirá regular su estado migratorio y acceder a salud, empleo y educación.
El Estatuto de Protección Temporal (ETP) busca regularizar a la población migrante venezolana que se ha establecido en Colombia y brindarles beneficios. El protocolo fue anunciado en febrero de 2021. Después de meses de trabajo, el documento comenzó a entregarse físicamente en octubre del año pasado.
Un reportaje del diario Clarín sostiene que hay migrantes venezolanos que decidieron irse de Argentina debido a la inflación y la inseguridad. “Empezamos a dejar de pagar Directv, nos quedamos con un solo teléfono, debíamos servicios y ahí nos quedó claro que no había más nada que hacer” dijo Antonio Vidal Ceballos, abogado, en videollamada desde Caracas al diario argentino.
Vidal cuenta que la crisis económica vino con la llegada de la pandemia, y desde entonces no pudo recuperarse financieramente. Llevaba cinco años en Argentina. “No fue sencillo de digerir salir de Argentina ni tampoco lo es aterrizar en Caracas. Uno quiere volver a casa, pero nos hubiese gustado que fuera de otra manera”.
Carla Rojas, odontóloga y madre de dos niños, también cuenta al diario argentino que tras cuatros años de migrante retorna a Venezuela. «Estoy pagando mi pasaje de a puchos, pero ya tengo la fecha de regreso para el 16 de febrero. Fueron cuatro años intensos, donde uno redobla esfuerzos aún por encima de las posibilidades que tiene. Yo trabajo como cosmetóloga, oficio que aprendí y me especialicé, soy free-lance y la situación es complicadísima, mucho más con la pandemia, ya que no tengo un ingreso estable. Y cuando trabajo, todo lo que ingresa va para la niñera».
El diario cita a Carlos Rojas y Carlos Calcurian, dos agentes de turismo que venden pasajes sólo a venezolanos hace años, y señalaron que «el 80% de nuestros clientes se quiere ir de la Argentina. Muchos regresan a Venezuela y otros buscan mejores alternativas en Chile primero y Uruguay después. ¿Por qué Chile? Porque se paga mejor y hay más posibilidades: un repartidor en moto puede levantar 300 dólares por semana» señalaron al diario.
Aunque no hay cifras oficiales de cuántos migrantes venezolanos están retornando a Venezuela o a otros destinos, Calcurian estima que, desde noviembre de 2021, están saliendo aproximadamente 1.000 venezolanos por mes.
Pandemia agudiza vulnerabilidad laboral de migrantes
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en abril de 2021 advierte que la crisis por la pandemia agudizó vulnerabilidad laboral de migrantes en América Latina y el Caribe.
OIT hizo un análisis sobre una población migrante constituida principalmente por personas en edad de trabajar mayores de 25 años, que frecuentemente enfrentan “retos adicionales” para mantener sus empleos y sus ingresos.
Entre los encuestados, se reportó que la pérdida de empleo por el COVID-19 ha sido mayor entre quienes se dedican al trabajo doméstico (71% sin empleo), seguido del sector ventas y restaurantes, y hotelería y turismo, en los cuales se registró un 59% y un 54% de migrantes sin trabajo, respectivamente.
El gobierno de Estados Unidos informó, el lunes 31 de enero, que empezó a enviar a Colombia a migrantes venezolanos que residían en ese país y fueron detenidos al ingresar de forma ilegal a territorio estadounidense por la frontera con México.
Dos ciudadanos venezolanos fueron devueltos a Colombia el 27 de enero de conformidad con el Título 42, dijo el Departamento de Seguridad Interior (DHS) en una declaración a la AFP tras un reporte de la cadena CNN.
El Título 42 es una disposición de salud pública de Estados Unidos que permite expulsar inmediatamente a los migrantes indocumentados, aunque sean solicitantes de asilo, debido a la pandemia de covid-19.
Según el DHS, se espera que los vuelos a Colombia de venezolanos que vivían en ese país antes de cruzar ilegalmente a Estados Unidos desde México se realicen “de manera regular”, operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Deportación autorizada por Colombia
El DHS señaló que esta decisión se tomó luego de conversaciones con el gobierno colombiano.
En Bogotá, la autoridad migratoria de Colombia confirmó que dos venezolanos arribaron al país el jueves pasado “en calidad de deportados”.
“Estos extranjeros, quienes llegaron con su documentación en regla, habían salido del territorio nacional, rumbo a México y posteriormente cruzando de manera irregular hacia los Estados Unidos” dijo a la AFP un vocero de Migración Colombia.
Un total de 106.775 migrantes venezolanos fueron interceptados en 2021 cruzando la frontera de Estados Unidos con México de forma irregular, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés).
Esto supone un fuerte crecimiento con respecto a 2020, cuando apenas 1.311 migrantes venezolanos fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos sin papeles.
Según la ONU, más seis millones de venezolanos han dejado su país en los últimos años, huyendo de una grave crisis, la gran mayoría a países latinoamericanos.
¿Qué es el Título 42?
El uso de esa norma comenzó en marzo de 2020 con el brote de la pandemia de covid-19, cuando el entonces presidente Donald Trump recurrió a ella para rechazar en la frontera a migrantes a quienes se consideraba un riesgo para la salud pública.
Más de un millón de migrantes, en su mayoría de América Central y de México, han sido devueltos al sur de la frontera sin la audiencia en un tribunal de inmigración que estipula la ley para la consideración de sus pedidos de asilo.
Aunque Biden canceló numerosas disposiciones de la política de Trump -que los demócratas calificaban como antiinmigrantes durante la campaña electoral de 2020-, su Administración continúa usando el Título 42 y defendiéndolo en las causas iniciadas por defensores de migrantes.
Reforma Migratoria
Grupos que abogan por los inmigrantes regresaron a la carga en su lucha por conseguir una actualización de la «Ley de Registro» ,que permitiría acceder a la residencia permanente a los que llegaron a EE.UU. antes de 2010, y que urgieron al Senado a incluir el proyecto en la ley de gasto social del presidente, Joe Biden.
Por las siguientes dos semanas una serie de llamados a nivel nacional se centrará en convencer a los 50 senadores demócratas en que la mejor forma de cumplir con la promesa de aprobar una reforma migratoria es la actualización de la “Ley de Registro”, anunciaron este lunes 31 de enero los grupos en una teleconferencia en la que participaron organizaciones de todo el país.
