El estudio, que fue presentado a la prensa en la primera semana de diciembre, también demuestra cómo las autoridades venezolanas maltratan a los venezolanos retornados. Además, el informe muestra cómo estas personas realmente no han sido bien atendidas en su regreso al país.
Desinformados y sin recursos, así es el retorno a Venezuela
1- Un cambio en la movilización. El trabajo muestra que «hay un cambio en la caracterización de la movilidad venezolana. Antes eran los hombres los que partían primero, para luego llevarse a sus familias. Ahora son las mujeres las que se movilizan. Mujeres con niños y abuelas», relató Mirla Pérez, miembro del CIP, profesora de la Universidad Central de Venezuela e investigadora. Esto denota un cambio importante en la movilización de la migración venezolana, pues ahora es más diversificada.
2- El retorno comenzó en marzo. La mayoría de los países latinoamericanos impusieron cuarentenas en la segunda semana del mes de marzo. Esto hizo que las condiciones económicas de los venezolanos en los países de acogida empeoraran en cuestión de días. Alexander Ocampos, miembro del CIP e investigador, explicó que «los venezolanos tomaron lo poco que tenían en los países de destino, vendieron lo que no podían cargar y emprendieron una caminata hasta las fronteras venezolanas». Esto último, especialmente motivado por la paralización del transporte público en los países del continente.
«Los venezolanos migrantes se regresan en busca de un refugio. Huyen del hambre y del desamparo de quedarse sin hogar; pues al no poder trabajar no podían pagar arriendo», indicó Campos.
Poca atención por parte de las autoridades
3- El papel de las autoridades. Los entrevistados coincidieron en que el trato por parte de las autoridades venezolanas «fue pésimo». Sin embargo, también sostuvieron que hubo ausencia de cualquier tipo de autoridad gubernamental o policial hasta llegar a la frontera criolla. Apenas en el paso fronterizo es que pudieron encontrar apoyo por parte de organizaciones no gubernamentales y hasta entes migratorios o policiales. El trato recibido fue mejor del lado extranjero, que del lado venezolano.
Los entrevistados también manifestaron que hubo un discurso discriminatorio en contra de los retornados. Este discurso que nació desde el poder político en Venezuela, también llegó hacia los funcionarios de seguridad. En el informe también se explica que las personas son despojadas de lo que traen y «son humillados y tratados como criminales por policías y militares».
Poco valor por las medidas de bioseguridad
4- Ausencia de protocolos. Un punto sumamente importante es si hay o no protocolos de bioseguridad en los pasos fronterizos. La administración de Nicolás Maduro ha asegurado que la atención en la frontera es óptima, sin embargo, los entrevistados en el trabajo del CIP y Cecodap opinan diferente. Las personas reportaron que «no existen protocolos de bioseguridad para ingresar al país». No obstante, afirmaron que sí les hacen la prueba rápida para detectar la COVID-19. Lamentablemente, sin importar el resultado, todos fueron enviados a centros de aislamiento preventivo.
5- Los centros de aislamiento. Los espacios para que los venezolanos guardaran cuarentena en las zonas fronterizas «se convirtieron en pequeños campos de concentración», aseguraron los investigadores. Los entrevistados también aseguraron que en los lugares de aislamiento no había personal médico para controlar el sitio, sino que los recintos estaban al mando de grupos armados y milicianos.
Los venezolanos retornados fueron amenazados por grupos irregulares. Sus comunicaciones fueron reducidas y no podían informarse sobre el acontecer nacional. Los entrevistados coincidieron en que ninguno pasó únicamente los 14 días de aislamiento que son los recomendados por las autoridades médicas. Por el contrario, el promedio de días de los entrevistados fue de 25.
6- Los niños afectados. «Una persona nos relató que del paso de Arauca (Colombia) a Barquisimeto (Venezuela) murieron tres niños con deshidratación», comentó la investigadora Mirla Pérez. Los niños no reciben ningún tipo de trato especial o diferenciado, a pesar de ser de los más vulnerables en esta situación. El informe señala que los niños fueron sometidos a caminar por kilómetros, además de a la mala alimentación y al hacinamiento. Además, fueron testigos de violencia ejercida por grupos armados contra el resto de la población.
El Congreso de Chile aprobó una nueva Ley de Migración que apunta a restricciones a la inmigración. La norma, impulsada por el Gobierno, destaca por exigir un visado consular para ingresar al país; impidiendo a quienes entraron sin esta documentación, por pasos no habilitados y clandestinos, regularizar su situación.
Para la internacionalista Patricia Rojas, fundadora de la Asociación de Venezolanos en Chile (Asoven), es una ley que retrocede en derechos porque cierra la posibilidad de realizar un cambio de estatus migratorio a quienes ingresaron sin visas consulares, a menos que tengan familiares directos residenciados definitivamente en este país. “Esto nos preocupa porque estamos viendo que los visados consulares no vienen a resolver los problemas de fondo, y esto va a generar que las personas entren a Chile, bien sea como turistas o de manera clandestina, no van a tener la posibilidad de estar en el país regularmente”, explica a Venezuela Migrante.
Rojas considera que se podría producir un escenario parecido a Estados Unidos, donde existen migrantes que han vivido 30 años en esta nación, y aún así siguen siendo “fantasmas de los sistemas” al no poseer documentos. “Es algo que preocupa porque puede generar vulneración de los derechos de estas personas, y hasta esclavitud moderna”.
Para José Tomás Vicuña, director del Servicio Jesuita de Migración, la nueva normativa puede acrecentar las redes de tráfico, las caravanas de migrantes, entre otras situaciones ilegales. «Hay un punto que va a tener que evaluarse, que tiene que ver con el artículo 8° transitorio, que va a permitir regularizarse a algunas personas que estaban en situaciones duras, pero no a quienes ingresaron por pasos no habilitados», dijo en una entrevista a Chilevisión.
Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, aseguró que aquellos extranjeros que ingresaron por caminos clandestinos serán “expulsados” de Chile. Su advertencia ocurre cuando cientos de extranjeros, la mayoría venezolanos, ingresan por pasos no habilitados en la frontera.
En septiembre, Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, aseguró que los extranjeros que entren de modo clandestino cometen un delito y serían deportados.
Rojas considera que existe “cierta indolencia” cuando se “habla de expulsar a todo aquel que entre al país, a pesar de que sea de manera irregular. “Cuando una autoridad de Gobierno empieza con amenazas de que se expulsará a toda aquella persona que llegue a Chile de manera clandestina, sentimos que hay un dejo de indolencia, sin ni siquiera tomar en cuenta que hay tratados y convenios internacionales que protegen a estas personas. No es llegar y montar a cien personas en un avión y expulsarlos. No, hay que revisar caso por caso, y hay que revisar si estas personas califican para el estatus de refugiado”, afirma.
La nueva ley de migraciones estuvo casi ocho años en el Congreso. En 2018, Asoven se dedicó a efectuar un seguimiento a este proyecto con la intención de hacer incidencia en esta iniciativa. Con la aparición de la pandemia de Covid-19 se diversificaron las labores de la asociación sin fines de lucro. «Hemos estado trabajando varias aristas en la asistencia de personas migrantes venezolanas en Chile”, relata Rojas.
De acuerdo con sus cálculos siete de cada 10 casos de venezolanos que ingresan por pasos no habilitados en tiempos de pandemia destaca por intentar reunificación familiar.
Se trata de adultos mayores con niños, niñas y adolescentes. “Nos preocupa tremendamente porque en ambos casos son poblaciones de riesgo, inclusive más vulnerable que los adultos mayores tradicionales. Hemos recibido petición de asistencia de cerca de 60 casos, en grupos familiares: o es la esposa con los niños que vienen a encontrarse con el otro cónyuge en Chile que está establecido legalmente, o la abuela con varios niños. Esa es la mayor cantidad de casos que hemos recibido en los últimos seis meses”, explica.
Los viajes se realizan por caminos peligrosos y en condiciones extremas. En noviembre, una mujer de 45 años y oriunda de Maracaibo, en el estado occidental de Zulia, murió mientras ingresaba a Chile por la frontera con Bolivia a través de un paso no habilitado en la región norteña de Tarapacá.
Su hermana, quien la acompañó en toda la travesía, dijo que ella iba a Chile para reunirse con dos hijos residenciados en Santiago. “La idea era vivir con ellos y esperar que en Venezuela mejoren las cosas para poder regresar, pero ahorita es muy duro estar allá”, declaró a la prensa local.
El temor a ser deportado
Juan (nombre cambiado para proteger su identidad) ingresó por un paso no habilitado hace unos meses, y ahora está en condición migratoria irregular. “Tengo miedo de ser deportado a Venezuela, porque como todos sabemos la situación en nuestro país no es nada fácil, y estando allá no podría ayudar a mi familia; y además se me haría un poco difícil volver a salir al extranjero porque es muy costoso”, dice.
Es padre de un niño, casado y oriundo del estado llanero de Barinas. Toda su familia se quedó en Venezuela, mientras él se aventuró a atravesar kilométricas carreteras hacia el sur. “Lo peor que sufrí en ese viaje fue cuatro noches durmiendo en plena carretera, desierto, aguantando frío y hambre, y sin tomar una gota de agua. No tengo visa democrática ni ninguna otra visa, al país entré por un paso no habilitado con frontera por Bolivia”, comenta.
Su motor fue la Emergencia Humanitaria Compleja, la cual impedía completar costear por completo un tratamiento médico para su madre a pesar de ser gerente de una pizzería en la ciudad de Barinas. En Chile, Juan aspira regularizarse para conseguir “estabilidad” económica y así poder ayudar a su familia en Venezuela.
Muchos venezolanos que entran por estos pasos no habilitados suelen estar en condiciones vulnerables, pero algunos cuentan con una red de apoyo. «Estamos viendo casos, y son muy pocos, de personas que entran clandestinamente y se quedan en la ilegalidad. El norte de un 98% de aquellos que ingresan, sea de manera regular e irregular, es conseguir la regularización migratoria dentro de Chile… Eso evidencia un sentido de aporte al país, además de la responsabilidad de enviar remesas a las familias que quedan en Venezuela», explica Rojas.
Claves de una norma
Parlamentarios opositores al Gobierno de Sebastián Piñera adelantaron que introducirán una reserva de constitucionalidad respecto a una serie de artículos de la ley que, posiblemente, contravengan principios fundamentales como la Convención sobre Derechos del Niño y de los trabajadores migrantes.
A pesar de contar con detractores, el texto también es valorado por otros políticos chilenos que, entre otros puntos, resaltan que pondría “orden” a la migración en este país. “Es una ley que va a permitir también mirar el futuro desde el punto de vista de la integración y la convivencia que es tan necesaria para Chile”, señaló Rodrigo Delgado, ministro del Interior.
La norma incluye entre las visas humanitarias una especial destinada a mujeres víctimas de tráfico, a la cual también se debe postular. “Las mujeres embarazadas, víctimas de trata de personas o de violencia de género o intrafamiliar, u objeto de tráfico de migrantes, tendrán un trato especial por parte del Estado”, indica la norma.
De las categorías de las visas consulares para ingresar al país destaca una por razones humanitarias, otra para oportunidades laborales, reunificación familiar, estudios, pacientes bajo tratamiento médico, entre otras. Todas serán otorgadas en consulados de Chile, pero no dentro de esta nación.
En los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz sacar una Visa de Responsabilidad Democrática puede demorar hasta un año y varios meses, y el trámite no está totalmente garantizado. Incluso, en noviembre, decenas de venezolanos denunciaron la cancelación del proceso migratorio por decisión del Gobierno chileno que argumentó motivos relacionados con el cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus.
Rojas piensa que esto dispara el ingreso ilegal por las fronteras terrestres de Chile. Su opinión es que también podría acrecentar la vulnerabilidad de los extranjeros sin documentos. “Es una ecuación matemática perfecta, en el momento en que los Estados imponen visados consulares para que personas de países que se encuentran con crisis humanitaria, política, lo que sea; enseguida se dispara la entrada de estas personas a los países de manera ilegal, y digo ilegal porque sí es cierto que en Chile va contra la ley ingresar por pasos no habilitados o de manera clandestina”, acota.
El informe de situación noviembre 2020 emitido por la Organización de Estados Americanos (OEA), dejó varios hallazgos interesantes. El documento publicado el pasado 1 de septiembre profundiza en la situación migratoria de los venezolanos en Latinoamérica, pero también presenta datos actualizados.
Uno de los puntos más importantes es la cantidad de venezolanos que conforman la población migrante: 5.4 millones de personas. El informe también destaca que 224.000 venezolanos están en calidad de migrantes y refugiados en el Caribe. Otro aspecto revelador es que 500 criollos cruzan la frontera venezolana hacia Colombia a diario desde el inicio de la pandemia por la COVID-19.
Claves de la migración venezolana según informe de la OEA
1- Los venezolanos retornados. De acuerdo al informe de la OEA, la cifra de venezolanos retornados desde Colombia es de 123.000 personas hasta el 12 de noviembre. Mientras que desde Brasil, son 8.000 los retornados. Las autoridades migratorias peruanas han reportado que hay más venezolanos saliendo a diario del país que ingresando.
2- La OEA estima que 500 venezolanos ingresan a Colombia diariamente. Esta cifra es particularmente importante si se tiene en cuenta que las fronteras colombianas están cerradas debido a la pandemia. Además, la movilidad interna en Venezuela se ha hecho sumamente complicada debido a la escasez de gasolina. El informe también presentó que, hasta el 12 de noviembre, al menos 5.000 venezolanos habían ingresado a Colombia a través de pasos ilegales en 2020.
3- La OEA afirma que el cierre de fronteras aumenta la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos. El ente regional determinó que, debido a las condiciones que vive Venezuela actualmente, las personas buscan salir hacia islas del Caribe. Esta decisión resulta sumamente riesgosa. «Con el cierre de las fronteras y la profundización de la crisis en Venezuela, se hace cada vez más frecuente que los venezolanos arriesguen su vida huyendo desesperados por el mar en una embarcación menor que los traslade a alguna isla del Caribe», reza el informe. En el documento también se menciona el reciente hecho ocurrido con los venezolanos deportados de Trinidad y Tobago.
Los puntos que destacan
4- La OEA destacó a tres países por sus avances en materia migratoria hacia la población venezolana. El primero de los países mencionados es Costa Rica. La nación centroamericana creó una «categoría especial de protección para migrantes venezolanos. La nueva condición migratoria aplicará a los venezolanos que tengan una resolución denegatoria de refugio, que no tengan antecedentes penales y que hayan entrado a ese país entre el 1 de enero de 2016 y 20 de marzo de 2020».
Perú es otro de los países destacados en este aspecto. La aprobación de «medidas especiales, excepcionales y temporales para regularizar la situación migratoria de extranjeros en su territorio» es reconocida en el informe. «Esta medida beneficia a ciudadanos venezolanos cuyo Permiso Temporal de Permanencia (PTP) esté vencido y a aquellos que llegaron a territorio peruano sin pasar por los controles fronterizos, especialmente a quienes lo hicieron durante la pandemia».
Brasil también sumó un reconocimiento especial en el documento. La OEA mencionó que en Brasil residen 46.000 venezolanos en calidad de refugiados. La OEA saluda que la nación sudamericana apruebe las solicitudes de refugio basándose en la Declaración de Cartagena.
Para todo ciudadano venezolano, o de otra nacionalidad, que esté viviendo en Colombia, resulta importante regularizar su situación migratoria. De esta forma, se hace más viable el acceso a los sistemas de salud y educación sino también al transporte, la vivienda y el mercado laboral.
Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores son los entes competentes para realizar los trámites migratorios. Éstos varían de acuerdo al tiempo que desee quedarse en el país y el motivo de su migración.
A continuación, explicaremos cuáles son los documentos con lo que puede regularizar su situación migratoria, dependiendo de su caso:
1. Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP)
Es la autorización expedida por Migración Colombia, al extranjero que no requiera Visa. La autoridad migratoria estampa un sello en el pasaporte, donde consta el ingreso (fecha del ingreso, días de permanencia autorizados y tipo de ingreso), que será de noventa (90) días consecutivos, prorrogables, por noventa (90) días más, hasta completar un máximo de 180 días por año calendario. Dicho trámite de prórroga tiene un costo de 103.000 pesos (25 dólares, aproximadamente).
La máxima estadía con PIP es de 6 meses. Foto: Vistazo.com
¿Quiénes pueden optar para PIP?
Todos las personas venezolanas que ingresen a Colombia por un Puesto de Control Migratorio (PCM) y que no tengan el ánimo de establecerse o domiciliarse en el país.
Recursos para su estadía en el territorio nacional
Boleto de regreso
¿Qué permite?
Ingresar y permanecer al territorio nacional, para ejercer únicamente la actividad objeto del permiso. El PIP, por lo general, aplica para aquellos ciudadanos que visitan al país en condición de turista.
¿Cómo se solicita?
De forma presencial en el Puesto de Control Migratorio de Migración Colombia.
Restricciones
Estancia continúa en el país hasta por 180 días.
Permite ejercer únicamente la actividad otorgada mediante el PIP.
2.Permiso Especial de Permanencia (PEP)
Este es un documento que creó el gobierno de Colombia, desde hace al menos tres años, para regularizar el estatus migratorio de venezolanos en el país vecino. Es un documento de identificación válido para las personas venezolanas en territorio colombiano que les permite permanecer temporalmente en condiciones de regularización migratoria y acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación y trabajo en Colombia.El PEP se otorga por un periodo de noventa días calendario, prorrogables por períodos iguales, sin que exceda el término de dos años. El trámite y expedición son gratuitos. El PEP no es excluyente de otras formas de regularización migratoria (Solicitantes de refugio/ visas) ya que son trámites diferentes e independientes.
Si usted tramita este documento, no puede permanecer más de 90 días fuera del territorio colombiano.
El PEP se debe renovar cada tres meses. Foto: estoyenlafrontera.com
¿Quiénes pueden optar para PEP?
1. Todas las personas venezolanas que hayan ingresado al país por uno de los Puestos de Control Migratorio y sellado su pasaporte antes del 31 de agosto de 2020. El plazo para sacar este documento vence en febrero de 2021.
2. Todas las personas venezolanas que se inscribieron en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) y tienen su certificado o comprobante de registro. Pueden solicitar el PEP en la fecha que indica el número de formulario o comprobante de RAMV.
Requisitos
Ser ciudadano venezolano.
Haber registrado ingreso a Colombia por puesto de Control Migratorio habilitado.
No tener antecedentes judiciales.
No tener medidas de deportación o expulsión vigentes.
¿Qué permite?
Permanecer y transitar en el territorio colombiano de manera regular hasta por dos años.
Ingresar o salir del país, siempre y cuando esté acompañado de otro documento para corroborar su identidad.
Estudiar y trabajar en Colombia.
Afiliarse al sistema de seguridad social.
Abrir cuentas en el sistema bancario.
Atención a niños, niñas y adolescentes en el nivel municipal, departamental y nacional.
Para inscritos en el RAMV por medio de la página web de Migración Colombia
El trámite del PEP es totalmente gratuito. Foto: Captura Migración Colombia
Según explica la autoridad migratoria, el PEP no se otorgará a personas que no lo hayan solicitado en las fechas estipuladas o que no se encuentren inscritas en el RAMV. El documento no reemplaza al pasaporte. Tampoco tiene efectos en el cómputo de tiempo para visas.
Para conocer detalles de la más reciente jornada de solicitud de PEP, puede ingresar aquí.
3.Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF)
Es un permiso de trabajo que facilitaría la regularidad migratoria a aquellos los venezolanos que estén en condición irregular en Colombia, mediante contratos laborales o contratos de prestación de servicios. Su vigencia correspondería al mismo tiempo de duración del contrato, que puede ser de dos meses a dos años. El PEPFF tiene caracter renovable.
Requisitos:
Ser ciudadano venezolano.
Estar en condición migratoria irregular.
Ser mayor de edad
Presentar la cédula de identidad venezolana y/o el pasaporte, aun cuando éstos se encuentren vencidos.
No tener antecedentes judiciales en Colombia o en el exterior.
No ser sujeto de una medida administrativa de expulsión o deportación vigente.
Ser titular de una oferta de contratación laboral por parte de un empleador en Colombia o una oferta de contratación de prestación de servicios por parte de un contratante en Colombia.
¿Cómo se solicita?
Lo solicitaría el empleador que tenga la intención de contratar al migrante venezolano a través de la página web del Ministerio del Trabajo www.mintrabajo.gov.co
Para ello, el empleador se registraría primero de manera virtual en el Registro Único de Empresas (RUE) de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo. Si el empleador es una persona natural el registro se realizaría con copia del documento de identificación y del Registro Único Tributario (RUT) con no más de 12 meses de expedido.
Para el caso de persona jurídica, el registro del empleador en el RUE se haría con la copia del documento de identidad del representante legal y la copia del certificado de Cámara de Comercio con no más de tres meses de expedido.
¿Cómo se haría la solicitud?
El proceso se haría a través de la página web del Ministerio del Trabajo. Allí el empleador tendría que especificar:
Duración del contrato
Cargo a desempeñar
Rango salarial
La información será validada por el Ministerio del Trabajo.
Si el Ministerio del Trabajo aprueba la solicitud, el proceso pasaría a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia para realizar el proceso de verificación presencial del migrante venezolano en estado irregular, para lo cual, el migrante tendría que acceder a la página web de Migración Colombia y agendar una cita en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios más cercano.
¿Qué permite?
Acceso al sistema de salud, al sistema general de seguridad social, al sistema financiero y al mecanismo de protección al cesante.
4.Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF)
La Tarjeta de Movilidad Fronteriza es un documento gratuito, expedido a venezolanos para que transiten libremente por territorio colombiano en la zona de frontera. Con la Tarjeta de Movilidad Fronteriza los venezolanos pueden ingresar a Colombia por cinco puntos: La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Vichada y Guanía.
Desde febrero de 2020 se suspendió el trámite. Foto: LaPatilla.com
Requisitos
Una foto tamaño 3×4 con fondo blanco en formato JPG
Cédula de identidad o partida de nacimiento (para no cedulados) como documento de identificación en PDF
Constancia electoral en PDF (se obtiene en la página del Consejo Nacional Electoral)
Certificado de residencia en PDF
¿Qué permite?
Ingresar y transitar libremente por zonas fronterizas
Estudiar primaria o secundaria
Realizar turismo en zonas de frontera
Visita de Familiares, compra de medicamentos
¿Cómo se solicita?
De forma presencial en Migración Colombia.
Restricciones
Ingresar al interior del país
Vivir en Colombia
Afiliarse al sistema de salud
¿Quiénes pueden optar a la TMF?
La expedición de nuevas Tarjetas de Movilidad Fronteriza fue suspendida por Colombia desde el pasado 8 de febrero de 2020.
5.Solicitud de asilo o refugio
El procedimiento para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado se rige por lo dispuesto en el Decreto 1067 de 2015 y debe ser presentado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
El trámite para reconocimiento de la condición de refugiado no es una legalización de estatus migratorio. No existe un plazo preestablecido en el que se deba decidir sobre una solicitud. El plazo razonable en el que deberá resolver dependerá de la información y documentación que el solicitante aporte y de la complejidad de cada caso.
En cualquier momento del trámite de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, el solicitante podrá desistir del procedimiento, voluntariamente y por escrito.
La solicitud de refugio la rige el principio de no devolución al país de origen. Foto: AFP
¿Quiénes pueden solicitar asilo?
A través de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado se reciben, tramitan y estudian las solicitudes presentadas por quienes consideran que se ajustan a la definición de refugiado. Según el Artículo 2.2.3.1.1.1. del Decreto 1067 de 2015, es toda persona: “a) Que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él; b) Que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público, o c) Que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de que se procediera a la expulsión, devolución o extradición al país de su nacionalidad o, en el caso que carezca de nacionalidad, al país de residencia habitual.”
¿Qué permite?
Permanecer en el territorio colombiano hasta la entrega de una decisión fundamentada a su solicitud
Aplicación del principio de no devolución al país de origen
Expedición de un salvoconducto de solicitante de asilo para permanencia legal en el país
Acceso a educación
¿Cómo se solicita?
La solicitud se presenta en los primeros 60 días de ingreso al país; fuera de este término, se explicará por qué situación de fuerza mayor o caso fortuito no la presentó antes.
Si usted ingresa al país a través de las fronteras, puertos o aeropuertos debe:
1 Presentar una solicitud escrita en una oficina de Migración Colombia habilitada explicando las razones por las cuales salió de su país y por qué regresar lo pondría en riesgo. La información que proporcione será confidencial.
2 Por correo electrónico recibirá una notificación que confirma la emisión de un salvoconducto por 3 meses, renovable. Deberá reclamar el salvoconducto en la oficina de Migración Colombia donde hizo la solicitud.
3 La Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (CONARE) lo citará a una entrevista en persona para conocer mejor su situación y las razones por las cuales solicita la condición de refugiado. Si no asiste, el proceso no continuará.
4 Si su solicitud es aprobada, el Ministerio de Relaciones Exteriores expedirá una resolución de reconocimiento positivo y la visa correspondiente. Con estos documentos podrá solicitar a Migración Colombia la expedición de una cédula de extranjería.
5 Si su solicitud es rechazada, podrás apelar en un plazo de 10 días hábiles.
Requisitos:
Todas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado deberán contener la siguiente información:
1 Nombres y apellidos completos del interesado y de sus beneficiarios.
2 Fotocopia del Pasaporte y/o documento de identidad del país de origen o de residencia habitual. (del solicitante y sus beneficiarios).
3 Fecha y forma de ingreso al país.
4 Dirección, número telefónico y/o correo electrónico a través de los cuales pueda ser localizado. Si en cualquier momento del procedimiento el solicitante cambia de dirección u otro dato de contacto, deberá informarlo a la Secretaría Técnica.
5 Relato completo y detallado de los hechos en los cuales apoya su solicitud.
6 Documentos que respalden la solicitud, si los tuviere.
7 Fotografía reciente a color 3×4 cm, fondo azul (del solicitante y sus beneficiarios).
8 Firma del interesado, cuando se trate de personas que no sepan o no puedan firmar, se procederá a la firma a ruego, como lo prevén los artículos 39 y 69 del Decreto 960 de 1970.
9 Manifestación expresa sobre su voluntad de ser o no notificado o contactado mediante correo electrónico.
Para presentar solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, se deberá radicar la documentación requerida (puede remitirse mediante correo normal o certificado) en la Oficina de Correspondencia, ubicada en la Carrera 5 No. 9-03 – Horario de Atención: 8:00 a.m. – 12:30 p.m. y 2:00 p.m. – 4:30 p.m.
Restricciones
– No otorga permiso de trabajo durante el estudio de la solicitud.
¿Dónde se puede hacer el seguimiento a la solicitud?
Esta ruta para la regularización del estatutos migratorio la toman aquellos extranjeros que deseen visitar o establecerse en Colombia, y cuya condición o actividad particular se ajuste a algunos de los tipos de visas previstos por la legislación vigente en la materia.
Bien sea para visitar o para establecerse en el territorio nacional para ello deberá optar por algún tipo de visa:
– Visa Visitante Tipo V: Extranjero que desee visitar una o varias veces el territorio nacional, o permanecer temporalmente en él sin establecerse. Ejemplo: tránsito, turismo, estudio, tratamiento médico, vacaciones, entre otras.
– Visa Migrante Tipo M: Extranjero que tenga la intención de establecerse en el país y no cumpla condiciones para solicitar visa tipo R. Ejemplo: cónyuge o compañero permanente de colombiano, padre o madre de colombiano por adopción, refugiado, trabajador, empresario, estudiante, independiente, entre otras.
– Visa Residente Tipo R: Extranjero que desee establecerse permanentemente o fijar su domicilio en el país, bajo el cumplimiento de unas condiciones. Ejemplo: padre o madre de nacional colombiano, inversión extranjera directa, entre otras.
Actualmente existen tres tipos de visa en Colombia. Foto: Captura Cancillería Colombia
A considerar:
Actualmente Colombia avanza con un sistema biométrico de identificación para venezolanos. Por medio de la tecnología biométrica, busca hacer un proceso de identificación de este grupo poblacional, a través de sus características físicas que son intransferibles. Con esta herramienta precisan que buscan, además de identificación, combatir el fraude documental, el robo de identidad, la delincuencia informática, entre otros.
El registro se hará por medio de dos fases: 1) el proceso de captación de datos y recopilación de información base, a través de mecanismos de interfaz inteligente; 2) la verificación y captación de información de la autoridad migratoria de forma presencial.
La implementación del registro biométrico, con el cual se iniciará el proceso de identificación y caracterización de la población venezolana en Colombia, comenzará con los migrantes que tengan el Permiso Especial de Permanencia (PEP) en el país. Según recientes declaraciones del director de Migración Colombia, se espera inicie desde diciembre de 2020.
El 22 de octubre, el expresidente del Perú, Martín Vizcarra, promulgó un decreto, firmado por él y por el exministro de Interior, César Gentille. El documento contempla medidas especiales para regularizar la situación migratoria de extranjeros y extranjeras en el país con el un nuevo PTP, también llamado Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP).
El plazo para presentar la solicitud de esta medida es de ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia de esta norma.
Aunque el decreto significó un gran alivio para la principal comunidad de extranjeros que hay en el país, y que actualmente se encuentran en condiciones migratorias irregulares, todavía no se ha publicado el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), que establece los costos que tiene el trámite, los tiempos para realizarlo, así como los demás requisitos indispensables para optar por el CPP.
Hasta el momento, la embajada designada por Juan Guaidó en el Perú, a cargo de Carlos Scull, ha sostenido reuniones con la Superintendencia de Migraciones para evaluar la implementación de esta medida, que beneficiará a los venezolanos que bien no cuentan con una calidad migratoria en el país o están en situación irregular.
“Todavía nos faltan algunos detalles, por ejemplo, cuánto será el costo del trámite. También hemos solicitado que se evalúe el tema de las multas. Eso preocupa a muchos venezolanos que están interesados en hacer el trámite del nuevo PTP o CPP, porque está contemplado en el decreto”, explicó el embajador Scull en conversación telefónica con Venezuela Migrante.
Por su parte, Marta Castro, coordinadora de investigación de Equilibrium CenDE, señaló que actualmente no se sabe cuál será el impacto que tendrá esta medida en los migrantes que residen en Perú. “Es una buena medida para organizar a la población venezolana, pero no sabemos cuántos están en situación irregular. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se han procesado entre 400 y 500 mil solicitudes de refugiados”, agregó.
Ventajas del nuevo PTP
De acuerdo con la plataforma R4V, actualmente en el país hay más de 1 millón 43 mil 460 venezolanos, de los cuales 496 mil 95 son solicitantes de la condición de refugiado, ubicándose así como el primer país en la región con el mayor número de solicitudes bajo esta condición, y que podrían verse beneficiados con esta medida.
Según una investigación publicada por Equilibrium Cende, se han entregado, entre 2014 y febrero de 2020, un total de 93.533 carnets impresos que corrobora la condición de ser solicitantes de refugio.
Julio Arrieche, abogado y especialista en temas migratorios, considera que una de las ventajas principales que tiene esta norma es que representa una «amnistía» migratoria, ya que permite que miles de personas que se encuentran en condición migratoria irregular puedan regularizarse, sobre todo que muchos venezolanos, por diferentes razones, no lograron tramitar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) antes de que se eliminara en 2018.
Por su parte, Castro considera positiva, de cierta forma, la medida. “Yo creo que el decreto permite reorganizar a la población venezolana en el Perú y también regularizar su situación laboral. Sobre todo, luego de que la comunidad venezolana fuese invisibilizada durante la pandemia”.
Aunque quedan definir algunos criterios, el embajador Scull resalta que si bien es una medida dirigida a todos los extranjeros, independientemente de su nacionalidad, “los más beneficiados serán los venezolanos que entraron hasta el 21 de octubre de este año al país”.
¿Qué aspectos del decreto afectarían al venezolano?
Algunos de los especialistas entrevistados para este análisis declararon varios obstáculos que enfrentarán los migrantes y refugiados a la hora de tomar esta vía para la regularización. Por un lado, está el tema de las multas por el vencimiento de permanencia.
Según el Decreto Legislativo N° 1350 un ciudadano extranjero está en situación irregular cuando ha ingresado al territorio peruano sin autorización o excedió el plazo otorgado por las autoridades migratorias, que puede ser máximo de 183 días. Esta sanción de multa por exceso es de 4.30 Soles por cada día de exceso de permanencia, lo que equivale a USD $1.30.
Si el monto de la multa es considerablemente alto, todo extranjero puede solicitar un fraccionamiento de la misma e ir cancelando la deuda durante un periodo de 12 meses.
Sin embargo, el abogado Arrieche indicó que habrá un número importante de migrantes venezolanos que se les hará difícil pagar dicha multa, incluso con el fraccionamiento. “El problema que se va a presentar es que muchas personas no van a poder pagar y es a ellas a las que hay que ayudar”.
Por su parte, el embajador Carlos Scull aseguró que, desde su entidad diplomática, han solicitado a las autoridades pertinentes una evaluación sobre los pagos de las multas. “Hay mucha preocupación en muchos venezolanos porque tienen una deuda acumulada muy alta y que no solo es la deuda de esa persona, sino también de su grupo familiar”.
El 90% de los migrantes venezolanos en Perú no cuenta con un contrato de trabajo formal y la llegada de la pandemia los llevó a otro estado de incertidumbre. Un sondeo de Equilibrium CenDe indicó que el 43.1 % de los consultados perdió su empleo durante la cuarentena y actualmente se encuentra buscando trabajo.
Además, el panorama se complica para los que han solicitado refugio en el país. Castro alega que quien tiene un carnet o planilla de solicitante no están una situación irregular porque tienen un documento que acredita su estadía en el país; sin embargo, “hay una desconexión en el sistema de Migraciones y el del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que queda aclarar si las muchas personas refugiadas o con solicitud, van a tener que pagar una multa cuando realice el trámite del nuevo PTP o CPP”.
Pasaporte venezolano
Entre los requisitos principales para tramitar el CPP está la presentación del pasaporte vigente, lo que agrava la situación ya que muchos venezolanos en el extranjero tienen el pasaporte vencido o está próximo a vencerse. Y aunque el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) no presenta soluciones para ello, en unas declaraciones recientes, el director general del organismo, Gustavo Vizcaíno, anunció que los trámites para solicitar una prórroga o nuevo documento se reanudarán a partir de enero del próximo año.
Sin embargo, ante esta realidad para los migrantes, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos Mexicanos, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron en el 2018, la Declaración de Quito y acordaron aceptar los pasaportes venezolanos vencidos por un período entre 2 a 5 años.
Aun así, no se tiene claridad si la Superintendencia de Migraciones de Perú aceptará el documento sin vigencia. “Actualmente el pasaporte tiene validez para los trámites migratorios. Aunque nosotros hemos pedido la confirmación, porque el nuevo PTP o CPP es para extranjeros, no sólo venezolanos. Ahora, con la cédula si es otro problema, porque si la tiene vencida o se le ha perdido o fue robada, no hay forma de obtener una nueva en el exterior, porque es un documento que se tramita sólamente en Venezuela”, comentó Scull.
Destacados del nuevo PTP o CPP
El decreto se emitió el 22 de octubre del 2020, y 30 días después se debía publicar el TUPA. Hasta la fecha no hay información.
Todos los extranjeros en situación irregular, cualquiera sea su nacionalidad, pueden optar por el Carnet de Permiso Temporal de Permanencia.
Migraciones se reserva el derecho de aprobación. Si el proceso es negado al migrante, se le puede emitir una orden de desalojo del país.
Al nuevo CPP pueden optar extranjeros menores de edad, y personas con discapacidad, cumpliendo los requisitos establecidos.
Venezolanos a la espera
El pasado 16 de noviembre, el Congreso del Perú nombró a Francisco Sagasti como el presidente de transición del país, luego del conflicto político y social que se desarrolló durante esta semana y que derivó en la renuncia de Manuel Merino.
Esto fue un momento de preocupación para los venezolanos que se preguntaban si la medida se mantendría vigente con la llegada de un nuevo mandatario al país.
“Es normal cuando hay estas situaciones de inestabilidad y se genere mucha incertidumbre, pero nosotros como embajada vamos a seguir trabajando con las instituciones del gobierno peruano para que estas decisiones se les de continuidad, y se puedan abrir más puertas para los migrantes venezolanos”, comentó Scull.
Sin embargo, no solo los eventos políticos y sociales preocupan a los venezolanos. A juicio de Arrieche, otro obstáculo es la desinformación que tienen los migrantes y refugiados, aspecto que no les permite conocer ni las obligaciones y procedimientos que deben realizar para mantenerse regulares en el país de acogida. En una encuesta realizada por Equilibrium Cende, entre los principales desafíos que enfrenta el migrante para la regularización, el 16% de sus encuestados respondió que no cuenta con suficiente información para realizar los procesos migratorios.
Aun así, hasta la fecha, no hay una pronunciación por parte de la Superintendencia de Migraciones sobre los detalles de la realización del trámite, lo que hace que haya que esperar más para saber lo que hay que hacer para regular la situación migratoria de los extranjeros en el país.
Más de 100 pasajeros que pagaron un boleto de avión, en su mayoría venezolanos que esperaban volver al Perú, después 8 de ocho meses, se quedaron nuevamente varados, luego de que Estelar pospusiera indefinidamente el vuelo 8757 programado para el 16 de noviembre.
Según el argumento de la aerolínea venezolana, se trata de una medida de protección ante el rebrote de la difteria que cobró la vida de una niña en Lima.
“Como empresa estamos en la responsabilidad de resguardar y velar por la salud y el bienestar de nuestros pasajeros y personal. Daremos repuesta oportuna a sus inquietudes”, dice la comunicación oficial enviada a quienes pagaron el boleto.
El correo enviado por Estelar
Después del comunicado enviado el pasado 12 de noviembre, no ha habido respuesta a las dudas de los varados y tampoco se ha hecho el anuncio de cuándo será la nueva fecha.
Situación de los afectados
Juan Machado debe retomar su medicamento, es un paciente crónico que pide discreción ante su padecimiento y comenta que con mucho sacrificio pagó 460 dólares. Por su tema clínico le dieron prioridad para que regresara y ahora se siente en el limbo porque se quedó sin dinero, sin trabajo y sintiéndose cada vez peor.
«Ya no tengo dinero para seguir pagando hotel. Me vine a Caracas porque faltaba poco para salir y ahora no de que haré. Pedí la devolución del dinero y la compañía no responde», afirma.
Juliana Cortez, que volvió a su país para atender a su mamá que estaba enferma, pagó un nuevo boleto con esa aerolínea y expresa su incertidumbre.»Soy madre, tengo hijos pequeños. Mi esposo se quedó solo con ellos. No puedo seguir aquí porque tampoco puedo ayudar a mi familia», agrega.
Carmen Álvarez comentó que todos los miembros de la familia contribuyeron para que Julian pagara el boleto y regresara a Perú, pero se quedó varado e incomunicado por la falta de servicios en Venezuela.
Estos pasajeros forman parte de un grupo de WhatsApp que lleva por nombre «Volver al Perú» donde comparten información sobre las manera de regresar a su país destino.
Iba a ser el cuarto vuelo especial autorizado entre Venezuela y el Estado peruano. Pese a ser humanitario, quién no pueda pagar el boleto, no se puede montar en el avión.
Plan B
Ante la imposibilidad de salir de manera legal y, debido a que los recursos se agotan, los caminos verdes se convierten una opciónpara algunos varados. Otros de los miembros de ese grupo de WhatsApp que aún no han sido considerados para que paguen un boleto de regreso, ya preparan su viaje hasta Colombia para volver al Perú. Algunos manifiestan que tomarán un vuelo desde ese país y otros señalan que lo harán a pie.
Alina Torres califica de inconcebible que Estelar le quiera cobrar un boleto nuevo aunque ella tenga uno que no ha podido usar. Por tal motivo aseguró que viajará hasta Colombia y de allí tomará un vuelo hasta Perú.
«Estoy buscando que mi paso a Colombia sea seguro. Ya no puedo seguir en Venezuela porque mi familia me está esperando en Perú», expresó. Una vez que llegue a Lima reclamará a la aerolínea la devolución de su dinero.
La agencia Voz de América (VOA) publicó un reportaje en el que aborda la disyuntiva de los venezolanos que se debaten entre irse de los países de acogida y regresar a Venezuela en medio de la pandemia por la COVID-19.
El reportaje fue publicado el dos de diciembre en la página web de la agencia norteamericana. El foco central del trabajo es el movimiento migratorio de los venezolanos en Colombia, país que, según cifras de Migración Colombia, acoge a más de 1.7 millones de criollos. Sin embargo, durante los nueve meses de la pandemia de COVID-19, Colombia ha reportado que más de 110.000 venezolanos han vuelto a su país y todavía quedan miles con deseos de regresar a Venezuela.
Volver a Venezuela durante la pandemia
Son cientos de miles los venezolanos que han retornado a su país en medio de la pandemia por la COVID-19. Las razones principales derivan de lo económico. La pandemia ha acentuado las dificultades económicas de los países latinoamericanos y muchos de los venezolanos que vivían en estos lugares han sido afectados con despidos, ceses de pago o reducciones considerables en sus ingresos monetarios. Esto ha hecho que muchos venezolanos comiencen a evaluar la posibilidad de retornar a su país, al menos mientras dura la pandemia.
El reportaje publicado por VOA también toma datos de Migración Perú, pues el ente de ese país asegura que desde septiembre son más los migrantes que salen del territorio que los que entran. En el texto, VOA cuenta brevemente la historia de Gabriel Pérez un migrante venezolano que volvió a su país por “la situación de la COVID-19”, pero luego decidió volver a Colombia al saber que había una reactivación económica en el país.
Otro de los puntos tocados en el trabajo es el cierre de fronteras terrestres, especialmente el impuesto entre Colombia y Venezuela. El gobierno colombiano informó que sus pasos fronterizos se mantendrán cerrados hasta el 16 de enero de 2021 y esto ha hecho que los venezolanos que quieren salir de Venezuela se vean obligados a utilizar vías irregulares.
La migración venezolana continúa a pesar de la pandemia. El Informe de situación noviembre 2020, emitido por la Organización de Estados Americanos (OEA), estima que 5.4 de venezolanos han abandonado su país. El informe también muestra que al menos 130.000 venezolanos han retornado a su territorio, una decisión que el documento atribuye a “las dificultades impuestas por la pandemia”.
Otro de los datos presentados en el informe es que alrededor de 500 venezolanos ingresan a Colombia diariamente a través de vías ilegales debido al cierre de frontera que sostienen ambos países. Este dato demuestra que, a pesar de la pandemia por la COVID-19, el movimiento migratorio venezolano no se ha detenido.
La OEA también llamó la atención sobre los pasos fronterizos y detalló que su cierre aumenta “la condición de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos”.
La migración venezolana asciende a 5.4 millones de personas
El documento publicado el pasado martes 1 de diciembre detalla que Colombia, Ecuador y Perú han visto aumentar el flujo de migración venezolana en los últimos meses. Si bien las fronteras de estos países estuvieron cerradas la mayoría del 2020, miles de venezolanos decidieron o bien entrar a los países de acogida, o volver a Venezuela debido a las condiciones derivadas por la COVID-19.
En el informe también se menciona que cada migrante venezolano suele estar acompañado por uno a tres familiares, lo cual incrementa las posibilidades de vulnerabilidad de estas personas durante el proceso migratorio.
La OEA también alertó sobre el caso ocurrido con la migración venezolana en Trinidad y Tobago en los días recientes. El pasado 22 de noviembre, 29 venezolanos fueron deportados del país caribeño en condiciones deplorables. De esos 29 criollos, 16 eran menores de edad y fueron expuestos a malos tratos por parte de las autoridades trinitenses.
“Este grupo de personas pudo regresar a la isla después de una sentencia de la Corte Suprema de este país, así como pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, resaltó el informe.
El ente regional advierte en su documento que “con el cierre de las fronteras y la profundización de la crisis en Venezuela, se hace cada vez más frecuente que los venezolanos arriesguen su vida huyendo desesperados por el mar en una embarcación menos que los traslade a alguna isla del Caribe”. De los 5.4 millones de personas que conformar la migración venezolana, la OEA informa que hay 224.000 migrantes y refugiados criollos en el Caribe, mientras que 46.000 han sido reconocidos como refugiados en Brasil.
Para los venezolanos en Perú, las remesas también se devaluaron y el dinero que envían a sus familiares en Venezuela cada vez les rinde menos.
«Yo enviaba 50 soles al mes: una parte la primera quincena y luego la otra parte a fin de mes, pero eso ya no es nada en Venezuela. Así que esta vez, en vez de mandar plata, enviaré algunas cositas para mis nietos», ese es parte del relato que le da Aurora Ríos, oriunda de Maracay, a Jesús Fernández, del estado Zulia. Ambos estuvieron sentados por dos horas en una banca frente la oficina de Liberty Exprés, ubicada en Miraflores. Esa sede es la principal de todo el país, pues desde allí salen los envíos directo al aeropuerto.
Al igual que en otros recintos, fuera de esa sucursal no permiten colas desde que comenzó la pandemia, por eso les piden a los clientes sentarse en una caminería ubicada al frente de la oficina.
Debido a la alta demanda de envíos y la aglomeración, el personal pide que esperen y los llaman por número.
Aurora y Jesús compartieron experiencias durante casi 9 horas, mientras llegaba su turno. A lo largo de la tarde se sumaron a otros grupos con quienes hicieron más llevadera la espera.
Los estrenos y el Niño Jesús
A las dos de la tarde, ya llevaban más de tres horas aguardando y la cola no avanzaba. Ya había confianza y los presentes se animaban a contar qué tenían en sus bolsas para enviar como paquetes. «Yo estoy enviando tres monos y varios pares de zapaticos para mis nietos. Mi hija se quedó allá en Venezuela y yo no la dejé de ayudar a pesar de que fui la única que trabajé durante la cuarentena y no fue fácil. Ahora que mi esposo está trabajando, le voy a enviar eso porque si le mando la plata seguro no compra nada», dice una de las mujeres en la fila a quienes tenían entre los números de 50; 60 y 70. Ella tenía el número 108.
Entre tanto, Fiorela Quispe, peruana con familia en Venezuela se incorporó a la conversación y reveló lo que tenía en una gran bolsa de una conocida juguetería. «Les estoy enviando el niño Jesús a los hijos de mi hermana. Ella se fue hace 20 años para Venezuela y este año les daré sus regalos de Navidad para que los niños no pierdan sus tradiciones». De todo el grupo, ella era la única que tenía experiencia enviando paquetes a Venezuela y daba cuenta de que todo llegaba completo.
Este comentario bajó la tensión y la ansiedad de todos los que la escucharon. Jesús Fernández vuelve a ser parte de la conversación y explica que en su mochila tiene dos vestidos para su sobrina. Los estrenos del 24 y el 31 y una muda de ropa deportiva que le había encargado una abuela. Además, tenía dos pantalones que su hermana necesitaba para trabajar, un par de franelillas para su mamá y una camisa para su hermano. Confiesa que el dinero no le alcanzó para comprar los zapatos deportivos que su papá le había pedido.
Durante la larga espera, la gente suele caminar por los espacios aledaños.
La número 45
Cuando llegó el turno de una venezolana, que tenía el número 45 y poco conversó con quienes integraban la fila, se produjo intranquilidad, pues tardó más de una hora en salir. Ella debía enviar 7 bolsas grandes y la empresa revisó con reparo cada prenda. Así, la impaciencia comenzó y, de uno en uno, los clientes se acercaron a preguntar qué pasaba pues temían que pudieran cerrar y no completar el envío.
Para calmar los ánimos, un empleado de la empresa anunció que a las 5 de la tarde sellarían las planillas de declaración jurada de la mercancía y, quien no estuviera, se quedaba por fuera. Esa fue la oportunidad para explicar el procedimiento que alargaba el trámite. «Nosotros revisamos todo, el peso, el valor de cada producto que envían, nos fijamos que todo salga en orden para evitar problemas».
Encomiendas electrónicas
No todo lo que se embalaba para Venezuela era ropa o juguetes. Mariana Álvarez estaba enviando un teléfono para su papá. En el tabulador de la empresa de envíos se puede leer que el precio del primer kilo para todo lo que sea electrónico es de 110 soles (30 $) y el segundo en 41, más el 18% de impuesto.
Para los objetos de menor tamaño y volumen, como ropa y juguetes es de 51 soles (14.1 $) el primer kilo y 41 (11.3 $) el segundo, más el impuesto antes mencionado.
Juliana Paz, de Ciudad Ojeda, estado Zulia; además de la ropa, envió adornos de Navidad para que sus padres pudieran decorar. «No todo puede ser drama y dolor, los que se quedan en Venezuela tienen derecho a disfrutar y si nosotros podemos ayudarlos, lo hacemos».
Rememorando las colas y las discusiones políticas
A las 6 de la tarde, al hacer el último recuento, faltaban más de 30 por entregar su encomienda. A esa hora, se habían agotado los temas navideños y comenzó la discusión política:
«Yo apoyo las sanciones porque eso no es para el pueblo, es para los que manejan las cuentas del país. Dime algo, si de verdad las sanciones fueran como ellos dicen, tú crees que podrían entrar al país ese montón camionetas blindadas para Diosdado y su combo», comentó Estaban Reyes; esposo de Aurora, quien lo miraba y se ponía la mano en la frente y bajaba la cabeza.
Cuando ya había caído la noche, a eso de los 6.30 de la tarde, los empleados aceleraron el paso y se formaron dos filas. Unos para entregar la encomienda y la declaración jurada, mientras que la otra era para pagar. Ya no había distanciamiento social y las miradas y expresiones eran de agotamiento. «Esto ya parece una cola para comprar comida», dijo una de las últimas personas de la cola para entregar la declaración.
«Pero no será de los Clap, porque allá en Los Guayos nunca llegó», responde otra que estaba en esa misma fila. Entonces interviene el último de la fila para pagar: «Eso es para que no perdamos la bonita costumbre de hacer colas». Todos ríen, miran la hora y caen en cuenta que se les fue todo el día esperando para enviar algo a sus casas.
A las 7 de la noche, las cifras entre los 80 y 90 se habían ido, quedaban algunos de la serie de los 100. Pero cada uno de los que había completado la entrega, comentó que gastaron entre 130 y 350 soles (36.0 $ y 96.9, respectivamente) en cajas de 2 a 5 kilos. Les pareció que el costo era manejable y quienes aún tenían batería en sus teléfonos enviaron los códigos para hacer seguimiento del envío.
La empresa entrega diariamente hasta 120 números, de los cuales 40 se retiran durante el día. Empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 9 de la noche, según la cantidad de personas o volumen de objetos que vayan dentro de la encomienda. El tiempo de espera es de 10 a 15 días hábiles. De momento no hay entrega directa a los hogares por la pandemia, pero se pueden recoger en las oficinas principales de cada estado.
Huir para no morir: migrar en busca de antirretrovirales es el nombre de un reportaje realizado por Ana Cristina Basantes y publicado en GK, uno de los medios de comunicación independiente más leídos en Ecuador. El trabajo aborda la historia de dos migrantes venezolanos que tuvieron que irse de su país debido a la escasez de medicamentos antirretrovirales. Los dos criollos llegaron a Ecuador, con la esperanza de conseguir un mejor acceso a las medicinas, pero la situación no ha sido tan positiva. Además de enfrentarse a un sistema que los persigue y los discrimina, los venezolanos con VIH en Ecuador también tienen dificultades para conseguir trabajo y para obtener los medicamentos que suelen ser de alto costo.
El reportaje aborda, principalmente, la historia de dos venezolanos con VIH y sus motivos para abandonar su país de origen. En ambos casos, los criollos vieron que su condición crónica de salud no podía tratarse de forma óptima en Venezuela y se enfrentaban a una decisión de vida o muerte. Así que abandonar el país que los vio crecer fue la decisión que los acercaría a un mejor futuro.
No obstante, ambos venezolanos encontraron dificultades desde el primer momento de su llegada a Ecuador. El reportaje de Ana Cristina Basantes cuenta cómo las autoridades ecuatorianas no tienen una base de datos sobre la población Lgbti migrante y por ello no hay una atención focalizada hacia los integrantes de esta comunidad.
Andrés*(nombre ficticio para proteger la identidad de la persona) fue diagnosticado con VIH en 2014. Vivió su condición en Venezuela durante cinco años, pero con el pasar de los días su situación se hizo cada vez peor. La escasez de medicamentos antirretrovirales se hizo presente y Andrés tuvo hasta siete esquemas diferentes de tratamiento debido a que las pastillas que le recetaban eventualmente dejaban de llegar a Venezuela. Así como la ocurrió a Andrés, otras 30.000 personas pasan por situación similar en Venezuela de acuerdo a los datos de la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+), citados en el reportaje publicado en GK.
Andrés decidió irse a Ecuador junto a su pareja. Lo hicieron por tierra y el viaje lo describe como una “travesía”. Andrés no tenía pasaporte al salir de Venezuela y tuvo que cruzar por vías ilegales en dos ocasiones en su viaje hacia la nación meridional. A su llegada a la frontera de Colombia y Ecuador, Andrés se encontró con trabas para poder ingresar al país. No obstante, logró convencer a un médico tras explicarle que estaba en una situación de vida o muerte.
Así como Andrés, hay 1.062 venezolanos con VIH viviendo en Ecuador. Pero solo 373 reciben el tratamiento antirretroviral en Ministerio de Salud Pública (MSP).
Antonio es el otro protagonista de este reportaje publicado en GK. El venezolano no esperó para irse del país al enterarse que tenía VIH. Sabía que en Venezuela no podría conseguir los medicamentos y no dudó a la hora de enrumbarse a nuevas tierras.
A su llegada a Ecuador, Antonio empezó a recibir el tratamiento necesario. Sin embargo, hace dos meses escuchó lo que nunca pensaría escuchar en otro lugar que no fuera Venezuela: no había medicamentos antirretrovirales en el hospital donde se atiende. Desde septiembre Antonio no recibe sus medicamentos y su otra opción es utilizar el seguro privado que le da su empresa, pero Antonio tiene dudas sobre esta decisión pues tiene miedo de revelar que vive con el virus.
Tanto Andrés como Antonio tomaron una decisión que los pudo salvar de la muerte, o al menos de un empeoramiento de su salud y su vida. Ambos decidieron abandonar Venezuela para poder mantenerse con vida.
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