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Las cuatro visiones migratorias ganadoras en elecciones de Ecuador

Cuatro visiones de país se impusieron en las elecciones presidenciales de Ecuador. Las cuatro tendrán representatividad en el parlamento y, de acuerdo a sus posturas, se legislará en beneficio o contra los intereses de los extranjeros residentes.  

El domingo 7 de febrero se llevaron a cabo los comicios para elegir al próximo presidente; así como a los 137 miembros de la Asamblea Nacional. Quien recibió la mayor cantidad de votos fue el economista Andrés Arauz. Le siguen el banquero Guillermo Lasso, luego el abogado Yaku Pérez, quien denunció el resultado como fraude. En cuarto lugar quedó el empresario Xavier Hervas

Por ahora, Arauz es el único seguro en la siguiente vuelta. El segundo lugar todavía es disputado por Yaku Pérez, quien  denunció un fraude en su contra.

En la Asamblea Nacional no habrá mayoría de facto. De acuerdo a la Ley Orgánica de la función legislativa la mayoría parlamentaria se alcanza con la mitad más uno, es decir, 70 curules. Unión por la Esperanza (Unes), la coalición de partidos que apoyan a Andrés Arauz consiguió 46 puestos. Le siguen el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, partido que apoya a Yaku Pérez con 26 asambleístas; Izquierda Democrática (ID) de Xabier Hervas con 17; el Partido Social Cristiano (PSC) con 17 y Creando Oportunidades (Creo) de Guillermo Lasso con 12. 

El PSC apoyó la candidatura de Lasso y es el partido político que más coincide con la ideología de centro derecha de su partido. Unes y Pachakutik tienen una orientación de izquierda, al igual que ID, aunque está más identificada con la socialdemocracia. 

Arauz, el heredero de Rafael Correa 

Este candidato es la apuesta del expresidente Rafael Correa (2007-2017) para mantener y profundizar su legado. Arauz de 36 años estuvo al frente del Ministerio de Cultura y luego frente al Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano. También fue director general bancario en el Banco Central de Ecuador (BCE).

Debido a la estrecha relación política entre Correa y el Gobierno de Nicolás Maduro, analistas y políticos prevén que Arauz sea aliado del gobernante venezolano. Lenin Moreno, quien próximamente dejará la presidencia, llegó al poder como parte de la facción política del correísmo. Sin embargo, a mediados de su primer año de mandato cambió su postura frente a la revolución bolivariana. 

Durante el Gobierno de Correa se redactó y aprobó la actual Constitución de Ecuador, en la que se encuentran garantías para los migrantes. También se promulgó la Ley Orgánica de Movilidad Humana al final de su Gobierno. Dentro de esta ley se resguardan una serie de derechos fundamentales para los extranjeros en el país, pese a su reciente reforma.

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Sin embargo, durante el Gobierno de Correa se deportó a un grupo de 121 ciudadanos de Cuba. Las personas estaban en los alrededores de la Embajada de México en Quito el 6 de julio de 2016. Pedían gestiones para que abrieran un corredor humanitario que les permitiera llegar a Estados Unidos. La Policía Nacional intervino, los detuvo e inició un proceso de deportación, para enviarlos a su país, gobernado por un aliado político del correísmo

Los abogados de los ciudadanos cubanos denunciaron ante la prensa nacional que sus defendidos permanecieron más de 24 horas detenidos. De acuerdo a la legislación penal ecuatoriana una persona que es arrestada in fraganti debe ser presentada a las 24 horas de su detención. Los ciudadanos fueron retenidos en el Hotel Carrión, un centro de acogida para extranjeros en proceso de deportación. Este lugar dejó de funcionar al oficializarse la Ley Orgánica de Movilidad Humana en febrero de 2017. 

Postura contradictoria de Arauz frente a la migración 

En un programa de televisión el candidato Arauz dijo que no permitirá que extranjeros le quiten puestos de trabajo a los nacionales. “Nosotros tenemos como prioridad atender al pueblo ecuatoriano”, enfatizó el aspirante presidencial. 

Pese a su respuesta tajante sobre la migración en la televisión, en la propuesta del candidato se plantea aumentar el padrón electoral de extranjeros dentro de Ecuador.

También aparece la ejecución del plan “Nadie sin papeles”. Con este programa aspira normalizar la situación migratoria de los extranjeros “iregularizados por el Estado”, como señala en su proyecto. 

En el plan de Arauz también se indica que buscará establecer albergues para migrantes “tanto emigrantes retornados como para inmigrantes en situación de vulnerabilidad”. 

El candidato propone profundizar la integración educativa de los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes, por medio de planes de adaptación y nivelación. Además, señala que buscará garantizar el acceso a la salud de las personas en movilidad humana y luchar contra la discriminación. Estos tópicos son parte de la Ley vigente en esta materia.   

La propuesta incluye:“la conformación de consejos consultivos de movilidad humana en los Consejos Cantonales de Protección de Derechos”. En la actualidad existen consejos de este tipo en los cantones donde hay mayor cantidad de venezolanos. 

Arauz también ofrece establecer corredores humanitarios para migrantes en tránsito en dirección Norte-Sur como Sur-Norte.

Aquí Plan de Gobierno de Andrés Arauz

Lasso y la centro derecha 

Guillermo Lasso es un banquero de 65 años quien ha sido tres veces candidato presidencial. En la primera contienda que participó perdió contra Rafael Correa en los comicios de 2013 en primera vuelta. Para su segunda postulación (2017)  logró llegar al segundo balotaje frente a Lenin Moreno, actual presidente de Ecuador. En esa oportunidad denunció fraude en su contra. 

El político de centro derecha ha sido más que candidato. Como presidente del Banco de Guayaquil dirigió la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. En 1994 fue vocal de la Junta Monetaria de Ecuador. Durante ese periodo el Congreso legisló en favor de leyes que desregularizaron la banca. Ese mismo año el Ejecutivo, bajo la presidencia del derechista Sixto Durán Ballén, impuso políticas de privatización de empresas públicas.

En 1998 fue nombrado Gobernador de la provincia del Guayas por el expresidente Jamil Mahuad. Un año después el mandatario lo escogió para liderar el Super Ministerio de Economía durante la crisis financiera de 1999. Lasso duró un mes en el cargo antes de renunciar. 

Como dirigente político ha sido abiertamente contrario al expresidente Rafael Correa y a la Revolución Bolivariana de Venezuela. Como candidato hizo comparaciones entre el mandatario ecuatoriano y el régimen de Chávez y Maduro. Durante su campaña hizo llamados a votar por él, para “que Ecuador no se convierta en Venezuela”

Propuesta migratoria de Lasso

El partido político de Guillermo Lasso, «Creo», apoyó la reforma sobre las causales de deportación de extranjeros por ser considerados peligro para la seguridad pública; sin que exista mecanismos explícitos para apelar la decisión. También estuvieron de acuerdo en agregar a la ley la posibilidad del Estado de retener a personas en proceso de deportación en centro de acogida.

En el plan de Gobierno Lasso no tiene una propuesta clara para afrontar el fenómeno migratorio venezolano. De los nueve párrafos destinados a este tema, seis son sobre contexto (cantidad de venezolanos en Ecuador, economía del país, tasa de empleo). Los otros apartados plantean pedir ayuda a organismos multilaterales y mezclan la seguridad transfronteriza con la movilidad humana. 

Solo en uno de los párrafos se infiere una acción ejecutiva. Se habla de la importancia de regularizar la situación migratoria de venezolanos en Ecuador, sin que se planteen mecanismos para ello. 

Sobre el apoyo de organismos multilaterales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA); en la propuesta Lasso indica que les pedirá ayuda para obtener datos de las personas en movilidad humana en las fronteras. También afirma la necesidad de hacer acuerdos multinacionales, para luchar con la trata de personas y el narcotráfico. 

Aquí plan de Gobierno de Guillermo Lasso

El silencio de Yaku Pérez en materia migratoria

Yaku Sacha Peréz, de 51 años, nació como Carlos Ranulfo Peréz. Cambió su nombre en 2017 a los que tiene en la actualidad, cuyo significado en quichua (idioma indígena)  es “agua del monte”. El dirigente político es abogado con posgrado en Gestión de Cuencas Hidrográficas, Derecho Ambiental, Justicia Indígena y Derecho Penal. 

El primer cargo público que ejerció fue el de concejal de la ciudad de Cuenca (sur de Ecuador) en 1996. Llegó a ese cargo luego que su partido, Pachackutik, iniciara una alianza con el Movimiento Cívico Nuevo País; una de las organizaciones semilla del partido Alianza País, con el que gobernaría el expresidente Rafael Correa. 

El partido Pachackutik es el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Esa agrupación solo tuvo otro candidato presidencial en las elecciones del 2006, cuando obtuvieron 2% de votos. 

Pachackutik apoyó al expresidente Correa en la Constituyente y en su victoria en los comicios 2009. Luego de ese año le hicieron oposición. El entonces presidente  entregó concesiones a mineras transnacionales, lo que provocó la ruptura con el movimiento indígena.  

Yaku Pérez fue uno de los líderes contra el “correísmo”. Su actual esposa, la periodista francobrasileña Manuela Picq también hizo oposición. Durante manifestaciones en agosto de 2015 contra la reforma constitucional la pareja fue arrestada.

El abanderado de Pachakutik no colocó ni una letra sobre la migración en su plan de Gobierno. Su enfoque es el ambiente y la despenalización del aborto. Sobre la movilidad humana ni él ni su partido tienen una posición concreta. 

Yaku Pérez quedó de tercero en las elecciones. Sin embargo, debido al reducido margen de diferencia entre su candidatura y la de Guillermo Lasso; el dirigente junto a su movimiento denunciaron que los comicios fueron fraudulentos. El movimiento indígena convocó manifestaciones en el país para exigir un reconteo de votos. 

“Están intentando infiltrarse gente del correísmo a través de nuestros hermanos venezolanos”, declaró el dirigente durante una rueda de prensa el pasado 17 de febrero. Según Pérez, si durante las protestas convocadas  existen conatos de violencia, los responsables no serían quienes pertenecen al movimiento indigena. 

Propuesta de Gobierno Yaku Pérez

Propuesta migratoria de la centro izquierda de Xavier Hervas

Xavier Hervas es un empresario quiteño de 47 años sin trayectoria conocida en la administración pública. Llegó a la contienda de la mano del partido Izquierda Democrática (ID), agrupación fundada en los años 70 por el expresidente Rodrigo Borjas Cevallos

Su línea de comercialización son las hortalizas congeladas. Durante el Gobierno de Rafael Correa viajó con delegaciones de esa administración para promover productos ecuatorianos en el exterior. Su partido apoyó la aprobación de la Constitución de 2008, promovida por el presidente Correa. 

ID es un partido político socialdemócrata. Actualmente pertenece a la Internacional Socialista, organización a la que pertenecen las agrupaciones venezolanas Acción democrática y Voluntad Popular.   

Hervas, como abanderado de este partido alcanzó el cuarto lugar con más del 15% de la votación. ID también logró obtener 17 puestos en la Asamblea de Ecuador, convirtiéndose en la tercera minoría parlamentaria. 

El abanderado  de ID, como Lasso, no planteó en su propuesta acciones concretas sobre temas migratorios. En su plan de Gobierno propuso  fomentar políticas “regionales de integración, movilidad humana y defensa de los de los derechos humanos”, al mejorar los procesos para regularización migratoria. 

Reafirmó que buscaría la integración de los migrantes en Ecuador al sistema de Seguridad Social, es decir, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess). También señaló que promovería, de acuerdo a su proyecto de Gobierno, el voto de los migrantes dentro de Ecuador.

Propuesta Xavier Hervas

Chile: 51 migrantes venezolanos podrán quedarse pero deben cumplir otros trámites para su regularización

En un fallo emitido por la Corte de Apelaciones de la ciudad de Iquique en Chile, se acogió un recurso de amparo presentado en favor de 51 venezolanos que ingresaron de manera irregular y que no serán devueltos a Venezuela. Como se recordará, la semana pasada fueron expulsados 86 connacionales por violar las normas chilenas. Según la instancia judicial, la expulsión afectó “la libertad ambulatoria de las personas amparadas”.

La sentencia detalla que la expulsión “no estuvo antecedida de un procedimiento en que los amparados hubieren podido controvertir el ingreso atribuido, ejercer su derecho de defensa ni exponer los antecedentes que estimare procedentes ante la pretensión de expulsión”.

Con ello, agrega el fallo, se trasgredió “su garantía relativa a la existencia de un procedimiento legalmente tramitado, racional y justo que anteceda a la dictación de la medida reclamada”.

Los trámites exigidos

Néstor García, de 22 años, fue favorecido con este fallo, pero indicó que aún tiene trámites pendientes para terminar su regularización y cerrar ese amargo capítulo de su vida.

“Cuando salimos del refugio nos dijeron que no hay necesidad de sacar el carnet de infractor, pero que debo seguir el proceso de auto denuncia desde Valparaíso que es donde me voy a quedar”, comentó.

El estudiante universitario ya recibió sus documentos el 17 de febrero de manos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile.

Lo que legalmente corresponde

 Lizza Aravena, jefa regional del servicio Jesuita Migrante, luego de la revocatoria de la expulsión, ya no es necesario que la persona continúe presentándose en PDI, ni que vuelva a realizar una auto denuncia. “Lo que corresponde es que envíe un escrito dirigido al Subsecretario del Interior en el que se le solicitar un permiso especial para poder tramitar una visa y así estar regularizado en el país”, explica.

Sin embargo, agrega que el trámite puede ser largo y existen casos de personas que tienen hasta dos años esperando ese permiso.

Néstor, que terminó su cuarentena y ya está en proceso de la reunificación familiar, expresó su agradecimiento a Dios así como la patrona de su región, la Chinita por la fortuna de no ser expulsado.

El acta de entrega que firman los migrantes cuando reciben sus documentos.

Dijo que a partir ahora retomará sus planes de buscar un trabajo y terminar sus estudios de periodismo en la Universidad Cecilio Acosta de Maracaibo de manera remota.

¿Qué pasó en Ecuador durante la presidencia de Lenin Moreno en materia migratoria?

Durante la presidencia de Lenin Moreno, Ecuador recibió a más venezolanos que en toda su historia. Para finales de 2020 en el país residían 415.835 personas de esa nacionalidad, de las cuales el 89% trabajan en la informalidad, de acuerdo a cifras del Ministerio de Gobierno.

El año de la llegada de Moreno 

El presidente Lenin Moreno llegó al poder el 24 de mayo de 2017. Ese año ingresaron a Ecuador 285,651 venezolanos, de los cuales 60,752 se quedaron dentro del país (cifras Ministerio de Gobierno). 

En ese tiempo no había restricciones de entrada para ciudadanos de Venezuela: para ingresar solo tenían que presentar un documento de identidad. Quienes no tenían pasaporte recibían la Carta Andina, permiso que les permitía estar dentro de Ecuador como turistas durante 180 días. 

Para entonces el Mandatario contaba con la Ley Orgánica de Movilidad Humana, oficializada el 6 de febrero de ese año. De acuerdo a la opinión de defensores de derechos humanos, la norma era una de las más avanzadas en materia migratoria. Fundamentada en la Constitución de Ecuador, la Ley migratoria garantizaba el disfrute pleno de derechos para los extranjeros. 

La economía del país, golpeada el año anterior, creció 2,4%, según el Banco Central de Ecuador. En lo político, Moreno asume como presidente con mayoría parlamentaria. Su partido, Alianza País, obtuvo en las elecciones legislativas 74 de los 137 curules de la Asamblea Nacional. 

El 14 de agosto, el presidente declara estar preocupado por la situación política de Venezuela. “Nuestro más hondo deseo de que pronto alcancen la paz y que no se derrame una gota más de sangre”, escribió en Twitter ese día. Desde entonces Moreno ha reconocido que existe una crisis humanitaria de origen político. 

Primer intento de restricción 

El fenómeno migratorio se incrementó desde finales de 2017. En las provincias limítrofes con Colombia y Perú recibieron miles de venezolanos diariamente. Muchos recorrían las carreteras a pie, sin abrigo adecuado y con niños. 

El 9 de agosto de 2018, el Gobierno de Lenin Moreno decretó el estado de emergencia en las provincias fronterizas de Carchi, Pichincha y El Oro. Con el mandato se ordenaba a las instituciones del Estado a focalizar recursos en favor de la integridad de los migrantes. Cancillería registró el cruce de un promedio de 4.200 venezolanos por los pasos  fronterizos

Mauro Toscanini, Ministro del interior de Ecuador, informó el 16 de agosto que desde el 18 de ese mes empezarían a exigirle pasaporte a los venezolanos. “Con la finalidad de garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos venezolanos como la seguridad en nuestro territorio”, explicó el funcionario. 

La medida fue dejada sin efecto por la jueza de Familia, Judith Naranjo el 22 de agosto de 2018. La Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública solicitaron medidas cautelares en favor de los ciudadanos venezolanos. Con la resolución judicial las autoridades migratorias no impedirían la entrada de ciudadanos de Venezuela sin pasaporte. 

En 2018 arribaron a Ecuador 955.637 venezolanos, de los cuales 153.786 se quedaron en el país; de acuerdo a cifras manejada por el Ministerio del Interior del Ecuador. 

Restricción segunda parte

El 4 de noviembre de 2018, el presidente Lenin Moreno firmó la Declaración de Quito. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. En él se comprometieron a diseñar y aplicar políticas en favor de la migración venezolana.

Sin embargo, para mediados de ese año el mandatario firmó el Decreto Ejecutivo 826, con el que se limitaba la entrada de venezolanos a Ecuador. Hasta el 26 de agosto de 2019 las personas de esa nacionalidad podrían entrar sin visa y con solo la cédula de identidad, gracias a los acuerdos suscritos entre los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

El Decreto presidencial señaló que se daría una amnistía a los venezolanos en Ecuador en situación irregular; mientras su día de llegada a Ecuador fuese antes del 25 de julio de 2019 y hubieran ingresado por medio de pasos migratorios oficiales. También tendrían que participar en el censo diseñado por el Ministerio de Gobierno para conocer la cantidad de venezolanos y su situación. Para ese año, 509.285 venezolanos entraron a Ecuador y 115.846 se quedaron en el país. 

La amnistía solo duraría hasta 20 de marzo de 2020. La fecha fue aplazada hasta el 14 de agosto debido a la pandemia Covid-19. Hasta ese día los venezolanos sin visa de residencia podrían regularizar su situación migratoria sin pagar una multa migratoria. En la Ley de extranjería se establece como falta cambiar de estatus de turista a residente después de 180 días de estadía. 

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Deportaciones

En julio de 2019 el presidente Lenin Moreno envió a la Asamblea Nacional un proyecto legislativo para reformar la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Entre los motivos para las modificación estaban, de acuerdo al mismo mandatario, la necesidad de expulsar del país a extranjeros que cometieran delitos.

El 4 de febrero de 2020 el presidente presionó a la Asamblea Nacional para que impulsará la reforma a la Ley de Movilidad Humana. El mandatario declaró que la reforma, «nos permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir o que son encontrados cometiendo delitos». El 30 de enero de 2021 los cambios a la Ley fueron aprobados por el legislativo definitivo.

Entre las reformas está una causal que permite la deportación de una persona si la autoridad en materia migratoria lo considera un peligro para la seguridad pública, sin que exista una audiencia para apelar a la decisión. Además, se planteó el traslado de manera «excepcional», de extranjeros en proceso de deportación a centros de acogida.

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La Visa Humanitaria

Debido a la falta de respuesta del Estado venezolano para entregar pasaportes, apostillas y antecedentes penales, muchos venezolanos en Ecuador no pudieron adquirir alguna visa de residencia. Para obtenerla se debía poseer documento de viaje vigente, junto a los antecedentes penales apostillados y demostrar demostrar medios para la subsistencia (trabajo y otros ingresos).

El Gobierno reconoció el problema. En la Declaración de Quito, en el punto quinto se hace mención a la dificultad de los venezolanos para acceder a pasaportes, por lo que los Gobierno firmantes se comprometieron a aceptar pasaportes con hasta cinco años de vencimiento. Es importante resaltar que esta promesa la reafirmó al presidente de la Asamblea Nacional de

Fundamentado en la Constitución, la Ley de Movilidad y la Declaración de Quito,  el presidente Lenin Moreno informó que se creaba la Visa De Residencia Temporal De Excepción Por Razones Humanitarias (Verhu), por medio del Decreto 826. El costo del permiso de residencia era de solo $50.

Para obtener la Verhu dentro de Ecuador no era necesario tener el pasaporte vigente, mientras su caducidad no superará los cinco años. No era necesario que estuviera sellado el documento de viaje, siempre y cuando el solicitante tuviera la carta andina sellada. 

Hasta el 13 de agosto se emitió dentro de Ecuador; ahora la Verhu solo puede ser adquirida en los consulados ecuatorianos Lima y Bogotá. En esas misiones diplomáticas el permiso de residencia no se otorga sin pasaporte vigente. Esa ventaja culminó con la ultima visa humanitaria aprobada en Ecuador.

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Adiós a la visa Unasur

En la ley Orgánica de Movilidad Humana se estableció la Visa Unasur, gracias a los acuerdos suscritos con el organismo homónimo. El precio de ese permiso migratorio era la mitad de casi todas las demás visas. Además, para obtenerla no se exigía demostrar medios para la subsistencia (trabajo y otros ingresos), lo que permitió a muchos venezolanos regularizar su situación. 

Desde el 5 de febrero de 2021 la visa Unasur tampoco se puede adquirir. Con la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana ese permiso queda eliminado, al igual que todo beneficio referente a la organización suramericana. Para que un venezolano con estatus migratorio irregular se pueda regularizar, tendrá que pagar la multa migratoria ($200 en la actualidad) y solicitar alguna de las visas disponibles. Ninguna baja de $450.

De acuerdo al Ministerio del Interior de Ecuador había aproximadamente 415.000 venezolanos en el país hasta 2020. De esa cantidad, casi 208.000 se estima se encuentran situación migratoria irregular. Esta población está sujeta a deportación y sin opciones para regularizarse. La frontera sur y norte están cerradas y el costo de la visa supera los ingresos de muchas familias venezolanas. Este es el legado.

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Pese a la pandemia, se incrementa la salida de personas de Venezuela, según informe de CDH-UCAB

El miércoles 17 de febrero, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello publicó su más reciente informe Caminantes de ida y vuelta. El flujo de caminantes venezolanos por el continente en tiempos de pandemia, donde evidencia que el cruce por vía terrestre no se ha detenido pese al cierre de fronteras. “Solo han variado las modalidades, aumentando los riesgos para los caminantes y disminuyendo el control sobre la población que ingresa”, se lee en el estudio.

Entre los aspectos que destaca la investigación está el del reflujo, entendido como el evento de salida de personas desde Venezuela por segunda vez, después de haber regresado a pie desde Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Este fenómeno, según explican, comenzó a presentarse desde junio de 2020 y se produce actualmente en condiciones de mayor precariedad. 

El incremento de niños y adolescentes en las rutas a pie, de madres lactantes y adultos mayores, así como también la salida de grupos familiares extendidos, advierten se trata de una nueva fase del perfil de la movilidad humana venezolana que plantea retos adicionales para los países receptores, tras el alto grado de vulnerabilidad que caracteriza a esta población.

Otro de los aspectos que destaca el informe es la normalización del trayecto en ambas direcciones. “El venezolano ya se probó en su resistencia, en su resiliencia, en su capacidad de aguante en las vías. Y eso ahora le hace fácil ahora caminar desde Venezuela. Se confronta consigo mismo: ‘si fui capaz de caminar desde Cúcuta hasta Bogotá, soy capaz de caminar de Caracas hasta Cúcuta y luego continuar’. También se siente impulsado porque ya conoce la vía y ya domina este tema de ir y venir”, señaló Adriana Parra, directiva de la Fundación Tempus 2000.

Dentro de las recomendaciones especifican que en los países de tránsito, y en especial en las franjas fronterizas, deben establecerse protocolos para identificar y asistir a personas con necesidad de protección internacional y evitar su devolución, incluyendo la disposición de recursos de apelación y asistencia legal.

“En el contexto de la pandemia, es indispensable que las políticas públicas no discriminen a los migrantes y refugiados debido a su condición migratoria. En el marco del derecho a la salud, el acceso a la vacuna debe ser universal, de acuerdo con los lineamientos establecidos por expertos del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas quienes enfatizan la importancia del acceso universal a la vacuna en igualdad de condiciones y recuerdan que la inclusión de los migrantes en los planes de vacunación no solo los beneficia a ellos sino también a las comunidades de acogida”, señalan.

En tal sentido, expertos en derechos humanos y políticas migratorias expresan que resulta urgente que los Estados receptores exploren mecanismos de identificación y regularización con un enfoque de flexibilidad, creatividad y responsabilidad compartida.

“El panorama general para 2021 es complejo, pero es precisamente en momentos de contracción económica, cuando las redes de apoyo deben ser mayores y no excluyentes, en concordancia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, se lee en el texto.

Según proyecciones del enviado de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Eduardo Stein, se estima que unas 800 mil personas podrían salir de Venezuela en 2021, lo que ubicaría el total de venezolanos fuera del país en 6,2 millones.

Los pasos irregulares

Países como Colombia mantienen sus fronteras terrestres cerradas desde marzo de 2020, por lo que solo de manera excepcional es posible ingresar al país u otra nación de la región por vía regular. En consecuencia, todo el paso de personas desde Venezuela a Colombia y Brasil y de allí a otros países se realiza por pasos irregulares, denominados “trochas”.

Esta situación, según precisa el informe, se repite en los diferentes puntos fronterizos hasta el destino final en Ecuador, Perú y Chile, así como también en el caso de quienes usan la ruta de países andinos para seguir a Bolivia o Argentina.

“De tal manera que el cierre de fronteras se convierte en un factor que incrementa el número de personas en condición irregular”, advierten.

También denuncian que dichos caminos no autorizados están controlados por grupos armados irregulares, quienes deciden los momentos de paso y cobran por el uso de la ruta, tanto por pasajero como por equipaje, teniendo incluso diferentes tarifas según el tipo de equipaje. Inclusive, en estos puntos, según se lee en el informe, los caminantes venezolanos son blanco de extorsión por los funcionarios en las alcabalas, quienes les piden dinero o les despojan de ropa, alimentos u otras pertenencias que llevan para el trayecto. 

“La población que llega por la vía entre el estado Táchira y Norte de Santander es la más numerosa. En lo que respecta al paso entre el estado Zulia y el departamento de La Guajira, si bien se presenta un volumen menor de personas, el flujo tampoco se ha detenido durante la pandemia.El paso entre el estado Apure y el departamento de Arauca también se encuentra cerrado a través del puente Páez, por lo que las personas están ingresando por otros cruces, a la altura de los municipios fronterizos de Saravena, Arauquita, Arauca y Cravo Norte. En este tramo de la frontera, todos los cruces son fluviales, de manera que el ingreso se produce en canoas”, detallan. 

También precisan como hecho novedoso que algunos caminantes que llegan a Ecuador se habían establecido antes en Colombia. A pesar de que, a diferencia de Colombia, Ecuador exige visa a la población venezolana, varios factores estarían contribuyendo a este nuevo desplazamiento. “En primer lugar, las dificultades para la regularización migratoria en Colombia, hace que las personas se establezcan en la frontera ecuatoriana, donde hay menos control y pueden pasar desapercibidas. Otra razón para una mayor presencia de caminantes en Ecuador es que algunos de ellos han visto truncados sus planes de proseguir hacia Perú o Chile, porque se quedan sin recursos y optan por permanecer en Ecuador, especialmente en zona de frontera donde se sienten menos visibles”, indican.

Vocación de permanencia

La investigación, desarrollada entre octubre 2020 y enero 2021, demuestra que la mayoría de los caminantes consultados expresaron que  no tenían expectativas de volver a Venezuela para vivir, aunque sí les gustaría regresar de visita, “lo que indica que la vocación de permanencia que ya se había comenzado a observar en fines de 2019 no ha desaparecido y, por el contrario, parece estarse fortaleciendo”.

Además precisan que tras recoger varios testimonios de caminantes venezolanos, muchos coinciden en que el esfuerzo vale la pena, aún en el escenario actual de incertidumbre. Un caminante en el departamento de Cundinamarca afirmó “Yo prefiero morir luchando por mis hijos en la carretera que esperar la muerte en Venezuela sin poder hacer nada”.

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Relator especial de la ONU: “Los Estados no pueden expulsar discrecionalmente a migrantes”

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El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Felipe González, volvió a hacer énfasis en que los Estados no pueden expulsar discrecionalmente a migrantes en sus territorios. González, quien es relator especial para los Derechos Humanos de los migrantes, emitió su opinión con respecto a las deportaciones realizadas recientemente por el gobierno chileno.

Felipe González afirmó que “los Estados no pueden expulsar discrecionalmente a migrantes”. El relator agregó que deben ser consideradas solicitudes de asilo, así como “factores humanitarios, vínculos familiares, el mejor interés del niño o niña, el arraigo y ostros aspectos, así como asegurar el acceso a la justicia.

González emitió este comentario a través de la red social Twitter el pasado martes 16 de febrero. Sin embargo, no es la primera vez que el funcionario diplomático se expresa en contra de las deportaciones y de la vulneración de derechos hacia los migrantes.

Relator especial de la ONU se expresa sobre la militarización de las fronteras y las deportaciones

Los primeros comentarios de Felipe González llegaron el pasado 4 de febrero y eran referentes a la militarización de las fronteras en varios países sudamericanos. González afirma que este tipo de decisiones “es el episodio más reciente de una serie de medidas contradictorias e improvisadas de política migratoria”.

González agregó que, a nivel internacional se reconoce que la movilización de venezolanos por varios países de Sudamérica “obedece a una crisis humanitaria en ese país”. No obstante, González asegura que esto no fue acompañado de la “medida lógica, que hibiera sido el reconocimiento como refugiadas de las personas venezolanas en situación de movilidad o el otorgamiento de otras formas de protección internacional para ellas”.

El relator especial culminó en esa ocasión recordando que “el recurso de las Fuerzas Armadas en materia migratoria produce graves violaciones a los derechos humanos de las personas en movilidad”.

El mensaje más reciente del funcionario de la ONU fue debido a la deportación de decenas de personas migrantes desde la comuna de Colchane, en Chile. La deportación ocurrió el pasado 10 de febrero, pero todavía hay más venezolanos a la espera de ser deportados por autoridades chilenas.

González destacó que los Estados deben buscar formas de proteger a los migrantes, en especial a los que se ven forzados a movilizarse de sus países de origen.

¿Cómo es el plan de vacunación que inició Perú y que incluye a la población migrante?

El plan de vacunación en el Perú inició el pasado 8 de febrero, y fueron los médicos, enfermeros y enfermeras, y el personal de salud que combaten la pandemia por el Covid-19 en primera línea, los que recibieron las dosis de las primeras 300 mil vacunas que arribaron al país, adquiridas del laboratorio chino, Sinopharm.

Al día del arribo de las vacunas, la entonces ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Elizabeth Astete, anunciaba durante una sesión virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que los venezolanos residentes serían incluidos en el plan de vacunación. El anuncio lo hizo después de ser increpada por la congresista del partido Acción Popular, Mónica Ocharán, por la violación de los derechos humanos que se cometieron contra los migrantes en la frontera.

«No podría haber una diferencia», aseguró la ex ministra durante la consulta de la congresista. Aseguró que aunque el plan es gestionado por el Ministerio de Salud, los extranjeros residentes también serán incluidos.

Por su parte, Nela Herrera, presidenta de la ONG Ocasiven, aplaudió el anuncio. “Celebramos está medida ya que todos tenemos derecho a la salud y la vida y justo por razones de salud pública esta medida es oportuna”.

Fases establecidas en el plan de vacunación

Perú dispuso un plan de vacunación a través del Ministerio de Salud (Minsa). Con él se prevé inmunizar a 22.2 millones de personas, de acuerdo con la disponibilidad de las vacunas y priorizando la población de riesgo.

Este plan se desarrollará en tres fases:

  • Fase I: busca proteger la integridad del Sistema de Salud y continuidad de los servicios básicos. Aquí vacunarán a toda persona que presta servicios en las diferentes instancias del sector salud, al Presidente de la República, al personal de las Fuerzas Armadas y Policiales, Bomberos, Cruz Roja, personal de seguridad, serenazgo, brigadistas, personal de limpieza, estudiantes de la salud, miembros de las mesas electorales.
  • Fase II: en esta etapa reducirán la cantidad de personas en riesgo de enfermedad y fallecimiento. Aquí vacunarán a adultos mayores de 60 años a más, personas con comorbilidad a priorizar, población de comunidades nativas o indígenas, personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y a los privados de libertad.
  • Fase III: el objetivo de esta fase es reducir la transmisión de la infección en la comunidad. Se tiene previsto vacunar a personas de 18 a 59 años que lo soliciten.

Médicos venezolanos vacunados en la primera fase

Según el portal Salud con Lupa, en el país hay más de 5 mil 630 venezolanos que trabajan como personal de salud en la primera línea de combate y que serán vacunados. Esta cifra corresponde al número de profesionales de la salud contratados por el Ministerio de Salud para trabajar en medio de la emergencia sanitaria.

“Según datos de esta cartera, la mayoría labora en las regiones de Lima y Arequipa y son principalmente de las profesiones de Enfermería, Medicina o técnicos asistenciales. Solo en Lima Metropolitana, laboran 578 profesionales venezolanos de salud”, reporta el medio digital especializado en temas de salud.

Personal extranjero contratado por el Minsa durante la pandemia. Fuente. Saludconlupa.com

¿Qué pasará con los migrantes no residentes?

Si bien la ex ministra Astete se refirió únicamente a la inclusión de «venezolanos residentes», no expuso con claridad en qué fase del plan de vacunación entrarán los venezolanos.

En el Perú hay más de 830 mil venezolanos registrados en la Superintendencia Nacional de Migraciones. Según la Plataforma para los Refugiados y Migrantes Venezolanos, para agosto de 2020 habían 1 millón 43 mil 460 extranjeros en el país, de los cuales solo 477 mil 60 tienen permiso de residencia y de estancia regular, y 496 mil 95 están con la condición de solicitante de refugio.

Sin embargo, el 12 de febrero, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, no solo ratificó que vacunarán a los extranjeros que vivan en el Perú, sino que lo harían aunque sus documentos no estén regularizados.

«Dentro del proceso de vacunación están comprendidas todas las personas que vivan en nuestro país, independientemente que sean peruanos o extranjeros… Hay personas que vienen de Venezuela y no han tenido la posibilidad de regularizar sus documentos, pero están considerados. Son personas que han llegado con muchas dificultades. La vacuna es universal y gratuita y debemos atender a estas personas», declaró durante una entrevista con Canal N el 12 de febrero.

¿Cómo y cuándo?

El plan de vacunación ya comenzó en Perú. La primera fase comprende al personal de salud, independientemente de su relación laboral con el Sistema de Salud. En esta fase están incluidos más de 5 mil 600 médicos venezolanos.

Según el portal del Ministerio de Salud, hasta este martes habían 141 mil 367 personas vacunadas, lo que representa un 76.89% de la meta de vacunación en esta primera fase.

Aún queda a la espera saber si los migrantes venezolanos serán incluidos en el proceso de vacunación en cada una de las fases, tal como se tiene previsto, o desde el Minsa dispondrán de un cronograma distinto para atender a esta población. Todavía no se ha dicho nada al respecto.

Además de que Perú enfrenta una grave crisis por la falta de oxígeno en los hospitales, actualmente se ha visto afectado por el «Vacunagate«, una revelación donde señalan que más de 480 personas, entre ellos el ex Presidente, Martín Vizcarra, la ex Ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y otros funcionarios del gobierno, rectores de universidad, y más, fueron favorecidos con vacunas de cortesía del laboratorio chino, Sinopharm.

Conozca a los 20 venezolanos que más resaltan en Chile

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La migración de venezolanos es un fenómeno que moviliza a millones de personas. Países como Colombia, Argentina, España, Estados Unidos, Perú y Chile cuentan con cientos de miles de criollos que llegaron a esas tierras en búsqueda de un mejor futuro. El diario chileno La Segunda elaboró una lista de los 20 venezolanos más destacados que migraron a la nación austral.

En el trabajo especial publicado el sábado 13 de febrero, resaltan médicos de distintas especialidades, sociólogos, educadores, empresarios, cocineros e ingenieros. Todos aportando su grano de arena a la sociedad chilena y desmontando mitos infundados sobre los movimientos migratorios.

Venezolanos migrantes que resaltan en la sociedad chilena

De los 20 venezolanos mencionados en el trabajo especial del diario chileno, 14 son hombre y 6 son mujeres. El trabajo divide a los venezolanos en sectores académicos, emprendedores, ejecutivos y médicos. En el ámbito académico resalta Marinella Mazzei, socióloga y demógrafa, quien actualmente coordina el postgrado de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. También se muestra al economista Juan Cristóbal Nagel, al historiador Alfredo Gorrochotegui y a la médico neurólogo Lucía Graterón, quien es Directora Académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de Los Andes.

En el renglón de los emprendedores son ocho los venezolanos resaltados. Sumito Estévez, chef y conductor de un programa de televisión. También está César Arcay, quien es empresario gastronómico y os ingenieros Edgar López, Carlos Sánchez, Miguel Brito, María Migdalia Ramírez y Roberto Sánchez. La lista la completa Alberto Rodríguez, quien es socio fundador de Via Parku, una empresa de gestión de inversiones.

Cuatro ejecutivos también tienen lugar en la lista. Julián Nebreda, Leonardo Caserza, Enairo Urdaneta-Ponte y Marjuli Hidalgo, quien además es periodista y editora. En la medicina se mencionan a Arquímides Rodríguez, Alejandro Briceño, Mónica Hernández y Jackelby Terán, todos destacados en distintas disciplinas.

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¿Qué pasará con los venezolanos expulsados de Chile y con los que faltan por deportar?

Aunque más de 86 ciudadanos venezolanos ya fueron deportados de Chile y existen otros 25 con procesos de expulsión abiertos, la situación no ha llegado a su cierre. Lizza Aravena, jefa regional del servicio Jesuita Migrante, explica a Venezuela Migrante qué está pasando con los expulsados y los que tienen boleta expulsión.

Lo primero que pide que se tome en cuenta es que, con este tipo de procedimientos previstos en la ley de Chile, no se frenará la salida de venezolanos de su país de origen, ni el ingreso por los caminos irregulares.

“No son números, son personas; no son criminales, son ciudadanos con valores que vienen a contribuir con el desarrollo de este país”, reflexiona.

¿Qué pasó con los primeros expulsados?

“Fueron víctimas de la falta de información”, explica Aravena.

Detalla que la ley 1094, en su Artículo 69 establece que “los extranjeros que ingresen al país o intenten egresar de él clandestinamente, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo. Si lo hicieren por lugares no habilitados, la pena será de presidio menor en sus grados mínimo a máximo. Una vez cumplida la pena impuesta en los casos precedentemente señalados, los extranjeros serán expulsados del territorio nacional”.

Agrega que la  legislación contempla un trámite que se llama autodenuncia, la cual se puede apelar cuando la persona reconoce ante la PDI que infringió la ley, sincera los motivos por los cuales ingresó a Chile y muestra los siguientes documentos en las 24 horas siguientes:

  • 1. Documento de identidad válido como una cédula o pasaporte.
  • 2. Vínculo de arraigo, que puede ser una propuesta de trabajo, es que existe.
  • 3. Vínculo familiar, que el migrante demuestre que tiene lo reciba y lo pueda apoyar económicamente.

“Una vez que comienza este trámite pueden pasar hasta 6 meses. No hay un tiempo máximo. No hay vías cortas es un proceso largo”, detalla.

¿Los expulsados pueden volver a Chile?

Sí, “la persona no podrá volver a Chile mientras la orden se encuentre vigente y esta orden es indefinida pero también es posible pedir que se revoque”, explica la funcionaria del Servicio Jesuita Migrante.

Aravena resalta que ese es un proceso mucho más complejo pues se trata de un recurso que debe ser interpuesto por un abogado y seguir lo trámites regulares según el caso.

Migración más amable

Aravena recuerda el llamado de las ONG que defienden los derechos humanos para que el tema migratorio sea más amable. Recuerda que el paso fronterizo irregular más que un tema migratorio es humanitario.

“No se resuelve con más restricciones y tampoco depende de un solo país. No se pueden seguir pidiendo documentos apostillados a gente que viene de país con tantas limitaciones”, resalta.

Permiso de Protección Temporal: un desafío para Colombia y para los migrantes venezolanos

El pasado 8 de febrero Colombia marcó un hito al convertirse en el primer país latinoamericano que avanza en materia de política migratoria, al menos en las últimas tres décadas, al anunciar la creación de un Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (EVTP) que permitiría la regularización masiva y a largo plazo de los migrantes venezolanos en ese país, brindándoles así la oportunidad de acceder al sistema laboral y de salud, entre otros beneficios. El único derecho, a modo general, que no obtienen con esta medida porque no son nacionalizados como ciudadanos colombianos es el derecho al voto.

Este mecanismo jurídico sólo había sido implementado por países como Estados Unidos, en la década de los 90, con unas nacionalidades específicas, y Turquía.

En el caso de Colombia, la medida ampara a casi dos millones de venezolanos que al corte del 31 de diciembre se encontraban en el país; de esa cifra, más de la mitad estaría en condición irregular, pese al esfuerzo de aquella nación por regularizar el estatus migratorio a través de distintos mecanismos provisionales.

Según reza el proyecto de decreto, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional mediante las medidas de flexibilización migratoria, de acuerdo a las cifras consolidadas por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia con corte al 31 de agosto de 2020, el ingreso de migrantes venezolanos al territorio nacional con intención de permanencia continúa en ascenso y, desde el mes de septiembre de 2019 se evidencia que el número de migrantes venezolanos con una situación migratoria irregular corresponde a un porcentaje mayor que aquellos que se encuentran de manera regular.

En ese sentido, desde hace más de un lustro, el país había creado el Permiso Especial de Permanencia, e inclusive, años atrás, también la Tarjeta de Movilidad Fronteriza que permitía el ingreso, tránsito y permanencia temporal de los ciudadanos venezolanos en lugares de frontera, por un plazo máximo de siete días.

Ahora, con este estatuto se reduce a dos mecanismos: el Permismo de Protección Temporal (PPT) y el visado. Ambos, además, excluyentes. Es decir, la expedición de cualquier tipo de visa dará lugar a la pérdida de vigencia del PPT contemplado en el ETPV.

Transcurridos 90 días posteriores a la publicación del decreto, por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para venezolanos, se implementará en dos fases: 1) el Registro único de Migrantes Venezolanos; 2) Expedición del Permiso por Protección Temporal. Para obtener este último es obligatorio estar inscrito en el primero.

El PPT, que además solo lo expedirá Migración Colombia, le permitirá a los migrantes venezolanos acreditar su permanencia en Colombia para los efectos de la acumulación del tiempo requerido para aplicar a una Visa Tipo R. La Autoridad Migratoria podrá cancelar el Permiso por Protección Temporal, por ejemplo, cuando el titular se ausente del territorio colombiano por un período superior a seis meses continuos.

Previo a la publicación del decreto, el proyecto tiene un lapso de quince días para estudio, análisis y recomendaciones por parte de la sociedad civil y organizaciones.

“Ahora nos encontramos en el período de censo y consenso. Porque como no es una ley, sino es un decreto, que si bien se convierte en estatuto, requiere de una serie de validaciones, primero, a lo interior de las propias organizaciones que estamos a favor de la migración, de aquí al 23 de febrero que podamos hacer recomendaciones”, explica el vocero del Observatorio de Venezuela la Universidad del Rosario de Colombia, Ronal Rodríguez quien advierte que el reto de este decreto estará en como Migración Colombia asumirá la reglamentación, cómo establecerá las resoluciones y qué tan hábiles resultarán para corregir la ruta en el momento que se detecten problemas.

Derecho a la familia

En el proyecto de Estatuto no queda especificado si el mecanismo jurídico aplica para el núcleo familiar. En tal sentido, para la asesora legal de la Clínica Jurídica para Migrantes en Universidad de los Andes, resulta determinante, sobre todo para garantizar el derecho a la familia y velar por los derechos de los menores de edad.

“Migración Colombia debe garantizar el principio de unidad familiar y debe reconocer que la gente no migra en el vacío. Es decir, la gente migra con sus lazos familaires, afectivos, laborales. Hasta ahora el PEP no ha permitido que se beneficie nadie del nucleo familiar. Cosa que no ocurre con las visas: tú puedes solicitar una visa como beneficiario siendo cónyuge, o la de tus hijos”, advierte Dib.

Migrantes Vs. Refugiados

El proyecto de decreto estipula que la expedición del PPT no equivale al reconocimiento de la calidad de refugiado ni implica el otorgamiento de asilo.

Entre los requisitos que se establecen para obtener el Permiso por Protección Temporal resalta el estar incluido en el Registro Único de Migrantes y no tener antecedentes, ni anotaciones ni procesos administrativos o judiciales en curso.

Advierte que el PPT no puede tenerse de manera simultánea con ningún otro permiso o visa. En caso de concurrir con cualquier tipo de permiso, incluido el Salvoconducto SC-2 otorgado a los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, prevalecerá el PPT y el otro será cancelado en forma automática por la autoridad migratoria. Si concurre el Permiso por Protección Temporal con una visa, prevalecerá la visa y el Permiso será cancelado en forma automática por la autoridad migratoria.

Para la también profesora e investigadora de la Universidad de Los Andes, Laura Dib, resulta conveniente hacer la distinción entre refugiado y migrante “porque frente a los migrantes puede haber discrecionalidad, si Migración Colombia los admite o no; mientras que frente a los refugiados hay obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que no pueden ser desconocidas. El escenario idóneo no es que la persona por el hecho de acceder al permiso pueda desisitir de la solicitud de refugio, sino lo contrario, seguir con su solicitud, a pesar de haber accedido al permiso”, advierte.

Por su parte, la socióloga investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, a cargo del área de derechos de migrantes y refugiados, Ligia Bolívar, sugiere sea mucho más específica la diferencia entre solicitantes de refugio y refugiados.

Según interpreta Bolívar, los solicitantes de refugio entran a este régimen de EPTV, hasta tanto se decida su condición de refugiado, si se la aprueban o no. Y una vez que se les apruebe la condición pasan a tener una visa, y por lo tanto salen del sistema del PPT. “El solicitante de refugio no tiene visa y por eso va al EPTV y de acuerdo con el parrafo transitorio dice que si obtiene el permiso el salvoconducto será cancelado por la autoridad migratoria, sin prejuicio de la continuidad del trámite. Es decir, el trámite continúa”, adelanta.

Ambas manifiestan su preocupación ante la posibilidad de que se desdibuje el derecho de la población migrante venezolana de solicitar su condición de refugio.

“El salvoconducto SC-2 te permite permanecer de forma regular en Colombia y te permite afiliarte a salud. Pero es un documento supremamente limitado que tiene dificultades, por ejemplo, para el acceso a servicios y productos bancarios, que no está habilitado formalmente para trabajar. Entonces los empleadores no quieren contratar a nadie con salvoconducto. Es decir, tiene una serie de restricciones enormes. En ese sentido, lo que parece que está haciendo el Ministreo de Relaciones Exteriores y Migración Colombia es tratar de que la gente desista de las solicitudes de refugio y acuda a este mecanismo de protección complementaria, que claramente, como lo dice, no es un reconocimiento de refugiado”, señala Dib.

“Porque el salvoconducto es tan limitado, la gente va a preferir acogerse al ETPV que le va a permitir el acceso a mayor cantidad de derechos. Pero eso implica que hay un desconociemiento, digamos institucional, de que ésta es una población con necesidad de protección internacional, en el sentido que son refugiados, según La Declaración de Cartagena” agrega Dib.

Papeles en regla

En el caso de quienes están en condición de irregularidad en Colombia, indica el proyecto, que deben acercarse a las oficinas de Migración Colombia a efectos de que su estatus venza y puedan solicitar la incorporación al Estatuto. Para ser amparados bajo el Estatuto Temporal de Protección, los venezolanos deberán presentar su documento de identificación, vigente o vencido, el cual podrá ser: Pasaporte, Cédula de Identidad Venezolana, Permiso Especial de Permanencia o acta de nacimiento (en el caso de los menores de edad).

Sin embargo, la mayoría de la población no tiene un acceso al pasaporte venezolano y por tanto no puede entrar de manera regular al país. “Esa quizá es una manera de filtrar”, advierte Dib.

Además, los ciudadanos venezolanos en situación irregular, deben demostrar con cualquier documento (constancia de estudio de un hijo, de cita médica, entre otros) que estaban en Colombia antes del 31 de enero de 2021.

“Se pone esa fecha límite pero el gobierno se olvida que tenemos una frontera de 2.219 km y una población pendular que es muy grande. Solamente con Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) tenemos 4.9 millones de personas registradas, y que, teóricamente, hay personas que podrían llegar demostrar que han estado durante todo este tiempo en Colombia, pero que la verdad han estado en una situación de ir y venir, y que van a seguir en esa dinámica. Faltaría determinar las resoluciones para reglamentar ese proceso, qué documentos van a ser válidos y qué no”, advierte el también politólogo, internacionalista y magíster en Ciencia Política, Ronal Rodríguez.

Además, para los expertos, les resulta preocupante el cómo podrán comprobar su estadía antes de la fecha establecida, tras las limitaciones que por lo general presenta la población migrante.

“Lo que yo he visto con la Clínica Jurídica es que los venezolanos, en su mayoría, no tienen ningún tipo de documento que pruebe que ingresaron al país en una determinada fecha. Es una población que no tiene documentos, que no tiene un pasaje que prueba la fecha de ingreso, que no entró con el pasaporte. Que de pronto los arrendamientos no hay contrato firmado sino que se hace a nombre de alguien más precísamente porque la persona se encuentra en situación migratoria irregular. Entonces todo esto dificultad muchísimo la posibilidad de documentar”, indica Dib.

Por su parte, el profesor Rodríguez destaca también la desterritorialización que caracteriza a los migrantes venezolanos y que, en su medida, también ha perjudicado a los menores de edad y su continuidad en las instituciones educativas.

“Es decir, un venezolano hoy está en un barrio de Bogotá, en la localidad de Kennedy. Mañana se pasa a la localidad de Suba. El día de mañana le dicen que si se va como floricultor a otra parte le dan una plata y él se va. Después le dicen que hay una recolecta de café y se va para los municipios del área cafetalera. Eso ha hecho que la posibilidad de que ese niño se quede en la institución educativa sea muy limitada y muchas veces tenga que ir detrás de sus padres buscando el sustento. Y cuando uno dice, cómo demostramos que en efecto estaban acá, ahí el reto”.

Entre las recomendaciones que señalan los expertos, a la par de la puesta en marcha del ETPV contemplado para abril, destacan la preparación de una estrategia de respuesta en la frontera, ante un eventual brote desproporcionado de covid19 en Venezuela; además de impulsar herramientas que permitan las garantías de los derechos humanos a los venezolanos. Aseguran que el efecto llamada, al que le teme el Gobierno colombiano, está minimizada bajo las circunstancias de la pandemia.

Si desea consultar el borrador del ETPV, pulse aquí

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Abecé del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (presidencia.gov.co) 

Venezolanos en el exterior con pasaporte vencido: “Estamos huérfanos”

Al menos desde 2017 se han registrado denuncias en la emisión de pasaportes venezolanos, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). En ese entonces, las quejas señalaban una dilatada espera para la impresión por falta de material. Hoy, las denuncias son otras: costos, algunas fallas operativas en el sistema automatizado y la falta de Consulados y Embajadas en el exterior, debido a las tensiones políticas internas en Venezuela y la ruptura de relaciones diplomáticas, lo que imposibilita el trámite  a través del envío de valijas por todo el mundo y la atención priorizada por casos humanitarios.

“Yo me siento en un limbo. Siento que si algo le pasa a mi abuela, por ejemplo, podría ir a Caracas pero no sabría si podría volver a Colombia. Pensar en quedarme atrapada con mi hijo me da miedo. Ir a visitar a los míos, un par de veces al año, sería el escenario ideal y en casi 4 años no he ido, por eso. Mi sueño es tener la nacionalidad colombiana, pasaportes y poder ir y venir, sin tanta incertidumbre”, confiesa desde Medellín la venezolana Marialessandria Herrera, quien emigró, según señala, por la inseguridad en Venezuela y en búsqueda de una independencia económica. 

“Mi pasaporte venció en mayo de 2019. No puedo tramitar prórroga porque en Colombia no funcionan los consulados de Venezuela”, explica. 

Desde principios de 2019, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Colombia y con Estados Unidos. El cierre de las Embajadas y Consulados ha obligado a venezolanos, como Herrera, a evaluar otras opciones para tramitar su documento de identidad. 

“Este año espero tramitar mi nacionalidad colombiana. A mi hijo también se le venció y a él le sacaré su pasaporte colombiano porque tiene nacionalidad. La otra opción es ir a Venezuela a hacer el trámite. Pero no sé cómo es, cuánto cuesta y cuánto tiempo me tomaría. Imposible irme con esa incertidumbre sin saber cuándo volvería a Colombia, que es donde está mi casa y mi trabajo. Una situación compleja y absurda. En algún momento me dijeron que sacar la prórroga por otro lado podía costarme más de 1000 dólares”, señala Herrera.

En su caso, la solicitud de nacionalidad colombiana y el trámite del pasaporte, explica, representa un gasto de al menos un millón de pesos, que equivaldrían a 300 dólares, aproximadamente.  

“Ya empecé el trámite. Me falta hacer el pago que es de 700 mil pesos. Es cuestión de ahorrar. Me piden varios papeles que yo, por suerte, tengo. El pasaporte de mi hijo sí es más sencillo y cuesta 169 mil pesos”, explica Herrera. 

Derecho a la identidad

El derecho a la identidad resulta una obligación del Estado, quien debe velar por el registro y los debidos procesos que proporcionen a las personas de una identificación dotada de suficiente información. 

En ese sentido, reza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 56 que “(…)toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley. Éstos no contendrán mención alguna que califique la filiación”. 

De allí, la importancia de que a los venezolanos se les garantice su derecho a la identidad, entre ellos, el contar con un pasaporte vigente. 

“El pasaporte es un documento central para hacer muchísimos trámites y tener la libertad de viajar internacionalmente. El no tener pasaporte representa un obstáculo gigantesco para viajar o para poder regresar a su propio país; para demostrar uno quién es”, señala el abogado de inmigración y también Coordinador Jurídico Internacional de la ONG Foro Penal, Julio Henríquez. 

Las secuelas de las fracturas políticas y diplomáticas 

Desde junio de 2019, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como Presidente Interino de Venezuela, firmó un decreto para extender la validez de los pasaportes venezolanos por otros cinco años después de la fecha impresa de vencimiento. Sin embargo, dicha medida, en la práctica se ha visto limitada, mientras que el Gobierno de Nicolás Maduro apuesta por el único registro automatizado del Saime, con sus pro y sus contras. 

“El Saime cuando procesa los pasaportes los envía a las Embajadas. Pero las envía a las Embajadas que están bajo el control de Nicolás Maduro. A una Embajada controlada por la Presidencia Interina (Juan Guaidó) no envían pasaportes, como ocurre en Estados Unidos (EEUU). El problema fundamental es que no hay un mecanismo para obtener un pasaporte nuevo en EEUU. Si alguien viene a la Embajada de EEUU y les dice: ‘Soy venezolano. Acá está mi partida de nacimiento. Necesito mi pasaporte’, acá no tienen forma de verificar porque no tienen el control de los registros civiles ni de las notarías, por tanto no tienen la posibilidad de verificar que esa documentación es verdaderamente válida. Y al no tener control sobre eso, infelizmente, no se puede tener la autorización para emitir un pasaporte”, explica el abogado Henríquez, desde la nación norteamericana. 

“Ya voy para dos años con mi pasaporte vencido. En Colombia estamos en el limbo por no tener activo el Consulado”, dice Marcos Alberto Rojas, un venezolano de 33 años de edad, radicado en la capital colombiana, Bogotá.  

Él detalla que inclusive ha pensado en la posibilidad de viajar hasta Ecuador para hacer el trámite de su prórroga desde allá, como según cuenta lo hizo su hermana. “Pero el problema es que para entrar uno debe pagar una visa. Entonces puede que te la den con el pasaporte vencido o no. Eso ya depende del consulado de Ecuador aquí en Bogotá. Es decir, aquí en el consulado de Ecuador solo pediría la visa para ir y poder transitar en Ecuador. Y en el consulado de Venezuela ubicado en Ecuador es que me darían la prórroga ya previamente cancelada y aprobada”, señala. 

El abogado Henríquez explica que, en efecto, hay países que emiten pasaporte porque apoyan al gobierno de Nicolás Maduro. También, explica, hay países que aún cuando han reconocido a Guaidó como presidente interino, siguen teniendo en funcionamiento una Embajada controlada por las autoridades de Nicolás Maduro y pueden tramitar dicho documento venezolano. 

“Y eso pasa, por ejemplo, con México y con Canadá. Por eso muchas personas que tienen posibilidad de viajar a México o a Canadá pueden tramitarlo allá. El trámite es sumamente complicado y nada sencillo pero existe esa posibilidad. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad; o simplemente no pueden viajar por tener el pasaporte vencido”, señala Henríquez. 

“Mientras las personas estén viajando entre estos países que sí reconocen la extensión del pasaporte vencido, la persona no va a tener inconvenientes. Pero a la hora que tengan que viajar a países que no reconocen esto, ahí es cuando se presentan los inconvenientes. México no lo reconoce. Las autoridades de Venezuela, bajo la administración de Maduro no lo reconocen”, agrega. 

La orfandad

Es el caso de la venezolana Neccy Aristigueta, una venezolana que en marzo 2020 viajó a Colombia para tramitar su visa americana en Bogotá ante la falta de sede en Caracas, y quedó atrapada en esa nación vecina y con la cita suspendida por las restricciones del Covid-19. En la espera de apertura de vuelos comerciales venció su documento. ¿El reto? Volver a su país por alguna de las siete rutas que había autorizado Venezuela y que además exigen visado.  

Sin embargo, tras conocer que otros turistas venezolanos pudieron optar por esas rutas, aún sin portar visa, Aristegueta se decantó por Cancún. 

“No hubo problemas para comprar el pasaje de retorno. Mi familia y yo íbamos a hacer conexión con un vuelo humanitario que nos costó 500 dólares por persona. Sin embargo, el primer problema se presenta cuando voy a abordar mi primer vuelo, desde El Dorado, donde me dicen que mi pasaporte está vencido desde el 12 de diciembre. Nosotros viajamos el 17”, relata.  

Explica que tras comunicarse con su gestor de viaje pudo comprobar que, en efecto, ese mismo día tomaría un vuelo de repatriación. De esta forma pudo abordar el avión, aunque la escena se repetiría más adelante, en el otro país.  

“En Cancún cuando voy a hacer migración, notan que mi pasaporte está vencido y me retienen. Le explico la situación. Me cuestionan por qué no traigo copia de la lista del vuelo y le explico que eso está en manos de mi agente. Él se comunica con el jefe de migración Cancún y en efecto me dejan hacer migración a México. Luego pasamos a hacer el chequeo y embarque. Allí es cuando me retienen por tercera vez y me explican que no puedo volar porque, según, necesitaba un salvoconducto para poder entrar a mi país con el pasaporte vencido. Es como una autorización que mi país da para que yo pueda entrar con el pasaporte vencido”. 

Aristigueta explica que pagó 50 dólares en efectivo por dicho documento. Lo tramitó con el Cónsul de Venezuela en ese país, pero luego nunca se lo solicitaron. “Él me dijo que me lo iban a pedir a la hora de embarcar pero más nunca me pidieron el salvoconducto; tampoco me lo pidieron para entrar a Venezuela”. 

“Es un desamparo total. ¿Dónde queda el derecho a la familia? Aquí simplemente por un pasaporte vencido por una pandemia mundial iban a separar a una familia, porque ya mi esposo y mis hijos habían chequeado», dice hoy día la ciudadana venezolana. 

En este sentido, comenta el experto legal Julio Henríquez que aunque la extensión de pasaportes vencidos, impulsada por Juan Guaidó, resulta un paliativo para algunos; aún falta hacerla mucho más real en las condiciones actuales. “Hay que tener en cuenta que esto no es algo de conocimiemto público y que no todos los agentes migratorios están perfectamente al día con esta información. A pesar que se han tomado algunas medidas lo que hace es poner a los venezolanos en un nivel de vulnerabilidad muy elevado. Porque sabemos que los agentes aduanales tienen un alto poder sobre las personas cuando alguien no ha sido admitido por un país. Las protecciones constitucionales que normalmente están disponibles para todo el mundo cuando alguien está en un territorio, no aplican para alguien que está solicitando admisión a un país en una aduana”, advierte Henríquez. 

En la actualidad, dicha medida ha sido aceptada por países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Perú e Inglaterra. Colombia, Argentina y Chile también lo hacen, pero solo reconocen una prórroga de dos años. 

“Sabemos países como España, donde se reconoció la extensión pero solamente para usos administrativos internos y no para viajar. Por lo tanto, esta extensión no permite que los venezolanos viajen ni a España ni a ningún país de la zona Schengen de la Unión Europea. Infelizmente no permite los viajes ni desde o hacia Europa. Es un inconveniente grandísimo. Esta extensión tiene una aplicación bastante limitada que se debe a decisiones diplomáticas de los distintos países”, resalta el abogado de inmigración.  

Inconvenientes en el sistema y dilatada espera 

María Alejandra Montesinos es una venezolana de 39 años de edad. Emigró hace seis años a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, por una propuesta laboral que le hicieran a su hoy día esposo. Actualmente, la Licenciada en Comunicación Social, espera le llegue a la sede del consulado de Venezuela en Argentina su segunda prórroga. 

“Desde que estoy acá es la segunda vez que vence mi pasaporte. El primero lo tramité en 2016, sin problema. Este venció en septiembre de 2020. El principal inconveniente fue al momento de efectuar el pago (correspondiente a 100$) que la transacción es rechazada. Ya otras personas me habían comentado que les había ocurrido lo mismo y que había que intentar hasta que el sistema tomara el pago. Primero descarté si tenía algún problema con la tarjeta de crédito y luego me comuniqué directamente con la empresa quienes me pidieron detalles de la operación y me indicaron que podía volver a realizarla. En ese momento, el pago se registró sin problema. Eso fue el 26 de octubre de 2020”, explica Montesinos. 

Ella, para retirar dicha prórroga, debe llevar su pasaporte en original y copia, más 80 dólares adicionales en efectivo para finiquitar el trámite. “Lo increíble es que con un valor tan alto, uno esperaría que la prórroga se emita de inmediato, pero no, igual toca esperar”, dice. 

“Recientemente estuve en el Consulado de Venezuela, pues informaron a través de un posteo en Instagram, que había llegado un lote de prórrogas hasta el mes de octubre. Sin embargo, las prórrogas llegaron hasta el día 23 y yo hice la solicitud el día 26. Me dijeron que tal vez a fines de febrero llegue otro grupo”, cuenta. 

Asegura que conoce algunos conocidos que han tenido otras dificultades para el trámite y siguen, como ella, a la espera del envío; mientras que otros, señala, ni siquiera han podido hacer los trámites por no contar con los 180 dólares que en total representa el gasto para tener el documento de identidad. 

En su caso, explica, por las restricciones aéreas  para evitar la propagación del Covid-19 no se vió alterada. «Sin embargo, ahora que ya es posible viajar a algunos destinos estoy imposibilitada de hacerlo. Además es una angustia saber que ante una emergencia uno está indocumentado”. 

Costos y citas 

Aunado a que las oficinas del Saime permanecieron cerradas desde el mes de Marzo, por la alerta nacional a consecuencia de la pandemia del Covid-19, desde el 30 de noviembre de 2020 se dejaron de asignar citas para prórrogas ni pasaportes. El director de la institución, Gustavo Vizcaíno anunció que la medida obedecía a un tema de prioridad para, a escala nacional, tramitar las impresiones pendientes desde el inicio de la cuarentena. 

Ya el pasado 21 de enero, en programa radial, Vizcaíno informó que fue activada la asignación de citas para pasaportes y que a la fecha, según cifras que maneja, se han emitido un total de 8 mil 700 pasaportes, entre las solicitudes nacionales y consulados. 

A diferencia de otros países como Guatemala, cuyo pasaporte representa un costo de 50$ en promedio, el costo de un pasaporte en Venezuela tiende a fluctuar en el año y sobrepasa el monto del país referido. 

Solo en el último trimestre de 2019 el Saime ajustó el costo del pasaporte en dos oportunidades: el primero, el 19 de noviembre, con un incremento que para la fecha significó un alza de 3500 % en el costo de los documentos de identificación; y el 7 de diciembre el cual, en bolívares, representaba un alza en bolívares del 42 %. 

La más reciente actualización se dio a mediados de 2020, aún con las oficinas cerradas desde el mes de marzo cuando se decretó la pandemia en el país. El aumento, ese 2 de junio, representó 155 % más de su valor anterior. 

Según la información compartida por el servicio en la red social Twitter, las tarifas estan ancladas al petro, una criptomoneda creada por el Gobierno de Venezuela y que está anclada en el valor del precio del barril de petróleo. No obstante, las formas de pago son reducidas. 

Para ese entonces, el costo tenía una equivalencia a 3,35 petros para el pasaporte y 1,67 para la prórroga.  Los costos, que a la fecha se mantienen,  representan cerca de 200 dólares para tramitar un pasaporte nuevo y 100 dólares para la obtención de la prórroga, tanto desde Venezuela como desde el exterior, según especificaron en su cuenta de Twitter

Según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, hasta finales de enero, un venezolano requería al menos 140 salarios mínimos integrales (Bs. 1.200.000 bs) para tramitar desde Venezuela la prórroga y 281 sueldos mínimos integrales, para tramitarlo por primera vez. 

En el caso de los venezolanos en el exterior, la prórroga tiene un costo de 100 dólares y 200 dólares el pasaporte nuevo.

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