Más de 1.200 funcionarios del Ejército peruano fueron desplegados en la mañana del 26 de enero a lo largo de la ribera izquierda del río Zarumilla en Tumbes, ciudad que divide la frontera entre los países Perú y Ecuador. Esto con el objetivo de evitar que extranjeros pasaran por vías irregulares y reforzar las medidas de control ante el avance del Covid-19.
Tanques de guerra, carros de combate, vehículos blindados y patrulleros fue lo que vio el grupo de migrantes que quería ingresar a Perú. Había entre ellos mujeres, algunas embarazadas y niños.
Ese mismo día, se viralizaron videos de migrantes venezolanos intentando cruzar hacia Aguas Verdes por pasos no autorizados. En uno de los materiales audiovisuales se vio cómo un agente de la Fuerza Armada en la frontera disparó al aire.
Después de estos acontecimientos, las Defensorías de Colombia y Perú exhortaron a las autoridades de sus países a “adoptar medidas contingentes de apoyo humanitario a personas en situación de movilidad humana e impulsar un proceso de regularización migratoria excepcional y accesible”.
Para Alonso Gurmendi, abogado especialista en Derecho Internacional Público y Privado, “los migrantes venezolanos tienen el derecho a ser reconocidos como refugiados bajo lo establecido en la Declaración de Cartagena; recibir un documento que les permita trabajar, estudiar en el país, y que se garanticen todos los derechos humanos que tiene cualquier persona”.
Mientras que para Valeria Aron, politóloga peruana, “el hecho de militarizar, llevar tanques, lanzar disparos al aire cuando hay niños y mujeres embarazadas, más allá de la legalidad de si pueden militarizar o no, es un tema ético y de derechos humanos. Se hace por populismo. Sin duda, esto incrementa su nivel de vulnerabilidad”.
Efectos de la militarización de las fronteras
A pesar de la llegada de la pandemia y del cierre de fronteras, los migrantes venezolanos han seguido movilizándose en los diferentes países de la región en búsqueda de mejores oportunidades y escapar de la crisis humanitaria que atraviesa el país; estos lo han hecho por trochas y pasos no autorizados.
Si bien los países tienen derecho a resguardar sus fronteras, de acuerdo con lo que determinen sus leyes, el uso de las fuerzas armadas en tiempos de paz “deben cumplir los tratados de derechos humanos, proteger el estatus de refugiado, y la discusión en Perú es más sobre los derechos humanos que el derecho a militarizar”, comenta Gurmendi.
Para Aron la situación afecta no solo a los migrantes. “Ellos se ven más expuestos a cruzar por caminos irregulares. También el país sufre, los migrantes tienen un alto nivel de vulnerabilidad y necesitan mayores atenciones en salud. El Estado cierra la frontera, pero se abre otra manera de ingresar al país”.
Para la especialista, el cierre de la frontera fue una demostración del Estado peruano para decir “estamos aquí, no queremos venezolanos”. Sin embargo, considera que los migrantes seguirán ingresando al país y aplicar como refugiados.
La socióloga venezolana, Claudia Vargas, explica claramente también los efectos que tienen estas medidas en los migrantes.
“No es el mecanismo correcto. Atenta contra los derechos humanos y a la libertad. Las personas tienen la libertad de moverse, migrar y elegir su domicilio”.
Resalta que la mayoría de los países de la región, y en el caso concreto de Perú, reconocen la crisis en Venezuela. “Ellos entienden que es un tema humanitario complejo. ¿Está bien lo que hicieron? No, porque atenta contra principios humanitarios y va en contra de su propio discurso político”, sostiene.
También asegura que los migrantes, y más en condiciones de refugiados, no pueden negarseles su acceso a solicitar asilo. “Esto va en contra de dos principios: 1. Si el argumento es el Covid-19, el virus es contra los humanos y no discrimina la nacionalidad; 2. Si el peligro es por cualquier hecho delictivo, esto se genera a partir de las mafias en las fronteras”.
Gurmendi vuelve a explicar que ante estos eventos, los gobiernos “no deben enviar soldados, sino personal de migraciones, para procesar a las personas y asignarles una calidad migratoria”.
¿Cómo pueden abordar los Estados los movimientos migratorios?
Colombia es el primer país que tiene la mayor cantidad de migrantes y refugiados venezolanos, en total son 1,729,537. Le siguen Perú con 1,043,460 y Ecuador con 415,835, según datos de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela. En total, esta migración ya supera los 5,4 millones en todo el mundo.
La migración venezolana se distribuye en tres grandes momentos: la primera en el que los migrantes tuvieron mayores recursos económicos y excelentes niveles educativos y buscaron acogida en los países europeos y en Estados Unidos.
La segunda salida fue hacia destinos como Colombia y Panamá y la última, que a juicio de Aron, es denominada “la migración de la desesperación”, en el que las personas huyeron hacia países más cercanos y la movilización fue en buses o en condiciones precarizadas.
Ante esta llegada de migrantes venezolanos a Perú, para el año 2017 el gobierno estableció en dos ocasiones el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), un documento que regularizó la situación migratoria de esta comunidad por un año, así como el acceso al campo laboral y a servicios como educación y salud.
Para 2019, Perú impuso el ingreso de venezolanos a su territorio solo con pasaporte vigente y visa humanitaria. Y en octubre de 2020, el Estado anunció un proceso para extranjeros, que no tenían calidad migratoria o en situación de refugiado, regularizado a través del Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP).
Para la politóloga Aron, esta respuesta por parte del gobierno peruano tiene que ver con que en un inicio el país fue “buena gente”, pero como el número de migrantes se incrementó tanto dejaron de otorgar el PTP; siendo a su juicio, más una reacción y no una respuesta de una política migratoria.
“No tener una política migratoria a largo plazo o no tener ninguna política perjudica al país en muchos sentidos”, argumenta.
Hace referencia al caso colombiano y que puede servir como ejemplo para la región. “Colombia anunció que entregará un permiso para migrantes venezolanos por un período de hasta 10 años. Colombia comienza a darse cuenta que no puede cerrar sus fronteras. Tienen que abordar el tema de la migración, a partir de políticas públicas establecidas y a largo plazo porque la migración no se va a detener”, asegura.
Gurmendi además señala que se requiere un esfuerzo adicional. “La migración es un problema de América Latina. Y los países de la región tienen que sentarse y conversar sobre cómo ayudar a la población migrante venezolana que está huyendo de su país”.
Para él, establecer mecanismos de cooperación internacional son indispensables. “Si se colabora con las Naciones Unidas se pueden establecer campos de refugiados, o permisos para que los refugiados puedan entrar a los países y trabajar. La idea no es concentrar toda la migración en un solo país donde encuentren una economía desbordada. Se requiere la cooperación internacional y no dejar todo el peso en los hombros de los venezolanos que están caminando decenas de miles de kilómetros”.
Consejos y políticas públicas para los migrantes y refugiados
Con base en la conversación sostenida por el equipo de Venezuela Migrante con Alonso Gurmendi, Valeria Aron y Claudia Vargas, se armaron algunos consejos o políticas públicas que se pueden implementar en los países de América Latina, que actualmente reciben migrantes venezolanos.
- Hay muchísimos migrantes y demasiada frontera como para abordarlo por medio de la fuerza. Lo correcto sería procesar a todos estos ciudadanos y reconocerles el derecho de refugiados, otorgarles los permisos para estar en Perú o en cualquier otro país.
- Los gobiernos no deberían enviar soldados a las fronteras, sino personal especializado en migraciones para que puedan asignarles una categoría de migrante y/o refugiado a cada ciudadano.
- Con apoyo internacional, la migración no sería responsabilidad de un solo país, sino de diversos países de la región. Estos pueden implementar estrategias de atención, contar con plazas de trabajo y espacios para el desarrollo económico de los migrantes.
- Los migrantes deben recibir un documento que les permita acceder al campo laboral y a servicios públicos.
- Los países deben facilitar la homologación de títulos para que los extranjeros puedan ejercer sus profesiones en el país de acogida.
- Los países de acogida deben velar por los derechos humanos de todos los migrantes y refugiados; esto incluye a las no detenciones arbitrarias y a no ser privados de la salud.
Para Alonso Gurmendi esto no se trata de un problema de Perú, o de Colombia, o de Ecuador; recomienda que todos los países de la región deben establecer conversaciones sobre cómo ayudar y abordar a la población migrante venezolana.
“Un principio importante de la política exterior sobre la región sería trabajar todos juntos por el bienestar de un pueblo hermano y eso no se ha hecho; no hay un plan específico que regule cómo compartir pesos en el proceso venezolano”.
