“Lo más duro es estar aquí aguantando frío y hambre. Yo intenté regresar a Venezuela, pero no pude. Entre salir de Venezuela o regresarme, me pegó más tener que volver a Colombia sin nada”. El domingo 5 de julio, Eddys Briceño decidió emprender su retorno desde Bogotá al barrio La Pomona, en el estado Zulia. Se trata de una de las entidades más afectadas no sólo por la pandemia, sino también por las recurrentes fallas en el suministro de agua y de electricidad. La intermitencia de estos servicios ocurre en el estado Zulia desde mucho antes de la emergencia sanitaria decretada a consecuencia del Covid-19. A pesar del panorama que le esperaba al retornar a casa, el joven de veinte años decidió volver a su tierra.
Como no tenía para comprar pasaje en alguno de los autobuses autorizados para hacer traslado hacia los pasos fronterizos, decidió caminar los 550 kilómetros que separan la capital colombiana de Cúcuta, acompañado de otros connacionales que encontró en el camino.
“Me fui por Bucaramanga. Ahí me dieron la cola los muleros (los dueños de transportes de cargas) y me fui caminando. Descansaba y dormía en la calle”, relata.
Desde el 17 de marzo todas las fronteras entre Colombia y Venezuela están cerradas como parte de las medidas tomadas durante la pandemia. Sin embargo, según cifras de Migración Colombia, al menos 95.000 venezolanos han podido regresar a través de los pasos fronterizos autorizados entre marzo y julio, aún cuando desde el 8 de junio el gobierno de Nicolás Maduro restringiera casi en un 80% la recepción y solo permitiera el ingreso de 300 connacionales, los días lunes, miércoles y viernes.
En Colombia, actualmente, hay alrededor de 42 mil connacionales que han manifestado su deseo de retornar a Venezuela. Eddys es uno de ellos.
Tienditas y el cambio de planes
Eddys Briceño llegó hasta la frontera entre Venezuela y Colombia, pero no se atrevió a cruzarla. Se sintió expuesto y temió contagiarse de Covid-19. “Cuando llegué al puente de Tienditas, me pidieron mis datos personales para que me crearan una ficha. Esa era la manera como controlaban a quienes permanecían ahí. Me explicaron que debía estar en cuarentena en el refugio temporal de Acnur entre 15 días y un mes; y luego en Venezuela debía hacer lo mismo en un albergue”.
Eddys no duró ni un día allí. Tan solo imaginarse la situación, le producía una sensación de encierro. Pensar en la cantidad de gente que había, le hacía sentir más expuesto al virus. “Lo que lamento es haber salido de Venezuela hace un año y medio. Eso y saber que me tengo que quedar obligado en un país ajeno. Aquí todo lo tienes que pagar. Hasta para bañarte tienes que pagar dos mil pesos”.
Con un bolso y un par de zapatos, Eddys emprendió el camino de vuelta a Bogotá. Tras pasar alrededor de 10 días caminando y acortar algunos tramos de la ruta, gracias a las colas que tomaba, la capital colombiana lo esperaba. “No fui el único que decidió irse, varios no quisimos quedarnos en el refugio, así que nos juntamos para volver. Y en el camino de regreso nos salieron con machete y cuchillo para robarnos. A mí me quitaron el teléfono, los pocos pesos que cargaba y la ropa. Hasta la cédula me la robaron. Yo regresé sin nada. En el camino, gente con quien nos cruzamos, nos dio ropa y cobijas”.
Caminar para pagar una promesa
Eddys es el menor de su familia. En su natal Maracaibo están su madre, su hermana, su esposa y su hija de un año de edad, a quien aún no conoce. Todos le dicen que regrese.
“¿Pero cómo hago si no puedo pasar? Yo no voy a arriesgarme a esa aventura otra vez. Hasta que no abran la frontera, yo no me voy. Apenas pase la pandemia, retorno a Venezuela”.
Cuando Eddys decidió migrar a Colombia, lo hizo por tierra, y también caminando. Esa fue la promesa que hizo al enterarse de que una tía en Cartagena lo esperaba con un trabajo en un autolavado. Estaba agradecido porque se iría entonces con cierta estabilidad y que podría tener mejores ingresos.
Pero no fue así. “Estando allá, me salió con que ya no había trabajo. Me engañó. Lo que me dio fue rabia y me fui a Bogotá”.
Desde que llegó a la capital colombiana, en 2019, se dedicó a vender bolsas de basura. Con ello costeaba su comida, mandaba dinero a los suyos en Maracaibo y cancelaba los 10 mil pesos (3 dólares, aproximadamente) que le cobraban por la habitación que pagaba diariamente.
La cuarentena y el desalojo
El 12 de julio de 2020 Eddys llegó por segunda vez a Bogotá, luego de intento por cruzar la frontera. Su intención era seguir vendiendo bolsas de basura, con las que alcanzaba a reunir entre 20.000 o 30.000 pesos (unos 7 dólares). Con este monto podría comer y pagar la habitación. Sin embargo, no lo pudo hacer
Su regreso coincidió con la medida que había adoptado, dos días antes, la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, de retomar la cuarentena estricta de 14 días por localidades. Santa Fe, donde él vivía antes de intentar su retorno a Venezuela, fue de las primeras zonas en volver al aislamiento preventivo obligatorio. Entre las medidas que esto implicaba estaba la posibilidad de salir a la calle según un cronograma establecido por el terminal del número de cédula, y solo para comprar medicinas o alimentos.
“Por lo general vendía unas 20 o 30 bolsas, cada una a mil pesos. Con eso podía pagar los diez mil pesos de la habitación y me quedaba para comer. Ahora como no puedo salir a vender más bolsas, me ha tocado pedir y dormir en la calle. Y como me retrasé en el pago por cuatro días, me desalojaron. La encargada me dice que no me puede tener aquí si no le pago, y yo no voy a salir a robar para pagarle”.
La historia la cuenta Eddys a través del celular que le presta otro migrante venezolano. Se trata de Carlos Álvarez, quien pese a haber perdido su empleo decidió apoyar a sus coterráneos en situación de vulnerabilidad, mientras se las ingenia para vender alguna chuchería en las zonas donde aún no se ha retomado la cuarentena estricta.
No es el único desalojo
Cuenta Álvarez que al menos en Santa Fe viven unos 600 venezolanos y advierte que desde que inició la pandemia se han registrado varios desalojos, aunque no precisó cifras. Álvarez, inclusive, recuerda a un grupo de venezolanos que, tras ser desalojados, tuvieron que dormir por varios días en el container de un camión accidentado que les facilitó un vecino de la zona. “Es muy duro todo. A mí como venezolano me duele. Lo más fuerte es ver mujeres en estado, niños en edad de lactantes y personas de edad avanzada dormir en las calles. Sé de varios que les ha tocado dormir en la calle. La Alcaldía de Bogotá está dando unos mercados y a los venezolanos no los toman en cuenta”, cuenta Álvarez.
Según el abogado y consultor jurídico de la embajada de Venezuela en Colombia, Zair Mundaray, al menos 43 amenazas de desalojo se han reportado en la zona donde vivía Eddys, en el centro de Bogotá. Explica, además, que los meses de mayo y junio han sido, hasta los momentos, los más críticos.
En julio, la situación fue distinta. Para esa fecha había expirado el Decreto 579 que establecía que hasta el 30 de junio se suspendía la orden o ejecución de cualquier acción de desalojo dispuesta por autoridad judicial o administrativa que tenga como fin la restitución de inmuebles ocupados por arrendatarios. “Estamos trabajando para que se renueve el decreto, pero es casi imposible. Por ahora ha habido desalojos, pero no han sido masivos. Han sido muy puntuales”, explica Mundaray.
“Seguimos apoyándonos en un convenio no vigente para impedir que la gente esté en la calle y haya riesgo a que se enferme de Covid-19 o lo transmita. Decidimos interpretar extensivamente el decreto”, señala.
También advierte que hay a quienes se les ha conseguido refugio y no quieren quedarse en esos sitios. “Muchos creen que estando en la calle ejercen presión para que se les resuelva el problema”.
¿Qué hacer frente a un desalojo?
Mundaray explica que para un desalojo no priva la nacionalidad. Pero en el caso de que algún inmigrante venezolano tenga una amenaza es fundamental que agote al menos uno de los tres procedimientos a seguir:
- 1) Llevar la denuncia al CAI, entiéndase el centro policial de la zona.
2) Elevar la denuncia a las Personerías de la Alcaldía correspondiente, que son las que trabajan con el Ministerio Público de Colombia o inclusive escribir un correo a [email protected].
3) Notificar la amenaza ante la Defensoría del Pueblo.
El abogado además es muy enfático al explicar que sin una orden judicial ningún desalojo procede. No obstante, recomienda que en caso de que sí se ejecute, la persona afectada debe igualmente notificarlo al CAI y también a la Embajada, a través de las redes sociales.
A la fecha, Eddys lleva casi un mes durmiendo en la cancha deportiva del sector, mientras que en las tardes decidió salir a pedir dinero y comida, al norte de la ciudad.
Mientras tanto, Carlos lidera todos los domingos una iniciativa denominada “sancocho solidario” con la que gracias a la colaboración de comerciantes del mercado popular cercano, Paloquemao, a través de la donación de verduras y vísceras de pollo, le ofrece un plato de sopa a los colombianos vulnerables y a los venezolanos que, como Eddys, esperan la posibilidad de retornar a Venezuela.
Vuelta a la cuarentena estricta
Este domingo 16 de agosto, desde las 00:00, la localidad de Santa Fe retomó la cuarentena estricta, junto a otros cinco sectores de Bogotá. La medida, que se implementará hasta el domingo 30 de agosto, a las 11:59 pm., busca reducir los contagios de coronavirus en esas zonas de la capital, un país que supera los 450.000 casos positivos de Covid-19 y más de 14.000 víctimas mortales.
