Si la población venezolana en Ecuador fuera una ciudad sería la quinta más poblada del país. De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), dentro del territorio nacional hay 443.705 venezolanos, de las cuales alrededor del 60% mantienen una situación migratoria irregular. 

Ante esta realidad, el Viceministro de Movilidad Humana, Carlos Velástegui, declaró el 26 de febrero que su cartera diseñaba un programa para la normalización migratoria y la integración de esta población al país. Sin embargo, aseguró que la ejecución e implementación del programa quedaría en manos del próximo gobierno. 

El presidente electo, Guillermo Lasso, prometió promover un plan “amplio” para regularizar la situación migratoria de los venezolanos. Aunque todavía se desconoce el proyecto a detalle y el equipo que lo diseñará, existen áreas que el plan deberá abordar para su efectividad. 

Venezuela Migrante realizó un trabajo anterior sobre las barreras para la regularización migratoria. En esta entrega se plantean alternativas, para dar respuesta a los desafíos que presenta la integración de los venezolanos en situación de movilidad humana; así como las capacidades presentes en el Estado ecuatoriano para que el mandatario cumpla su promesa. 

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Una legislación garantista

La Carta Magna ecuatoriana reconoce la ciudadanía universal (artículo 416, numeral 6). En el apartado se dice que el Estado procurará “el progresivo fin de la condición de extranjero, como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países”. 

La Constitución también establece que los extranjeros tienen los mismos derechos que los ecuatorianos (artículo 9); que no se calificará de ilegal a ninguna persona por su condición migratoria (artículo 40) y, además; establece que el Estado podrá clasificar a un colectivo entero de refugiado o sujeto a protección internacional (artículo 41)

La Ley Orgánica de Movilidad Humana detalla los derechos que los migrantes pueden disfrutar. Entre ellos está el derecho a solicitar una condición migratoria (Artículo 40). En esta misma norma se establecen todas las categorías a las que puede aspirar un extranjero. Una de las visas es la humanitaria. 

En el artículo 57 se describe una visa especial para personas sujetas a protección internacional. El presidente saliente, Lenín Moreno, se fundamentó en este apartado para la creación de la Visa de Excepción por Razones Humanitarias (Verhu)

El mandatario en el preámbulo del Decreto 826 habla sobre la situación de miles de venezolanos que llegaron a Ecuador desde 2018. Recordó que su Gobierno decidió declarar el estado de emergencia en tres provincias fronterizas, debido a la entrada masiva de venezolanos en situación de vulnerabilidad. 

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Plan de regularización por decreto

“El presidente electo puede llevar a cabo su plan sin la necesidad de la aprobación del legislativo”, indicó el abogado especialista en migración, Juan Prada a Venezuela Migrante. El jurista precisó que Lasso contará con la capacidad jurídica de la presidencia, para establecer un plan con un decreto ejecutivo como lo hizo su antecesor.

Esa capacidad le permitiría al nuevo presidente ejecutar un programa para migrantes con prontitud, pues, no tendría que llegar a acuerdos, a debates ni votaciones en la Asamblea Nacional. “Hacerlo por el legislativo implica mucho tiempo. Además, hace poco se reformó la Ley Orgánica de Movilidad Humana”, explicó Prada. El partido del presidente electo fue uno de los impulsadores de los cambios legislativos.

En la Constitución se determina que el control migratorio será una competencia exclusiva del Estado central (artículo 261 numeral 3). Actualmente la autoridad delegada para este fin es el Ministerio de Gobierno, brazo de la función ejecutiva del país, es decir, de la presidencia. 

Identificación de migrantes

Un problema medular para la regularización migratoria es la falta de documentos de identificación. Desde 2018, cuando empezó la llegada masiva de venezolanos a Ecuador, autoridades han señalado dificultades para verificar la identidad de los migrantes, debido a que la cédula de identidad venezolana no cumple con los estándares de seguridad internacionales. 

“El Ministerio de Gobierno cuando realizó el censo de la población venezolana logró obtener mucha información de la comunidad”, recordó Prada, cuando se le preguntó sobre cómo superar la falta de pasaportes. 

El 25 de julio de 2019 se informó que el Estado ecuatoriano realizaría un censo para los venezolanos en el país. En el Decreto 826 (el mismo sobre el que se creó la Verhu), se señaló que cualquier nacional de Venezuela debía participar, sin importar su condición migratoria. 

Las personas debían ingresar al sitio web desarrollado para el censo; introducir los datos solicitados y luego pedir una cita en el punto de información de Migración más cercano a su residencia. El día de la cita, con cualquier documento de identidad que tenga la persona, se tomaba las huellas dactilares del migrante y se le registraba luego de hacerle preguntas sobre su situación socioeconómica.

“En el plan se puede hacer el mismo procedimiento, aunque con mayor cantidad de lugares para realizar el registro”, sugirió Prada. El abogado reseñó que durante el proceso muchas venezolanos no pudieron participar en el censo, porque en los centros de información cercanos a sus hogares había demasiadas personas. “Llegó el momento donde no había fechas”, aseguró el jurista. 

“A mi me enviaron a Sucumbio” dijo a Venezuela Migrante Vanessa Rodriguez, una venezolana de 38 años que vive en Guayaquil. La ciudad está a 12 horas de Sucumbio, una localidad ubicada en la amazonia ecuatoriana. “No me quedó de otra”. 

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Pese a las inconvenientes,  el Ministerio de Gobierno y el Viceministerio de Movilidad Humana celebraron el censo como un éxito. Con el registro pudieron perfilar a 165.761 venezolanos (lugar de residencia, ocupación, familiares y situación socioeconómica). “Así pueden identificar a los venezolanos en situación migratoria irregular. Solo tienen que ampliar la cantidad de lugares para obtener el registro biométrico con menos incovenientes”, recalcó Prada. 

El abogado explicó que exigir pasaportes para regularizar la situación migratoria es una medida que mantendría a muchos venezolanos en la misma situación. Hasta un año dura un venezolano para recibir un documento de viaje, según la experiencia del jurista. “El presidente electo podría coordinar con los consulados para acelerar la entrega de pasaportes. Sin embargo, eso es difícil debido a la situación diplomática”, advirtió.

En Ecuador funcionan dos consulados, ambos pertenecen a la misión diplomática del Gobierno de Nicolás Maduro, mandatario cuya legitimidad es  desconocida  por el saliente presidente ecuatoriano y por Lasso. Debido al contexto político, Prada consideró que el pasaporte no debe ser una limitante para obtener una categoría migratoria. “Con el registro biométrico es posible cumplir con ese objetivo”, declaró el especialista. Actualmente los venezolanos no pueden entrar al país sin visa y pasaporte.

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Colombia: Un ejemplo cercano

 El 8 de febrero el Gobierno de Colombia informó sobre la implementación del plan de regularización migratoria más amplio hasta los momentos. El Permiso de Protección Temporal (PPT) podrá ser solicitado por venezolanos sin pasaporte y tendrá una vigencia de 10 años. 

Los venezolanos que se encuentran de manera regular en Colombia pueden optar por el PPT. También los solicitantes de protección internacional, aquellos en situación irregular que demuestren haber estado en el país el 31 de enero de 2021 y quienes crucen la frontera durante los dos primeros años de la implementación de la medida. 

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“La experiencia colombiana seguramente será de influencia en el presidente electo”, resaltó Prada. El presidente de Colombia Iván Duque y Guillermo Lasso tienen afinidades ideológicas y políticas. Ambos coinciden que los ciudadanos venezolanos huyen de una crisis humanitaria, además, consideran a Nicolás Maduro como el responsable de la situación. 

Si el nuevo Gobierno desarrolla un plan similar, alrededor de 266.000 venezolanos podrían dejar la irregularidad migratoria, estimación fundamentada sobre cifras de la ONU y del Ministerio de Gobierno. 

En ese escenario, si todo sale bien, las predicciones del Banco Mundial sobre la migración venezolana podrían hacerse realidad. De acuerdo a investigadores de este organismo si se regulariza la situación migratoria de los venezolanos y se les permite registrar sus títulos académicos con menos requisitos, esta población podría aportar el 2% del PIB a Ecuador. 

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Debilidades del PPT 

Pese a los beneficios y avances de la medida colombiana, expertos han señalado algunos vacíos. Venezuela Migrante consultó a especialistas en derechos humanos y temas migratorios, quienes señalaron tres debilidades dentro del PPT colombiano.

La primera es sobre la renuncia a la solicitud de la condición de refugiado para solicitar el PPT, la segunda se refiere a las pruebas para demostrar que el solicitante estuvo en Colombia el 31 de enero; la tercera es sobre el alcance del permiso a familiares cercanos. 

Los expertos explicaron que la renuncia a la solicitud de refugiado para la obtención del PPT hace que la persona ya no pueda disfrutar de las protecciones internacionales que otorga esa condición. Al ser refugiado el Estado no puede quitarle la protección, al menos que se demuestre la participación del protegido en algún delito. En cambio el PPT puede ser suspendido de manera discrecional. 

Sobre los documentos que comprueben la estadía dentro del país el 31 de enero, los especialistas advirtieron que parte de los venezolanos en situación migratoria irregular no tienen documentos que avalen su estadía en Colombia. Debido a su falta de documentación estos migrantes no firman contratos de arriendo, ni tienen facturas a su nombre. 

El alcance hacia los familiares no está detallado, de acuerdo a los expertos consultados. La reunificación familiar es un derecho protegido en el artículo 42 de Colombia. Acnur establece este derecho como fundamental para las personas sujetas a protección internacional.

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Migrantes o refugiados

De tomar como modelo el PPT colombiano, las debilidades del mismo estarían en el plan ecuatoriano; al menos que se corrijan de antemano. “El Gobierno debería pensar en los migrantes que han entrado durante la pandemia”, señaló Prada. El abogado sugirió permitir la regularización de personas que ingresaron por pasos no oficiales. 

Hasta mediados del 2020 ingresaron a Ecuador 350.498 venezolanos por puntos fronterizos autorizados. El registro de la ONU, que también suma las cifras del Estado ecuatoriano, contabilizó 93.207 no incluidos dentro de las cifras de Migración Ecuador. 

Si el plan de regularización no cuenta con mecanismos para la población que ingresó por los pasos ilegales (trochas), el 21% de los venezolanos en Ecuador se mantendrían en la irregularidad. 

Si el Gobierno de Lasso identifica a los venezolanos como refugiados, fundamentándose en el artículo 41 de la Constitución, ingresar por caminos ilegales no sería un impedimento para la regularización migratoria. 

El problema sería político. Una de las objeciones a cualquier plan es el temor a la llegada masiva de venezolanos. “Como Jefe de Estado es mi deber tomar decisiones que garanticen orden y seguridad para los ecuatorianos y también para los migrantes”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente Lenín Moreno, días después de decretar la exigencia de visas a los venezolanos para cruzar la frontera. 

Exoneración de multas 

Para Prada las sanciones por faltas migratorias serían un obstáculo para la regularización. “Actualmente las multas son de $200. Sin embargo, los que recibieron la sanción antes del 5 de febrero, cuando se oficializó la reforma a la Ley de Movilidad Humana, deben pagar $800 porque la ley no es retroactiva”, explicó. 

Ya con el Decreto 826 se estableció una amnistía que duró desde el 25 de julio de 2019 hasta agosto 2020. El especialista en derecho migratorio consideró, además, que el costo de la visa determinará la inclusión o la exclusión de los migrantes. “Muchos están en una situación muy vulnerable como para pagar $450” dijo.

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El plan ideal

El presidente electo tiene una legislación con capacidades para un plan de regularización migratoria amplio. También cuenta con la experiencia alcanzada gracias al censo implementado por el Ministerio de Gobierno y la entrega de la Verhu por parte de Cancillería durante más de un año.

Puede registrar y precisar la identidad de los venezolanos en Ecuador gracias a equipos biométricos destinados al control migratorio. Para esto también, como colocó en su propuesta de Gobierno, puede solicitar apoyo a organismos multilaterales como Acnur o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Cuenta con un Gobierno aliado que diseñó un plan de regularización migratoria que puede servirle de modelo y comparación. También tiene a la mano las proyecciones del Banco Mundial sobre los posibles consecuencias positivas de una regularización migratoria de los venezolanos. «El plan depende su voluntad», recalcó el experto en temas migratorios Juan Prada, «aunque no sea perfecto. Lo importante es que sea un plan ideal».

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