El Acceso a la justicia es un derecho. Ser venezolano no es un impedimento para ser escuchado por un ente judicial de Ecuador, sin importar la condición migratoria. Las leyes ecuatorianas garantizan que los extranjeros puedan defenderse ante un juez y cualquier autoridad, tan igual como los ciudadanos nacionales. Por lo menos así lo establece la legislación vigente.
La Constitución de Ecuador señala que los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos que los ecuatorianos (artículo 9). Además, la Ley Orgánica de Movilidad humana detalla que los migrantes pueden demandar y denunciar. No importa si tienen visa o no cuentan con residencia regular (artículo 47).
Venezuela Migrante identificó las instituciones a las que puede acudir un venezolano para obtener justicia. Para ello se consultó a dos abogados y fueron revisadas las páginas del Ministerio de Gobierno, la Fiscalía General de Ecuador, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, Ministerio del Trabajo y el Consejo de la Judicatura.
Denuncia o demanda
Carlos Aponte, abogado venezolano en Ecuador, señaló que es importante distinguir entre denuncias y demandas. Las denuncias están principalmente relacionadas al derecho penal; es decir, al cometimiento de delitos o contravenciones con penas privativas de la libertad (robos, hurtos, agresiones, secuestros, trata de personas, entre otros).
Existen denuncias en otras materias. “Cuando un trabajador considera que uno de sus derechos es vulnerado por su empleador, puede denunciarlo ante el Ministerio del Trabajo”, detalló Aponte.
También hay denuncias administrativas relacionadas al Servicio de Rentas Internas (SRI), entre otras instituciones del Estado. “Una denuncia es el señalamiento que hace una persona ante las autoridades sobre una irregularidad”, explicó el abogado.
Una demanda, en cambio, es una exigencia. No procura una sanción, sino que el demandado le entregue al demandante lo que este ultimo considera le pertenece o merece. Por ejemplo: una persona a la que le deben dinero va a un juez, para que el deudor le pague en el tiempo determinado por la corte; el juez decidirá qué es lo justo, de acuerdo a las leyes y a las pruebas presentadas por ambas partes.
Denuncias penales
Si una persona es víctima de un delito, o presencia la realización de uno, podrá denunciar ante los cuerpos de seguridad, (en persona o por llamada telefónica al ECU911). Tambien tiene la opción de hacerlo en una de las fiscalías de flagrancia repartidas por todo el país.
Si el cometimiento del delito ocurre después de 24 horas, el lugar indicado será en alguna de las oficinas del Sistema de Atención Integral de la Fiscalía General. Por medio de esta plataforma el caso será sorteado a una de las fiscalía especializada en la investigación de las ilegalidades denunciadas.
Cuando se hace una denuncia se debe presentar algún documento de identidad. Los venezolanos sin visa podrán hacerlo con su cédula venezolana en caso de no tener pasaporte. La condición migratoria no es un obstáculo, ni tiene relevancia para el acceso a la justicia.
Dirección de las oficinas de la Fiscalía
La defensa pública
Cuando una persona es detenida e investigada y no cuenta con un abogado, el Estado le provee un defensor público. Esto ocurre en Ecuador y en casi todos los países, para que el acceso a la justicia no sea obstaculizado. Si el sospechoso o procesado es extranjero también será asistido por un profesional judicial, si no tiene cómo pagar uno.
“Los venezolanos que no pueden costear un abogado son asistidos por la Defensoría Pública. Sin embargo, a veces la defensa no es la más efectiva. No por ser extranjero, sino porque los abogados del Estado tienen muchísimos casos que atender. Eso ocurre también en los procesos de ciudadanos nacionales”, señaló Aponte.
Los extranjeros también pueden contar con la Defensoría del Pueblo. Esta institución interviene desde un punto de vista judicial cuando recibe denuncias de violaciones a derechos humanos, falta de acceso a la justicia, o se percata de situaciones que ponen en entredicho la actuación del Estado y vulneran las garantías constitucionales.
En 2018 el Gobierno de Ecuador intentó imponerles a los venezolanos el pasaporte como requisito para ingresar al país. La Defensoría del Pueblo introdujo una acción legal ante un juzgado, para pedir una medida de protección en favor de la población migrante. La institución consideró que la medida del Ejecutivo impedía la reunificación familiar de las personas en movilidad humana. El juzgado ordenó la suspensión de la medida.
“La Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo son diferentes. La primera tiene como función la asistencia legal durante procesos a personas de bajos ingresos, la otra procura el respeto a los derechos humanos de los habitantes”, recalcó el jurista.
Quienes quieran denunciar algún tipo de violación a los derecho humanos o dificultades para el acceso a la justicia, pueden acercarse a una oficina de la Defensoría del Pueblo en Ecuador o ingresar AQUÍ, la plataforma de asistencia web de la institución.
Dirección de las oficinas de la defensoría del Pueblo
Denunciar la violencia de género
La Fiscalía facilita un sistema para la denuncia de violencia de género en su web. En la plataforma la víctima debe colocar sus datos personales, indicar el tipo de delito del cual es víctima. También debe facilitar información sobre el agresor, para que la fiscalía inicie un proceso de investigación.
Las venezolanas podrán usar el número de pasaporte o su cédula para realizar el registro de datos y enviar la denuncia. Para hacerlo de manera presencial existen los mecanismos diseñados para otro tipos de delitos, como se explicó en párrafos anteriores.
Denuncia en línea de violencia de género
“Al hacer una denuncia una corte competente podrá emitir una boleta de auxilio en favor de la víctima”, explicó la abogada Patria Riofrío. La jurista indicó que también se puede iniciar el proceso al ir directamente a alguna unidad judicial, para que los administradores de justicia emprendan acciones contra el sospechoso.
Una boleta de auxilio es un documento que identifica a un presunto agresor, para que la policía intervenga inmediatamente al ser llamada por la victima. Quien recibió la medida deberá entregar el documento, (en el que se detalla la protección) a los agentes de la unidad policial más cercana a su domicilio, para que los uniformados estén al tanto de la situación y respondan rápido ante una situación de riesgo relacionada con el victimario.
Realidad del sistema
“Muchas veces los extranjeros no saben a dónde acudir cuando sus derechos son vulnerados o creen que no pueden tener acceso a la justicia, debido a su condición migratoria”, dijo la abogada Riofrío, quien ha llevado casos de personas en movilidad humana, quienes al momento de las querellas no tenían documentos de viaje, ni visas de residencia.
“En audiencia, algunos abogados de la otra parte han señalado la condición migratoria de mis representados como un alegato en su contra. Sin embargo, en mi experiencia, esa clase de señalamientos no prosperan frente un juez. La Constitución de Ecuador establece que los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales y los funcionarios judiciales lo saben”, indicó la jurista.
Riofrío explicó que la justicia ecuatoriana tiene defectos que afectan a extranjeros y a ecuatorianos por igual. “Hay retraso en los procesos, funcionarios que fundamentados sobre sus criterios personales terminan revictimizando a las víctimas o haciendo recomendaciones fuera de lugar o estereotipadas”, explicó la abogada.
Pese a los aspectos negativos, destacó que Ecuador es un país en el que se puede conseguir justicia. “La gestión e intervención de un buen abogado marcan la diferencia”, señaló. Identificó que el mayor obstáculo para un extranjero radica en su incapacidad para contratar a un profesional en leyes, que abogue en su nombre.
“La condición migratoria limita a las personas en muchos sentidos, principalmente en su capacidad para obtener ingresos. Lamentablemente el dinero influye a la hora de desarrollar una efectiva defensa en algunos casos. Se deben pagar peritos, personas que investiguen para conseguir pruebas, depositarios, colaboradores, transporte para movilización, así como una serie de recursos necesarios, de acuerdo a cada caso. Esto sin contar los honorarios del abogado. No todos pueden pagar una gran defensa”, indicó Riofrío.
Derechos laborales
Los venezolanos pueden reclamar sus derechos laborales, a pesar de haber trabajado en Ecuador sin visa. “Sin importar si cometieron una falta migratoria, la persona igual conserva las garantías que están en las leyes para su acceso a la justicia ”, dice Riofrío.
Para defender los derechos laborales existen dos vías. Una es por medio del Ministerio del Trabajo y, la otra, es a través de un juzgado con competencias en esta materia. En la primera opción se denuncia al patrón, para que un inspector del trabajo se aboque a investigar y sancionar administrativamente al empleador. Sus acciones no tendrán implicaciones judiciales.
“Muchos trabajadores venezolanos deciden no continuar un proceso, porque sienten que en el Ministerio del Trabajo no los apoyan por ser migrantes. Esta sensación, desde mi punto de vista, obedece a las expectativas que tienen los empleados. Creen que en Ecuador los inspectores del trabajo tienen las mismas funciones que en Venezuela”, destacó Riofrío.
La abogada detalló que en Venezuela la Inspectoría del Trabajo asume la defensa técnica del trabajador, es decir, se convierte en su abogado durante un proceso judicial en el que el empleado demanda a su jefe. En Ecuador es distinto.
“El Ministerio del trabajo determina montos a pagar por parte del empleador, señala irregularidades, incluso puede multar. Sin embargo, su intervención llega hasta allí, a las acciones administrativas. Por eso, los trabajadores venezolanos sienten que el Ministerio les niega la justicia, esperan que los funcionarios actúen como defensores públicos», detalló la jurista.
Para llevar a juicio a un empleador el trabajador deberá contar con un abogado. En Ecuador existen defensores públicos especializados en materia laboral. Tienen sus oficinas en las unidades judiciales con juzgados enfocados en los derechos de los trabajadores. “Pese a su existencia la atención en el caso no será igual. Pasa como con la defensa pública en casos penales, los defensores son pocos y el trabajo es mucho”, resaltó Riofrío.
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