La investigación Corrupción y migración en el contexto de la COVID-19 de Transparencia Venezuela, revela cómo las restricciones adoptadas por los países de la región para frenar los contagios, han dejado a los venezolanos que migran más vulnerables y expuestos a delitos como extorsión, explotación y trata de personas.
El estudio considera los riesgos de corrupción como debilidades institucionales que abren la posibilidad de que ocurran hechos irregulares. “Es decir, se trata de vulnerabilidades de los sistemas y de los marcos regulatorios e institucionales que propician conductas, mecanismos o hechos de naturaleza corrupta, que no solo parten de esas fragilidades sino de ciertas prácticas de actores gubernamentales” señala el informe.
La población migrante venezolana, que utiliza como principal ruta la frontera con Colombia, para buscar oportunidades en países de América del Sur, es uno de los grupos más vulnerables no solo por estas circunstancias, sino porque se trata de personas, en su mayoría, en pobreza extrema, advierte la investigación.
El informe analiza los riesgos de corrupción a los que se sometieron las personas migrantes venezolanas al inicio de la crisis por COVID-19, cuando se registró el retorno masivo por las circunstancias adversas en los países receptores, entre marzo y octubre de 2020; así como los peligros típicos a los que se expusieron centenares de personas con el éxodo iniciado desde 2015.
Migración femenina
El informe -de 46 páginas- advierte del riesgo en particular que registra la mujer venezolana como migrante. “De acuerdo a la Defensoría del Pueblo de Colombia, de los 1.617 casos de violencia de género registrados en el 2020 en zonas fronterizas de Colombia, 31% (515 casos) fueron contra de mujeres y niñas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo” reseña el estudio.
Otro impacto de la migración que se ha visto marcadamente en la población femenina es la deserción escolar. “Una de cada tres niñas y adolescentes venezolanas refugiadas ha abandonado sus escuelas tras emigrar a países de Latinoamérica y el Caribe. Además, se alertó sobre la falta de cobertura de otras necesidades básicas como la alimentación.
Otro aspecto es que 15% de las organizaciones de la sociedad civil reveló haber recibido denuncias sobre sextorsión. “El Observatorio de Género del Norte de Santander identificó la existencia de violaciones y otras agresiones sexuales. FundaRedes registró a la presencia de funcionarios en alcabalas cobrando peaje a “caminantes”, en dinero o en especie, sobre todo a las mujeres a quienes, además, les solicitan actos sexuales para permitirles continuar su trayecto hacia la frontera”.
La investigación concluye que los migrantes en general, pero que especialmente las mujeres se exponen a mayores peligros al intentar cruzar las fronteras por las llamadas “trochas”.
Recomendaciones
El estudio de Transparencia Venezuela reitera que el Estado venezolano, y la sociedad venezolana, con el apoyo de los gobiernos de los países cercanos a sus fronteras, debe poner atención a los riesgos de corrupción a los que se expone la población migrante, poniendo el acento en el establecimiento de sistemas de denuncias fortalecidos y mecanismos de protección.
También se pide instruir a las personas migrantes sobre los pasos necesarios para activar los mecanismos de protección, a quién acudir en búsqueda de resguardo y la importancia de la denuncia de este tipo de hechos. “Es necesario promover campañas para que los organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil garanticen la protección de estas personas” destaca.
Puede consultar el informe aquí
