Un estudio realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) en Chile tiene como una de sus conclusiones que “los extranjeros participan poco en delitos, y más aún, su participación relativa ha venido cayendo en los últimos años”.
El estudio del CEP es parte de la segunda edición del libro llamado Inmigración en Chile: Una mirada multidimensional, que fue lanzado el martes 22 de septiembre. El estudio utilizó datos provistos por la Defensoría Penal Pública (DPP) para causas cerradas entre 2006 y 2018.
El mito de la migración y el delito
En una nota publicada por la página web del diario La Tercera, se menciona que los autores del capítulo sobre este trabajo son Nicolás Blanco, Valeria Vega y Loreto Cox. Blanco, explicó a La Tercera, que el “el objetivo de esta investigación consistía en revisar este mito que asocia a los migrantes con la delincuencia, con el objetivo de poder desmentirlo o corroborarlo a la luz de la evidencia de los datos, y lo que encontramos fue que efectivamente es falso”.
En el texto se explica que “el gran flujo de inmigrantes al país en los últimos años no ha venido acompañado de un aumento en su participación de delitos, sino lo contrario”. Además, los autores explicaron que “los datos para Chile son contrarios a la creencia extensamente compartida, de que los inmigrantes elevarían los índices de criminalidad: los extranjeros en Chile participan en pocos delitos y, es más, su participación ha venido cayendo en años recientes”.
La Tercera también contactó al director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, José Tomás Vicuña, quien comentó los hallazgos del estudio. “Si los datos muestran lo contrario a la percepción, debemos preguntarnos por qué existe ese mito”, comentó Vicuña.
José Tomás Vicuña también afirmó que “distintas autoridades públicas han relacionado una y otra vez la migración delincuencia o cuando hay algún hecho delictual, medios de comunicación señalan la nacionalidad de quien lo comete como algo primordial”.
Médicos venezolanos que viven en España dieron a conocer su disposición para trabajar con la sanidad del país europeo. La iniciativa busca frenar el auge de la pandemia por COVID-19 que vuelve a tomar fuerza en la nación.
Los galenos, unidos en la Asociación de Médicos Venezolanos en España (Amevesp), emitieron un comunicado en el ratifican su disposición a desplazarse a hospitales y centros de salud que estén en condiciones más críticas. Esta idea surge como respuesta a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó que había escasez de personal sanitario.
No obstante, los médicos venezolanos demandan que se agilicen los trámites necesarios para la homologación de sus títulos y que, de esta manera, puedan estar autorizados para trabajar en el país ibérico.
Manos venezolanas para frenar la pandemia
“Nos ponemos a disposición de colocar todo nuestro recurso humano para poder ayudar en la atención de esta crisis sanitaria”, declaró a la agencia Efe el vicepresidente de la Asociación, Giovanni Provenza.
“Somos conscientes de la indudable crisis que el sistema sanitario deberá afrontar con mayor intensidad en los próximos días y, comprometidos con esta sociedad y en representación de todos los médicos venezolanos en la Comunidad de Madrid, nos solidarizamos y ofrecemos nuestra disponibilidad para sumarnos a los equipos de contingencia que sean necesarios y que sabemos necesitarán refuerzos en las próximas horas”, reza parte del comunicado publicado en las redes sociales de la Amevesp.
Los médicos también afirman ser “conscientes de los riesgos” a los que se enfrentan, debido a la alta tasa de transmisibilidad “y de las complicaciones severas que están presentando los pacientes gravemente afectados”. No obstante, aseguran que el compromiso con la salud es “una de las principales motivaciones en este colectivo gremial”.
La Amevesp cuenta con 2.646 médicos inscritos, pero se calcula que hay unos 5.000 profesionales de salud venezolanos en España. Muchos de estos participaron en la primera ola de la pandemia en los meses de marzo y abril.
A pesar de esto, el vicepresidente de la Ameves aseguró a Efe que “luego no les renovaron su contrato” a muchos de los médicos que trabajaron por tres meses codo a codo con la sanidad española.
104 personas entre peruanos y residentes de ese país, que estaban varados en Venezuela desde que comenzó el estado de emergencia en el mes de marzo, regresaron a Lima este lunes 21 de septiembre en un vuelo chárter por el que pagaron 420 dólares por asiento.
Según informó la Estelar, el vuelo ES8757 fue coordinado entre la aerolínea y autoridades de ambos países y “se garantizaron todas las medidas de bioseguridad dictadas por los entes aeronáuticos y de salud”, se lee en un post de Instagram de la compañía.
Pasajeros venezolanos que abordaron el avión comentaron que tras una hora de inspecciones del INAC en Maiquetía, finalmente despegaron a las 11.05 de la mañana y aterrizaron en el Perú a las 2 de la tarde, indicó Mariana Jorge, desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Hasta ese momento no habían sido notificados sobre si debían cumplir cuarentena en su domicilio o serían llevados a un hotel seleccionado por el Estado peruano para recibir a los repatriados.
“Me siento muy feliz porque quería volver a mi Perú. Ya extrañaba a mi familia y amistades; aparte que me espera mi trabajo”, dijo Jorge, una ciudadana carabobeña quien quedó varada en su estado natal, adonde viajó por vacaciones y debió permanecer durante 6 meses.
“Presos” por falta de pasaporte vigente
En Venezuela permanecen personas varadas, pero este grupo no puede salir del país por falta de un pasaporte vigente. Son aproximadamente 40 los connacionales que se han registrado ante el consulado peruano pero, es el Estado venezolano el que les impide salir del país, denunció una ciudadana que pidió no ser identificada. “Es como estar presos”, denuncian.
Por su parte, Liliana Rodríguez, oriunda de Yaracuy y residente peruana desde hace dos años y medio, implora que el Saime retome de manera inmediata sus operaciones para poder gestionar la extensión del documento. “No he pagado para el trámite de la prórroga porque no sé para cuándo me den cita a una”, señaló.
En tanto Joanna Mijares, que ya cumplió con todo lo que le exigen para terminar su gestión, solicita a las autoridades que la dejen volver al país al que ahora reside.
“Una vez llegué a Venezuela, además de atender mis asuntos familiares, trámite la prórroga de mi pasaporte vencido, realizando con éxito los pagos correspondientes de 100 dólares americanos, y tomando en cuenta que el proceso de impresión de prórroga se tarda alrededor de 15 días, decidí comprar pasajes para volver a Perú el 05 de abril, por un monto de 500 dólares; por eso me parece injusto que uno habiendo hecho tantas diligencias no nos permitan salir”.
Nuevamente “ignorados”
Con el reciente vuelo que salió desde Lima, suman tres los despegues desde Venezuela, y el grupo de 96 venezolanos varados en Perú, que en diferentes oportunidades ha solicitado coordinaciones entre ambos gobiernos del desde el mes de marzo, fue “nuevamente ignorado”, según denunció el vocero, Paulo Méndez.
“Sabíamos de ese vuelo desde el 15 de septiembre. Es el mismo procedimiento del 15 de julio porque el Perú sí se preocupa por su gente, pero el avión retornó nuevamente vacío. Nos ignoraron, nos dejaron por fuera”.
Agrega que, de llegar a contactar a otras personas, desconocen las condiciones que les colocaron ya que a ellos les exigieron que además de los 460 dólares del pasaje; debían tener recursos para costearse la prueba PCR para el descarte del Covid-19 y el dinero para pagar la habitación del hotel que les asignarán para pasar la cuarentena al llegar a Venezuela y, la más económica está valorada en 50 dólares la noche.
Anunció que el día jueves realizarán una protesta frente a la sede de la embajada de Venezuela en ese país, ubicada en la Avenida Arequipa de Lima, para nuevamente exigir que les garanticen un retorno seguro.
Tal y como es costumbre, este martes 22 de septiembre, el director de Migración Colombia, Juan Fernando Espinosa, ofreció una rueda de prensa virtual para dimensionar el fenómeno migratorio durante la emergencia sanitaria provocada por el Covid19.
Aunque señaló que a la fecha han retornado 109.000 venezolanos a través de los pasos fronterizos autorizados, reiteró que en las últimas semanas se ha visto también el reingreso irregular a territorio colombiano.
«Hemos detectado, en efecto, que se ha producido un reingreso irregular de venezolanos a Colombia. ¿Por qué irregular? Porque pasen por caminos ilegales, por las llamadas trochas. Han sido un número pequeño de unas 50 personas al día».
Prevé que después de la pandemia, el número de retornados se duplique.
«La apertura de fronteras de Colombia incidirá en el ingreso de al menos 200 mil venezolanos, después de unos tres o cinco meses», señaló.
Advirtió que de momento las fronteras seguirán cerradas hasta el 30 de septiembre, mientras que evalúan la extensión o no de la medida para el mes de octubre.
Lamentó que no se haya podido concretar un vuelo humanitario desde y hacia Venezuela para repatriar a los afectados. Tampoco quiso ofrecer alguna fecha tentativa para la reapertura de vuelos comerciales al país. «Con Venezuela todo es más difícil por la falta de transparencia y de colaboración».
Más de 5 millones de venezolanos han abandonado su país y la mayoría, más de 4 millones, han migrado a otros lugares de América Latina y el Caribe. Si bien algunos políticos y expertos han afirmado que los recién llegados están provocando un incremento en la delincuencia, han sido pocos los estudios realizados en la región que se han dedicado a examinar si tal incremento ha sucedido y qué tipo de relación existe entre la inmigración y el crimen.
Este boletín informativo explora estas preguntas analizando datos sobre migración y delincuencia de los tres países con el mayor número de migrantes venezolanos: Colombia, Perú y Chile. Para hacerlo, se basa en una combinación de conjuntos de datos nacionales y subnacionales, algunos disponibles públicamente y otros obtenidos por los autores a través de solicitudes directas a agencias gubernamentales.
El análisis de los datos del 2019 sugiere que, en su mayor parte, los migrantes venezolanos cometen sustancialmente menos delitos, y ciertamente menos delitos violentos, que la población nativa, en relación a su proporción dentro de la población general. Esto indica que la percepción pública de que la inmigración está aumentando las tasas de delincuencia está fuera de lugar.
Al discutir las implicaciones políticas de este análisis, los autores señalan áreas para futura investigación y discusión de política, incluyendo la necesidad de prestar atención especial a las regiones fronterizas, en las que las dinámicas de migración y delincuencia a menudo difieren de las de otras partes del país, y la importancia de activamente abordar la situación jurídica de los recién llegados y su integración al mercado laboral.
El próximo mes de noviembre, María Elena y Alberto celebrarán 31 años de casados. Llevan al menos unos 370 meses juntos, aunque los últimos nueve estuvieron separados debido a la pandemia, y desde hace seis meses María Elena se sumó a la lista de venezolanos varados en Colombia.
Ambos son economistas egresados de la Universidad de Carabobo. Ella de 57 y él de 59. Son emprendedores dentro y fuera del país: él lleva más de veinte años sumergido en el negocio de neumáticos en Venezuela y ella, ahora, está dedicada a velar por una pequeña empresa en Aruba, dedicada al manejo de programas de rentas de un conjunto de apartamentos. Por tal razón, viaja a la isla al menos dos veces al año.
El 13 de enero de 2020, María Elena salió del Aeropuerto Internacional de Maiquetía con destino Colombia y de ahí a Aruba. En la isla estuvo los dos meses que había programado de viaje. El viernes 13 de marzo regresó a Bogotá y al día siguiente, en sus planes estaba retornar a Venezuela. Sin embargo, la pandemia alteró de forma radical sus planes.
Venezolanos varados en Colombia
“Mi vuelo era muy temprano. Yo estuve en el Aeropuerto El Dorado desde las 4:30 am. Minutos después nos informaron que no podíamos abordar porque todos los vuelos estaban suspendidos. Recuerdo los rostros de angustia, desesperación, incertidumbre y preocupación de todos los que estábamos ahí. Fueron vidas las cuales cambiaron radicalmente, sin previo aviso quedamos ahí varados, sin nada. Sin opciones”, dice Maria Elena.
“Yo decía: ‘si estamos todos aquí, móntennos en un avión. Pero ninguna aerolínea se atrevió ese día. Algo que nunca se me olvidará es la imagen de una señora mayor, en silla de ruedas, que ya tenía 48 horas de vuelo porque venía de Europa. Había sufrido un accidente en España y necesitaba ir a Venezuela. Estaba en tránsito. Yo decía ‘¿qué va a hacer esa señora?’. Fue una situación muy compleja. Era la desesperación de todos buscando alternativas con los países que para ese entonces no habían cerrado. Muchos hicieron largas filas en Copa para salir. Yo compré boleto para dos días después viajar con Copa a Panamá y de ahí a Caracas, pero en cuestión de horas, Venezuela anunció también el cierre de sus operaciones aéreas. Todo se iba cerrando y las alternativas se iban mermando”, recuerda.
“Ha sido vivir casi un año completo de postergación. Lamentablemente aquí en Colombia sentimos que estamos castigados. Es un país que es visto como enemigo. Además que acá no tenemos alguna oficina de un Consulado o una Embajada a donde acudir. Hay otros venezolanos que han podido retornar, pero los venezolanos varados en Colombia hemos sido absolutamente ignorados”.
La lista de los casi 400 connacionales varados en Colombia en marzo, ya para septiembre se ha reducido en menos de la mitad. Muchos, aún con el cierre de fronteras, han decidido retornar por las vías alternas. Esa opción para María Elena estaba descartada. La opción era que su esposo llegara a Bogotá.
“Ahí dijimos: No podemos esperar más. Es ahora o nunca. Fue en ese momento cuando decidimos que sería él quien saldría de Venezuela, con todos los riesgos, para reencontrarnos aquí”.
Además de poder abrazar a su esposa, Alberto tenía otros motivos por los cuales salir. El 31 de octubre vence su pasaporte. Aunque Colombia es uno de los países que recibe a los venezolanos con pasaporte vencido, ambos consideraron que era de muy alto riesgo salir en esas condiciones del país. La solicitud de prórroga nunca estuvo en los planes, pues desde hace meses el SAIME no labora.
Ya ambos habían dado con una agencia de viajes que, desde hace semanas, ofrecía opciones de regreso inmediato. La experiencia de otros servía de referencia pero el costo, en todos los sentidos, era alto.
“Los riegos son todos. Primero está el gran miedo del riesgo personal porque sabes por otros lo que significa aventurarte en este viaje por carretera. Salir de Venezuela hasta Colombia por tierra implica entre 80 y 100 alcabalas. Y los funcionarios que allí te encuentras tienen la potestad de pedirte lo que les dé la gana: desde 10 dólares hasta 200 dólares”, dice María Elena. “Además está en riesgo la vida. Puedes contagiarte de Covid-19, porque lamentablemente estás atravesando caminos verdes”, agrega.
Alberto fue operado en 2019 de un tumor cerebral, en Estados Unidos. Fue diagnosticado con meningioma. Por ello, Albertó decidió meter entre las pocas cosas que trajo en su maleta de 12 kilos, todo su expediente médico que sustentara que, inclusive, se trata de un caso de carácter humanitario.
Salió el 14 de septiembre a las 4:30 am de Valencia. La travesía implicaría un trecho por vía aérea y otra por vía terrestre, junto a otros dos pasajeros: una señora de 78 años, madre de un militar, que había visitado Margarita de vacaciones y un joven de 36 años, quien llegó a Venezuela por asuntos laborales, quedó atrapado por la pandemia, y terminó ausente en el nacimiento de su niña, a quien conoció luego de cuatro meses.
“Nuestras hijas ya crecieron y tienen sus vidas. Así que nosotros dos estamos para acompañarnos. Nunca antes en mi vida habíamos estado separados tanto tiempo. Mi separación familiar tiene dos meses adicionales a lo que ha durado la pandemia porque yo salí desde enero”, subraya.
1.300 dólares tuvo que reunir la pareja con la esperanza puesta en estar juntos.
“Nosotros no sabíamos si estábamos ante una estafa y el miedo era mayor. No es fácil reunir 1.300 dólares. Pero averiguamos sobre esta agencia y resultó ser una empresa de años”.
Fueron 13 horas de trayecto, entre el vuelo desde Maracay hasta Santo Domingo, en Mérida, y el viaje por carretera, hasta llegar al Puente Internacional Simón Bolívar para luego cruzar a Cúcuta. Como no tenía el pasaporte sellado, no pudo volar a la capital colombiana desde ese punto, pues no está permitido. Pero sí desde Bucaramanga. Por eso pernoctó en Cúcuta y al día siguiente viajó por carretera hasta Bucaramanga, y de ahí, a la capital colombiana.
El reencuentro
María Elena no lo podía creer. Lo veía y no salía de su asombro. Luego de nueve meses separados, finalmente Alberto había llegado. Se acabaron los mensajes de Whatsapp y las videollamadas frustradas por falta de luz en Valencia. Su compañero, de carne y hueso, estaba finalmente junto a ella.
“Yo no lo podía creer. Por toda la angustia que había pasado, tantas alternativas analizadas. Tantas cosas que te pasan por el corazón”.
Aunque María Elena lleva solo un par de días junto a Alberto, el silencio, de a ratos, es el protagonista.
“La primera hora estaba muy callada. Pero pude ver los efectos de la soledad en él y el choque ante una vida y un país normal. No tienes que aprovechar la luz porque no se va ir. No tienes que buscar alternativas para el gas porque no se va ir. Aquí vamos, en el proceso de adaptación”.
“Yo me acuerdo cuando quitaron Directv de Venezuela porque yo decía ‘la televisión es la única compañía que él tiene’. Imagina tú estar solo en una casa que te quiten la luz cada hora y sin televisión”.
Por ahora, ni Alberto ni María Elena tienen claro su posible retorno, aunque advierten que siempre irán al país, pues los padres de ambos están allí. En medio de su migración forzada, María Elena solo confiesa que lo que ha aprendido es “que uno tiene que armarse de humildad y aceptación. Humildad porque estás en una situación en un país que no es el tuyo y tienes que aceptarlo. Está fuera de tus manos y tienes que utilizar internamente lo que tengas de fe en Dios”.
Después de esto, María Elena y Alberto, entienden que el amor no conoce de cuarentenas.
*Debido a las rutas alternas a las que debieron recurrir, ambos nombres fueron modificados para resguardar a los entrevistados.
«Es muy difícil ver a tu pequeño hijo pasar necesidades», así resume Rosángela Caríaco todo lo que vivió desde que salió de Ecuador con su esposo y su pequeño de apenas dos años, durante la segunda semana de julio.
Llegaron a Ecuador hace un año, aupados por familiares que los esperaron y ayudaron a instalarse. Cuenta que su esposo no logró la anhelada estabilidad laboral y trabajó como albañil hasta que empezó la pandemia que paralizó al mundo y la fuente de ingresos de cientos de personas que vivían del día a día.
“Estábamos en la ciudad de Esmeralda y allí la situación no era muy buena, en la parte que estaba no había trabajo, todo lo que se conseguía era para arriendo y comida. No alcanzaba para más”, recuerda.
Dice que una de las mayores presiones que tenían era que tampoco había recursos para enviar remesas para su hija de 9 años que está bajo los cuidados de la abuela materna.
Inicio del periplo
El 8 de julio tomaron lo poco tenían, dejaron la cama en la habitación que habían rentado y caminaron de regreso a Venezuela los tres. Iban con destino a su casa en Cumaná, estado Sucre.
En el trayecto, cuenta que no hubo ningún contratiempo, pero sí muchas carencias: “No nos daban ni una cola, todo lo teníamos que comprar y ya no teníamos plata”, recuerda.
Rosángela describe lo para ellos fue un duro episodio: la frontera con Colombia. “Por la trocha había un río que estaba crecido y unos muchachos nos ayudaron. Ellos colocaron un palo y cuando nos tocó pasar, me atacaron los nervios. Cuando vi cómo a mi hijo lo pasaban por esas aguas pensé que se me podía caer y ahogar ahí”.
Salir del Ecuador les tomó cuatro días, pero aún faltaba camino por recorrer y el virus seguía sumando contagiados por donde pasaban. “Siempre le pongo a mi niño una mascarilla y su alcohol para que esté siempre desinfectado”.
Dice que se vio obligada pedir baños prestados en el camino para poder asear al niño. Lo que le ha resultado también complejo en el trayecto ha sido el cansancio de su hijo, aún no camina largos tramos y lo han llevado cargado. “Cuando se duerme es más difícil porque se vuelve más pesado ya que es gordito”.
Agrega que, al llegar la noche, ellos no dormían, pues colocaban unas sábanas en la esquina de alguna carretera para que el niño descansara. “Nosotros no podíamos pegar un ojo porque teníamos que cuidarlo, somos sus padres”.
Rosángela Cariaco cuenta cómo se les dificultaba descansar porque estaban, como padres, muy pendientes de cuidar a su hijo.
La estafa y llegada a Cúcuta
En la ciudad de Cali otro episodio retrasó el camino. Compraron unos boletos con la empresa Transporte Bolivariano, que les ofreció un traslado humanitario para el día 11 de julio; pero al final resultó ser una estafa que se resolvió en buenos términos, ya que lograron la devolución en efectivo de lo que pagaron por los boletos.
En esa etapa del viaje no solo recibió su dinero de vuelta sino que se hizo parte de un grupo de connacionales que regresaban de Perú y Chile con quienes llegó a Cúcuta y ahora esperan para cruzar a Venezuela de manera legal.
El 25 de julio su familia ya sumaba aproximadamente 15 días en La Parada y por esa fecha recibió el brazalete que le garantizaba un turno para cruzar. Durante ese lapso de espera, el padre del niño trabajó de reciclador de basura y con eso consiguieron el dinero que necesitaban para pagar la comida mientras pernoctan a pocos metro de la frontera.
Pasaban la noche en un cambuche (una carpa que improvisada armada con palos y sábanas). El pequeño juegaba con unos carritos que le regalaron en Ecuador y ella pasaba el día pendiente de que el menor estuviera bien. “A las madres que viajan con niños les pido que los cuiden, que los protejan del virus y que no los dejen solos”.
Finalmente, esta familia cruzó el 8 de agosto y se instaló en uno de los refugios habilitado por Nicolás Maduro en San Antonio del Táchira. Así lo confirmó en un último mensaje, enviado por WhatsApp, justo antes de cruzar hacia Venezuela. Poco tiempo después, el número el número quedó inoperativo.
Miles de venezolanos alrededor del mundo, y en Venezuela, padecen lo que es no tener pasaporte. La falta de respuesta del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y la poca información que hay en torno al tema, hace aún más complicada la situación de venezolanos que se encuentran fuera del país y tienen el documento vencido o próximo a vencerse.
Cinco personas compartieron sus testimonios con Venezuela Migrante. Hablan sobre sus experiencias y los obstáculos que existen para poder contar con un documento que debería estar garantizado para todo ciudadano.
La posibilidad de perder una beca
Noymar Luque es egresada de Bioanalisis de la Universidad Central de Venezuela. Tras recibirse con su título, emigró a Chile para establecerse y buscar mejores oportunidades en un área donde es necesaria la constante formación y aprendizaje. Luque ya sabía que su pasaporte se vencía el 14 de julio de este año, por ello, inició el trámite de la prórroga el 1 de febrero con la esperanza de poder contar con el documento vigente en cuestión de semanas.
“Conozco gente que se le ha hecho rápido. Tengo una amiga que viajó en febrero y la pidió. En dos semanas, la tenía lista, pudo retirarla y venirse. También conozco gente que la ha pedido acá y no le ha llegado. Creo que es cuestión de suerte”, comentó Luque.
La principal preocupación de Noymar, además de querer tener su documento de identificación, se debe a que fue seleccionada para cursar una pasantía en Francia como parte de sus estudios de doctorado. Para poder viajar, necesita el pasaporte vigente o, en su defecto, la prórroga.
“Necesito la prórroga de mi pasaporte para poder viajar. Debido a la COVID-19, el viaje se retrasó. Pero estoy apelando en la embajada para ver si me dejan viajar con una constancia de que yo pedí la prórroga y que está en Venezuela”, explicó Noymar. Aunque el Saime le notificó a Luque que su prórroga estaba impresa, es incierto si esta llegará este año a Santiago de Chile.
“No sé si me van a permitir viajar así. Yo espero que sí”, dijo Luque. Además, explicó que no ha hablado con funcionarios del Saime durante este proceso y que ha optado por manejarse en redes sociales para estar pendiente de alguna nueva información.
También en Santiago de Chile vive Vanessa, quien recibió de visita a su madre. La mamá de Vanessa se quedaría unos meses en la ciudad junto a su hija y a su nieto, luego volvería a Venezuela. En marzo de este año vencía su primera prórroga, por lo que Vanessa gestionó para solicitar la segunda prórroga de su madre y que esta le llegara a la capital chilena.
“Pagamos los 100 dólares y al principio no sabíamos si se había hecho efectivo el pago. Una semana después llegó el comprobante de que sí se había realizado el pago”, recordó Vanessa. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, ella y su madre dejaron un poco de lado el tema y se limitaron a revisar las redes sociales de la embajada venezolana en el país austral.
“Yo estaba pensando que ya se había perdido ese dinero. Pero el martes de la semana pasada (25 de agosto) llegó un correo del Saime diciendo que ya la prórroga estaba lista y que podíamos ir a la embajada de lunes a viernes para buscarla”, dijo Vanessa.
Al día siguiente, Vanessa y su madre fueron a la embajada para buscar el documento. Al llegar a la sede diplomática se sorprendieron pues no vieron fila de personas ni a nadie esperando en los alrededores. Un funcionario chileno atendió a Vanessa y le explicó que el Saime estaba enviando correos erróneos y que en la embajada sólo contaban con pasaportes de 2019 hacia atrás.
“Puede que ser que la prórroga le llegue a finales de año, o incluso para 2021”, recordó Vanessa. Sin embargo, uno de los problemas con los retrasos en las prórrogas es, justamente, que la fecha de la misma suele ser una anterior a la que cuando el venezolano recibe el documento. Entonces la persona no cuenta con el pasaporte vigente por dos años, sino por menos tiempo.
Sin pasaporte en Colombia
Pedro es ingeniero de sistemas y tiene 33 años de edad. Vive en Bogotá y su pasaporte está a dos meses de expirar. En el caso de Pedro, sería la prórroga la que se vencería poco antes de finalizar el 2020. Por ello, ha hecho gestiones para solicitar una nueva extensión, sin embargo, no ha recibido respuesta por parte del Saime.
“El hecho de no poder hacer el trámite desde Colombia nos complica bastante, porque toca irse hasta Venezuela, pero debido a la situación de la COVID-19 entendemos que no han abierto las oficinas. No están trabajando desde que empezó la cuarentena en Venezuela”, explica Pedro.
Pedro ve como opción volver a Venezuela para tramitar la prórroga, pero no es algo que le genere especial ilusión
La preocupación de Pedro reside en que ya se está terminando el plazo para poder pedir una nueva prórroga, pues la misma tiene que solicitarse en los seis meses previos a la fecha de vencimiento del pasaporte o de la extensión. Sin embargo, como el Saime no labora desde el mes de marzo, todos estos trámites ni siquiera se han podido iniciar.
“A uno le queda mirar las redes para ver qué se dice sobre el funcionamiento del Saime”, comenta Pedro que también asegura que hasta ha mirado tutoriales en Youtube para ver cómo puede ingresar a la página del ente venezolano.
“Es algo que te perjudica porque no te puedes mover del país. Uno se vio forzado a salir de Venezuela por esas mismas razones, no conseguir trabajo y no tener calidad de vida, y, de paso, estando afuera te sigue perjudicando el mal gobierno”, comentó el ingeniero de sistemas.
Una situación similar vive Charlie, quien tiene el pasaporte vencido desde diciembre de 2018. Charlie, quien también reside en Colombia, hizo el pago de la prórroga en enero de 2019, pero su esperanza de obtener la extensión del documento se vio truncada por el conflicto político que vivía Venezuela para ese momento.
“El viernes 22 de febrero de 2019 recibo un correo donde me dicen que podía ir a buscar mi prórroga en la embajada. El sábado 23 pasa lo de la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela y, pues, rompen relaciones Venezuela y Colombia. Yo fui el lunes 25 a la embajada y estaba cerrada. Nadie daba respuesta de nada”, recuerda Charlie.
Nicolás Maduro rompió relaciones con Colombia el sábado 23 de febrero tras los hechos ocurridos en los pasos fronterizos entre ambos países. El político venezolano anunció que los embajadores y cónsules tenían 24 horas para salir de Venezuela.
La respuesta del Gobierno colombiano fue asegurar que Maduro no podía «romper relaciones diplomáticas que Colombia no tiene con él».
Querida @patriciajaniot Maduro no puede romper relaciones diplomáticas que Colombia no tiene con él. Nuestro gobierno no ha nombrado embajador allá ni reconocemos embajador de Maduro pues su mandato terminó el 9 de enero. Es un simple dictador que ocupa por la fuerza Miraflores https://t.co/ze1NGfVfng
Este conflicto perjudicó a los venezolanos que residen en el país vecino pues la embajada venezolana en Colombia dejó de trabajar debido a las tensiones entre ambas naciones.
“Intenté hablar con el Cónsul, pero cualquier intento era una pérdida de tiempo. Así fui perdiendo las esperanzas hasta que en agosto decidí dar por perdido eso junto con el dinero”, recordó Charlie. Sin embargo, todavía guarda expectativas por conseguir la nacionalidad colombiana y así poder tener un documento válido para viajar.
“No tener pasaporte me han complicado enormemente cualquier trámite legal en este país. Gracias a dios me aceptaron el pasaporte vencido para solicitar la nacionalidad colombiana que es la única esperanza que tengo de legalizar mi situación. He perdido oportunidades de trabajo en el exterior por no tener el pasaporte y no he podido ir a ver a mi familia por lo mismo, me da miedo entrar a Venezuela con el pasaporte vencido y que después no me dejen salir”, sentenció Charlie.
El problema de los gestores
Mientras el Saime mantiene sus oficinas cerradas y un completo silencio sobre el tema, hay personas que se mueven de forma ilegal para “agilizar” los trámites. Por esos servicios pueden cobrar hasta 3.000 dólares, sin garantía de que realmente cumplan con lo que prometen.
Noymar Luque recuerda que varias personas le escribieron ofreciendo servicios relacionado con el tema del pasaporte, pero los “precios eran exorbitantes”.
“Una persona me dijo que me cobraba 1.100 dólares con el envío hasta Santiago. Otra me recomendó esperar y pedir que la prórroga no me la manden a Santiago sino a Venezuela. De ahí enviármela, pero el precio era exorbitante. Preferí consultar en la embajada si me podían dar algún tipo de permiso especial para viajar”, comentó Luque.
Una situación similar recordó Charlie, quien recordó que le pidieron 3.000 dólares por el documento.
“Otro intento de obtener el pasaporte fue, como todo allá (en Venezuela), con corrupción. Me pidieron hasta 3.000 dólares por el documento lo cual me parece un absurdo total. Además, no cuento con ese dinero tampoco”, comentó el venezolano en Colombia.
Mientras, tanto, Pedro recordó que una de sus tías intentó “agilizar” el trámite por otra vía y tampoco tuvo suerte.
“Mi tía envió su pasaporte con un gestor para que le hicieran el trámite de la prórroga sin ella salir de Colombia y perdió su pasaporte. Está sin pasaporte y no sabe cómo solucionar porque cayó con uno de esos gestores que son unos tramposos”, recuerda Pedro.
Para finales de 2019, la ONG Transparencia Venezuela tenía un registro de 60 denuncias sobre irregularidades en el tema del pasaporte: retrasos en la entrega del pasaporte o prórroga (20), fallas en el sistema (16) y corrupción de funcionarios (7), expuso la ONG en una nota publicada el 21 de noviembre de 2019.
En el marco legal, la ONG también explica que las irregularidades en el tema del pasaporte vulneran dos artículos de la Constitución venezolana.
“Por un lado, se pone en entredicho el artículo 56 de la Constitución, que no solo establece que todos los venezolanos tienen derecho a la identidad, sino que obliga al Estado a suministrarles los documentos para comprobarla, entre ellos el pasaporte. Asimismo, se está vulnerando el ejercicio del artículo 50 de la Carta Magna, que establece que “toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias”, expone la ONG en su página web.
Uno de los pocos con suerte
Alexander es venezolano y reside en México desde hace seis años. Su historia, a diferencia de las previamente expuestas, ha sido más satisfactoria con el Saime y con el pasaporte. Incluso, Alexander se define como una persona con suerte en este tema.
“La verdad, yo he tenido suerte. Durante mi estadía me ha tocado renovar el pasaporte una vez y procesar la extensión una vez, ambas han tomado más o menos 6 meses. Nunca he intentado contactar directamente al SAIME ni a gestores, y para navegar los trámites me he apoyado de una comunidad en facebook: Pasaportes Venezolanos en el exterior que provee mucha mejor información de cualquier site oficial”, comentó Alexander.
El venezolano asegura que le parece “insólito” que el pasaporte venezolano solo sea válido por cinco años, así como que tarde tantos meses en tramitarse.
“Me sigue pareciendo insólito que el pasaporte sea válido solo por cinco años. Que tarde meses en tramitarse, que cueste lo que cueste y que tengamos el asunto de las extensiones. Afortunadamente no he tenido historias de terror y ha sido más que todo la ansiedad de no saber cuándo tendré la identificación oficial, pero no he tenido que lidiar con el problema de tratar de hacer algún trámite o viajar con el pasaporte vencido”, recordó el venezolano.
Miles de venezolanos sin pasaportes
En redes sociales se hizo tendencia #VenezuelasWithoutPassport (venezolanos sin pasaporte), una etiqueta que buscaba llamar la atención sobre la cantidad de venezolanos en el mundo que no cuentan con su documento de identidad.
Lo que comenzó con un mensaje y una foto se volvió viral en cuestión de horas y eran miles de mensajes de venezolanos que contaban sus historias relacionadas a la falta de pasaporte y a las irregularidades que han vivido debido al Saime.
Ante esto, nació Save My Identity, una ONG que agrupa a miles de venezolanos y que busca llamar la atención sobre este tema ante entes oficiales como Acnur, la OEA y el Parlamento Europeo. La ONG publicó una petición en línea para que las personas firmaran si estaban de acuerdo con distintas exigencias al Saime y la misma ya suma más de 35.000 firmas.
Dentro de las principales demandas resaltan que se “reforme y corrija el sistema de identificación hasta ahora desarrollado y que ha llevado a la crisis actual de la falta de identificación internacional de los venezolanos”; “permita el pago online seguro, rápido y confiable del trámite y cree un mecanismo de reembolso para los casos en que el sistema procese pagos más de una vez”, así como agilizar “la duración del trámite de solicitud de pasaporte y de prórroga de pasaporte”, entre otras.
El índice Henley de Pasaportes ubica al documento venezolano en el lugar número 44, el puesto más bajo en la historia de este ranking que inició en 2006. El resultado de esta clasificación es la cantidad de países que exigen visa a los venezolanos para poder entrar a sus territorios. En su mejor momento, el pasaporte venezolano ocupó el puesto 25 (en 2006 y en 2014), pero desde 2015 la identificación venezolana ha caído de forma constante hasta llegar al puesto en el que se ubica en 2020.
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú advirtió que “los venezolanos en situación de movilidad enfrentan numerosas dificultades para el ejercicio de sus derechos en el Perú” y que el Estado no está tomando las medidas que corresponden para proteger a esa minoría en situación de vulnerabilidad.
En su editorial titulado Proteger derechos de personas migrantes, resalta que urge eliminar las trabajas que impiden a los venezolanos poder integrarse a la sociedad peruana.
“Entre los sectores vulnerables de nuestra sociedad —pueblos indígenas, mujeres, población LGBTI— en los últimos años se ha hecho visible la población migrante. Pero no es lo mismo hacerse visible que recibir reconocimiento o protección. De hecho, en muchos casos se produce el efecto contrario: xenofobia entre la sociedad e indiferencia u hostilidad burocrática de parte del Estado”, es parte de la posición fijada por la institución.
De los impedimentos que más preocupa a la comunidad académica está la imposibilidad de una regularización migratoria oportuna. “Es muy limitado el reconocimiento de la condición de refugiado y la imposición del requisito de visa para el ingreso al territorio peruano. Pero eso no es todo; además, los inmigrantes deben enfrentar problemas como los asociados a la trata de personas y diversas formas de explotación laboral”, describe la PUCP.
Resaltan que esta desprotección afecta mayormente a las mujeres ya que son más propensas a ser víctimas de los abusos anteriormente mencionados y las barreras que impone el Estado, sobre todo para la inserción en el mercado laboral.
La PUCP señala que todo lo descrito anteriormente es consecuencia de la corrupción en la administración pública que se manifiesta en forma de actos de extorsión y otros.
Asimismo, se manifiesta preocupación, pues la red de albergues y otras instalaciones para acoger a las personas que se encuentren en situación de desamparo es todavía muy limitada.
Invisibles durante la pandemia
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de esta universidad, destaca que el Estado tiene una materia pendiente en lo que respecta a la inclusión de los extranjeros en planes de apoyo para aquellos que se han visto más afectados por la pandemia. “No se ha hecho todavía lo suficiente para incluir a todos los inmigrantes venezolanos como beneficiarios de las medidas de emergencia que se van adoptando para hacer frente a la pandemia de Covid-19”.
Describe que la actual crisis no los afecta solamente desde el punto de vista sanitario, lo cual ya es grave por sí mismo, sino también desde la óptica de la seguridad laboral y financiera. “Esto agrava su vulnerabilidad a la explotación laboral ya mencionada”.
Por último, urge al Estado peruano reexaminar las medidas administrativas y las políticas públicas actualmente vigentes sobre esta materia, reconociendo que los problemas comienzan desde las normas para el reconocimiento del estatus legal y migratorio de las personas.
Las cifras desmienten la percepción de que el aumento de criminalidad esté asociado con la acogida de migrantes. Según un estudio de Migration Policy Institute (Instituto de Política Migratoria, en español) y Brookings Institution, los migrantes venezolanos cometen delitos en niveles sustancialmente más bajos a su proporción en las poblaciones de Perú y Chile. “Una de las narrativas más comunes sobre estos migrantes y refugiados es que aumentan las tasas de criminalidad en las comunidades donde viven. En distintas encuestas, residentes de Colombia y Perú han citado regularmente el crimen como una de las razones por las que se sienten más incómodos con la migración desde Venezuela”, señala el informe.
De acuerdo con el análisis la evidencia es más variada en Colombia. “Los venezolanos cometen delitos violentos a una tasa menor a su proporción en la población, y su participación ligeramente mayor en delitos no violentos podría ser el resultado del alto desempleo de migrantes y la existencia de redes de tráfico ilícito a lo largo de las zonas fronterizas del país, donde la mayoría de estos delitos fueron reportados, indican los investigadores”, destaca.
En América Latina y El Caribe existen más de 4,2 millones de migrantes y refugiados venezolanos. De ahí que la evaluación se enfocó en los datos de los tres países que albergan mayor cantidad de ciudadanos procedentes de Venezuela: Colombia, Perú y Chile. El boletín informativo está basado en cifras disponibles públicamente y datos solicitados por los investigadores de Migration Policy Institute y Brookings institution a agencias gubernamentales con la intención de cotejar la tasa de cargos y encarcelamiento de migrantes respecto al año 2019.
En Chile, solo un 0.7% de los acusados de algún crimen ese año eran venezolanos. La comunidad venezolana apenas representa un 2,4% de la población de ese país. En Perú, y basado en datos de encarcelamiento como indicador de tasas de criminalidad, un 1.3% de los prisioneros son extranjeros, es decir: entre venezolanos y otras nacionalidades. En esa nación la diáspora venezolana alcanza un 2.9% de los pobladores.
Acceso formal al mercado laboral
En Colombia, un 2.3% de las detenciones por delitos violentos en 2019 involucraron a venezolanos, mientras que los inmigrantes de Venezuela representan el 3.2 por ciento de la población total del país. “De todos los arrestos, el 5.4 por ciento fueron de venezolanos, tal vez como reflejo del hecho de que las regiones donde los venezolanos resultaron responsables de una mayor proporción de delitos, así como aquellas donde enfrentaban tasas más altas de desempleo, se encuentran principalmente a lo largo de la frontera”. En contraste, el informe indica que “las encuestas de opinión muestran que los colombianos y peruanos señalan regularmente el crimen como una de las razones por las que se sienten más incómodos con la migración desde Venezuela, y a principios de 2020 el Ministerio del Interior peruano anunció la creación de una unidad especial de seguridad dedicada a los delitos cometidos por migrantes”. Y concluyen que estas percepciones están «fuera de lugar».
Según el análisis de los investigadores Dany Bahar, Meagan Dooley y Andrew Selee, este “hallazgo es consistente con la información que sugiere que otorgar a los migrantes y refugiados acceso formal al mercado laboral puede reducir la incidencia del crimen entre la población migrante”. También indica existe “evidencia robusta de que la presencia de inmigrantes venezolanos no está generando un aumento sistemático de crimen en la región, ciertamente no en los tres países que han recibido la mayor cantidad de inmigrantes y refugiados venezolanos”.
