Desde Antogasta, al norte de Chile, el jesuita chileno Felipe Berríos analiza la situación migratoria y advierte que “los nuevos pobres son los migrantes”. En declaraciones al diario español El País, el jesuita fundador de la ONG Techo, recuerda que por siglos los migrantes han estado cruzando las fronteras sin problemas y “no hay noción de que esto es una maldad”.
“Los gobiernos consecutivos han manejado mal el fenómeno de la migración, porque ni siquiera teníamos una ley acorde a los tiempos, pero un asunto es manejar mal un problema y otra cosa es lo que ha hecho este Gobierno, que es crear una xenofobia” dice Berríos al diario español.
Restricciones migratorias
Para el sacerdote la lucha debe ser contras las mafias que explotan a los inmigrantes no documentados. “Son las mismas mafias las que los acarrean de un lado a otro, como si fueran una manada. Y la manera de atacar las mafias es dándoles las visas de trabajo por un año a los que entran, porque de esa manera ya no los pueden dominar.
Al respecto, opina que “la inmigración no va a parar”, simplemente porque Chile -señala- es el país más rico y con mejores perspectivas de la región. Berríos describe este problema multidimensional: “La crisis de la gente que entra por pasos no habilitados, el Gobierno que no entrega papeles y los inmigrantes que quedan en el limbo y tienen que vivir en negro, pagando arriendos altísimos y ganando bajos salarios”.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, presentada por la UCAB, revela que el perfil migratorio se ha caracterizado por la preeminencia del componente masculino en edades jóvenes, que se ha dirigido principalmente a países de la región como Colombia, Perú, Ecuador o Chile.
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) dio a conocer, este 29 de septiembre, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) correspondiente al año 2021, levantada entre febrero y abril, con cobertura de 22 estados y alcance de 17.402 hogares.
“Pese a la pandemia, es bastante reducido el porcentaje de retornados. El retorno de migrantes al país solo alcanza a 5% de los que se fueron” dijo la profesora Anitza Freitez, doctora en Demografía, coordinadora del Proyecto ENCOVI y directora del IIES UCAB.
Perfil migratorio
De acuerdo a la encuesta, el perfil de la migración se configura de la siguiente manera:
-Casi la mitad son jóvenes de 15 a 29 años y 90% si se considera el tramo de 15 a 49 años.
– La principal razón de emigrar sigue siendo la necesidad de buscar empleo en otro país (86%)
– La segunda razón de emigración que va en aumento corresponde a la reagrupación familiar.
– La migración reciente transversaliza todo el espectro social y se diversifica en términos de su capital educativo.
– 2 de cada 3 migrantes tienen un estatus regular, porque han adquirido la ciudadanía de otro país (12%), cuentan con permiso de residencia permanente (16%) o, un permiso temporal (33%)
– 3 de cada 5 envía ayudas en dinero o especie a su hogar de origen. 57% de esos envíos se hacen 1 o 2 veces al mes.
Buscando empleo en el extranjero
Otra de las características que reveló la encuesta sobre los migrantes es que:
– 30% no tenía empleo cuando emigró y se reduce a 14% en el destino actual.
– Gran parte de esas personas sin empleo consiguieron ocuparse como trabajadores de los servicios (28%) y en ocupaciones elementales (31%)
– 12% laboraban en ocupaciones como directivos, profesionales o técnicos antes de emigrar y se ha reducido a 9%.
Cuantificación, un problema no resuelto
El estudio, presentado en la sede la universidad en Montalbán y retransmitido por YouTube y Zoom, advierte que en Venezuela no se publican estadísticas oficiales sobre los movimientos migratorios. “Por esta vía se desconoce la dimensión y características de la población venezolana que ha dejado el país y de los eventuales flujos de retorno” apunta el informe.
La plataforma R4V realiza un trabajo de consolidación de información proveniente de fuentes oficiales de los principales países destinos de la migración venezolana. “Permite monitorear el stock de migrantes venezolanos y sus características principales”.
A casi una semana de los disturbios registrados en Iquique contra los migrantes venezolanos, así como el ingreso por pasos no habilitados y el aumento por Colchane, el gobierno de Chile impuso medidas migratorias en la región de Tarapacá.
Dentro del plan descrito, se aumentará el resguardo en la frontera y los puntos por donde ingresan de forma ilegal los migrantes. Además, se instalará un campamento para las policías, que acogerá a 50 nuevos efectivos de Carabineros.
Plan activo en octubre
En rueda de prensa el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar y la subsecretaria de Salud, Paula Daza, adelantaron que fueron enviados vehículos de expedición con tecnología satelital y que conectado a Santiago, permitirán ver en tiempo real la situación migratoria y con ello adoptar medidas en el momento.
Se instalará un centro modular que atenderá a las personas que ingresan a Chile, para evaluaciones de salud, el que estará operativo en los próximos 10 días.
Rubilar explicó que a partir de octubre se abrirán centros de atención y acogida para los migrantes venezolanos, que estará instalado en Colchane. El servicio estará disponible las 24 horas, para el apoyo de primera necesidad con alimento, limpieza y vestuario.
Se instalará un centro de alta montaña con domos para las familias que no transiten con niños, un centro de acogida en tránsito, ambulatoria y será emplazado en la parroquia San José de Iquique, donde se entregará vestuario, alimentación para los migrantes, por un máximo de 15 días.
Desde el Ministerio de Salud se informó que actualmente existen tres estadías de tránsito en la Región de Tarapacá y que en dos semanas se instalará una cuarta con una capacidad de 250 a 300 personas.
Interpelación
Los gobernadores regionales de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, emitieron una declaración en la que emplazaron al Congreso a avanzar hacia una interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, debido a la situación migratoria que se agudiza en el norte del país.
A través de la misiva, tanto Jorge Díaz, José Miguel Carvajal como Ricardo Díaz, solicitaron a la Cámara Baja ingresar una interpelación a Delgado como consecuencia de su “incapacidad de hacerse cargo del flujo migratorio de nuestro país, provocando una situación de desgobierno ante un problema desbordado en las comunas de nuestras regiones”.
La declaración firmada por los tres gobernadores, indica que “la actitud indolente y soberbia del ministro Rodrigo Delgado y del Subsecretario Galli, en contra de quienes tienen una visión crítica del manejo del gobierno, solo da cuenta de una nula voluntad política para hacerse cargo”.
“Hemos establecido comunicaciones con parlamentarios de todo el país, para pedir una interpelación al ministro del Interior, pues es una herramienta que nos otorga la Constitución para que las autoridades respondan. Si Interior no quiere responder ante los Gobiernos Regionales, que responda ante el Congreso” manifestaron.
Asimismo, según la misiva, la solicitud al Congreso se fundamenta ya que “desde el 20 de abril pasado contamos con una nueva ley de migración y extranjería, la que no ha podido entrar en vigencia por la ineficiencia de un gobierno que aún no construye su reglamento”.
“El deber del Legislativo con la crisis de refugiados que vivimos en el norte del país, y con la falta de acción de un gobierno que lleva cinco meses retrasando la entrada en vigencia de la nueva ley de migración, es citar a Delgado a que responda”, enfatizaron.
Tras la publicación de la declaración de los líderes de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, el gobernador Ricardo Díaz (AFTA) señaló que “la crisis humanitaria de los refugiados en Chile no es un juego. Las deportaciones del gobierno son absolutamente inservibles. Invitamos al gobierno a tomar en serio este problema. Los gobernadores estaremos con propuestas y soluciones”.
Casi 6 millones de venezolanos han emigrado del país, la mayor registrada en los últimos años. Actualmente una docena de países del continente americano impone visas a migrantes venezolanos como requisito para su ingreso. Sin embargo, los gobiernos usan ese recurso para restringir la migración. Las deportaciones se suman al escenario migratorio, donde organismos no gubernamentales y multilaterales han alertado sobre la necesidad de protección internacional y el respeto de los derechos humanos.
Estos insights sobre la realidad migratoria venezolana son ampliados en los proyectos Expulsados y sin refugio: Seis casos de deportaciones de venezolanos y El Boom de visas que cerca la población venezolana, elaborados por periodistas de la Escuela Cocuyo del curso 2021.
Los proyectos forman parte de una producción realizada en el marco del curso Puentes de Comunicación II de la Escuela Cocuyo, apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.
Para Eduardo Stein, representante especial de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y OIM (Organización Internacional para las Migraciones) para los refugiados venezolanos, los sucesos como los registrados en Iquique-Chile, son actitudes de algunos pocos, pero igual muy alarmantes.
En entrevista en #ConLaLuz, conducido por Luz Mely Reyes, directora general de Efecto Cocuyo, Stain proyecta que habrá 6,4 millones de migrantes venezolanos a finales de este año.
“Son 5,7 millones de migrantes y refugiados venezolanos en todo el mundo, y 4,6 millones en América Latina y el Caribe. Las solicitudes de asilo emitidas son menos de 800 mil, y reconocidos como refugiados hasta marzo del 2021 son 144 mil” dijo. “El resto de la gente se considera forzada a migrar, pero no necesariamente en categoría de búsqueda de refugio, sino que lo que quieren son espacios para echar raíces”.
Pies migrantes
Reconoció que la burocracia en algunos países dificulta el ingreso regular de los migrantes, destacó que “no hemos visto decaer la voluntad de acogida de los gobiernos de los países receptores”, sino que más bien “brotes de rechazo bastante focalizados en algunas poblaciones”, tal como sucedió recientemente en la población chilena de Iquique.
El alto flujo migratorio es una preocupación de la OIM y ACNUR, por lo que no se esperaban ese éxodo humano, “para el cuál América Latina no estaba preparada”.
El desplazamiento de migrantes venezolanos que se registra en toda la región de América Latina sigue siendo uno de los temas prioritarios para los países de acogida.
Chile, la tercera nación latinoamericana con mayor población migratoria venezolana, ha sido escenario de diversos enfrentamientos, que han puesto a los venezolanos en la palestra de la opinión pública.
A continuación, un breve recorrido para comprender los eventos acontecidos en el país austral:
Reanudan las deportaciones
El Gobierno de Chile anuncia el miércoles 22 de septiembre que retomará las deportaciones a migrantes en el corto plazo. Sin precisar la fecha, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señala que la medida se retoma, luego que la Corte Suprema anulara ciertos procesos tras la presentación de recursos de amparo.
La Corte estableció que entre los argumentos a favor para la no deportación están: reunificación familiar, demora administrativa, condiciones del lugar de origen y emergencia sanitaria por covid.
La última deportación se registró el 6 de junio, con 56 migrantes venezolanos acusados de haber cometido delitos o haber ingresado de forma irregular al país.
Desalojo de espacios públicos
El viernes 24, la policía desaloja a decenas de familias de inmigrantes que habían montado sus tiendas de campaña en la plaza Brasil en Iquique -norte de Chile- y que vivían en condiciones insalubres y precarias.
En el grupo residían muchos padres y madres con sus hijos menores. Fue un desalojo con incidentes y marcado por enfrentamientos entre Carabineros y los inmigrantes, que terminó con 14 detenidos (10 por desórdenes, dos por maltrato de obra a Carabineros, uno por una agresión con arma cortante a un vecino del sector y una por lanzamiento de elemento incendiario) y cinco policías heridos, reseña El País de España.
“El desalojo es algo que se había advertido y se está cumpliendo” explicaba el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. “No está permitido utilizar los espacios públicos que tienen fines de esparcimiento, de recreación, para instalar viviendas transitorias”, manifestó.
Marcha antiinmigrante
El sábado 25 de septiembre sin permiso de las autoridades, un grupo de manifestantes -convocado a través de las redes sociales- marchó desde la plaza Brasil hasta el palacio de la delegación presidencial en Iquique, donde gritaron consignas antiinmigrantes y cantaron el himno nacional.
Con banderas chilenas y carteles que rezaban «No más ilegales», los cerca de 5.000 asistentes a la protesta manifestaron su rechazo a la ola migratoria, que durante el mes de septiembre tiene a la zona norte del país en plena crisis por el colapso de algunos espacios públicos.
En la playa, un grupo insultó a una familia venezolana, que tuvo que ser resguardada por Carabineros. Luego, algunos de los manifestantes se dirigieron a un conocido espacio público donde viven inmigrantes, que fueron alertados previamente por la policía y alcanzaron a protegerse. En la avenida Aeropuerto con Las Rosas, un grupo de chilenos armó la fogata y comenzó a lanzar las pertenencias de unas diez familias venezolanas.
El incidente dejó al menos un herido y cinco detenidos.
A la fecha son cerca de 3.000 personas las que se encuentran varadas en Iquique, gran parte de ellos luego de haber ingresado a Chile por pasos no habilitados en la frontera y cruzar la ruta hacia la costa.
El Norte, la mayor puerta de entrada
El gobernador de región Tarapacá, José Miguel Carvajal, responsabilizó de la crisis migratoria al gobierno del presidente Sebastián Piñera, al quejarse que ni él ni el alcalde de Iquique fueron alertados del desalojo del viernes que alentó el rechazo de una parte de la población.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respondía a las críticas ese sábado 25 y dijo que el Gobierno seguirá fortaleciendo el plan de fronteras «para poder detener el paso de personas que quieren ingresar a Chile de manera clandestina».
Mientras que el alcalde de Colchane, Javier García, pedía al gobierno de Chile fijar políticas claras hacia los aymaras, como los derechos que gozan los migrantes. «Queremos que el Gobierno de una vez por todas se acerque a la comuna, converse con nuestras comunidades y fije políticas y acciones claras en torno a entregarnos seguridad y también a respetar nuestros derechos como aymaras. Al igual que los migrantes que gozan de protección internacional, los pueblos indígenas en Chile también gozamos de protección de derechos internacionales» dijo.
Por el paso de Colchane, en el límite con Bolivia, en junio pasaron 370 personas en forma irregular, mientras que en septiembre la cifra llegó a 1.826, de acuerdo a las estimaciones del Gobierno.
Rechazo internacional
Los actos violentos registrados en la marcha antiinmigrante generaron una serie de rechazos, así como la demanda de adoptar políticas de protección a los migrantes en Chile.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Gobierno de Chile a adoptar medidas urgentes para prevenir y eliminar prácticas de xenofobia, así como a observar los principios que rigen el uso de la fuerza. Ello, a la luz del Principio de No Discriminación.
#Chile🇨🇱 #CIDH condena el violento desalojo masivo de #PersonasMigrantes, en su mayoría venezolanas, que se llevó a cabo en la Plaza Brasil de #Iquique, el #24Sep. Según información, en el lugar se encontraban familias con niñas y niños. 🧵👇🏽
El relator especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes, Felipe González, calificó el acto como una «inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables, afectándolos en lo más personal» escribía González en su cuenta en Twitter. «El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo» continuó.
Por su parte, Unicef manifestó «su preocupación por la situación que están viviendo niños, niñas y adolescentes inmigrantes en Iquique y pide al Estado garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país».
El director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita Migrante (SJM), Carlos Figueroa, también condenó la violencia de esta marcha «acontecida como respuesta a un problema humanitario y sanitario».
PROVEA pidió a los Gobiernos que se articulen esfuerzos para que se eviten este tipo de actos violentos, como el ocurrido en Iquique.
Fiscalía abre investigación
La Fiscalía chilena abrió una investigación por el ataque a migrantes venezolanos indocumentados, cuyas precarias pertenencias fueron quemadas el sábado en la ciudad de Iquique.
La fiscal Jócelyn Pacheco de la ciudad de Iquique instruyó a la Policía de Investigaciones que investigue los hechos ocurridos «que terminaron con la quema de pertenencias de familias migrantes», indicó, este domingo 26, mediante un mensaje en la cuenta de Twitter de la Fiscalía de la región de Tarapacá.
#Iquique | Fiscal Jocelyn Pacheco se refiere a la apertura de la investigación por quema de enseres a migrantes que acampaban en Las Rosas con ExAvenida Aeropuerto. pic.twitter.com/qCxuTjvmOY
Pacheco también «dispuso medidas de protección para las víctimas», unos 16 migrantes, entre ellos niños y ancianos, que tuvieron que huir con lo poco que lograron rescatar y pernoctar en calles y playas de Iquique.
Conflicto interno
En víspera de las elecciones presidenciales en Chile, la mesa directiva del Senado puso un revés al Gobierno de Sebastián Piñera, al cuestionar las acciones del Ejecutivo por la crisis migratoria en el norte del país y, en específico, exigió presentar una querella por la violenta protesta contra migrantes realizada el sábado 25 en la comuna de Iquique.
«Los hechos ocurridos en la ciudad de Iquique el día 25 de septiembre de 2021, son alarmantes, dolorosos y nos avergüenzan profundamente», señaló la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), dos días después del incidente.
En esa línea, la mesa directiva de la Cámara Alta condenó «la conducta de ciudadanos de nuestro país que promovieron y ejecutaron acciones de violencia nunca vistas en nuestra patria y la campaña de criminalización de la migración».
La mesa directiva del Senado planteó las siguientes propuestas para abordar la crisis migratoria: 1) Agenda corta de medidas urgentes y locales en las ciudades del norte para enfrentar la situación con albergues de tránsito y provisiones, cumplimiento con los requisitos sanitarios para viajar a otra región. Y apoyo prioritario para casos en que hay familiares o redes de apoyo en otras ciudades. 2) Instalar una Comisión Interinstitucional con actores de las Regiones que permita el abordaje integral de la crisis. 3) Creación de una instancia intersectorial con instituciones públicas y privadas para dar una respuesta desde distintos ámbitos. 4) Levantar procesos que permitan regularizar casos con expedición.
Lo oficial: «Poner orden en casa»
Dos días después de los sucesos violentos contra migrantes venezolanos en Iquique, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, condenaba los disturbios.
“Estamos haciendo todo lo necesario para que ese crimen no quede impune y sea severamente sancionado de acuerdo a la ley” señala el comunicado emitido el lunes 27.
Piñera recordó los compromisos de su gobierno sobre las políticas migratorias. “Como Gobierno estamos cumpliendo nuestro compromiso de poner orden en nuestra casa, promoviendo una migración legal, ordenada y segura que proteja los derechos de los migrantes (…) por eso impulsamos una ley que favorece la migración legal y combate la migración ilegal.
Chile es país de acogida de más de 500 mil venezolanos, según cifras dadas por Piñera.
“(…) hemos creado una Visa de Responsabilidad Democrática que nos ha permitido acoger en nuestro país a más de 500 mil venezolanos y que, también, favorece la reunificación de las familias, porque no queremos que las fronteras dividan a las familias”.
La música y la comida siempre han estado presente el hogar de Ana María Hernández. Ella es periodista y migrante. Se fue desde Venezuela a Perú el 12 de octubre de 2017, día en el que se conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Ana María bromea, “vine a conquistar el Perú”, dice entre risas.
La periodista venezolana viajó junto a su hija y su hermano. En Perú se encontraron con el esposo de Ana María y comenzaron una vida en la capital peruana. La familia decidió emprender con un negocio en el que vendían comida tradicional venezolana. Aunque la idea no prosperó del todo, parte del sabor criollo se fue quedando en la ciudad de Lima, donde residen miles de venezolanos.
Ana María decidió hacer “yoyos”, una comida que mezcla el plátano, el queso y el aceite. Nada puede salir mal cuando la ecuación tiene presente a estos tres elementos. Los yoyos de Ana María se suman a una larga lista de platillos de Sabor Migrante, un esfuerzo editorial de Venezuela Migrante y Efecto Cocuyo, para contar la migración venezolana desde otra perspectiva. En esta agrupación de lujo también figuran las carabinas, las arepas de pescado, los golfeados, los tequeños y el pan de jamón.
Plátano, queso y aceite: unos yoyos venezolanos con mucho sabor
En Venezuela, Ana María hizo carrera como periodista de cultura en donde entrevistó a artistas de la talla de Raphael, Simón Díaz y Gustavo Dudamel, entre otros. Sin embargo, en 2017 decidió que la mejor decisión era buscar una mejor vida en otras tierras. Vendió su apartamento y se reencontró con su esposo en la capital peruana.
Al llegar, la venezolana invirtió buena parte de sus ahorros en comprar un local y abrir un negocio de venta de comida. Sin embargo, se dio cuenta que la mayoría de los peruanos preferían la comida típica de su país y no estaban tan abiertos a probar otros sabores.
No obstante, esta periodista que también da clases de guitarra y ukelele, se mantuvo fiel a la cocina criolla. Ana María se confiesa fan del plátano, algo que nunca puede faltar en su casa. Para Sabor Migrante, Ana María preparó “yoyos”, un plato que consiste en rellenar de queso los plátanos y luego rebosarlos para terminar en aceite bien caliente. Al no tener el queso blanco tradicional de Venezuela, Ana María encontró un sustituto ideal en el queso pária, producto tradicional peruano.
Para Ana María, la migración vale la pena si puede ayudar a los suyos en Venezuela. Confiesa sentir estabilidad en Perú y se emociona por el futuro de su hija, quien estudiará en una universidad local.
Para conocer la historia de Ana María, haga click en el siguiente video:
Alicia Suárez, zuliana de 53 años de edad, es una de las migrantes venezolanas que cruzó Río Grande para llegar a Estados Unidos. Tras ocho días en un centro de detención, Alicia por fin estaba en libertad, el pasado 21 de septiembre. “Necesito llamar a mi hijo, necesito decirle que estoy libre. Él me está esperando” cuenta la zuliana a Efecto Cocuyo.
La historia de migración de Alicia corre en dos tiempos fallidos: la primera que abarcó el recorrido desde el Zulia con parada en Barranquilla, Colombia hasta Ciudad de México. Sin embargo, fueron rechazados en el país azteca. El segundo intento fue de Barranquilla a Ciudad de México, pero no logró abordar el vuelo por una supuesta sobre venta de boletos.
En el tercer intento, Alicia logra viajar de Colombia a México, y de allí a la fronteriza Ciudad Acuña, para cruzar el río. “Los coyotes le dijeron que “todo iba a estar bien porque en México venía un día de fiesta y los policías no estaban tan pendientes de los migrantes” relata a Efecto Cocuyo. Se referían al Grito de Dolores, acto conmemorativo que se hace el 15 de septiembre a las 11 de la noche para recordar el inicio de la guerra de independencia mexicana.
El 12 de septiembre, Alicia y su cuñado comenzaron a cruzar el Río Bravo (Río Grande en Estados Unidos) con la esperanza de llegar rápidamente a territorio estadounidense. Así como Alicia, miles de migrantes haitianos cruzaban la frontera y empezaban a acumularse en la puerta de entrada de la ciudad Del Río, y, por ende, del territorio estadounidense.
“Nunca me voy a arrepentir de este camino. Ya he caminado muchos países para que este me venga a dominar. No sé por qué este país se puso contra los migrantes” relata Jesús Salas, carabobeño de 35 años, sobre su transito en Tapachula, Chiapas, al sur de México.
Salas cuenta a Efecto Cocuyo su travesía por ocho países que abarca desde la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, hasta México, donde busca cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos. Le acompañan su esposa, Paola Reyes, de 27 años, y sus cuatro hijos: Eudys José, de 18; Marianyelis Kisbel, de 12; Yonaiker Jesús, de 10; y Jhoneiker Antonio, de 10 meses. Este último nació en Quito, Ecuador, donde marcharon en 2018.
Ahora, cansado de malvivir con lo que ganaba cargando frutas y verduras en el mercado de abastos, decidió hacer las maletas y emprender la peligrosa ruta hacia el norte.
“Iré a donde papá dios me lleve, ya que no tengo un familiar allá en Estados Unidos, todo se lo dejamos en manos de dios”, afirma a Efecto Cocuyo.
En Tapachula, Salas pidió asilo, pero ha conseguido una identificación, lo que le permite trabajar. Colabora con la secretaría de Salud visitando los domicilios para buscar personas que no hayan sido vacunadas. Logró rentar un cuarto por 600 pesos.
Ante las dificultades, reconoce que México podría ser una alternativa. “Cualquier lugar que no sea Tapachula está bien” advierte. El problema es que, por el momento, debe permanecer aquí. La ley mexicana establece que quien solicita refugio debe quedarse en el estado donde realizó la petición. La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) está colapsada, así que no sabe cuándo concluirá su trámite.
El relator especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes, Felipe González, calificó el sábado, 25 de septiembre, como una «inadmisible humillación» el ataque incendiario contra un campamento de venezolanos en Chile, durante una protesta contra la inmigración irregular que dejó al menos un herido y cinco detenidos.
El suceso ocurrió tras una marcha -que convocó alrededor de 5.000 manifestantes- en la norteña ciudad chilena de Iquique, donde un grupo quemó las carpas que eran utilizadas por los migrantes venezolanos para pernoctar en plazas y playas.
Inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables, afectándolos en lo más personal. El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo. https://t.co/WwCRGIbFxu
— UN Special Rapporteur Migration Felipe González M (@UNSR_Migration) September 25, 2021
Felipe González desde su cuenta en Twitter condenó los actos violentos
«Inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables, afectándolos en lo más personal» escribió González en su cuenta en Twitter. «El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo» continuó.
El director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita Migrante (SJM), Carlos Figueroa, también condenó la violencia de esta marcha «acontecida como respuesta a un problema humanitario y sanitario».
PROVEA pidió a los Gobiernos que se articulen esfuerzos para que se eviten este tipo de actos violentos, como el ocurrido en Iquique.
Miles de migrantes y refugiados venezolanos huyen de Venezuela por una emergencia humanitaria, necesitando apoyo.
Los Gobiernos deben articular esfuerzos y cumplir tratados internacionales de protección para evitar actos degradantes como el de Iquique, Chile.
Mientras que el dirigente opositor venezolano Miguel Pizarro lamentó «profundamente» el desalojo en Iquique. «Actualmente los venezolanos somos la segunda crisis migratoria más grande del mundo y las naciones están en la obligación de brindar refugio y protección a quienes lo necesiten» escribió en Twitter.
Lamentamos profundamente los desalojos ocurridos el día de ayer en el norte de Chile. Actualmente los venezolanos somos la segunda crisis migratoria más grande del mundo y las naciones están en la obligación de brindar refugio y protección a quienes lo necesiten.
Pizarro, nombrado comisionado ante la ONU por el líder opositor Juan Guaidó, criticó así la operación por la que un amplio operativo de carabineros de Chile desalojó a unos 100 migrantes, entre ellos varios venezolanos, que dormían en Plaza Brasil, en el centro de Iquique, lugar en el que se asentaron hace meses fruto de la crisis migratoria.
De acuerdo con la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (R4V), en su reporte con fecha 5 de septiembre, en Chile habitan 457 mil venezolanos, ubicándose como el tercer país con mayor población migrante venezolana, después de Colombia y Perú.
Comunidad internacional – dirigentes de más de 40 países y organizaciones –brindan apoyo financiero que asciende a los 1.500 millones de dólares, de los cuales 954 millones corresponden a subsidios y otros 600 millones a préstamos, en solidaridad con las personas refugiadas y migrantes venezolanas.
El apoyo financiero permitirá que los Gobiernos y las organizaciones humanitarias continúen brindando asistencia de emergencia y ayuda humanitaria a la población venezolana más necesitada y sus comunidades de acogida, al tiempo que se encuentran soluciones a largo plazo.
