Francelys Vásquez Gómez y su hijo de nueve años viven en una habitación de un hotel en Chorrillos, un distrito de Lima. “Gracias a Dios, en mi antiguo trabajo, hice varias amistades. Un amigo le escribió a otro amigo para que me alquilaran aquí. Lo único que me pidieron fue pagar el mes por adelantado. Eso me da cierto alivio”.

Y ese alivio, como cuenta, también lo siente porque un hermano que está en Panamá pudo enviarle 100 dólares de ayuda, luego de que tuviera que mudarse forzosamente de la habitación que alquilaba. 

Previo a la pandemia, Francelys trabajaba como encargada en un bar karaoke. Dice que, aunque ganaba el sueldo mínimo, 930 soles, un equivalente a 280 dólares, estaba cómoda. “Con eso resolvía los gastos míos y de mi niño y le mandaba algo de plata a mi mami”, cuenta la mujer de 49 años. 

Pero desde el 15 de marzo, cuando decretaron aislamiento social obligatorio en Perú, Francelys ya sabía que se había quedado sin empleo. Al igual que muchos, no contaba con ningún tipo de ahorros lo que le imposibilitaba pagar la cuota de alquiler en la fecha pautada entre ella y su casera. Su jefe pudo darle, a duras penas, 100 soles (30 dólares) a inicios del confinamiento y después 50 soles (15 dólares) en abril. De ahí en adelante no recibió otro ingreso. 

Francelys, oriunda de Cumaná, estado Sucre, debía un mes de alquiler y su casera, como represalia, le cortó los servicios del lugar. Ante el desespero consiguió un monto de 80 soles para cancelar los servicios, pero no fue suficiente. Pidió apoyo a la representación diplomática comandada por Carlos Scull y desde allí le indicaron que llegara a un acuerdo. Sin embargo, la dueña del lugar no accedió. 

La mañana del 6 de junio a Francelys no le quedó otra opción que tomar las pertenencias de ella y de su hijo y marcharse. Incluso donde vivía tenía de vecinos a una pareja de venezolanos con una niña con discapacidad y le hicieron lo mismo, cuenta. 

Realidad de las migrantes venezolanas en el Perú

“Las mujeres venezolanas no han tenido una situación sencilla ni en Venezuela ni en los países de acogida”, comenta Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz).

El Cepaz, organización que trabaja en la promoción y defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y la cultura de paz, ha evaluado el fenómeno migratorio de las mujeres venezolanas en la región. “Empezamos a ver, como consecuencia general de la crisis humanitaria de Venezuela, que las mujeres están huyendo de una situación que atenta contra sus propias vidas y viola sus derechos, pero la movilidad se convierte en un espejo de la crisis de Venezuela”, comenta Borges.

Esto se debe principalmente a la situación que tienen que enfrentar las mujeres migrantes en los países de acogida a donde llegan. “En Perú, Ecuador, Colombia y Chile, que fueron los primeros en recibir venezolanos, vemos a mujeres y niñas que llegan con enfermedades crónicas, estado de desnutrición, porque no tenían acceso a la salud, alimentos”, dice. Además de tener que atravesar esto, las migrantes venezolanas ven en los países donde llegan otro riesgo, al no contar con políticas que garanticen, por ejemplo, la regularización de su situación, el acceso a un empleo digno, o condiciones de vivienda y educación adecuadas a su necesidad.

La ministra de la mujer y poblaciones vulnerables de Perú, Gloria Montenegro, explica que la situación no es ajena en el país; sin embargo, ella considera que hay falencias que no han sido cubiertas hasta el momento. “No hay un centro para las mujeres que lleve un registro, formalizado, con las direcciones para llevar nuestros programas. Algunas donaciones las hemos gestionado a través de la embajada del gobierno interino de Juan Guaidó; sin embargo hace falta organización para conocer su situación laboral, migratoria y de vulnerabilidad”. 

Por su parte, Liz Melendez, directora de la ONG feminista Flora Tristán, comenta que en diversas ocasiones han recibido “casos bastante dramáticos de mujeres venezolanas en situación de violencia”, a quienes han brindado asesoría y acompañamiento. Asegura estar consciente de que la población venezolana, en especial las mujeres, “se encuentra en una situación de alto riesgo, en relación a la violencia, al acoso y la desprotección por la precarización de su situación”.

Mujeres migrantes sorteando el desalojo y la falta de empleo

La motivación para migrar de Martha Salazar no fue muy diferente a la de Francelys. Ella salió de Caracas y arribó a Perú en septiembre de 2017. Su objetivo era encontrar una mejor calidad de vida para ella y para su familia. Esta mujer, venezolana de 51 años de edad, es docente, con especialización en idiomas. 

Vivió un mes en casa de una prima, quien la recibió en Huaral, un distrito ubicado a 45 minutos de Lima, pero por la falta de oportunidades, Martha decidió trasladarse hasta Lima. “Aquí fue que comenzó mi travesía”, dice.

Martha no tuvo un viaje sencillo. Al venirse por tierra desde Venezuela, y cuando se encontraba en la frontera colombiana le robaron el dinero que había reunido para su viaje, y se quedó solo con 30 dólares. Eso no la desanimó. “Me ayudaron los ángeles que me puso Dios en el camino. En distintos momentos me ayudaron con algunos dólares y así pude completar el viaje hasta Perú.

Una vez en Lima, Martha además de sortear el estigma de ser migrante, tuvo que pasar complicaciones por su edad. “Cuando llegué me dijeron que para una persona de mi edad es difícil conseguir trabajo, porque contratan solamente hasta los 36 años. Eso era lo que me decían”. Pero ella no se quedó de brazos cruzados. A medida que postulaba en las ofertas laborales en escuelas y colegios, preparaba helados, “marcianos” (como le dicen al chupi en Perú) y alfajores. 

En el Agustino, un populoso distrito de la capital, ubicado al noreste de la ciudad, a Martha la reconocen como la primera vendedora venezolana en salir a las calles con sus productos. “Aquí soy medio famosa”, dice mientras se ríe.

Pero no todo ha sido risa, también algunas experiencias amargas le ha tocado vivir a Martha. Ella recuerda que una señora le ofreció un lugar donde dormir, y al mismo tiempo un empleo en un colegio que tenía. Un día, sin un acuerdo previo, la dueña de la institución puso a Martha a cuidar de su madre que sufría demencia senil y Alzheimer sin ningún pago por esto. A pesar del panorama, la docente venezolana accedió por la oportunidad que representaba volver a dar clases.

Los días fueron pasando y con ellos vinieron algunas situaciones que dejaron a Martha a la intemperie en dos ocasiones. “La señora tenía una regla: no podía llegar después de las 8 de la noche a la casa. Un día llegué a las 8:15 y no quiso abrirme la puerta. Yo tocaba y llamaba, pero no salió. Ese día fue terrible. Dormí en la calle y al día siguiente tenía que dar clases. Lo mismo pasó otro día. Llegué tarde y no me permitió entrar a mi habitación”.

Luego de estas experiencias, Martha siguió trabajando, pero con la firme decisión de que al momento de recibir su pago, saldría a buscar un nuevo lugar donde vivir.

La responsabilidad del Estado

Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, afirma que es una responsabilidad del gobierno peruano atender estos casos de vulneración, especialmente aquellas que sufren violencia de género.

En el caso del aislamiento social, Navarro indica que las mujeres y las niñas pertenecen a las poblaciones que más han sufrido debido a la violencia en el hogar y a la carga de las labores. De igual manera señala que muchas de las migrantes venezolanas están en situación de vulnerabilidad porque han sido desalojadas de sus hogares, no cuentan con una red de apoyo y no pueden salir a la calle a trabajar para generar sus ingresos.

“Esta población lamentablemente no ha tenido acceso al bono del gobierno a pesar de estar en una situación en la que la mayoría trabaja de manera informal; en muchos casos se les ha negado el acceso a las canastas de alimentación”, declara. 

Para Navarro esto es una situación a la que el gobierno no ha sabido responder y afirma que son las organizaciones internacionales, las ONG de ayuda humanitaria las que han tenido la responsabilidad de ayudar.

Como organización, Amnistía Internacional envió una carta al gobierno en la que manifestó la situación de los 830 mil venezolanos que viven en Perú.

En el estudio “Análisis rápido de género”, presentado recientemente por Cepaz y Care Perú, se detalla que actualmente son las mujeres las que ingresan al país en mayor proporción (58%) y el 41.8% de estas tienen necesidades especiales en cuanto al acceso a servicios de salud y programas sociales. 

Dicho informe contempla que el 48% de las mujeres enfrentan barreras para cubrir las necesidades de empleo, salud, educación y seguridad social por su condición migratoria irregular y por su rol de jefa de hogar (52%).

Ante esta realidad, Erika Anchante Ramos, comisionada de la Adjuntía de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, asegura que existe la Ley 30364 que sanciona la violencia contra la mujer, en diferentes aspectos. “Toda mujer que denuncie violencia tiene derecho a la atención integral en centros de salud. Si es una mujer migrante que ha sufrido alguna violación, puede acudir a cualquier centro de salud para recibir atención”, declara.

Programas de atención para mujeres migrantes

La ministra Montenegro también presenta un panorama grave sobre la situación general de las mujeres en el Perú, aun cuando tienen programas de atención. “Los Centros de Emergencia Mujer (CEM), en el 2019, atendimos a 1.875 extranjeras; el 80% venezolanas (1500 aproximadamente). En el primer semestre del 2020, hemos atendido 607 extranjeras; 81% son venezolanas (491 aproximadamente)”, detalla.

Mientras que en el marco del estado de emergencia decretado en el país, implementado durante los meses de marzo a junio, la ministra comenta que brindaron atención a través de los Servicios de Atención Urgente a 33 extranjeras de las que 24 fueron venezolanas.

Además, señala que en las Unidades de Protección Especial actualmente atienden a 165 menores de edad entre 1 y 17 años venezolanos y a 80 mujeres de la misma nacionalidad.

Aunque no se tiene un programa específico para ayudar a mujeres migrantes que se encuentren en el Perú, existen algunas iniciativas en el país que se encargan de velar que las instituciones, sin excepción, puedan brindar un resguardo y protección a los derechos humanos de esta población vulnerable.

Melendez, de la ONG Flora Tristán, dice que la situación actual ha sido de preocupación para la organización. “El no contar con un programa específico ni tener estadísticas es algo de lo que adolece el país, información que permita visibilizar cuál es la dimensión realmente la situación de las venezolanas migrantes aquí”, dice.

Comentó que están tratando de consolidar un programa de atención a las venezolanas, con el que pretender promover una formación tanto de las mujeres como de jóvenes para la prevención de la violencia a través del conocimiento de sus derechos.

Las políticas públicas que se generen en los países de acogida es algo indispensable que debe desarrollarse desde los gobiernos. Así lo considera Borges, de Cepaz. “Ocurre que muchas veces, ante una violación de sus derechos, no denuncian porque están en una situación migratoria irregular, haciendo que las mismas mujeres se invisibilicen”, señala.

La historia continúa

Actualmente, el panorama para Martha ha mejorado un poco. “Ahora estoy más cómoda”, dice. Aunque antes le tocaba trabajar a largas distancias de su hogar, con la pandemia se ha reinventado y ahora dicta clases de una manera más tranquila desde casa. “Estoy mejor, justo porque en octubre del año pasado me compré una laptop y ahora puedo seguir trabajando. Sigo con mis clases en un nido (preescolar) en la mañana y un instituto en la tarde y además de las traducciones particulares que a veces realizo”.

Aunque por ahora está tranquila en la habitación donde vive, su perspectiva es mudarse a un lugar más amplio. “Mi hija, que está conmigo, es adolescente, ella necesita su espacio. Una vez termine la cuarentena comenzaré a buscar un lugar más grande para las dos”, comenta.

Para Francelys la historia es diferente. Por ahora hace trabajos de forma eventual “cuando un amigo me pide que vaya a su casa a limpiarla y me paga por eso”, señala. A futuro, esta venezolana espera, junto a un amigo, iniciar un trabajo como personal de mantenimiento en un minimarket, donde lo acompañará y así podrá generar ingresos que le permitan no solo pagar alquiler y servicios, sino la alimentación de su hijo y de ella, y nuevamente enviar remesas a su madre, que se encuentra en Venezuela.

¿Dónde recibir atención?

La Defensoría del Pueblo cuenta con 38 oficinas en todo el territorio peruano. Además cuentan con el 0800-15170, una línea gratuita que está habilitada para la atención telefónica durante las 24 horas.

Por su parte, la ONG Flora Tristán tiene centros de atención en todo el territorio nacional. En el caso de Lima, trabajan de forma focalizada en los distritos de San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador. También han dispuesto el correo [email protected] para que cualquier mujer que se encuentre en situación de violencia pueda recibir orientación. Aunque normalmente tienen un equipo en 5 comisarías de Lima, por la cuarentena, han paralizado las atenciones por las medidas restrictivas.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, que cuenta con 38 oficinas en todo el territorio peruano, ha señalado que es urgente proteger a los venezolanos en el país e integrarlos en una respuesta más inclusiva para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Frente a los desalojos que han ocurrido en diferentes partes de Lima, la capital, la Defensoría ha mencionado que los afectados pueden solicitar la intervención de la Policía Nacional y del Ministerio Público, quienes deben atender los casos de manera prioritaria. También cuentan con el 0800-15170, una línea gratuita que está habilitada para la atención telefónica durante las 24 horas.